Ángel Luis Lara
Bernard Madoff es un multimillonario estadunidense que se ha declarado culpable del mayor fraude en la historia de Estados Unidos: una estafa por 65 mil millones de dólares. Luis Barrios es un sacerdote anglicano que ha sido juzgado por asaltar, armado únicamente con una fotografía de monseñor Óscar Romero, la base militar de Fort Benning, sede actual de la Escuela de las Américas. Madoff ha sido coordinador jefe del mercado de valores en Wall Street. Barrios lleva décadas comprometido con las luchas cotidianas de los jóvenes en los barrios más jodidos de Nueva York. Ambos se encuentran encarcelados en la prisión de Manhattan.
Madoff ha sido convertido en el malo de la película, que medios de comunicación y clase política están rodando a propósito de la crisis. El guión es sencillo: hay buenos y malos capitalistas. Los buenos son el motor de la llamada economía real y los malos se han servido de las crecidas aguas de la economía financiera para especular. Hace unos días un prestigioso semanario estadunidense llamaba a Madoff "El supervillano". Además, lo convertía en su portada en The Joker, el malo más malo de la historia del cómic. No por casualidad The art of Obama, el sitio de Internet de los grafiteros y dibujantes agrupados en apoyo del actual inquilino de la Casa Blanca, vistió hace meses al presidente de Batman.
Los grandes medios de comunicación del mundo se han hecho eco de la entrada en prisión de Madoff. Sin embargo, ninguno ha informado del encarcelamiento de Luis Barrios. No forma parte de su película. El pasado noviembre el padre Barrios encabezó una marcha que exigía el cierre de la Escuela de las Américas, hoy escondida bajo el eufemismo de Instituto del Hemisferio Occidental por la Cooperación en Seguridad, responsable de la exportación de torturas y crímenes de lesa humanidad por toda América Latina. Si Guantánamo ha sido en años recientes el escenario de una barbarie localizada, la Escuela de las Américas es, desde hace décadas, el epicentro de una barbarie deslocalizada. Si Guantánamo debe ser cerrado, con mayor razón debe ser clausurada una institución militar de adiestramiento en el crimen organizado como la Escuela de las Américas. Parece de lo más sensato. La sensatez, sin embargo, ha llevado a Luis Barrios a la cárcel.
El encarcelamiento del padre Barrios opera no solamente en términos de injusticia, sino que funciona como analizador del estado de emergencia en el que se vive en Estados Unidos en nuestros días. Los millones de nuevos desempleados, las cientos de miles de familias desalojadas de sus casas en los meses recientes debido a la morosidad o los casi 32 millones de personas que sobreviven gracias a cupones de comida, ilustran el alcance de un estado de excepción material directamente proporcional a los más de 7 millones de personas que se encuentran en prisión o en libertad condicional o vigilada. Pese a que en Estados Unidos vive menos de 5 por ciento de la población del planeta, sus prisiones albergan a casi un cuarto de la población penitenciaria mundial.
La ley no fue hecha para cumplirse, sino para separar a los que la cumplen de los que no. El acto de desobediencia civil que ha llevado a la cárcel al padre Barrios se conecta directamente con la ilegalidad difusa que implica la supervivencia de los jóvenes con los que trabaja en los barrios jodidos de Nueva York. Si la línea entre legalidad e ilegalidad se rompe cada vez más abajo, hace siglos que se extinguió por arriba: lejos de constituir una anomalía, Bernard Madoff representa el común de la acumulación capitalista. No hay buenos y malos. La película de las relaciones sociales capitalistas es la historia de una inmensa estafa continuada. El neoliberalismo no ha sido más que un descomunal robo a las rentas del trabajo. Eso lo sabe hasta un niño. También sabe que quien hace la ley hace la trampa. "Ya no creo en el derecho, sólo en la justicia", le dice Rosen Byrne a una espléndida Glenn Close en la serie televisiva Damages. Cada vez se hace más necesario transgredir la ley para defender la justicia. Nunca ha sido más legítimo. El juicio al padre Luis Barrios tiene una naturaleza paradójica. No lo condena a él, sino a aquellos que lo han encarcelado. Una cosa más: en el cómic la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne, un empresario multimillonario y filántropo. Exactamente lo mismo que Madoff. El superhéroe resulta ser también el villano.
martes, 17 de marzo de 2009
Persecución en Ecuador
Los de abajo
Gloria Muñoz Ramírez
En franca contrariedad con la "revolución ciudadana" difundida por el presidente "progresista" de Ecuador Rafael Correa, se implementa en ese país una persecución contra organizaciones no gubernamentales que no sólo no avalan las políticas de Estado, sino que son, a partir de sus investigaciones, un verdadero contrapeso a las decisiones del poder. El reciente anuncio del cierre de Acción Ecológica es parte de una tendencia encaminada a controlar y/o bloquear todo trabajo que disienta de una política gubernamental que se presenta como de "izquierda".
