sábado, 23 de agosto de 2008

Una venganza, la pena contra Ignacio del Valle: Rosario Ibarra


Georgina Saldierna

La senadora Rosario Ibarra consideró como una venganza la pena carcelaria de 45 años que se le dictó a Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, los cuales se suman a los 67años que se le impusieron en otro proceso judicial que enfrentó.

La legisladora consideró que en ese tipo de sanciones no hay justicia, sino venganza, luego de puntualizar en contrapartida, que los policías involucrados en el enfrentamiento con los miembros del FPDT, fueron exonerados. A uno de ellos se le dictó cárcel por tres años, pero salió con ocho mil pesos.

En cambio, los campesinos que sufrieron la agresión, como Ignacio del Valle y otros más, recibieron sentencias que suman entre todos 430 años de prisión.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, calificó la situación como algo terrible y una muestra de que se está criminalizando la inconformidad, la miseria y el hambre. Tal parece que todo el aparato de poder está imbuido de una soberbia enorme de manera que se creen dueños del país y pretenden hacer lo que quieran con el pueblo, pero confió en que éste sabrá defenderse y más temprano que tarde, ganar.

En el caso de Ignacio del Valle y otros integrantes del frente, expuso que no se descarta actuar por la vía jurídica para lograr su libertad, pero al mismo tiempo se promoverá una amnistía como la de hace 30 años, que liberó a presos políticos.

Ignacio del Valle y otros activistas fueron detenidos luego de un enfrentamiento entre ejidatarios de Atenco y policías federales y estatales en mayo de 2006.

jueves, 21 de agosto de 2008

Teme AI por ejidatarios de Chihuahua

Emir Olivares Alonso.
Amnistía Internacional (AI) emitió ayer una acción urgente en la que manifiesta su preocupación por las recientes agresiones que han sufrido miembros del ejido Huizopa, en Chihuahua, quienes se han manifestado contra la empresa minera Minefinders, que “ha ocupado más tierras de aquellas a las que tiene derecho, además de que sus actividades afectan el ambiente y el suministro de agua”.
En el documento AI informa que el 13 de agosto Dante Valdez –uno de los activistas que encabezan las protestas “pacíficas” contra la minera– fue agredido por varias personas sin que se haya iniciado una averiguación previa, pese a que se presentó denuncia penal, por lo que instó a las autoridades a realizar las indagatorias.
Desde hace varios meses habitantes de Huizopa han acusado a Minefinders de invadir sin autorización más de 2 mil hectáreas de su ejido, ubicado en el municipio de Madera, al hacer un tajo a cielo abierto para la extracción de oro y plata, a pesar de que sólo recibió licencia para usar 500 hectáreas. Además, aseguran que el acuerdo firmado por los comuneros y la empresa es inequitativo, pues ésta pagó 39 millones de pesos para explotar por 16 años las tierras y obtendrá ganancias de 3 mil millones de dólares.
Desde mayo los manifestantes mantienen un plantón en la minera para exigir que la compañía se comprometa a diseñar un programa ambiental, uno de desarrollo social y otro de desarrollo económico para la región.
AI dijo temer que otros habitantes de esa comunidad sean blanco de ataques como el que sufrió Valdez para disuadirlos de protestar.
La organización exhortó a las autoridades a iniciar averiguaciones y llevar ante la justicia a quienes golpearon al Valdez. Asimismo, demandó que las autoridades garanticen que la comunidad de Huizopa ejerza su derecho a la protesta pacífica.