H.I.J.O.S. - PRENSA RED
El 10 de febrero, comenzará el Juicio Oral y Público por la Causa 1.261 "Olivera Róvere, Jorge Carlos", en la que el represor será juzgado por más de 100 delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Merced a la unificación de la Causa por "Jefes de Área". Además serán juzgados: Teófilo Saa, Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza, Bernardo Menéndez y Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la zona Capital.
En la segunda etapa del Juicio se juzgará también a cinco represores más, merced a la unificación de la Causa por "Jefes de Área". Por lo tanto, además de Olivera Róvere serán juzgados el general de brigada Teófilo Saa, el teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el general de división Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la zona Capital.
A casi 33 años del 24 de marzo de 1976 comenzará un Juicio Oral y Público por más de 100 crímenes cometidos durante la dictadura. En este Juicio seis represores irán al banquillo por los delitos que se les imputan y que fueron cometidos en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que funcionaron en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que incluye la mayoría de los campos de detención de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y parte de La Pampa.
La Capital Federal, acorde a la división territorial efectuada merced al Plan de Capacidades para el año 1972 -PFE-PC MI72- y mantenido por la Orden Nº 1/75 y la Directiva 404/75 del Consejo de Defensa y del Ejército Argentino, estaba bajo control operacional de la Comandancia de la Zona 1 (Primer Cuerpo del Ejército Argentino).
A su vez, el Comando de la Zona 1 se encontraba dividido en siete Subzonas; siendo la Capital Federal una de ellas, como lógica consecuencia los hechos a analizar en el debate comprenderán, únicamente, aquellos acaecidos en dicho territorio durante el período de tiempo en que Olivera Róvere se encontró a cargo de dicha Subzona.
El represor Olivera Róvere se desempeñó como Segundo Comandante del Primer Cuerpo del Ejército y, como consecuencia de ello, como Jefe de la Subzona Capital Federal, desde el 6 de febrero de 1976 hasta el 30 de diciembre del mismo año.
Desde el próximo 10 de febrero Olivera Róvere estará en el banquillo del Tribunal Oral y Federal Nº 5, y desde finales de marzo se incorporarán al Juicio cinco jefes de área de Capital Federal imputados: el general de brigada Teófilo Saa, el teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el general de división Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la zona Capital.
El Juicio Oral y Público se enmarca dentro de la Megacausa "Primer Cuerpo de Ejército" y contará con más de 100 casos, entre ellos el homicidio del legislador uruguayo Zelmar Michelini y la desaparición del escritor y periodista Haroldo Conti. La Causa fue reabierta en 2003 luego de que el Congreso de la Nación sancionara la ley 25.779 de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un logro de la lucha del pueblo por el juicio y castigo a los genocidas.
Sobre el genocida Jorge Olivera Róvere
Olivera Róvere, de 83 años, está acusado de cuatro homicidios, un centenar de casos de privación ilegal de la libertad y un caso de tormentos cuando era segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército y jefe de la subzona Capital Federal. Ocupó los cargos desde el 6 de febrero hasta el 30 de diciembre de 1976, bajo las órdenes directas del ex Jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido represor Guillermo Suárez Mason.
Jorge Carlos Olivera Róvere será juzgado por la privación ilegal de la libertad y homicidio de Raúl Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Alen Whitelaw, todos dirigentes uruguayos. Además se lo acusa de la privación ilegal de la libertad en 116 casos y una seguida de tormentos a Elpidio Eduardo Lardies.
El represor Olivera Róvere actualmente está excarcelado y con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, por eso debe asistir al inicio del Juicio, ya que hasta el momento la querella no fue notificada de ninguna circunstancia que se lo impida. Así, el represor debería estar sentado en el banquillo, dando cuentas ante la Justicia.
Todos a tribunales
La Agrupación Hijos capital, convoca a presenciar los Juicios a los represores, porque "toda la sociedad fue víctima de sus delitos".
El Tribunal Oral y Federal Nº 5 mantuvo la decisión de no permitir el ingreso de reporteros gráficos a la sala de audiencias, aún después de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de "garantizar la publicidad de los juicios". Por eso, recuerdan que "es un Juicio ORAL Y PÚBLICO y que TODOS podemos ingresar a presenciarlo". La publicidad de los Juicios por delitos de lesa humanidad es una forma de lograr que todo el país y el mundo seamos partícipes de los Juicios, porque el conjunto de la sociedad es una víctima de esos crímenes.
