La comunidad Temucuicui es una comunidad mapuche forjada a base de recuperación de tierras que fueron ocupados por el latifundista Rene Urban.
Juan Cruz Mackna, joven punk anarquista de 28 años, viaja para concretizar su solidaridad con la comunidad autónoma de Temcuicui, luego de haber participado el pasado martes en una marcha en Santiago.
El Estado policial ha cambiado de estrategia (tras continuos allanamientos, torturas y detenciones a la comunidad) pasa a utilizar a “los mapuche buenos” e institucionalizados para que hagan el trabajo sucio.
JUAN CATRILLANCA, MIJAIL CARBONE QUEIPUL y el resto de mercenarios de la “Comunidad” Ignacio Queipul, fueron los títeres de los intereses de la CONADI, el Estado Chileno y los grandes latifundistas en una de las zonas más candentes del conflicto Mapuche.
Estos sucios personajes ya amenazaron de muerte a compañeros de Temucuicui, por lo que es evidente que tras las extrañas circunstancias que rodean la muerte de nuestro compañero se encuentra la mano del poder.
Juan se encontraba percnoctando en una casa de la comunidad, cuando en la madrugada es asesinado con un tiro de perdigones de escopeta percutado hacia su nuca con salida de proyectil en su cara.
La prensa oculta la noticia, o disfraza burdamente la situación haciéndolo pasar como una pelea en una fiesta u otros hechos similares.
La situación en Temucuicui se ha hecho insostenible, por lo que nuestra activa solidaridad se hace necesaria hoy más que siempre, ya que este conflicto creado por el Estado y el Capital puede acrecentarse aún más. Y tú, ¿serás espectador o protagonista?
Mas información: http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
JUAN “ORANGU” CRUZ: TU MUERTE NO SERÁ EN VANO
NI UN MINUTO DE SILENCIO, TODA UNA VIDA DE COMBATE
¡Venganza por nuestros compañeros asesinados por el Estado!
Jhonny Cariqueo(1), y ahora Juan Cruz son parte de nuestros últimos caídos en esta guerra social, los tenemos presente en nuestra practica cotidiana de lucha y enfrentamiento contra la dominacion.
(1) Compañero asesinado a golpes por la policía tras participar en las manifestaciones del 29 de marzo de este año en Pudahuel. Santiago.
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
http://www.kaosenlared.net/
jueves, 18 de diciembre de 2008
martes, 16 de diciembre de 2008
Disparen contra Lucía Morett
Carlos Fazio
Después de más de medio año de virtual exilio en Nicaragua, Lucía Morett regresó a México. Es una sobreviviente del horror. Una víctima más del terrorismo de Estado que practica el presidente Álvaro Uribe más allá de las fronteras de Colombia. Lucía es una víctima civil, pero también testigo clave del operativo de guerra sicológica diseñado por Estados Unidos, y ejecutado por Uribe contra un campamento clandestino de las FARC en la selva del Sucumbíos, Ecuador, el pasado primero de marzo.
En la agresión murieron 25 personas, incluidos cuatro mexicanos. Tres mujeres sobrevivieron. Lucía Morett es quizás la única que puede dar testimonio cabal de lo que ocurrió. Al margen de los Convenios sobre la Guerra de Ginebra y otros relativos a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el personal militar que la interrogó cuando yacía herida, buscaba obtener información de valor inmediato, apartándose de lo que determinan las leyes humanitarias. Un video de la operación militar difundido por el gobierno de Colombia muestra imágenes tomadas con una cámara de visión nocturna, que exhiben a Lucía tirada en el piso, rodeada de soldados que la interrogan. El trato fue hostil, amenazante. Incluso la desvistieron e hicieron comentarios sexuales agresivos. Además, dada la gravedad de sus heridas, un interrogatorio en tales condiciones configura delito de tortura. La tortura está específicamente prohibida en los conflictos armados, internacionales o internos, sin importar si se aplica contra combatientes que hayan depuesto las armas, civiles, o incluso criminales comunes.
Una vez que los soldados colombianos evacuaron la zona, militares ecuatorianos trasladaron a Lucía a la unidad de Lago Agrio. Allí, dos agentes de inteligencia militar la sometieron a una segunda sección de preguntas. “Eran idénticas a las que antes me habían formulado los colombianos.” La acusaron de que estaba en el campamento dando entrenamiento a la guerrilla. Que era la comandante. La apremiaron a que hablara, que sus compañeros ya habían confesado.
