México DF, 24 oct 08 (CIMAC).- En Guatemala, el clima de violencia que vive el país afecta especialmente a jueces, fiscales y a defensoras y defensores de los derechos humanos, quienes han sufrido ataques y hostigamiento, informó en comunicado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Recientemente fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un reporte sobre estos hechos. El 22 de octubre la Fundación Mirna Mack, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ante la CIDH información actualizada sobre la situación de alto riesgo que viven las y los operadores de justicia y las y los defensores de derechos humanos en Guatemala.
El clima de violencia que vive este país afecta especialmente a estos grupos. Esto es de gran preocupación puesto que en el caso de los operadores de justicia, este fenómeno no sólo genera inseguridad, sino que, además, afecta directamente la independencia judicial y la administración de justicia, señala Cejil.
Por otro lado, en el caso de los defensores y defensoras de los derechos humanos, este clima de inseguridad desestimula su labor por la defensa y promoción de los derechos humanos.
La situación de inseguridad que sufren ambos grupos fue abordada en dos audiencias distintas. En la primera, las Asociaciones de Jueces y de Fiscales, junto con la Fundación Mack y Cejil denunciaron los ataques, amenazas, hostigamientos y asesinatos que han sufridos jueces y fiscales. Indicaron que existe un registro de 75 denuncias anuales de parte de funcionarios judiciales que fueron amenazados o atacados, sin que a la fecha se haya investigado.
DEFENSORAS Y DEFENSORES
Respecto de defensores y defensoras de derechos humanos, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Fundación Mack y CALDH junto con Cejil informaron que desde enero a agosto de este año se han registrado 165 ataques y/o actos de intimidación contra esta población. Destacaron el atentado contra el ambientalista Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), ocurrido el pasado 4 de septiembre.
En ambas audiencias, las organizaciones señalaron como un elemento común que el sistema de justicia guatemalteco ha sido incapaz de dar una respuesta efectiva y rápida a este problema, por lo que la mayoría de los ataques se mantienen en la impunidad. Asimismo, en algunas ocasiones los ataques provienen de agentes estatales o de grupos paralelos que están infiltrados en las estructuras oficiales.
El Estado reconoció que efectivamente no se investiga y se comprometió a generar acciones de coordinación interestatal efectivas y rápidas para salvaguardar la vida e integridad de los operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos. Esto en virtud del rol fundamental que desempeñan en un Estado democrático.
La Comisión Interamericana manifestó su preocupación por las situaciones expuestas y que la situación de los defensores de derechos humanos era una de sus prioridades y que apreciaba la información que se le diera la respecto.
sábado, 25 de octubre de 2008
viernes, 24 de octubre de 2008
REPRIMEN PROTESTA DE TRBAJADORES AGRÍCOLAS (CHIHUAHUA, MÉXICO)
■ La empresa los despidió sin liquidación
Miroslava Breach Velducea (Corresponsal)
Saucillo, Chih., 22 de octubre. A golpes y con perros de ataque, policías estatals y municipales desalojaron a 50 trabajadores agrícolas que se encontraban en plantón en el invernadero Terra Santa, cuyos ejecutivos decidieron reubicar la empresa sin pagar liquidaciones.
El 10 de octubre los trabajadores interpusieron quejas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para exigir una liquidación conforme a la ley, tras descubrir que Terra Santa estaba desmantelando el invernadero de la comunidad de Naica, municipio de Saucillo.
El sábado anterior los empleados instalaron un plantón en el patio de maniobras de la nave de empaque del invernadero, del cual fueron desalojados por policías del Centro de Inteligencia Policial (Cipol) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y agentes de la policía municipal de Saucillo, que llegaron armados con rifles, macanas y equipo antimotines y golpearon a varios jornaleros, entre ellos algunas mujeres.
Los obreros agrícolas montaron un campamento fuera de la empresa, rodeada por una malla. Del otro lado, policías armados y patrullas de la dirección de seguridad pública del municipio de Saucillo vigilan la entrada y salida del personal de confianza.
“El patrón, Fidel Hoyos, es protegido por las autoridades, que bloquean nuestra demanda en la Junta de Conciliación”, sostuvo Ramón Armendáriz Corral, uno de los jornaleros que participan en el movimiento.
Informó que después del desalojo los representantes de Terra Santa les ofrecieron 15 días de salario y luego elevaron la oferta a un mes, pero han estado enviando golpeadores para provocar un enfrentamiento.
Miroslava Breach Velducea (Corresponsal)
Saucillo, Chih., 22 de octubre. A golpes y con perros de ataque, policías estatals y municipales desalojaron a 50 trabajadores agrícolas que se encontraban en plantón en el invernadero Terra Santa, cuyos ejecutivos decidieron reubicar la empresa sin pagar liquidaciones.
El 10 de octubre los trabajadores interpusieron quejas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para exigir una liquidación conforme a la ley, tras descubrir que Terra Santa estaba desmantelando el invernadero de la comunidad de Naica, municipio de Saucillo.