Publicado por ARGENPRESS
viernes, 6 de febrero de 2009
Defensora de los Derechos Humanos es amenazada de muerte en Honduras
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentó con carácter de urgente ante el Fiscal General de la República, Leónidas Rosa Bautista, una denuncia sobre amenazas de muerte recibidas por su coordinadora general.
Berta Oliva de Nativí, quien trabaja en la dirección del organismo humanitario hondureño, ha recibido en su teléfono celular diversos mensajes amenazando su integridad física.
“¿Cómo amaneciste?. Espero que bien. Porque cuando yo quiera podes amanecer con la boca llena de gusanos. Y en una bolsa de basura”, dice una de las amenazas contra la coordinada de COFADEH.
Este tipo de mensajes coinciden con la distribución de apócrifos en el Parque Central de Tegucigalpa, donde no sólo denigran la imagen y el trabajo humanitario que realiza Berta Oliva de Nativí, si no que ponen también en riesgo su vida e integridad física.
COFADEH sostiene en su denuncia ante el Fiscal General que las amenazas de muerte y la inseguridad para los defensores de derechos humanos en Honduras han sido recurrentes en los últimos meses, pues los activistas por los Derechos Humanos están cada vez más amenazados.
Frente a la creciente preocupación por el deterioro de las garantías para estos activistas, el organismo humanitario hondureño demandó al Ministerio Público que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Bertha Oliva de Nativí y de su familia.
Además COFADEH, exigió se inicie un proceso exhaustivo e imparcial de investigación del caso para que los que resulten culpables sean requeridos ante el tribunal de competencia.(PÚLSAR)
Berta Oliva de Nativí, quien trabaja en la dirección del organismo humanitario hondureño, ha recibido en su teléfono celular diversos mensajes amenazando su integridad física.
“¿Cómo amaneciste?. Espero que bien. Porque cuando yo quiera podes amanecer con la boca llena de gusanos. Y en una bolsa de basura”, dice una de las amenazas contra la coordinada de COFADEH.
Este tipo de mensajes coinciden con la distribución de apócrifos en el Parque Central de Tegucigalpa, donde no sólo denigran la imagen y el trabajo humanitario que realiza Berta Oliva de Nativí, si no que ponen también en riesgo su vida e integridad física.
COFADEH sostiene en su denuncia ante el Fiscal General que las amenazas de muerte y la inseguridad para los defensores de derechos humanos en Honduras han sido recurrentes en los últimos meses, pues los activistas por los Derechos Humanos están cada vez más amenazados.
Frente a la creciente preocupación por el deterioro de las garantías para estos activistas, el organismo humanitario hondureño demandó al Ministerio Público que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Bertha Oliva de Nativí y de su familia.
Además COFADEH, exigió se inicie un proceso exhaustivo e imparcial de investigación del caso para que los que resulten culpables sean requeridos ante el tribunal de competencia.(PÚLSAR)
miércoles, 4 de febrero de 2009
09Denuncian la detención de tres compañer@s de UPADI en Apizaco, Tlaxcala
Denunciamos la detención arbitraria de tres compañeros de la UPADI, dos de ellas menores de edad en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, el día 30 de enero por parte de la policía municipal.
En la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, el presidente municipal panista junto con todo el ayuntamiento, decidieron a espaldas del pueblo, concesionar el servicio de recolección de la basura a una empresa del grupo Monterrey a la cual le pagarán de manera mensual la cantidad de un millón y medio de pesos. Dicha decisión que fue tomada desde el año pasado apenas fue dada a conocer hace dos semanas, cuando el presidente panista declaró a la prensa que en próximos días sería dada a conocer la empresa ganadora del concurso de licitación para la recolección de la basura en el municipio.
Desde que la noticia fue dada a conocer la UPADI (Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente) se inconformó por la forma en que el presidente y su ayuntamiento toman las decisiones y peor aún que éstas atentan contra los derechos y garantías de la población y llamó a la ciudadanía a participar en una consulta pública para manifestar su opinión con respecto a esta arbitrariedad.
Hasta el momento se han recabado más de 2 mil 500 consultas en las cuales la absoluta mayoría está en contra de que se concesione este servicio, y las principales razones son:
• Que los 150 trabajadores que actualmente prestan el servicio y que son empleados del ayuntamiento serán despedidos.
