México D.F., 12 de mayo de 2009 (ARTICLE19 / Cencos).- El pasado sábado 9 de mayo, el periodista Simón Tiburcio Chávez, director general del periódico Nuevo Amanecer de Alvarado, Veracruz (este) fue detenido arbitrariamente por 5 presuntos policías encapuchados quienes se identificaron como militares.
En entrevista para ARTICLE19 y Cencos, el fotógrafo y periodista, Simón Tiburcio Chávez narró los hechos:
“El sábado (9 de mayo) yo cubría un evento del Día del Niño en la colonia La Fuente de la cabecera municipal. Mientras tomaba una foto a un menor que bailaba me tomaron por sorpresa 5 presuntos policías encapuchados, quienes intentaron quitarme la cámara pero logré dársela a algunos amigos para que no destruyeran mis herramientas de trabajo. A empujones me subieron a una camioneta argumentando que sólo seguían órdenes. Las madres y los niños que vieron todo le pidieron al alcalde, Bogar Ruiz Rosas, que interviniera pues se encontraba en el evento. Él se limitó a contestar: ’si la debe que la pague’.
“Tras largas horas de pasearme por todo el municipio y sus alrededores y de asegurarme que eran militares, me llevaron a la comandancia y ahí me quisieron quitar todas mis pertenencias para luego meterme en una celda a la que me negué a ingresar toda vez que nunca se me mostró una orden de aprehensión o algún documento legal que justificara la detención. Desde las 8:00 de la noche que me llevaron no pude ver ni hablar con nadie a pesar de que necesitaba mis medicamentos pues padezco diabetes y tengo 60 años de edad. Recientemente publicamos una caricatura en el periódico en la que aparecen una hiena y el alcalde, Bogan Ruiz, pero no me parece que pudiera ser una justificación para que me hiciera esto porque es una clara violación a la libertad de expresión.”
El director del periódico Nuevo Amanecer, logró hablar con el comandante del Distrito de Cosoamaloapan para exponerle el caso cerca de las 3:00 de la madrugada. Luego de entrevistarse con él, una de sus hijas pudo visitarlo pero no permitieron el acceso al abogado que la acompañaba. Después de 25 horas de haber sido arrestado de manera arbitraria e ilegal, el periodista fue liberado gracias a la intervención del director general de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, Gerardo Perdomo Cueto, no sin antes ser demandado por difamación y calumnia.
En lo que va de 2009 se han registrado 12 agresiones en la entidad de las cuales el 70% han sido cometidas por funcionarios públicos. El escrutinio de figuras públicas por parte de la prensa, en especial funcionarios y funcionarias de gobierno, posibilitan la rendición de cuentas. A nivel local, las y los periodistas juegan un papel determinante para hacer llegar información sobre asuntos relevantes para el bienestar de las personas y el de la comunidad.
ARTICLE19 y Cencos, expresan su solidaridad con Simón Tiburcio Chávez, así como con sus colegas del periódico Nuevo Amanecer.
ARTICLE19 y Cencos expresan su más profunda preocupación por el número tan elevado de agresiones contra periodistas en Veracruz, por lo que llaman al gobierno estatal a que adopte las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar estos hechos.
De manera particular, se hace un llamado a Lic. Gerardo Perdomo Cueto, para que en su calidad de director de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, emprenda y promueva todas las medidas necesarias para castigar a los responsables materiales e intelectuales, así como medidas que garanticen la no repetición de este tipo de hechos.
ARTICLE19 y Cencos expresan su más profunda preocupación ante el posible abuso de poder por parte de las autoridades, ya que esto además de constituir una violación a libertad de expresión de Simón Tiburcio, al derecho de la sociedad a estar informada, se traduce en una amenaza directa para la consolidación de la democracia en la región.
Notas al editor
*Para mayor información favor de contactar a Ricardo González, Oficial de Programa de ARTICLE19, +52 (55) 1054-6500 ricardo@article19.org o Rita Balderas, Área de Educación e Investigación de Cencos +52 (55) 5533-6475 / 76 ext 108 rita.balderas@cencos.org
-ARTICLE 19 es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión.