El sábado anterior los empleados instalaron un plantón en el patio de maniobras de la nave de empaque del invernadero, del cual fueron desalojados por policías del Centro de Inteligencia Policial (Cipol) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y agentes de la policía municipal de Saucillo, que llegaron armados con rifles, macanas y equipo antimotines y golpearon a varios jornaleros, entre ellos algunas mujeres.
Los obreros agrícolas montaron un campamento fuera de la empresa, rodeada por una malla. Del otro lado, policías armados y patrullas de la dirección de seguridad pública del municipio de Saucillo vigilan la entrada y salida del personal de confianza.
“El patrón, Fidel Hoyos, es protegido por las autoridades, que bloquean nuestra demanda en la Junta de Conciliación”, sostuvo Ramón Armendáriz Corral, uno de los jornaleros que participan en el movimiento.
Informó que después del desalojo los representantes de Terra Santa les ofrecieron 15 días de salario y luego elevaron la oferta a un mes, pero han estado enviando golpeadores para provocar un enfrentamiento.
miércoles, 22 de octubre de 2008
DETIENEN Y TORTURAN ACOMPAÑERO DE INDYMEDIA ALTO VALLE (ARGENTINA)
Otra vez reprimen en la toma de Confluencia.
Hoy (lunes20), a las 17 horas, estaba por iniciar una conferencia de prensa sobre la situación de la toma Confluencia en la ciudad de Neuquén, la policía comenzó a reprimir nuevamente. Dos vecinos fueron a buscar puntales y esa fue excusa suficiente para que la policía comenzara a disparar a vecinas y vecinos de la toma con balas plomo. Luego, replegados desde la comisaría 19, los policías continuaron tirando con balas 9mm.
Dos personas fueron detenidas, uno de ellos es vecino de la toma, el otro es Marcos, reportero de Indymedia y fue golpeado por la policía por sacar fotos. Fueron liberados gracias a la intervención de los organismos de derechos humanos. Ambos han sido brutalmente golpeados. Nuestro compañero de Indymedia perdió la conciencia en la comisaría debido a los golpes. También rompieron su cámara.
Marcos, de Indymedia Alto Valle, declaró que “me rompieron la cámara y me cagaron a palos. Me metieron en un cuarto y me empezaron a gritar: zurdo de mierda. Entre tres personas me tiran al piso y me agarran la cámara y me dicen: Nos sacaste la cara, te vamos a reventar puto. Los vamos a hacer pelota a todos”.
A últimas horas de la tarde, los vecinos continuaban en las calles, muchos apedreando la comisaría, y la policía seguía arrojando gases por todo el barrio.
http://argentina.indymedia.org/
Hoy (lunes20), a las 17 horas, estaba por iniciar una conferencia de prensa sobre la situación de la toma Confluencia en la ciudad de Neuquén, la policía comenzó a reprimir nuevamente. Dos vecinos fueron a buscar puntales y esa fue excusa suficiente para que la policía comenzara a disparar a vecinas y vecinos de la toma con balas plomo. Luego, replegados desde la comisaría 19, los policías continuaron tirando con balas 9mm.
Dos personas fueron detenidas, uno de ellos es vecino de la toma, el otro es Marcos, reportero de Indymedia y fue golpeado por la policía por sacar fotos. Fueron liberados gracias a la intervención de los organismos de derechos humanos. Ambos han sido brutalmente golpeados. Nuestro compañero de Indymedia perdió la conciencia en la comisaría debido a los golpes. También rompieron su cámara.
Marcos, de Indymedia Alto Valle, declaró que “me rompieron la cámara y me cagaron a palos. Me metieron en un cuarto y me empezaron a gritar: zurdo de mierda. Entre tres personas me tiran al piso y me agarran la cámara y me dicen: Nos sacaste la cara, te vamos a reventar puto. Los vamos a hacer pelota a todos”.
A últimas horas de la tarde, los vecinos continuaban en las calles, muchos apedreando la comisaría, y la policía seguía arrojando gases por todo el barrio.
