Rubicela Morelos Cruz (Corresponsal)
Cuernavaca, Mor., 27 de diciembre. La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) valoró como negativo este año, pues el gobierno estatal violó garantías individuales de unas 300 personas y se retrocedió en conquistas de las mujeres morelenses.
Juliana Quintanilla García, integrante del organismo humanitario, afirmó que en el año se integraron 300 expedientes contra autoridades estatales,169 entre el 7 y 9 de octubre, por los desalojos violentos de profesores y padres de familia que bloqueaban carreteras federales en repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
Los cuerpos de seguridad estatales y federales incurrieron en detenciones arbitrarias, tortura y agresiones verbales y físicas al acometer contra los profesores, y esos casos se presentarán a la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2009 por medio del Frente Morelense Contra la Represión y el Frente Nacional Contra la Represión, indicó.
Sólo en Xoxocotla, donde el 9 de octubre tuvo lugar el desalojo más violento 16 personas fueron detenidas por apoyar a los mentores contra el pacto educativo oficial, “que lesiona sus derechos laborales, sindicales y la Constitución misma”. En Amayuca hubo 49 detenidos y dos más en Tres Marías, recordó Quintanilla.
Todos fueron acusados de ataque a las vías de comunicación, sabotaje y sedición, y sólo quedaron libres tras pagar fianzas de 10 mil pesos; aunque las averiguaciones continúan y las órdenes de aprehensión pueden ejecutarse en cualquier momento, refirió.
Sobre las leyes aprobadas dijo que el panismo aprovechó su mayoría en el Congreso local para “garantizar el derecho a la vida desde la concepción misma” en la Constitución morelense, lo cual equivale a “una ley antiaborto retrógrada que viola y criminaliza los derechos de las mujeres”.
lunes, 29 de diciembre de 2008
AI adopta a 5 defensores de los derechos indígenas como presos de conciencia
Amnistía Internacional (AI) hace un llamamiento por la liberación inmediata e incondicional de Raúl Hernández, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, detenidos desde hace más de 6 meses en Ayutla, en el Estado de Guerrero. Después de valorar detenidamente su caso, AI ha llegado a la conclusión de que estos cinco hombres son inocentes de los cargos de asesinato que se les imputan, y que su detención y la persecución contra ellos tienen motivaciones políticas.
Todos los detenidos son miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM). Amnistía Internacional cree que el proceso en su contra se ha llevado a cabo en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.
Estos cinco indígenas fueron arrestados el 17 de abril de 2008 acusados de asesinar a Alejandro Feliciano García el 1 de enero de este año en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El pasado 20 de octubre, un juez federal concedió un amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación. Sin embargo, los presos no han sido puestos en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución – a pesar de no tener una función aparente en el caso ni haber presentado nuevas pruebas. Como resultado, cuatro hombres inocentes permanecen en prisión. AI hace un llamamiento para que la PGR termine con esta injustificada obstrucción a su liberación.
A Raúl Hernández se le negó el amparo porque dos testigos dijeron que él estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, después de un minucioso examen del caso, AI considera que las pruebas en su contra fueron fabricadas porque los supuestos testigos no denunciaron el crimen sino hasta días después de los hechos y sólo posterior a que el cacique acusara públicamente a los miembros de OPIM. Se sabe además que el cacique había amenazado y hecho falsas acusaciones contra la OPIM en ocasiones anteriores; que el agente del Ministerio Público que investigó el caso trabajó directamente con el cacique (quien también actuó como traductor oficial); y que las evidencias de que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del crimen fueron ignoradas.
“Esta historia ilustra un patrón común de abusos contra los derechos humanos en Guerrero”, explica Rupert Knox, investigador sobre México de AI. “Las autoridades a menudo hacen un mal uso del sistema judicial para castigar a aquellos que trabajan por el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y se atreven a hablar de los abusos. En este contexto, hay pocas posibilidades de un juicio justo”.
Amnistía Internacional hace un llamamiento para la inmediata liberación de estos cinco hombres, la cancelación de las órdenes de detención contra otros 10 miembros de la OPIM acusados del mismo crimen, y una completa e imparcial investigación del asesinato de Alejandro Feliciano García para que los verdaderos responsables de su muerte sean llevados ante la justicia.
Información de contexto
La Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me’ phaa (Tlapanecas) en México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me’ phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.
Integrantes de la OPIM han sufrido actos reiterados y concertados de hostigamiento e intimidación. Han sido objeto de ataques y amenazas en numerosas ocasiones; muchas de estas personas han estado bajo vigilancia, e incluso se ha matado a uno de los líderes de la organización.
