El ambiente se percibe fúnebre, denso; caras, miradas y rictus de dolor. Es 2 de noviembre 1968: estudiantes, madres, hermanos, vecinos; todos, con cierto miedo, regresan a la plaza que un mes antes se había convertido en la piedra de sacrificio del México moderno.
Traen flores, veladoras, también terror e indignación. La cámara súper 8 recorre el escenario hasta encontrar las huellas de la salvaje embestida: sangre humana esparcida sobre el muro blanco de la iglesia contigua a la Plaza de las Tres Culturas; huellas innegables de la represión. La cámara cierra la toma, detalla los manchones para después abrirla ya en la penumbra de la noche y así registrar una V de la victoria empuñada por decenas de manos que parecen señalar al cielo en señal de esperanza o piedad.
Esas son las imágenes de una serie de videos inéditos que el Comité del 68, Pro Libertades Democráticas A.C, tiene como parte del material recopilado durante décadas y que da cuenta de la barbarie cometida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil universitario; los ha puesto para su venta en sus oficinas de San Luis Potosí 98, colonia Roma.
Habla Raúl Álvarez Garín, líder de aquella revuelta, sobreviviente y activista en pleno que busca justicia contra los responsables, entre ellos Luis Echeverría Álvarez —secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)—, a quien Garín define como “genocida”.
Exposiciones en las rejas del Paseo de la Reforma; videos, carteles, arte contemporáneo, obras de teatro, libros, conforman las actividades que el Comité del 68 ha organizado para los 40 años conmemorativos del 2 de octubre; pero sobre todo un archivo jurídico que presentará ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, por la violencia ejercida por el Estado mexicano hacía sus gobernados, la cual no quiere reconocer.
“Se percibe en un sector del gobierno de abandonar este propósito de justicia que buscamos, por ello queremos subrayar que los procesos siguen abiertos”, acota.
Álvarez Garín subraya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido 270 desaparecidos y 70 funcionarios involucrados; la extinta fiscalía especial para los desaparecidos anunció 52 averiguaciones previas en condiciones de consignación; Herlinda Velasco, magistrada, admitió la existencia de elementos para conformar el delito de genocidio, aunque resolvió en contra.
“No se puede exonerar a Luis Echeverría como se ha pretendido hacer, si a nivel interno no se resuelve lo llevaremos al ámbito internacional”, señala.
Garín señala que la decisión se tomó debido a lo expresado en tercera persona por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, quien ha dejado ver de manera “objetivista” que las resoluciones de los procesos abiertos serán negativos.
“Lo que buscamos es una condena moral internacional que se transforme en una medida con efectos políticos y económicos para el gobierno mexicano, porque si se califica que no respeta a sus instituciones ni su Constitución será importante, ya que los convenios y tratados de comercio que se tienen actualmente se sostienen sobre la confianza en el Estado de Derecho. Si se demuestra que lo viola de manera tan descarada, irresponsable y burda, ya que las violaciones cometidas son de cuestiones de derecho internacional, aumentará la desconfianza de inversión internacional”, dice.
Garín también señala el peligro que de nuevo el Ejército se encuentre en las calles y el tema de la gobernabilidad sea latente.
Finalmente advierte: “En esos años se hablaba de disolución social, un delito impreciso porque era toda actividad lo que no le gustara al gobierno; ahora cuando se busca tener eficacia contra el terrorismo entra otra categoría tan difusa como la sospecha de terrorismo, ¿quiénes son sospechosos de serlo? Todo aquel que no le convenga al gobierno, esto se extiende a líderes sociales”.
Samuel Mesinas El Universal Jueves 25 de septiembre de 2008
sociedad@eluniversal.com.mx
jueves, 25 de septiembre de 2008
martes, 23 de septiembre de 2008
El Frente Poblano contra la Represión se opone a la militarización de la entidad
Martín Hernández Alcántara
El Frente Poblano contra la Represión rechazó la propuesta que han hecho algunos sectores vinculados a la derecha en Puebla como el Partido Acción Nacional acerca de que el Ejército Mexicano se encargue de la seguridad pública en la entidad, ante el riesgo de que atentados como el de Morelia puedan suceder en territorio poblano.
La coalición de organizaciones no gubernamentales también censuró que Felipe Calderón Hinojosa intente vincular los ataques del crimen organizado con la disidencia política que enfrenta su administración.
A través de un comunicado, el Frente condenó enérgicamente el uso de la violencia “cualquiera que sea su procedencia en contra del pueblo inerme” y reivindicaron el derecho que tiene la sociedad mexicana de manifestarse públicamente y expresar lo que a su interés convenga, sin más límites que los que la misma ley señala.