http://argentina.indymedia.org/
martes, 21 de octubre de 2008
BOSNIA Y HERZEGOVINA Imad Al Husin
Con toda probabilidad, en los próximos días las autoridades de Bosnia y Herzegovina (BiH) expulsarán a Imad Al Husin (conocido también como Abu Hamza) a Siria, donde correrá riesgo de tortura o malos tratos. Imad Al Husin se encuentra en el centro de detención de los servicios de inmigración de Lukavica (Sarajevo), tras haber sido aprehendido el 6 de octubre del 2008 en Sarajevo por las autoridades de Bosnia y Herzegovina.Las autoridades de BiH están tratando de expulsar a Imad Al Husin pese a que su caso está aún pendiente ante los tribunales de justicia de este país. Imad Al Husin correrá peligro de tortura y otros malos tratos de ser expulsado a Siria. Imad Al Husin llegó a la República Federal Socialista de Yugoslavia en 1983 para cursar estudios en Belgrado (hoy Serbia) y posteriormente en Rijeka (hoy Croacia). En 1992, durante la guerra en BiH, Imad Al Husin se unió al Ejército de Bosnia y Herzegovina. Le concedieron la ciudadanía de BiH en 1994. Al acabar la guerra, Imad Al Husin trabajó para organizaciones musulmanas sin fines de lucro y se convirtió en una figura destacada del movimiento islamista wahhabí en BiH.Las autoridades de la Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH, una de las dos entidades semi-autónomas de Bosnia y Herzegovina) revocaron su ciudadanía en el 2001 por motivos de "seguridad nacional" no especificados. Imad Al Husin ha estado impugnando esta decisión en los tribunales desde entonces. Las apelaciones que Imad Al Husin ha presentado al Tribunal Supremo de la FBiH, al Consejo Estatal de Ministros y al Tribunal Estatal han sido todas ellas rechazadas. En marzo del 2007, apeló ante el Tribunal Constitucional de BiH contra la decisión de revocarle la ciudadanía. En mayo del 2007, la FBiH le negó el permiso de residencia temporal que había solicitado aduciendo que era una amenaza para la seguridad nacional. Su solicitud de asilo y su petición de medidas de protección provisionales contra la expulsión también han sido denegadas. El 22 de enero del 2008, el Tribunal de Bosnia y Herzegovina rechazó la apelación de Imad Al Husin contra la decisión anterior de denegar su petición de protección temporal y su solicitud de asilo. El 29 de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo), pidió a las autoridades de BiH que pararan la expulsión de Imad Al Husin hasta que se conociera el fallo definitivo del Tribunal Constitucional de BiH. Imad Al Husin fue citado el 10 de julio ante la Oficina Estatal de Extranjería de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo, donde fue detenido por funcionarios con la intención de expulsarlo. El abogado de Imad Al Husin intervino y obtuvo su libertad antes de que las autoridades pudieran efectuar la expulsión. El 4 de octubre, el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina ordenó que se celebrara un nuevo juicio ante un tribunal de instancia inferior, el Tribunal Estatal de BiH. Aunque éste aún no ha conocido del caso, las autoridades de BiH tienen la intención de aplicar la orden de expulsión emitida en junio, en contravención del fallo del Tribunal Constitucional. Imad Al Husin se ha declarado en huelga de hambre para protestar por estar recluido y por su inminente expulsión.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:Las autoridades sirias acusan a Imad Al Husin de ser miembro/simpatizante de la Hermandad Musulmana, organización que está proscrita en Siria. Amnistía Internacional ha hecho campaña en favor de varias personas que tras ser devueltas a Siria y acusadas de estar relacionadas con la Hermandad Musulmana, han sido torturadas, maltratadas o condenadas a muerte. Siria aplica frecuentemente torturas y malos tratos, y las denuncias de tortura rara vez se investigan. En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que la tortura y los malos tratos se utilizan de manera generalizada en el país. El Comité también manifestó preocupación por la práctica de la detención prolongada en régimen de incomunicación.BiH es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, todos los cuales prohíben la devolución de una persona a un país en el que pueda quedar expuesta al riesgo de tortura.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en bosnio o en su propio idioma:- instando a las autoridades a no expulsar a Imad Al Husin a Siria, país en el que quedaría expuesto al riesgo de tortura o malos tratos, o incluso a la pena de muerte;- señalándoles que la devolución de Imad Al Husin a Siria infringiría las obligaciones internacionales que Bosnia y Herzegovina ha contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos; - recordándoles que el caso aún se encuentra pendiente ante los tribunales de Bosnia y Herzegovina.
LLAMAMIENTOS A:
-Ministro de Seguridad de Bosnia y HerzegovinaMinister of Security of Bosnia and HerzegovinaTarik SadovicTrg BiH broj 171 000 Sarajevo, Bosnia y HerzegovinaFax: +387 33 213 628Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
-Ministro de Derechos Humanos y RefugiadosMinister of Human Rights and RefugeesSafet HalilovicTrg BiH 171 000 Sarajevo, Bosnia y HerzegovinaFax: +387 33 206 140Correo electrónico: kabmin@mhrr.gov.ba Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
-Alto Representante y Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia y HerzegovinaHigh Representative and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina Miroslav LajcákEmerika Bluma 171000 Sarajevo Bosnia y HerzegovinaFax: + 387 33 283 501Tratamiento: Dear High Representative/Excelencia
-Y a los representantes diplomáticos de Bosnia y Herzegovina acreditados en su país.ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de diciembre del 2008.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:Las autoridades sirias acusan a Imad Al Husin de ser miembro/simpatizante de la Hermandad Musulmana, organización que está proscrita en Siria. Amnistía Internacional ha hecho campaña en favor de varias personas que tras ser devueltas a Siria y acusadas de estar relacionadas con la Hermandad Musulmana, han sido torturadas, maltratadas o condenadas a muerte. Siria aplica frecuentemente torturas y malos tratos, y las denuncias de tortura rara vez se investigan. En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que la tortura y los malos tratos se utilizan de manera generalizada en el país. El Comité también manifestó preocupación por la práctica de la detención prolongada en régimen de incomunicación.BiH es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, todos los cuales prohíben la devolución de una persona a un país en el que pueda quedar expuesta al riesgo de tortura.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en bosnio o en su propio idioma:- instando a las autoridades a no expulsar a Imad Al Husin a Siria, país en el que quedaría expuesto al riesgo de tortura o malos tratos, o incluso a la pena de muerte;- señalándoles que la devolución de Imad Al Husin a Siria infringiría las obligaciones internacionales que Bosnia y Herzegovina ha contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos; - recordándoles que el caso aún se encuentra pendiente ante los tribunales de Bosnia y Herzegovina.