El 9 de febrero de 2008, Lorenzo Fernández Ortega, uno de los líderes de OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega, fue secuestrado. Su cadáver se encontró en Ayutla de los Libres al día siguiente con signos de haber sido torturado, pero no se realizó ninguna autopsia y la investigación sobre su muerte está estancada.
Más Información: Promover los derechos de los pueblos indígenas de México, Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (Índice AI: AMR 41/040/2008)
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/040/2008/es
Todos los detenidos son miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM). Amnistía Internacional cree que el proceso en su contra se ha llevado a cabo en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.
Estos cinco indígenas fueron arrestados el 17 de abril de 2008 acusados de asesinar a Alejandro Feliciano García el 1 de enero de este año en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El pasado 20 de octubre, un juez federal concedió un amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación. Sin embargo, los presos no han sido puestos en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución – a pesar de no tener una función aparente en el caso ni haber presentado nuevas pruebas. Como resultado, cuatro hombres inocentes permanecen en prisión. AI hace un llamamiento para que la PGR termine con esta injustificada obstrucción a su liberación.
A Raúl Hernández se le negó el amparo porque dos testigos dijeron que él estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, después de un minucioso examen del caso, AI considera que las pruebas en su contra fueron fabricadas porque los supuestos testigos no denunciaron el crimen sino hasta días después de los hechos y sólo posterior a que el cacique acusara públicamente a los miembros de OPIM. Se sabe además que el cacique había amenazado y hecho falsas acusaciones contra la OPIM en ocasiones anteriores; que el agente del Ministerio Público que investigó el caso trabajó directamente con el cacique (quien también actuó como traductor oficial); y que las evidencias de que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del crimen fueron ignoradas.
“Esta historia ilustra un patrón común de abusos contra los derechos humanos en Guerrero”, explica Rupert Knox, investigador sobre México de AI. “Las autoridades a menudo hacen un mal uso del sistema judicial para castigar a aquellos que trabajan por el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y se atreven a hablar de los abusos. En este contexto, hay pocas posibilidades de un juicio justo”.
Amnistía Internacional hace un llamamiento para la inmediata liberación de estos cinco hombres, la cancelación de las órdenes de detención contra otros 10 miembros de la OPIM acusados del mismo crimen, y una completa e imparcial investigación del asesinato de Alejandro Feliciano García para que los verdaderos responsables de su muerte sean llevados ante la justicia.
Información de contexto
La Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me’ phaa (Tlapanecas) en México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me’ phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.
Integrantes de la OPIM han sufrido actos reiterados y concertados de hostigamiento e intimidación. Han sido objeto de ataques y amenazas en numerosas ocasiones; muchas de estas personas han estado bajo vigilancia, e incluso se ha matado a uno de los líderes de la organización.
El 9 de febrero de 2008, Lorenzo Fernández Ortega, uno de los líderes de OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega, fue secuestrado. Su cadáver se encontró en Ayutla de los Libres al día siguiente con signos de haber sido torturado, pero no se realizó ninguna autopsia y la investigación sobre su muerte está estancada.
Más Información: Promover los derechos de los pueblos indígenas de México, Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (Índice AI: AMR 41/040/2008)
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/040/2008/es
ai
Amnistía Internacional (AI) hace un llamamiento por la liberación inmediata e incondicional de Raúl Hernández, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, detenidos desde hace más de 6 meses en Ayutla, en el Estado de Guerrero. Después de valorar detenidamente su caso, AI ha llegado a la conclusión de que estos cinco hombres son inocentes de los cargos de asesinato que se les imputan, y que su detención y la persecución contra ellos tienen motivaciones políticas.
Todos los detenidos son miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM). Amnistía Internacional cree que el proceso en su contra se ha llevado a cabo en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.
Estos cinco indígenas fueron arrestados el 17 de abril de 2008 acusados de asesinar a Alejandro Feliciano García el 1 de enero de este año en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El pasado 20 de octubre, un juez federal concedió un amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación. Sin embargo, los presos no han sido puestos en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución – a pesar de no tener una función aparente en el caso ni haber presentado nuevas pruebas. Como resultado, cuatro hombres inocentes permanecen en prisión. AI hace un llamamiento para que la PGR termine con esta injustificada obstrucción a su liberación.