Según el gobierno ecuatoriano, se trató de una operación combinada entre Colombia y Estados Unidos, con la participación de una red de inteligencia extranjera que operaba en Ecuador y conocía con antelación del bombardeo. Miembros de esa red destruyeron evidencias judiciales en el lugar de los hechos. También eran parte de esa red los militares ecuatorianos que la interrogaron y ocultaron la información a las autoridades judiciales y políticas de Ecuador, incluido el presidente de la República, Rafael Correa. El mandatario denunció que los servicios de inteligencia militar y policial del Ecuador estaban infiltrados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia).
Dos militares están sujetos a juicio. Uno es el coronel Mario Pazmiño, quien se mantuvo 10 años como director de Inteligencia del Ejército y ha sido señalado como colaborador de los servicios de Estados Unidos, Colombia e Israel.
En el juicio puede surgir información que involucre a Álvaro Uribe, ahora que la realidad comienza a pasarle facturas por los crímenes cometidos en Colombia y Ecuador durante su mandato.
Al escándalo desatado por un multimillonario fraude financiero organizado en las cañerías del Estado se suma la evidencia de que el Ejército colombiano ha practicado cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, desde la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate. Más de 2 mil 100 muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría. El escándalo de los “falsos positivos”, como eufemísticamente denomina Uribe a las ejecuciones sumarias, provocó la dimisión del jefe del Ejército, Mario Montoya, el “héroe” de la liberación de Ingrid Betancourt. Veintisiete oficiales fueron destituidos.
Lucía Morett puede identificar a los agentes que la interrogaron. Además, vio y escuchó, inerme, traumatizada y aterrada, cómo la tropa de elite colombiana remataba a los heridos. Al menos un sobreviviente del bombardeo fue torturado y asesinado de siete disparos con armas diferentes, dice un informe realizado por forenses europeos. Correa acusó a Bogotá de incurrir en crímenes de lesa humanidad. Lucía Morett es una testigo de cargo clave. Álvaro Uribe lo sabe. Por eso busca criminalizarla. Callarla. Sabe que Lucía puede conducirlo al banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional. Ésa es la razón por la cual, desde un comienzo, se montó una campaña de intoxicación y terrorismo mediático contra Lucía Morett y sus cuatro compañeros asesinados, un libro incluido.
El 16 de abril, en Cancún, en presencia de Felipe Calderón, Uribe dijo que los cinco eran terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Y a través de dos dirigentes de la ultraderecha local, Guillermo Arzak y José Antonio Ortega, promovió aquí un juicio por “terrorismo internacional” contra Lucía y otras 16 personas. Ese juicio y una averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) están sustentados en miles de correos electrónicos, presuntamente intercambiados por el número dos de las FARC, Raúl Reyes, con “subversivos” del mundo.
Pero según el noticiero de Canal Uno de Colombia, el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz –investigador antiterrorista de la DIJIN, la policía científica, quien elaboró el informe del computador que se atribuye a Reyes– declaró bajo juramento ante la Fiscalía que no encontró e-mails en el ordenador. “Sólo había documentos de Word.” Eso podría dejar sin curso la investigación contra políticos, legisladores y periodistas de Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y México. Y exonerar también a Lucía Morett y sus compañeros. Claro, si aquí existiera una justicia imparcial.
Después de más de medio año de virtual exilio en Nicaragua, Lucía Morett regresó a México. Es una sobreviviente del horror. Una víctima más del terrorismo de Estado que practica el presidente Álvaro Uribe más allá de las fronteras de Colombia. Lucía es una víctima civil, pero también testigo clave del operativo de guerra sicológica diseñado por Estados Unidos, y ejecutado por Uribe contra un campamento clandestino de las FARC en la selva del Sucumbíos, Ecuador, el pasado primero de marzo.
En la agresión murieron 25 personas, incluidos cuatro mexicanos. Tres mujeres sobrevivieron. Lucía Morett es quizás la única que puede dar testimonio cabal de lo que ocurrió. Al margen de los Convenios sobre la Guerra de Ginebra y otros relativos a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el personal militar que la interrogó cuando yacía herida, buscaba obtener información de valor inmediato, apartándose de lo que determinan las leyes humanitarias. Un video de la operación militar difundido por el gobierno de Colombia muestra imágenes tomadas con una cámara de visión nocturna, que exhiben a Lucía tirada en el piso, rodeada de soldados que la interrogan. El trato fue hostil, amenazante. Incluso la desvistieron e hicieron comentarios sexuales agresivos. Además, dada la gravedad de sus heridas, un interrogatorio en tales condiciones configura delito de tortura. La tortura está específicamente prohibida en los conflictos armados, internacionales o internos, sin importar si se aplica contra combatientes que hayan depuesto las armas, civiles, o incluso criminales comunes.