LLAMAMIENTOS A:
-Ministro de Seguridad de Bosnia y HerzegovinaMinister of Security of Bosnia and HerzegovinaTarik SadovicTrg BiH broj 171 000 Sarajevo, Bosnia y HerzegovinaFax: +387 33 213 628Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
-Ministro de Derechos Humanos y RefugiadosMinister of Human Rights and RefugeesSafet HalilovicTrg BiH 171 000 Sarajevo, Bosnia y HerzegovinaFax: +387 33 206 140Correo electrónico: kabmin@mhrr.gov.ba Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
-Alto Representante y Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia y HerzegovinaHigh Representative and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina Miroslav LajcákEmerika Bluma 171000 Sarajevo Bosnia y HerzegovinaFax: + 387 33 283 501Tratamiento: Dear High Representative/Excelencia
-Y a los representantes diplomáticos de Bosnia y Herzegovina acreditados en su país.ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de diciembre del 2008.
CHILE: TERROR MILITAR Y POLICIAL EN ARAUCO
Redchem/ Insurrectasypunto Para Kaos en la Red
Un verdadero mar de policías y Carabineros armados, apoyados con tanquetas de guerra, mantienen sitiadas gran parte de las comunidades Mapuche que se ubican entre Cañete y Tirúa, en la Provincia de Arauco. Según comuneros del sector, la gente no quiere salir de sus casas por temor al actuar de las policías. “Las Fuerzas Especiales andan muy violentos y agresivos. Paran a la gente y la intimidan para que entreguen información. Da miedo hasta de mirarlos”, reconoció una lagmien del sector.
A eso hay que sumar la decena de viviendas que han sido allanadas violentamente por agentes de Investigaciones y del Gope, maltratando a niños y ancianos, inclusive.
El panorama es desolador. La ruta P-70, que une a Cañete con Tirúa, fue apoderada por los agentes represivos que al mando del fiscal antimapuche, Mario Elgueta, buscan y persiguen a los luchadores sociales Mapuche.
La prensa burguesa, por su parte, respalda el discurso criminalizante del gobierno haciendo creer a la opinión pública que se trata de simples ladrones de madera y no, que es lo que son, comunidades movilizadas que ejercen legítimamente el control territorial en los predios usurpados por las grandes transnacionales.
El punto más álgido se ha concentrado en Lleu LLeu, San Ramón, El Malo, Ranquilhue y Puerto Choque, todos sectores ubicados a orillas del lago Lleu Lleu, en donde se han apostado sendos destacamentos de uniformados utilizando todo tipo de artimañas para atemorizar a grandes y chicos. Controles de identidad y arbitrarias detenciones han sido la tónica. Prueba de lo anterior fue la detención de un comunero, que fue sometido a control de detención esta mañana en el juzgado de Garantía de Cañete logrando su inmediata libertad. Evidentemente, la prensa fáctica sólo recalcó su detención y no lo arbitrario de ella y, menos, su libertad.
Descrito el panorama, diversos actos de resistencia se han originado en la zona.
En tanto, en Santiago, el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, aprovechando el micrófono abierto de los medios, insiste en que hay delincuentes mezclados con Mapuche con el fin de avalar la tesis de los Mapuche buenos y Mapuche malos. Está claro que los peñis y lagmien que resisten dignamente en Arauco no entran en el saco de los mejores.
DETENIDO
Por su parte, el juez del juzgado de Garantía de Cañete, decidió ampliar la detención de Norberto Parra Leiva, comunero de Choque, que fue detenido ayer tras un allanamiento en la zona. Se le acusa de robar una motosierra, con la cual –según la fiscalía- su hermano César (también detenido) habría atacado a un carabinero.
http://redchem.entodaspartes.org/
http://www.kaosenlared.net/
Un verdadero mar de policías y Carabineros armados, apoyados con tanquetas de guerra, mantienen sitiadas gran parte de las comunidades Mapuche que se ubican entre Cañete y Tirúa, en la Provincia de Arauco. Según comuneros del sector, la gente no quiere salir de sus casas por temor al actuar de las policías. “Las Fuerzas Especiales andan muy violentos y agresivos. Paran a la gente y la intimidan para que entreguen información. Da miedo hasta de mirarlos”, reconoció una lagmien del sector.