A Raúl Hernández se le negó el amparo porque dos testigos dijeron que él estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, después de un minucioso examen del caso, AI considera que las pruebas en su contra fueron fabricadas porque los supuestos testigos no denunciaron el crimen sino hasta días después de los hechos y sólo posterior a que el cacique acusara públicamente a los miembros de OPIM. Se sabe además que el cacique había amenazado y hecho falsas acusaciones contra la OPIM en ocasiones anteriores; que el agente del Ministerio Público que investigó el caso trabajó directamente con el cacique (quien también actuó como traductor oficial); y que las evidencias de que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del crimen fueron ignoradas.
“Esta historia ilustra un patrón común de abusos contra los derechos humanos en Guerrero”, explica Rupert Knox, investigador sobre México de AI. “Las autoridades a menudo hacen un mal uso del sistema judicial para castigar a aquellos que trabajan por el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y se atreven a hablar de los abusos. En este contexto, hay pocas posibilidades de un juicio justo”.
Amnistía Internacional hace un llamamiento para la inmediata liberación de estos cinco hombres, la cancelación de las órdenes de detención contra otros 10 miembros de la OPIM acusados del mismo crimen, y una completa e imparcial investigación del asesinato de Alejandro Feliciano García para que los verdaderos responsables de su muerte sean llevados ante la justicia.
Información de contexto
La Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me’ phaa (Tlapanecas) en México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me’ phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.
Integrantes de la OPIM han sufrido actos reiterados y concertados de hostigamiento e intimidación. Han sido objeto de ataques y amenazas en numerosas ocasiones; muchas de estas personas han estado bajo vigilancia, e incluso se ha matado a uno de los líderes de la organización.
El 9 de febrero de 2008, Lorenzo Fernández Ortega, uno de los líderes de OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega, fue secuestrado. Su cadáver se encontró en Ayutla de los Libres al día siguiente con signos de haber sido torturado, pero no se realizó ninguna autopsia y la investigación sobre su muerte está estancada.
Más Información: Promover los derechos de los pueblos indígenas de México, Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (Índice AI: AMR 41/040/2008)
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/040/2008/es
Todos los detenidos son miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM). Amnistía Internacional cree que el proceso en su contra se ha llevado a cabo en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.
Estos cinco indígenas fueron arrestados el 17 de abril de 2008 acusados de asesinar a Alejandro Feliciano García el 1 de enero de este año en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El pasado 20 de octubre, un juez federal concedió un amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación. Sin embargo, los presos no han sido puestos en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución – a pesar de no tener una función aparente en el caso ni haber presentado nuevas pruebas. Como resultado, cuatro hombres inocentes permanecen en prisión. AI hace un llamamiento para que la PGR termine con esta injustificada obstrucción a su liberación.
A Raúl Hernández se le negó el amparo porque dos testigos dijeron que él estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, después de un minucioso examen del caso, AI considera que las pruebas en su contra fueron fabricadas porque los supuestos testigos no denunciaron el crimen sino hasta días después de los hechos y sólo posterior a que el cacique acusara públicamente a los miembros de OPIM. Se sabe además que el cacique había amenazado y hecho falsas acusaciones contra la OPIM en ocasiones anteriores; que el agente del Ministerio Público que investigó el caso trabajó directamente con el cacique (quien también actuó como traductor oficial); y que las evidencias de que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del crimen fueron ignoradas.
“Esta historia ilustra un patrón común de abusos contra los derechos humanos en Guerrero”, explica Rupert Knox, investigador sobre México de AI. “Las autoridades a menudo hacen un mal uso del sistema judicial para castigar a aquellos que trabajan por el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y se atreven a hablar de los abusos. En este contexto, hay pocas posibilidades de un juicio justo”.
Amnistía Internacional hace un llamamiento para la inmediata liberación de estos cinco hombres, la cancelación de las órdenes de detención contra otros 10 miembros de la OPIM acusados del mismo crimen, y una completa e imparcial investigación del asesinato de Alejandro Feliciano García para que los verdaderos responsables de su muerte sean llevados ante la justicia.
Información de contexto
La Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me’ phaa (Tlapanecas) en México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me’ phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.
Integrantes de la OPIM han sufrido actos reiterados y concertados de hostigamiento e intimidación. Han sido objeto de ataques y amenazas en numerosas ocasiones; muchas de estas personas han estado bajo vigilancia, e incluso se ha matado a uno de los líderes de la organización.
El 9 de febrero de 2008, Lorenzo Fernández Ortega, uno de los líderes de OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega, fue secuestrado. Su cadáver se encontró en Ayutla de los Libres al día siguiente con signos de haber sido torturado, pero no se realizó ninguna autopsia y la investigación sobre su muerte está estancada.
Más Información: Promover los derechos de los pueblos indígenas de México, Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (Índice AI: AMR 41/040/2008)
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/040/2008/es
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