Una vez que los soldados colombianos evacuaron la zona, militares ecuatorianos trasladaron a Lucía a la unidad de Lago Agrio. Allí, dos agentes de inteligencia militar la sometieron a una segunda sección de preguntas. “Eran idénticas a las que antes me habían formulado los colombianos.” La acusaron de que estaba en el campamento dando entrenamiento a la guerrilla. Que era la comandante. La apremiaron a que hablara, que sus compañeros ya habían confesado.
Según el gobierno ecuatoriano, se trató de una operación combinada entre Colombia y Estados Unidos, con la participación de una red de inteligencia extranjera que operaba en Ecuador y conocía con antelación del bombardeo. Miembros de esa red destruyeron evidencias judiciales en el lugar de los hechos. También eran parte de esa red los militares ecuatorianos que la interrogaron y ocultaron la información a las autoridades judiciales y políticas de Ecuador, incluido el presidente de la República, Rafael Correa. El mandatario denunció que los servicios de inteligencia militar y policial del Ecuador estaban infiltrados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia).
Dos militares están sujetos a juicio. Uno es el coronel Mario Pazmiño, quien se mantuvo 10 años como director de Inteligencia del Ejército y ha sido señalado como colaborador de los servicios de Estados Unidos, Colombia e Israel.
En el juicio puede surgir información que involucre a Álvaro Uribe, ahora que la realidad comienza a pasarle facturas por los crímenes cometidos en Colombia y Ecuador durante su mandato.
Al escándalo desatado por un multimillonario fraude financiero organizado en las cañerías del Estado se suma la evidencia de que el Ejército colombiano ha practicado cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, desde la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate. Más de 2 mil 100 muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría. El escándalo de los “falsos positivos”, como eufemísticamente denomina Uribe a las ejecuciones sumarias, provocó la dimisión del jefe del Ejército, Mario Montoya, el “héroe” de la liberación de Ingrid Betancourt. Veintisiete oficiales fueron destituidos.
Lucía Morett puede identificar a los agentes que la interrogaron. Además, vio y escuchó, inerme, traumatizada y aterrada, cómo la tropa de elite colombiana remataba a los heridos. Al menos un sobreviviente del bombardeo fue torturado y asesinado de siete disparos con armas diferentes, dice un informe realizado por forenses europeos. Correa acusó a Bogotá de incurrir en crímenes de lesa humanidad. Lucía Morett es una testigo de cargo clave. Álvaro Uribe lo sabe. Por eso busca criminalizarla. Callarla. Sabe que Lucía puede conducirlo al banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional. Ésa es la razón por la cual, desde un comienzo, se montó una campaña de intoxicación y terrorismo mediático contra Lucía Morett y sus cuatro compañeros asesinados, un libro incluido.
El 16 de abril, en Cancún, en presencia de Felipe Calderón, Uribe dijo que los cinco eran terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Y a través de dos dirigentes de la ultraderecha local, Guillermo Arzak y José Antonio Ortega, promovió aquí un juicio por “terrorismo internacional” contra Lucía y otras 16 personas. Ese juicio y una averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) están sustentados en miles de correos electrónicos, presuntamente intercambiados por el número dos de las FARC, Raúl Reyes, con “subversivos” del mundo.
Pero según el noticiero de Canal Uno de Colombia, el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz –investigador antiterrorista de la DIJIN, la policía científica, quien elaboró el informe del computador que se atribuye a Reyes– declaró bajo juramento ante la Fiscalía que no encontró e-mails en el ordenador. “Sólo había documentos de Word.” Eso podría dejar sin curso la investigación contra políticos, legisladores y periodistas de Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y México. Y exonerar también a Lucía Morett y sus compañeros. Claro, si aquí existiera una justicia imparcial.
CNTE: 29 años
Luis Hernández Navarro
Hace 29 años nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El encuentro fundacional se efectuó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17 y 18 de diciembre de 1979. Desde entonces, año con año, el movimiento magisterial democrático ha protagonizado importantes luchas en el ámbito laboral y político.
La CNTE se formó promovida por vigorosos movimientos regionales de maestros en estados como Chiapas, Tabasco, la Montaña de Guerrero y La Laguna. Demandó un aumento salarial de 30 por ciento, rezonificación por vida cara y democracia sindical. No fue producto de la iniciativa de algún partido o grupo político.