A eso hay que sumar la decena de viviendas que han sido allanadas violentamente por agentes de Investigaciones y del Gope, maltratando a niños y ancianos, inclusive.
El panorama es desolador. La ruta P-70, que une a Cañete con Tirúa, fue apoderada por los agentes represivos que al mando del fiscal antimapuche, Mario Elgueta, buscan y persiguen a los luchadores sociales Mapuche.
La prensa burguesa, por su parte, respalda el discurso criminalizante del gobierno haciendo creer a la opinión pública que se trata de simples ladrones de madera y no, que es lo que son, comunidades movilizadas que ejercen legítimamente el control territorial en los predios usurpados por las grandes transnacionales.
El punto más álgido se ha concentrado en Lleu LLeu, San Ramón, El Malo, Ranquilhue y Puerto Choque, todos sectores ubicados a orillas del lago Lleu Lleu, en donde se han apostado sendos destacamentos de uniformados utilizando todo tipo de artimañas para atemorizar a grandes y chicos. Controles de identidad y arbitrarias detenciones han sido la tónica. Prueba de lo anterior fue la detención de un comunero, que fue sometido a control de detención esta mañana en el juzgado de Garantía de Cañete logrando su inmediata libertad. Evidentemente, la prensa fáctica sólo recalcó su detención y no lo arbitrario de ella y, menos, su libertad.
Descrito el panorama, diversos actos de resistencia se han originado en la zona.
En tanto, en Santiago, el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, aprovechando el micrófono abierto de los medios, insiste en que hay delincuentes mezclados con Mapuche con el fin de avalar la tesis de los Mapuche buenos y Mapuche malos. Está claro que los peñis y lagmien que resisten dignamente en Arauco no entran en el saco de los mejores.
DETENIDO
Por su parte, el juez del juzgado de Garantía de Cañete, decidió ampliar la detención de Norberto Parra Leiva, comunero de Choque, que fue detenido ayer tras un allanamiento en la zona. Se le acusa de robar una motosierra, con la cual –según la fiscalía- su hermano César (también detenido) habría atacado a un carabinero.
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ACCION URGENTE PARA DETENER EL GENOCIDIO CONTRA COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS EN EL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA
Desde México: Solidaridad con la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular
SE CONVOCA A LA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN MÉXICO PARA EL MARTES 21 DE OCTUBRE, A LAS 11:00AM
ACCION URGENTE PARA DETENER EL GENOCIDIO CONTRA COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS EN EL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA
PRONUNCIAMIENTO
Desde el 12 de octubre diferentes organizaciones sociales de Colombia -indígenas, afros y campesinos- se han reunido en el Resguardo indígena de la María , municipio de Piéndamo -Cauca, para celebrar la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. En este escenario de construcción colectiva las organizaciones sociales se están manifestando contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) que buscan despojarlos de sus territorios; la política de Seguridad Democrática que realmente es una estrategia de guerra contra las comunidades y su cultura; y el Estatuto Rural, el Código Minero y el Plan de Aguas que pretenden privatizar los recursos naturales que le quedan al país. Además de protestar frente a lo anterior, exigían la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez para que explicara el incumplimiento de algunos acuerdos relacionados con despojo de tierras, y particularmente, los recientes asesinatos de miembros de sus comunidades.El señor Uribe no presentó ningún interés en participar a dicho espacio de diálogo, ante ello las organizaciones determinaron cerrar la vía Panamericana en varios trayectos entre las ciudades de Popayán y Calí. La respuesta del gobierno nacional fue asegurar, irresponsablemente, que la protesta estaba "infiltrada" por las FARC –maniobra que siempre utiliza el gobierno para criminalizar y reprimir las protestas sociales-, y enviar al ejército nacional y a los escuadrones móviles antidisturbios para "desalojar la vía". Estos grupos armados inmediatamente comenzaron a golpear a la gente con gases lacrimógenos, y armas de fuego, ante o cual la gente allí apostada se defendió valientemente a pesar de las desiguales condiciones en las que se encuentran.Hasta el día de hoy, 18 de octubre, las acciones represivas del Estado han ocasionado la muerte de dos personas y cerca de 100 heridos, de los cuales al menos cinco se encuentran en hospitales de la región en grave estado de salud, varios de ellos con impactos de bala en cabeza, frente, ojos y extremidades. El gobierno nacional considera que los reclamos de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular es un problema de orden público dejando las soluciones al Ministerio de Defensa. Entre el día de ayer y hoy se dio una tregua en un intento por encontrar una solución política al conflicto, esta negociación fracaso y el movimiento entró de nuevo a las acciones de bloque de la carretera Panamericana con lo cual los enfrentamientos continuaron.Ante esta situación las personas y organizaciones abajo firmantes apoyamos a las organizaciones sociales del país y sus posiciones frente al TLC, la política de Seguridad Democrática y la defensa de los recursos naturales. Condenamos además la respuesta militar con la cual el gobierno nacional, encabezado por el presidente Álvaro Uribe, busca acallar la voz de la oposición y hacemos un llamado urgente a detener este genocidio contra las comunidades indigenas y campesinas del suroccidente colombiano.Mayor información:
http://www.nasaacin.org/ http://www.cric-colombia.org
Firmas de adherencia:
Comité de Base Polo Democrático Alternativo - MéxicoHijos e Hijas Colombia en México, por la memoria y contra la impunidadRed de Solidaridad México-Colombia
Tribunal Internacional d'Opinion - Affaire Sud de Bolivar ( Colombie)Jorge Enrique Gónzales Ruiz. Programa de Derechos humanos. Universidad Aútónoma de la ciudad de México
Polo Democrático Alternativo- Toronto.