Desde hace 20 años Acción Ecológica despliega su trabajo en defensa de la naturaleza en Ecuador, enfrentándose constantemente a empresas trasnacionales irresponsables que atentan contra pueblos y territorios. Recientemente –en armonía con las exigencias de los pueblos indígenas de la región– enfocó sus esfuerzos en el rechazo a la nueva ley minera promovida por Correa en enero pasado, misma que desencadenó movilizaciones que obtuvieron la represión abierta como respuesta.
La ley minera, de acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, desconoce derechos fundamentales –como el de la consulta– y no garantiza la protección del entorno natural y el agua. Empero, genera graves impactos de orden ambiental y "perpetúa el modelo extractivista, destructivo y dependiente, que durante décadas ha profundizado las desigualdades sociales y económicas de Ecuador".
En ese contexto, el retiro de la personalidad jurídica a Acción Ecológica "no puede verse como simple reordenamiento administrativo, sino como retaliación por el trabajo que realiza en conjunto con otras organizaciones, especialmente por su posición crítica frente a la ley minera y la apertura de la minería a gran escala en el país, consolidando el modelo extractivista y favoreciendo a las trasnacionales", como se advierte en una carta de solidaridad que rechaza el cierre ilegal del organismo.
Mientras Correa advierte que hay muchas ONG que hacen lo que les da la gana y se inmiscuyen en política, además de que 95 por ciento no cumple con los requerimientos legales y por eso continuará la depuración, el escritor uruguayo Eduardo Galeano señala: "Mis amigos me cuentan que la organización Acción Ecológica ha sido clausurada por decisión oficial. Me cuesta creerlo. Ojalá no sea cierto. Yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que celebramos la nueva Constitución de Ecuador, que por primera vez en la historia ha consagrado los derechos de la naturaleza. Y yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que creemos que la independencia de las organizaciones ecologistas es la mejor garantía de la defensa de esos derechos".
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Gloria Muñoz Ramírez
En franca contrariedad con la "revolución ciudadana" difundida por el presidente "progresista" de Ecuador Rafael Correa, se implementa en ese país una persecución contra organizaciones no gubernamentales que no sólo no avalan las políticas de Estado, sino que son, a partir de sus investigaciones, un verdadero contrapeso a las decisiones del poder. El reciente anuncio del cierre de Acción Ecológica es parte de una tendencia encaminada a controlar y/o bloquear todo trabajo que disienta de una política gubernamental que se presenta como de "izquierda".
Desde hace 20 años Acción Ecológica despliega su trabajo en defensa de la naturaleza en Ecuador, enfrentándose constantemente a empresas trasnacionales irresponsables que atentan contra pueblos y territorios. Recientemente –en armonía con las exigencias de los pueblos indígenas de la región– enfocó sus esfuerzos en el rechazo a la nueva ley minera promovida por Correa en enero pasado, misma que desencadenó movilizaciones que obtuvieron la represión abierta como respuesta.
La ley minera, de acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, desconoce derechos fundamentales –como el de la consulta– y no garantiza la protección del entorno natural y el agua. Empero, genera graves impactos de orden ambiental y "perpetúa el modelo extractivista, destructivo y dependiente, que durante décadas ha profundizado las desigualdades sociales y económicas de Ecuador".
En ese contexto, el retiro de la personalidad jurídica a Acción Ecológica "no puede verse como simple reordenamiento administrativo, sino como retaliación por el trabajo que realiza en conjunto con otras organizaciones, especialmente por su posición crítica frente a la ley minera y la apertura de la minería a gran escala en el país, consolidando el modelo extractivista y favoreciendo a las trasnacionales", como se advierte en una carta de solidaridad que rechaza el cierre ilegal del organismo.
Mientras Correa advierte que hay muchas ONG que hacen lo que les da la gana y se inmiscuyen en política, además de que 95 por ciento no cumple con los requerimientos legales y por eso continuará la depuración, el escritor uruguayo Eduardo Galeano señala: "Mis amigos me cuentan que la organización Acción Ecológica ha sido clausurada por decisión oficial. Me cuesta creerlo. Ojalá no sea cierto. Yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que celebramos la nueva Constitución de Ecuador, que por primera vez en la historia ha consagrado los derechos de la naturaleza. Y yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que creemos que la independencia de las organizaciones ecologistas es la mejor garantía de la defensa de esos derechos".
