LA MEDIACIÓN / II

En la entrega anterior expliqué la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación, debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Aquí sólo me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre el estado de los dos eperristas desaparecidos.
Ante la negativa de los representantes gubernamentales a considerar los documentos entregados el día 13 de junio como planteamientos que el gobierno federal debía contestar y aclarar, y ante la certidumbre de que el gobierno mexicano contaba con información que no ponía en conocimiento de la mesa, la Comisión de Mediación intensificó sus propias tareas de consulta con organizaciones, instituciones y familiares de los eperristas desaparecidos. El 7 de julio pasado se reunió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y recibió una información muy útil y amplia sobre las numerosas acciones que ésta ha emprendido en torno a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El 16 de julio un grupo de trabajo de la Comisión de Mediación viajó a Oaxaca para realizar diversas entrevistas con los familiares de los desaparecidos, organizaciones sociales y civiles, servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado y figuras individuales que años antes habían sido detenidas y desaparecidas, y por cuyo testimonio la Comisión de Mediación pudo entender una parte del modus operandi con que las autoridades policiales y militares se conducen durante los interrogatorios y torturas a las víctimas de desaparición forzada.
En este contexto adquirió sentido un peculiar operativo del Ejército Mexicano efectuado en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, la madrugada del 2 de agosto de 2007.
El periódico La Jornada informó el día 3 que “en busca de presuntos integrantes del EPR, más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de 10 departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después... Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de Edmundo Reyes Amaya, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas: elaboran una especie de “mapeo” de viviendas, lugares o personas vinculadas con los desaparecidos, que luego proceden a confirmar y recorrer.
Otra señal de vida ocurrió en agosto de 2007, cuando dos militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP) y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Militar número 1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1. Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal; todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del Ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal y en la sugerencia de que ambos eperristas se encuentran con vida.
Las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR constituye otro dato relevante como señal de vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El documento, abiertamente hostil a los hermanos Cerezo Contreras y a Tiburcio Cruz Sánchez, parte de dos supuestos básicos: primero, que lo tienen en su poder autoridades militares o agentes policiales federales; segundo, que está con vida.
Hay otra información quizás intencionalmente contradictoria. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio de este año, en la televisora del Canal 13 de Oaxaca la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la policía ministerial del estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, llamado usualmente comandante Corro, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como “los Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.
Por los comunicados del EPR se sabe que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca, no en la región Loxicha. Esa parte de la información es intencionalmente errónea. Pero lo relevante es que una semana después de esa emisión televisiva, el 11 de julio de 2008, según informó el corresponsal Octavio Vélez Ascencio en La Jornada, efectivos de la Unidad Especializada de Investigaciones de Terrorismo de la SIEDO, perteneciente a la PGR, registraron precisamente ese cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), denominado “los Pinos”, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, y las instalaciones del grupo Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, en la municipalidad de San Agustín de las Juntas, en busca de los dos eperristas, sin encontrar indicios de ellos. El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, confirmó las acciones y afirmó desconocer qué fin tuvo el cateo.
Como destacó la Comisión de Mediación en el punto 32 de las Acciones oficiales y evaluaciones diversas, del mencionado documento del 14 de agosto, sería útil saber si este operativo de la PGR se derivó de la grabación anónima presentada por la conductora de televisión Silvia Machuca en la ciudad de Oaxaca, o si la información llegó a la PGR por otra vía y después fue filtrada. En cualquiera de las dos posibilidades, conceder a esa información la credibilidad suficiente como para motivar tal operativo se convierte en una señal de vida que convendría explicar suficientemente.
Pues bien, hasta este momento, ha habido una apertura y colaboración franca de organizaciones civiles como la LIMEDDH, la organización social IDP, la CNDH, y a título personal, analistas políticos, familiares de los desaparecidos y elementos militares o policiales. De manera oficial, el gobierno federal no ha expresado ninguna voluntad política de aclarar los puntos concretos planteados en documentos anteriores. Ahora se espera respuesta al reciente documento que la Comisión de Mediación hizo público el 14 de agosto.

Solidaridad para presos de Atenco

Ante la infame y aberrante sentencia de casi 32 años en contra de 10 compañeros de Atenco recluidos en el penal de Molino de Flores, y de 45 años más para Ignacio del Valle, recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, con 67 años de prisión, que lo deja con una pena de 112 años; ante este uso falso de la justicia y de todo el aparato legal de este país en beneficio de los de arriba y en contra de quienes con dignidad se niegan al despojo, pues a nuestros compañeros se les reprime y encarcela mientras que los golpeadores, violadores y asesinos que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo en Atenco gozan de total impunidad y jamás han pisado la cárcel, amparados siempre por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; ante un nuevo intento de los ricos y poderosos por arrebatarle al pueblo de Atenco lo que es suyo con la reactivación del proyecto aeroportuario, estudiantes universitarios invitamos al acto de solidaridad con el pueblo de Atenco que se realizará este miércoles 3 de septiembre a las 12 horas en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM. Además de nuestros compañeros, estarán presentes Luis Javier Garrido, Enrique González Ruiz, Luis Hernández Navarro, profesores, organizaciones sociales y ex presos políticos. Nuestros compañeros no son delincuentes, los criminales están en el gobierno.
Alberto Alonso Sarmiento

Exige regresen a su esposo, detenido hace 34 años

El 2 de septiembre de 1974, mi esposo, Jacob Nájera Hernández, fue sacado de mi casa en San Jerónimo de Juárez, Guerrero, por un grupo de agentes judiciales, comandados por Isidro Galeana Abarca. Mis hijos, muy pequeños entonces, se agarraban de las piernas de su padre llorando, porque querían evitar que se lo llevaran, pero ni su llanto, ni las súplicas de mis padres, ni mi exigencia de que presentaran una orden de aprehensión lograron impedirlo.
Poco tiempo después logré entrevistarme con Isidro Galeana Abarca, que, como dije antes, era quien estaba al mando del operativo, y me dijo: “obedecí órdenes superiores y lo entregué al Ejército en la Y de Atoyac”.
Al igual que Jacob, muchos maestros fueron víctimas de aquellos secuestros oficiales –Inocencio Castro Artega, Félix Bello Manzanares y tantos y tantos más–, al igual que cientos de campesinos y estudiantes, hombres y mujeres, que fueron vistos con vida en las cárceles clandestinas de los militares y en la base naval de Icacos.
Al igual que el primer día, sigo reclamando la libertad de Jacob y la de todos los desaparecidos, hijos, padres, hermanos, familiares todos de mis compañeras del Comité ¡Eureka! y junto a ellas repito: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
Celia Piedra de Nájera
San Jerónimo de Juárez, Guerrero.