Polo Democrático Alternativo Bélgica. Bruselas-Flandes
PUP Internacional - PDA
-- Red de Solidaridad México-Colombia
SE CONVOCA A LA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN MÉXICO PARA EL MARTES 21 DE OCTUBRE, A LAS 11:00AM
ACCION URGENTE PARA DETENER EL GENOCIDIO CONTRA COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS EN EL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA
PRONUNCIAMIENTO
Desde el 12 de octubre diferentes organizaciones sociales de Colombia -indígenas, afros y campesinos- se han reunido en el Resguardo indígena de la María , municipio de Piéndamo -Cauca, para celebrar la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. En este escenario de construcción colectiva las organizaciones sociales se están manifestando contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) que buscan despojarlos de sus territorios; la política de Seguridad Democrática que realmente es una estrategia de guerra contra las comunidades y su cultura; y el Estatuto Rural, el Código Minero y el Plan de Aguas que pretenden privatizar los recursos naturales que le quedan al país. Además de protestar frente a lo anterior, exigían la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez para que explicara el incumplimiento de algunos acuerdos relacionados con despojo de tierras, y particularmente, los recientes asesinatos de miembros de sus comunidades.El señor Uribe no presentó ningún interés en participar a dicho espacio de diálogo, ante ello las organizaciones determinaron cerrar la vía Panamericana en varios trayectos entre las ciudades de Popayán y Calí. La respuesta del gobierno nacional fue asegurar, irresponsablemente, que la protesta estaba "infiltrada" por las FARC –maniobra que siempre utiliza el gobierno para criminalizar y reprimir las protestas sociales-, y enviar al ejército nacional y a los escuadrones móviles antidisturbios para "desalojar la vía". Estos grupos armados inmediatamente comenzaron a golpear a la gente con gases lacrimógenos, y armas de fuego, ante o cual la gente allí apostada se defendió valientemente a pesar de las desiguales condiciones en las que se encuentran.Hasta el día de hoy, 18 de octubre, las acciones represivas del Estado han ocasionado la muerte de dos personas y cerca de 100 heridos, de los cuales al menos cinco se encuentran en hospitales de la región en grave estado de salud, varios de ellos con impactos de bala en cabeza, frente, ojos y extremidades. El gobierno nacional considera que los reclamos de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular es un problema de orden público dejando las soluciones al Ministerio de Defensa. Entre el día de ayer y hoy se dio una tregua en un intento por encontrar una solución política al conflicto, esta negociación fracaso y el movimiento entró de nuevo a las acciones de bloque de la carretera Panamericana con lo cual los enfrentamientos continuaron.Ante esta situación las personas y organizaciones abajo firmantes apoyamos a las organizaciones sociales del país y sus posiciones frente al TLC, la política de Seguridad Democrática y la defensa de los recursos naturales. Condenamos además la respuesta militar con la cual el gobierno nacional, encabezado por el presidente Álvaro Uribe, busca acallar la voz de la oposición y hacemos un llamado urgente a detener este genocidio contra las comunidades indigenas y campesinas del suroccidente colombiano.Mayor información:
http://www.nasaacin.org/ http://www.cric-colombia.org
Firmas de adherencia:
Comité de Base Polo Democrático Alternativo - MéxicoHijos e Hijas Colombia en México, por la memoria y contra la impunidadRed de Solidaridad México-Colombia
Tribunal Internacional d'Opinion - Affaire Sud de Bolivar ( Colombie)Jorge Enrique Gónzales Ruiz. Programa de Derechos humanos. Universidad Aútónoma de la ciudad de México
Polo Democrático Alternativo- Toronto.