-CENCOS fue la primera organización de denuncia a las agresiones contra periodistas en México, iniciando está actividad a mediados de los años setenta. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.
miércoles, 13 de mayo de 2009
lunes, 11 de mayo de 2009
La ofensiva contra defensores de derechos humanos en México
*Abel Barrera Hernández
10 Mayo 2009
En la medida en que defensores y defensoras de derechos humanos logran documentar casos graves de violaciones a estos derechos, empiezan a enfrentar diversidad de ataques que atentan contra su integridad física y hasta la misma vida por parte de agentes del Estado acostumbrados a vivir en la impunidad
En el estado de Guerrero, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que trabaja en el municipio de Ayutla, documentó dos violaciones sexuales perpetradas por soldados del Ejército Mexicano contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Estos casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2004, luego de la negativa de las autoridades civiles de investigar estos delitos consumados en los meses de febrero y marzo de 2002.
Como siempre sucede en nuestro país, cuando existen casos de militares que violentan los derechos humanos, el Ministerio Público del fuero común remitió en automático el caso a la justicia militar para que las víctimas se enfrenten a un poder impune, que las obliga a desistirse y a claudicar en su lucha.
El valor y la dignidad de Inés y Valentina lograron romper el cerco de la impunidad militar al emitir la CIDH un informe de admisibilidad de estos casos, en octubre de 2006. Esta conquista internacional se transformó en una pesadilla para las mismas víctimas y los representantes de la OPIM, quienes empezaron a sufrir amenazas telefónicas, hostigamientos realizados por informantes del Ejército y una vigilancia permanente en sus domicilios y oficina. La única explicación de este acoso fue la denuncia de los abusos del Ejército que hizo la organización.
Inés Fernández y su esposo, a pesar de vivir en una comunidad lejana en la Costa-Montaña de Guerrero, empezaron también a recibir amenazas de manera continua por parte de informantes del Ejército. En este ambiente turbio, donde la presencia del Ejército es permanente y su acoso a las comunidades forma parte de la cotidianidad, los defensores y las defensoras indígenas tienen que sortear su vida para no sufrir alguna agresión física.
La misma militarización, con sus operativos, lejos de ser una garantía de seguridad y protección para la población pobre, viene a traducirse en acciones de fuerza y de terror: los militares llegan imponiendo su ley, restringiendo garantías y sometiendo a la población.
Entran a los domicilios sin ninguna orden de cateo, encañonan a las personas que se encuentran dentro de sus viviendas, las interrogan con amenazas y de manera abusiva revisan sus pertenencias. Preguntan por las personas que han denunciado los abusos del Ejército, por los que siembran droga y los que andan encapuchados. Son las mujeres y los niños los que más sufren esta embestida militar.
Lo peor de todo es que no hay ninguna autoridad que exija respeto a las leyes y a la vida de la población más indefensa.
En este contexto, los defensores y defensoras se encuentran inermes, a pesar de las quejas que interponen ante los organismos públicos de derechos humanos, que no se atreven a poner en evidencia las actuaciones anticonstitucionales de los agresores.
Esta lucha por la legalidad y la justicia a la que le han apostado los defensores de derechos humanos se ha revertido en su contra porque no hay signos claros de las autoridades de contener y revertir esta espiral de violencia y de impunidad, que protege más bien a los agresores y vulnera el trabajo y la vida de los defensores.
Un caso grave sucedió el 9 de febrero de 2008 cuando ejecutaron a Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, quien apareció muerto con visibles huellas de tortura en el río que cruza la población de Ayutla. Lorenzo fue miembro de la OPIM y fue pieza clave en las denuncias de Inés Fernández y de los 14 indígenas de la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla, que fueron esterilizados de manera forzada.
Hasta la fecha, no hay avances sustantivos sobre los responsables de este crimen.
Una de las activistas más comprometidas con la defensa de los derechos humanos ha sido Obtilia Eugenio Manuel, quien desde 2005 ha sufrido amenazas a su vida y a su integridad personal. Regularmente, en su teléfono recibe mensajes de que la van a matar y en otras ocasiones escucha voces que le recuerdan que están contados sus días. Este ambiente de inseguridad se ha tornado en una carga muy pesada para Obtilia y sus hijos, al grado que ha salido del estado para ponerse a salvo.
El último evento sucedió el 20 de marzo de este año cuando, antes de salir de Ayutla, recibió el mensaje: “Sabemo( s) cuál es tu camino hija de tu madre. Ya sabemo( s) que ahora saldrá(s) de tu casa, que tiene( s) miedo. Vas (a) conocer tu madre, hasta prontito”. Minutos después, cuando se desplazaba en compañía de ocho integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron seguidos por una camioneta en la que iban tres personas con apariencia militar, que durante dos horas permanecieron atrás de su vehículo con el fin de amedrentarlos y demostrar su poder impune.