De hecho, las corrientes sindicales que actuaban en el interior del sindicato, incluyendo algunas con muchos años de actividad, quedaron relegadas ante el vertiginoso empuje de los profesores de base. Su nacimiento permitió que esas luchas locales rompieran su aislamiento, extendieran la protesta a otros estados y se proyectaran a nivel nacional.
La Coordinadora se definió a sí misma como una fuerza democrática e independiente que luchaba dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), claramente diferenciada de Vanguardia Revolucionaria y los partidos políticos. Era una fuerza formada por los maestros de base organizados en consejos centrales de lucha (CCL), grupos promotores y corrientes sindicales.
Dominaba la dirección gremial desde 1972 Vanguardia Revolucionaria. Su dirigente, Carlos Jonguitud Barrios, controlaba el sindicato con mano de hierro, grupos de golpeadores y un sistema de canonjías a sus incondicionales, entre las que se encontraban las dobles plazas, las licencias sindicales con goce de sueldo, los créditos y los programas de vivienda. El SNTE formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Gobernaba el país José López Portillo. La propaganda oficial anunciaba que México nadaba en petróleo y se debía preparar para “administrar la abundancia”. Pero lo salarios de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la inflación en los estados donde se explotaba el oro negro los hacían aún más precarios. “País petrolero, maestro sin dinero”, coreaban los mentores en sus protestas.
Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los maestros pertenecientes a grupos más radicales temían que esa legalización implicara que, a partir de ese momento, la lucha social se rigiera por criterios parlamentarios, dando al partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución de la lucha reivindicativa.
En 1979, la insurgencia obrera de los años 70 había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias sindicales democráticas que actuaban en el interior de los grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento de remover a los líderes venales. Así había pasado con los electricistas y los metalúrgicos. El entorno gremial en el que la CNTE desplegaba su lucha era desfavorable.
Han pasado 29 años desde entonces. Han gobernado al país seis presidentes de la República de dos partidos diferentes. Una y otra vez, mandatarios y funcionarios en turno, aliados con los charros sindicales, han tratado de acabar con la Coordinadora. Decenas de sus dirigentes ha sido asesinados, encarcelados o despedidos. Pero no han podido: el movimiento sigue. Con altas y bajas, transformándose y reinventándose en el camino, la CNTE ha sobrevivido y se conserva como una poderosa organización sindical.
En muchos lugares las organizaciones que la integran son una formidable escuela de democracia y ciudadanía. Son una isla en el mar de corrupción del sindicalismo nacional y una fuerza anticorporativa. Reivindican la dignidad del magisterio. Cuando han ganado las secciones sindicales del sindicato, su gestión ha sido, en lo esencial, honesta. En algunos estados se han convertido en sujeto pedagógico alternativo.
En el camino, una parte de sus dirigentes han formado, dirigido o asesorado organizaciones urbano populares y campesinas. Los maestros democráticos siguen comportándose, en las zonas rurales, como intelectuales orgánicos del campesinado. Otros se han incorporado a los principales partidos de izquierda. Unos cuantos han sido diputados y funcionarios públicos. Su compromiso, constancia y paciencia con la causa democrática y popular son asombrosos. La lucha de muchos sectores subalternos en el país sería incomprensible si no se contempla en su análisis el papel que han desempeñado en ellas los trabajadores de la educación democráticos.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de ellos han sido cooptados, sobre todo a partir de 1989, por Elba Esther Gordillo. Otros han traicionado a sus compañeros y se han convertido en todo aquello contra lo que siempre lucharon. Algunos más hasta, como sucedió con Solidaridad campesino-magisterial de Chiapas, se volvieron paramilitares.
A lo largo de los últimos dos años la CNTE ha desempeñado un papel central en la resistencia contra la Ley del ISSSTE y en el rechazo a la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). Sus integrantes fueron la columna vertebral en la oleada de amparos contra la reforma y para boicotear la afiliación al sistema de pensiones privado. Desde comienzos de este años escolar han estado en primera línea en la defensa de la educación pública y el normalismo.
A 29 años de formada, la Coordinadora está más viva que nunca. Ha superado la prueba del tiempo. Cuenta con una dirección estable y objetivos de lucha claros.
Hace 29 años nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El encuentro fundacional se efectuó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17 y 18 de diciembre de 1979. Desde entonces, año con año, el movimiento magisterial democrático ha protagonizado importantes luchas en el ámbito laboral y político.
