Los abajo firmantes deseamos expresar nuestra solidaridad con los reclamos legítimos de las comunidades indígena Enxet Yakye Axa y Sawhoyamaxa del Chaco paraguayo. Nos preocupa gravemente la situación en que viven estas comunidades. A pesar de las sentencias favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 2005 y 2006, respectivamente, no han sido restituidas sus tierras ancestrales como fue ordenado por el tribunal internacional, entre otras medidas.
Si bien el Estado paraguayo ha realizado algunas acciones para cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana, éstas han sido insuficientes para proteger los derechos de las comunidades, y casi nulas en cuanto al principal punto de la sentencia: la restitución de sus territorios ancestrales. Este punto es central porque la subsistencia misma de estas comunidades depende del acceso a sus tierras, allí se encuentran los recursos esenciales para garantizar su vida digna y para salvaguardar su cultura.
Habiendo reconocido el Paraguay la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera voluntaria en 1993, todos los poderes del Estado tienen una obligación ineludible de cumplir con estas sentencias. Para el caso de Yakye Axa el plazo para la restitución territorial llegó a término en julio del año pasado; para Sawhoyamaxa vencerá el 19 de mayo de 2009.
Pedimos al Congreso Nacional:
* Aprobar sin más dilación el proyecto de expropiación de las tierras ancestrales de Yakye Axa presentado por el Presidente Fernando Lugo en noviembre de 2008.
Pedimos a los/as Ministros/as y demás funcionarios de la Comisión Inter-institucional que será creada para coordinar el cumplimiento pleno de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
* Impulsar y coordinar sin más dilación todas las acciones pertinentes para el cumplimiento pleno de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial la restitución de las tierras ancestrales a las comunidades y la creación de un fondo de desarrollo comunitario.
* Asegurar la consulta previa, libre e informada de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa en las toma de decisiones sobre el cumplimiento de los distintos puntos de las sentencias.
Sinceramente,
http://alzatuvoz.org/yakye/
miércoles, 25 de febrero de 2009
lunes, 23 de febrero de 2009
Hallan sin vida a dirigentes del pueblo mixteco que fueron desaparecidos el 13 de febrero
Centro Independiente de Noticias
•Estaban en bolsas de plástico y enterrados a 80 centímetros de profundidad.
•Su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.
•Viudas y deudos exigen el esclarecimiento del asesinato y castigo a los responsables.
Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009.- Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.
Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.
Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla -que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa-, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto publico de inauguración de obras.
En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.
De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.
Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un “crimen de Estado”, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.
Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados “esto es un elemento que distrae la investigación” y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos”.
Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.
Contexto
LA OFPM igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla.
En la zona mixteca donde tiene presencia la OFPM, es donde se encuentra El Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el 7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud.
El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes. Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al gobierno de México, que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Ante la relevancia del caso Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que externó su preocupación por la desaparición de Raúl Lucas y Manuel Ponce y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con su paradero.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
www.tlachinollan.org
•Estaban en bolsas de plástico y enterrados a 80 centímetros de profundidad.
•Su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.
•Viudas y deudos exigen el esclarecimiento del asesinato y castigo a los responsables.
Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009.- Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.
Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.
Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla -que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa-, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto publico de inauguración de obras.
En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.
De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.
Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un “crimen de Estado”, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.
Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados “esto es un elemento que distrae la investigación” y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos”.
Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.
Contexto
LA OFPM igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla.
En la zona mixteca donde tiene presencia la OFPM, es donde se encuentra El Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el 7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud.
El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes. Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al gobierno de México, que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Ante la relevancia del caso Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que externó su preocupación por la desaparición de Raúl Lucas y Manuel Ponce y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con su paradero.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
www.tlachinollan.org
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