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
lunes, 16 de marzo de 2009
Guerrero, “licencia para matar”
por Centro Independiente de Noticias
Gloria Muñoz Ramírez
Un clima de violencia en el que se cruzan la delincuencia organizada, el narcotráfico, la militarización y la represión institucional contra las organizaciones indígenas que reivindican sus derechos colectivos en Guerrero, fue el marco en el que se produjeron los asesinatos no esclarecidos de los luchadores mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
En Guerrero, denuncia Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “hay licencia para matar a indígenas organizados, bajo el supuesto de que están vinculados a grupos armados. Así el Estado justifica la barbarie”.
En los últimos cuatro años, señala Barrera Hernández, “han querido hacernos creer que con el gobierno de Zeferino Torreblanca, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las cosas serían distintas, pero las prácticas que se instalaron con la guerra sucia continúan, igual que las estructuras caciquiles regionales a las que ahora se añade la delincuencia organizada y el narcotráfico, configurando un ambiente de mayor violencia con una población inerme ante los grupos que la ejercen”.
El gobierno de Torreblanca mantiene la visión de que los luchadores sociales son “lucradores sociales”, argumento que utiliza para castigar a los movimientos en un estado habitado por un pueblo empobrecido pero “que no se pone de rodillas, se organiza y lucha por sus derechos. Un pueblo heroico forjado en la sierra y en la montaña”, como lo describe Abel Barrera.
Las luchas actuales en Guerrero, como las que protagonizan los ecologistas de Petatlán, la Policía Comunitaria de la Montaña y la Costa Chica, los opositores a la construcción de la presa La Parota, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa o los miembros del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me’ Phaa, entre muchas otras, han tenido como respuesta la represión oculta o descarada.
El centro Tlachinollan documentó en su informe del 2008 las violaciones a los derechos humanos que confirman que en Guerrero la resistencia tiene un precio y que “por cada paso que dan los pueblos indígenas para avanzar en el camino de su dignidad, el gobierno se les adelanta diez pasos más para reprimirlos y encarcelarlos”. Tan sólo en un año (de junio de 2007 a mayo del 2008) el gobierno estatal emprendió 201 acciones penales contra líderes sociales.
Una de las experiencias de autonomía indígena más notables en todo el país es la Policía Comunitaria de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, proyecto de procuración e impartición de justicia conforme a usos y costumbres indígenas que ha logrado frenar la delincuencia en una región en la que los maleantes actúan coludidos con las autoridades municipales y estatales. Este eficiente ejercicio autonómico los tiene bajo amenaza permanente. Actualmente hay 38 órdenes de aprehensión en su contra.
Una lucha tenaz por la defensa del territorio la protagoniza el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), movimiento que lucha contra la construcción de una presa que afectaría 17 mil 300 hectáreas y provocaría el desplazamiento de 25 mil campesinos. La respuesta del gobierno ha sido la detención de seis de sus dirigentes, quienes desde el 2004 siguen procesados. La construcción está parada.
En junio del 2007 los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa iniciaron un movimiento en defensa de la educación pública, exigiendo que la Secretaría de Educación en Guerrero garantice su derecho al trabajo con la creación de nuevas plazas en educación primaria. En la protesta los estudiantes tomaron casetas de cobro y edificios públicos y el 30 de noviembre de 2007 fueron detenidos y salvajemente golpeados en la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol. El saldo fue de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso.
Habitantes de 28 comunidades me´phaa de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort, se constituyeron como Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Me´phaa de la variante lingüística bátháá con el fin de reivindicar el derecho a la educación en su variante lingüística y el desarrollo de sus pueblos. La intimidación y 17 órdenes de aprehensión en su contra ha sido la respuesta oficial.
La autonomía del pueblo amuzgo ha sido reivindicada por las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, derecho que les ha costado casi diez años de represión. En diciembre de 2004 nace en este municipio autónomo Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, para difundir su cultura, sus costumbres y tradiciones en su propia lengua, además de fomentar la unidad entre los pueblos de la región. El gobierno reaccionó a este proyecto autogestivo con amenazas, hostigamiento constante y 11 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
De acuerdo al informe más reciente del centro de derechos humanos Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) es “la más perseguida y hostigada por el ejército, la policía y la autoridad municipal de Ayutla de los Libres”. La OPIM es una organización hermana de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a la que pertenecían Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extrajudicialmente en febrero de este año, en lo que, afirma Tlachinollan, “es un crimen de Estado”. La OPIM y la OFPM habían denunciado abusos militares y policiacos, además de exigir justicia para dos indígenas violadas por soldados del ejército, así como indemnizaciones para las mujeres esterilizadas bajo engaños por la Secretaria de Salud.