• Que la infraestructura con la que actualmente cuenta para la recolección de la basura será dilapidada atentando así contra el patrimonio del municipio.
• Que la empresa se enriquecerá con la basura ya que ésta se les entregará separada para su posterior venta y utilización y además de ello el ayuntamiento les pagará con dinero del pueblo de manera mensual una cantidad mucho mayor a la que actualmente se destina para la misma actividad.
El día de ayer, en un noticiario radiofónico local, el presidente municipal se dedicó a lo largo de cuarenta minutos a descalificar a la UPADI, a los compañeros de la otra campaña y a la población que se encuentra en contra de su propuesta argumentando que son unos “revoltosos” que se encuentran en contra de modernidad y que sólo se dedican a desestabilizar al ayuntamiento.
Posteriormente a estas acusaciones y calumnias, policías municipales detuvieron a un compañero y a dos menores de edad que acompañaban a sus padres mientras realizaban la consulta ciudadana casa por casa, el argumento: Que no está permitido realizar consultas sin permiso y que son “upadistas”. Luego de sentar las bases para su actuar, los policías llevaron a los compañeros a las instalaciones de la Unidad Mixta de Atención al Narcotráfico (lugar donde confluyen las policías municipal, estatal y federal) Hasta ese lugar se trasladaron compañeros de la UPADI, de la otra campaña y luego de varios minutos se consiguió la libertad de nuestros compañeros.
Llamamos l@s compañer@s de la otra campaña y de la sezta internacional a que nos manifestemos y nos mantengamos atentos contra las agresiones del ayuntamiento panista de Apizaco contra los que luchan y defienden los derechos de la población.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
En la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, el presidente municipal panista junto con todo el ayuntamiento, decidieron a espaldas del pueblo, concesionar el servicio de recolección de la basura a una empresa del grupo Monterrey a la cual le pagarán de manera mensual la cantidad de un millón y medio de pesos. Dicha decisión que fue tomada desde el año pasado apenas fue dada a conocer hace dos semanas, cuando el presidente panista declaró a la prensa que en próximos días sería dada a conocer la empresa ganadora del concurso de licitación para la recolección de la basura en el municipio.
Desde que la noticia fue dada a conocer la UPADI (Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente) se inconformó por la forma en que el presidente y su ayuntamiento toman las decisiones y peor aún que éstas atentan contra los derechos y garantías de la población y llamó a la ciudadanía a participar en una consulta pública para manifestar su opinión con respecto a esta arbitrariedad.
Hasta el momento se han recabado más de 2 mil 500 consultas en las cuales la absoluta mayoría está en contra de que se concesione este servicio, y las principales razones son:
• Que los 150 trabajadores que actualmente prestan el servicio y que son empleados del ayuntamiento serán despedidos.
• Que la infraestructura con la que actualmente cuenta para la recolección de la basura será dilapidada atentando así contra el patrimonio del municipio.
• Que la empresa se enriquecerá con la basura ya que ésta se les entregará separada para su posterior venta y utilización y además de ello el ayuntamiento les pagará con dinero del pueblo de manera mensual una cantidad mucho mayor a la que actualmente se destina para la misma actividad.
El día de ayer, en un noticiario radiofónico local, el presidente municipal se dedicó a lo largo de cuarenta minutos a descalificar a la UPADI, a los compañeros de la otra campaña y a la población que se encuentra en contra de su propuesta argumentando que son unos “revoltosos” que se encuentran en contra de modernidad y que sólo se dedican a desestabilizar al ayuntamiento.
Posteriormente a estas acusaciones y calumnias, policías municipales detuvieron a un compañero y a dos menores de edad que acompañaban a sus padres mientras realizaban la consulta ciudadana casa por casa, el argumento: Que no está permitido realizar consultas sin permiso y que son “upadistas”. Luego de sentar las bases para su actuar, los policías llevaron a los compañeros a las instalaciones de la Unidad Mixta de Atención al Narcotráfico (lugar donde confluyen las policías municipal, estatal y federal) Hasta ese lugar se trasladaron compañeros de la UPADI, de la otra campaña y luego de varios minutos se consiguió la libertad de nuestros compañeros.
Llamamos l@s compañer@s de la otra campaña y de la sezta internacional a que nos manifestemos y nos mantengamos atentos contra las agresiones del ayuntamiento panista de Apizaco contra los que luchan y defienden los derechos de la población.
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