La CNTE se formó promovida por vigorosos movimientos regionales de maestros en estados como Chiapas, Tabasco, la Montaña de Guerrero y La Laguna. Demandó un aumento salarial de 30 por ciento, rezonificación por vida cara y democracia sindical. No fue producto de la iniciativa de algún partido o grupo político.
De hecho, las corrientes sindicales que actuaban en el interior del sindicato, incluyendo algunas con muchos años de actividad, quedaron relegadas ante el vertiginoso empuje de los profesores de base. Su nacimiento permitió que esas luchas locales rompieran su aislamiento, extendieran la protesta a otros estados y se proyectaran a nivel nacional.
La Coordinadora se definió a sí misma como una fuerza democrática e independiente que luchaba dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), claramente diferenciada de Vanguardia Revolucionaria y los partidos políticos. Era una fuerza formada por los maestros de base organizados en consejos centrales de lucha (CCL), grupos promotores y corrientes sindicales.
Dominaba la dirección gremial desde 1972 Vanguardia Revolucionaria. Su dirigente, Carlos Jonguitud Barrios, controlaba el sindicato con mano de hierro, grupos de golpeadores y un sistema de canonjías a sus incondicionales, entre las que se encontraban las dobles plazas, las licencias sindicales con goce de sueldo, los créditos y los programas de vivienda. El SNTE formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Gobernaba el país José López Portillo. La propaganda oficial anunciaba que México nadaba en petróleo y se debía preparar para “administrar la abundancia”. Pero lo salarios de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la inflación en los estados donde se explotaba el oro negro los hacían aún más precarios. “País petrolero, maestro sin dinero”, coreaban los mentores en sus protestas.
Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los maestros pertenecientes a grupos más radicales temían que esa legalización implicara que, a partir de ese momento, la lucha social se rigiera por criterios parlamentarios, dando al partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución de la lucha reivindicativa.
En 1979, la insurgencia obrera de los años 70 había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias sindicales democráticas que actuaban en el interior de los grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento de remover a los líderes venales. Así había pasado con los electricistas y los metalúrgicos. El entorno gremial en el que la CNTE desplegaba su lucha era desfavorable.
Han pasado 29 años desde entonces. Han gobernado al país seis presidentes de la República de dos partidos diferentes. Una y otra vez, mandatarios y funcionarios en turno, aliados con los charros sindicales, han tratado de acabar con la Coordinadora. Decenas de sus dirigentes ha sido asesinados, encarcelados o despedidos. Pero no han podido: el movimiento sigue. Con altas y bajas, transformándose y reinventándose en el camino, la CNTE ha sobrevivido y se conserva como una poderosa organización sindical.
En muchos lugares las organizaciones que la integran son una formidable escuela de democracia y ciudadanía. Son una isla en el mar de corrupción del sindicalismo nacional y una fuerza anticorporativa. Reivindican la dignidad del magisterio. Cuando han ganado las secciones sindicales del sindicato, su gestión ha sido, en lo esencial, honesta. En algunos estados se han convertido en sujeto pedagógico alternativo.
En el camino, una parte de sus dirigentes han formado, dirigido o asesorado organizaciones urbano populares y campesinas. Los maestros democráticos siguen comportándose, en las zonas rurales, como intelectuales orgánicos del campesinado. Otros se han incorporado a los principales partidos de izquierda. Unos cuantos han sido diputados y funcionarios públicos. Su compromiso, constancia y paciencia con la causa democrática y popular son asombrosos. La lucha de muchos sectores subalternos en el país sería incomprensible si no se contempla en su análisis el papel que han desempeñado en ellas los trabajadores de la educación democráticos.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de ellos han sido cooptados, sobre todo a partir de 1989, por Elba Esther Gordillo. Otros han traicionado a sus compañeros y se han convertido en todo aquello contra lo que siempre lucharon. Algunos más hasta, como sucedió con Solidaridad campesino-magisterial de Chiapas, se volvieron paramilitares.
A lo largo de los últimos dos años la CNTE ha desempeñado un papel central en la resistencia contra la Ley del ISSSTE y en el rechazo a la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). Sus integrantes fueron la columna vertebral en la oleada de amparos contra la reforma y para boicotear la afiliación al sistema de pensiones privado. Desde comienzos de este años escolar han estado en primera línea en la defensa de la educación pública y el normalismo.
A 29 años de formada, la Coordinadora está más viva que nunca. Ha superado la prueba del tiempo. Cuenta con una dirección estable y objetivos de lucha claros.
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