Otras organizaciones indígenas víctimas de la represión en Guerrero son la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado; la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, que se enfrentó a la minera canadiense Goldcorp Inc y al gobierno estatal para exigir un precio justo por la renta de sus tierras; el Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Gloria Muñoz Ramírez
Un clima de violencia en el que se cruzan la delincuencia organizada, el narcotráfico, la militarización y la represión institucional contra las organizaciones indígenas que reivindican sus derechos colectivos en Guerrero, fue el marco en el que se produjeron los asesinatos no esclarecidos de los luchadores mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
En Guerrero, denuncia Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “hay licencia para matar a indígenas organizados, bajo el supuesto de que están vinculados a grupos armados. Así el Estado justifica la barbarie”.
En los últimos cuatro años, señala Barrera Hernández, “han querido hacernos creer que con el gobierno de Zeferino Torreblanca, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las cosas serían distintas, pero las prácticas que se instalaron con la guerra sucia continúan, igual que las estructuras caciquiles regionales a las que ahora se añade la delincuencia organizada y el narcotráfico, configurando un ambiente de mayor violencia con una población inerme ante los grupos que la ejercen”.
El gobierno de Torreblanca mantiene la visión de que los luchadores sociales son “lucradores sociales”, argumento que utiliza para castigar a los movimientos en un estado habitado por un pueblo empobrecido pero “que no se pone de rodillas, se organiza y lucha por sus derechos. Un pueblo heroico forjado en la sierra y en la montaña”, como lo describe Abel Barrera.
Las luchas actuales en Guerrero, como las que protagonizan los ecologistas de Petatlán, la Policía Comunitaria de la Montaña y la Costa Chica, los opositores a la construcción de la presa La Parota, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa o los miembros del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me’ Phaa, entre muchas otras, han tenido como respuesta la represión oculta o descarada.
El centro Tlachinollan documentó en su informe del 2008 las violaciones a los derechos humanos que confirman que en Guerrero la resistencia tiene un precio y que “por cada paso que dan los pueblos indígenas para avanzar en el camino de su dignidad, el gobierno se les adelanta diez pasos más para reprimirlos y encarcelarlos”. Tan sólo en un año (de junio de 2007 a mayo del 2008) el gobierno estatal emprendió 201 acciones penales contra líderes sociales.
Una de las experiencias de autonomía indígena más notables en todo el país es la Policía Comunitaria de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, proyecto de procuración e impartición de justicia conforme a usos y costumbres indígenas que ha logrado frenar la delincuencia en una región en la que los maleantes actúan coludidos con las autoridades municipales y estatales. Este eficiente ejercicio autonómico los tiene bajo amenaza permanente. Actualmente hay 38 órdenes de aprehensión en su contra.
Una lucha tenaz por la defensa del territorio la protagoniza el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), movimiento que lucha contra la construcción de una presa que afectaría 17 mil 300 hectáreas y provocaría el desplazamiento de 25 mil campesinos. La respuesta del gobierno ha sido la detención de seis de sus dirigentes, quienes desde el 2004 siguen procesados. La construcción está parada.
En junio del 2007 los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa iniciaron un movimiento en defensa de la educación pública, exigiendo que la Secretaría de Educación en Guerrero garantice su derecho al trabajo con la creación de nuevas plazas en educación primaria. En la protesta los estudiantes tomaron casetas de cobro y edificios públicos y el 30 de noviembre de 2007 fueron detenidos y salvajemente golpeados en la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol. El saldo fue de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso.
Habitantes de 28 comunidades me´phaa de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort, se constituyeron como Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Me´phaa de la variante lingüística bátháá con el fin de reivindicar el derecho a la educación en su variante lingüística y el desarrollo de sus pueblos. La intimidación y 17 órdenes de aprehensión en su contra ha sido la respuesta oficial.
La autonomía del pueblo amuzgo ha sido reivindicada por las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, derecho que les ha costado casi diez años de represión. En diciembre de 2004 nace en este municipio autónomo Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, para difundir su cultura, sus costumbres y tradiciones en su propia lengua, además de fomentar la unidad entre los pueblos de la región. El gobierno reaccionó a este proyecto autogestivo con amenazas, hostigamiento constante y 11 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
De acuerdo al informe más reciente del centro de derechos humanos Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) es “la más perseguida y hostigada por el ejército, la policía y la autoridad municipal de Ayutla de los Libres”. La OPIM es una organización hermana de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a la que pertenecían Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extrajudicialmente en febrero de este año, en lo que, afirma Tlachinollan, “es un crimen de Estado”. La OPIM y la OFPM habían denunciado abusos militares y policiacos, además de exigir justicia para dos indígenas violadas por soldados del ejército, así como indemnizaciones para las mujeres esterilizadas bajo engaños por la Secretaria de Salud.
Otras organizaciones indígenas víctimas de la represión en Guerrero son la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado; la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, que se enfrentó a la minera canadiense Goldcorp Inc y al gobierno estatal para exigir un precio justo por la renta de sus tierras; el Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
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