Polo Democrático Alternativo Bélgica. Bruselas-Flandes
PUP Internacional - PDA
-- Red de Solidaridad México-Colombia
lunes, 20 de octubre de 2008
Resistencia Crítica, 10 años de lucha
Los de abajo
Gloria Muñoz Ramírez losylasdeabajo@yahoo.com.mx
El movimiento Resistencia Crítica (RC) cumple 10 años de luchar contra el inhumano, racista y explotador sistema industrial de prisiones en Estados Unidos. Reunidos en Oakland, California, miles de activistas demandaron la abolición de un sistema en el que los intereses privados y gubernamentales se enlazan para utilizar las cárceles como solución a los problemas sociales, políticos y económicos.
En la última década se ha recrudecido el sistema carcelario industrial en el país más poderoso del mundo. Se crean leyes para hacer valer un complejo represivo, discriminatorio, clasista y sexista. “En otras palabras –advierte RC–, hay instituciones con poder que quieren controlar y eliminar a ciertas personas, en lugar de permitir que las comunidades busquen maneras de cuidarse y proveerse por ellas mismas”.
Un arduo trabajo de RC ha logrado crear conciencia en diversos sectores de Estados Unidos sobre una política represiva que afecta a todos, pero particularmente a inmigrantes, gente de color, jóvenes y homosexuales. El movimiento organiza talleres en los que participan excarcelados, familiares de presos y comunidades vulnerables, enfocados a las diversas maneras de combatir la violencia sexual y la militarización de la policía, así como sobre la vigilancia en comunidades indígenas y los problemas de justicia que enfrentan gays, lesbianas y transexuales.
RC se pone también en contacto con otras organizaciones para conjuntar esfuerzos. De esta manera, junto con activistas del Sindicato de Pasajeros, organiza brigadas para informar en autobuses y trenes sobre las prisiones, en una campaña denominada “Más autobuses, menos policía”.
Allá, como aquí, hay cientos de presos políticos. Y, como aquí, son ignorados por los medios de comunicación. El ejemplo más claro es el de “Los 8 de San Francisco”, un caso que el gobierno estadunidense utiliza para intimidar a la comunidad negra. “Los 8” formaron parte de Las Panteras Negras de los 60 y 70 y aún enfrentan cargos basados en testimonios recogidos por medio de tortura. Esta situación, seguida de cerca por RC, marcó un proceso de organización para lograr que se eliminen los cargos.
El término presos políticos, explica RC, no sólo se aplica a los activistas, pues el ser inmigrante, principalmente indocumentado, es un acto de resistencia contra el sistema capitalista.
Gloria Muñoz Ramírez losylasdeabajo@yahoo.com.mx
El movimiento Resistencia Crítica (RC) cumple 10 años de luchar contra el inhumano, racista y explotador sistema industrial de prisiones en Estados Unidos. Reunidos en Oakland, California, miles de activistas demandaron la abolición de un sistema en el que los intereses privados y gubernamentales se enlazan para utilizar las cárceles como solución a los problemas sociales, políticos y económicos.
En la última década se ha recrudecido el sistema carcelario industrial en el país más poderoso del mundo. Se crean leyes para hacer valer un complejo represivo, discriminatorio, clasista y sexista. “En otras palabras –advierte RC–, hay instituciones con poder que quieren controlar y eliminar a ciertas personas, en lugar de permitir que las comunidades busquen maneras de cuidarse y proveerse por ellas mismas”.
Un arduo trabajo de RC ha logrado crear conciencia en diversos sectores de Estados Unidos sobre una política represiva que afecta a todos, pero particularmente a inmigrantes, gente de color, jóvenes y homosexuales. El movimiento organiza talleres en los que participan excarcelados, familiares de presos y comunidades vulnerables, enfocados a las diversas maneras de combatir la violencia sexual y la militarización de la policía, así como sobre la vigilancia en comunidades indígenas y los problemas de justicia que enfrentan gays, lesbianas y transexuales.
RC se pone también en contacto con otras organizaciones para conjuntar esfuerzos. De esta manera, junto con activistas del Sindicato de Pasajeros, organiza brigadas para informar en autobuses y trenes sobre las prisiones, en una campaña denominada “Más autobuses, menos policía”.
Allá, como aquí, hay cientos de presos políticos. Y, como aquí, son ignorados por los medios de comunicación. El ejemplo más claro es el de “Los 8 de San Francisco”, un caso que el gobierno estadunidense utiliza para intimidar a la comunidad negra. “Los 8” formaron parte de Las Panteras Negras de los 60 y 70 y aún enfrentan cargos basados en testimonios recogidos por medio de tortura. Esta situación, seguida de cerca por RC, marcó un proceso de organización para lograr que se eliminen los cargos.
El término presos políticos, explica RC, no sólo se aplica a los activistas, pues el ser inmigrante, principalmente indocumentado, es un acto de resistencia contra el sistema capitalista.
Liberan a tres presuntos miembros del EPR por no hallar pruebas en su contra
■ Pasaron dos años y diez meses en una prisión de Veracruz
Emir Olivares Alonso
Luego de pasar dos años y diez meses en prisión por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada y terrorismo por aparentemente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), el jueves pasado un magistrado de Veracruz absolvió de esos cargos a los hermanos Jorge y Gerardo Tzomaxtle Tecpile y a Gustavo Robles López al no encontrar evidencias ni pruebas en su contra, por lo que esa misma noche obtuvieron su libertad.