Exigió que se esclarezcan los ataques en la capital de Michoacán, pero argumentó que no sólo deben encargarse de las investigaciones las instancias correspondientes de los poderes Ejecutivo y Judicial, si no que también deben participar comisiones especiales del Poder Legislativo “que garanticen la transparencia e imparcialidad en las indagatorias”.
En el documento, los activistas expresan:
“Manifestamos nuestro desacuerdo con las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo federal emitidas al día siguiente de los atentados, al vincularlos con la disidencia política que enfrenta su gobierno, y al exhortar a la unidad de los mexicanos en torno a sus políticas y sus estrategias, incluso las de carácter económico, lo cual, lejos de abonar a generar un clima de concordia y respeto a la pluralidad, instaura un ambiente de intolerancia y confusión que de ningún modo contribuye a la seguridad pública que requiere la sociedad”.
También se pronunciaron “contra la militarización indiscriminada del país y advertimos del riesgo con que esto se corre de criminalizarla protesta social. El combate al narcotráfico, al terrorismo, a la delincuencia organizada, tiene que darse sobre la base de una coordinación eficaz de los efectos policiales y militares, sin que esto vaya en menoscabo de los derechos humanos y ciudadanos y procurando de modo prioritario el bienestar social”.
El Frente Poblano contra la Represión está integrado por la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, el Observatorio Ciudadano de los Movimientos Sociales en Puebla, el Partido Obrero Socialista, el Movimiento Estatal Ciudadano, el Comité Humanitario por la Libertad de los Presos Políticos, Puebla Verde A.C. y la Coordinadora de Redes Ciudadanas de Puebla.
También, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Agrupación 20 de Noviembre A.C., Renacimiento Humanista, Pueblos Cholultecas, el Comité del Pueblo Unido, la Brigada Zapatista y el Comité Independiente de Derechos Humanos.
Asimismo, Equidad de Género, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, la Asociación de Colonos del Sur A.C, el Centro Cultural José Martí, la Coordinadora Urbana y Campesina, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos y la Brigada 68.
El Frente también anunció que organizará actividades para recordar la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.
El Frente Poblano contra la Represión rechazó la propuesta que han hecho algunos sectores vinculados a la derecha en Puebla como el Partido Acción Nacional acerca de que el Ejército Mexicano se encargue de la seguridad pública en la entidad, ante el riesgo de que atentados como el de Morelia puedan suceder en territorio poblano.
La coalición de organizaciones no gubernamentales también censuró que Felipe Calderón Hinojosa intente vincular los ataques del crimen organizado con la disidencia política que enfrenta su administración.
A través de un comunicado, el Frente condenó enérgicamente el uso de la violencia “cualquiera que sea su procedencia en contra del pueblo inerme” y reivindicaron el derecho que tiene la sociedad mexicana de manifestarse públicamente y expresar lo que a su interés convenga, sin más límites que los que la misma ley señala.
Exigió que se esclarezcan los ataques en la capital de Michoacán, pero argumentó que no sólo deben encargarse de las investigaciones las instancias correspondientes de los poderes Ejecutivo y Judicial, si no que también deben participar comisiones especiales del Poder Legislativo “que garanticen la transparencia e imparcialidad en las indagatorias”.
En el documento, los activistas expresan:
“Manifestamos nuestro desacuerdo con las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo federal emitidas al día siguiente de los atentados, al vincularlos con la disidencia política que enfrenta su gobierno, y al exhortar a la unidad de los mexicanos en torno a sus políticas y sus estrategias, incluso las de carácter económico, lo cual, lejos de abonar a generar un clima de concordia y respeto a la pluralidad, instaura un ambiente de intolerancia y confusión que de ningún modo contribuye a la seguridad pública que requiere la sociedad”.
También se pronunciaron “contra la militarización indiscriminada del país y advertimos del riesgo con que esto se corre de criminalizarla protesta social. El combate al narcotráfico, al terrorismo, a la delincuencia organizada, tiene que darse sobre la base de una coordinación eficaz de los efectos policiales y militares, sin que esto vaya en menoscabo de los derechos humanos y ciudadanos y procurando de modo prioritario el bienestar social”.
El Frente Poblano contra la Represión está integrado por la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, el Observatorio Ciudadano de los Movimientos Sociales en Puebla, el Partido Obrero Socialista, el Movimiento Estatal Ciudadano, el Comité Humanitario por la Libertad de los Presos Políticos, Puebla Verde A.C. y la Coordinadora de Redes Ciudadanas de Puebla.
También, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Agrupación 20 de Noviembre A.C., Renacimiento Humanista, Pueblos Cholultecas, el Comité del Pueblo Unido, la Brigada Zapatista y el Comité Independiente de Derechos Humanos.
Asimismo, Equidad de Género, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, la Asociación de Colonos del Sur A.C, el Centro Cultural José Martí, la Coordinadora Urbana y Campesina, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos y la Brigada 68.
El Frente también anunció que organizará actividades para recordar la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.
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