En conferencia de prensa, los recién liberados señalaron que hubo “inconsistencias y violaciones a sus derechos humanos” por parte de autoridades federales y estatales.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad –que llevó el caso– consideró que la resolución del magistrado Rafael Remes Ojeda “está totalmente apegada a derecho” y con ella se revocó la sentencia de un juez estatal del pasado 14 de mayo en contra de los detenidos que les aplicaba cuatro años tres meses de prisión.
Robles y los hermanos Tzompaxtle Tecpile, quienes estaban detenidos en el penal de mediana seguridad de La Toma, municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, afirmaron que pese a la favorable sentencia que obtuvieron el pasado jueves “tenemos miedo” de posibles represalias, por lo que responsabilizaron a las autoridades federales y estatales de su integridad física y sicológica, y la de sus familiares.
Magdalena López Paulino, de la Red, informó que tras la resolución que otorgó la libertad a los “injustamente” inculpados, ratificarán la denuncia que por este caso se interpuso recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el Estado mexicano resarza las garantías de los agraviados.
La organización afirmó que durante el caso se pusieron en evidencia “las múltiples violaciones a los derechos humanos, al juicio justo y al debido proceso que se cometieron de manera sistemática”, y que padecieron los inculpados desde el momento de su detención hasta la sentencia emitida en su contra.
Cabe recordar que estas tres personas fueron detenidas por la Policía Federal Preventiva el 12 de enero de 2006 acusados por el probable delito de cohecho, “fueron incomunicados” por dos días –aseguró la organización– y posteriormente se les inició averiguación previa por delitos relacionados con delincuencia organizada y su probable pertenencia a la organización armada.
Una muestra de las inconsistencias la evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2006: “Del análisis practicado a las evidencias que obran en el expediente, se pudieron acreditar violaciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica en agravio de los señores Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, por parte de servidores públicos de la PFP”.
El 11 de abril de 2007 el grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU aseguró que la detención de los inculpados fue “arbitraria”, además que vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Estado mexicano está obligado a cumplir, por lo que exigió a las autoridades del país adoptar las medidas necesarias para remediar la situación conforme a las normas y principios enunciados en dicho acuerdo.
Emir Olivares Alonso
Luego de pasar dos años y diez meses en prisión por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada y terrorismo por aparentemente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), el jueves pasado un magistrado de Veracruz absolvió de esos cargos a los hermanos Jorge y Gerardo Tzomaxtle Tecpile y a Gustavo Robles López al no encontrar evidencias ni pruebas en su contra, por lo que esa misma noche obtuvieron su libertad.
En conferencia de prensa, los recién liberados señalaron que hubo “inconsistencias y violaciones a sus derechos humanos” por parte de autoridades federales y estatales.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad –que llevó el caso– consideró que la resolución del magistrado Rafael Remes Ojeda “está totalmente apegada a derecho” y con ella se revocó la sentencia de un juez estatal del pasado 14 de mayo en contra de los detenidos que les aplicaba cuatro años tres meses de prisión.
Robles y los hermanos Tzompaxtle Tecpile, quienes estaban detenidos en el penal de mediana seguridad de La Toma, municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, afirmaron que pese a la favorable sentencia que obtuvieron el pasado jueves “tenemos miedo” de posibles represalias, por lo que responsabilizaron a las autoridades federales y estatales de su integridad física y sicológica, y la de sus familiares.
Magdalena López Paulino, de la Red, informó que tras la resolución que otorgó la libertad a los “injustamente” inculpados, ratificarán la denuncia que por este caso se interpuso recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el Estado mexicano resarza las garantías de los agraviados.
La organización afirmó que durante el caso se pusieron en evidencia “las múltiples violaciones a los derechos humanos, al juicio justo y al debido proceso que se cometieron de manera sistemática”, y que padecieron los inculpados desde el momento de su detención hasta la sentencia emitida en su contra.
Cabe recordar que estas tres personas fueron detenidas por la Policía Federal Preventiva el 12 de enero de 2006 acusados por el probable delito de cohecho, “fueron incomunicados” por dos días –aseguró la organización– y posteriormente se les inició averiguación previa por delitos relacionados con delincuencia organizada y su probable pertenencia a la organización armada.
Una muestra de las inconsistencias la evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2006: “Del análisis practicado a las evidencias que obran en el expediente, se pudieron acreditar violaciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica en agravio de los señores Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, por parte de servidores públicos de la PFP”.
El 11 de abril de 2007 el grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU aseguró que la detención de los inculpados fue “arbitraria”, además que vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Estado mexicano está obligado a cumplir, por lo que exigió a las autoridades del país adoptar las medidas necesarias para remediar la situación conforme a las normas y principios enunciados en dicho acuerdo.
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