Lo más grave es que al cruzar el poblado de Tecoanapa escucharon varios disparos que fueron parte de la amenaza y el hostigamiento planeado por los agresores.
Esta situación de extrema vulnerabilidad nos obligó a cerrar temporalmente la oficina de Tlachinollan con sede en Ayutla, por tener fundados temores de que pueda perpetrarse una agresión más a los defensores, que se encuentran dentro de un contexto donde impera la delincuencia organizada y campean las actuaciones impunes de la policía y el Ejército.
Ante estos patrones de criminalización de los defensores, la CIDH ha otorgado medidas cautelares a los miembros de las organizaciones amenazadas; sin embargo, el Estado mexicano no ha cumplido con su compromiso de garantizar nuestro trabajo.
Esto queda demostrado con la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas –crimen de lesa humanidad–, dos defensores que lucharon en todo momento por la desmilitarización de esta región y se opusieron a la explotación irracional de sus bosques. Para hacer más efectiva su lucha crearon la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.
Este panorama horadado por las balas y salpicado por la sangre de los indígenas nos demuestra el desprecio que hay por parte de las autoridades del Estado hacia el trabajo de los defensores.
Son ellos los responsables de la violencia fratricida, del caos provocado por la delincuencia organizada y de los ataques que sufren los defensores de derechos humanos de Guerrero._
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
10 Mayo 2009
En la medida en que defensores y defensoras de derechos humanos logran documentar casos graves de violaciones a estos derechos, empiezan a enfrentar diversidad de ataques que atentan contra su integridad física y hasta la misma vida por parte de agentes del Estado acostumbrados a vivir en la impunidad
En el estado de Guerrero, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que trabaja en el municipio de Ayutla, documentó dos violaciones sexuales perpetradas por soldados del Ejército Mexicano contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Estos casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2004, luego de la negativa de las autoridades civiles de investigar estos delitos consumados en los meses de febrero y marzo de 2002.
Como siempre sucede en nuestro país, cuando existen casos de militares que violentan los derechos humanos, el Ministerio Público del fuero común remitió en automático el caso a la justicia militar para que las víctimas se enfrenten a un poder impune, que las obliga a desistirse y a claudicar en su lucha.
El valor y la dignidad de Inés y Valentina lograron romper el cerco de la impunidad militar al emitir la CIDH un informe de admisibilidad de estos casos, en octubre de 2006. Esta conquista internacional se transformó en una pesadilla para las mismas víctimas y los representantes de la OPIM, quienes empezaron a sufrir amenazas telefónicas, hostigamientos realizados por informantes del Ejército y una vigilancia permanente en sus domicilios y oficina. La única explicación de este acoso fue la denuncia de los abusos del Ejército que hizo la organización.
Inés Fernández y su esposo, a pesar de vivir en una comunidad lejana en la Costa-Montaña de Guerrero, empezaron también a recibir amenazas de manera continua por parte de informantes del Ejército. En este ambiente turbio, donde la presencia del Ejército es permanente y su acoso a las comunidades forma parte de la cotidianidad, los defensores y las defensoras indígenas tienen que sortear su vida para no sufrir alguna agresión física.
La misma militarización, con sus operativos, lejos de ser una garantía de seguridad y protección para la población pobre, viene a traducirse en acciones de fuerza y de terror: los militares llegan imponiendo su ley, restringiendo garantías y sometiendo a la población.
Entran a los domicilios sin ninguna orden de cateo, encañonan a las personas que se encuentran dentro de sus viviendas, las interrogan con amenazas y de manera abusiva revisan sus pertenencias. Preguntan por las personas que han denunciado los abusos del Ejército, por los que siembran droga y los que andan encapuchados. Son las mujeres y los niños los que más sufren esta embestida militar.
Lo peor de todo es que no hay ninguna autoridad que exija respeto a las leyes y a la vida de la población más indefensa.
En este contexto, los defensores y defensoras se encuentran inermes, a pesar de las quejas que interponen ante los organismos públicos de derechos humanos, que no se atreven a poner en evidencia las actuaciones anticonstitucionales de los agresores.
Esta lucha por la legalidad y la justicia a la que le han apostado los defensores de derechos humanos se ha revertido en su contra porque no hay signos claros de las autoridades de contener y revertir esta espiral de violencia y de impunidad, que protege más bien a los agresores y vulnera el trabajo y la vida de los defensores.
Un caso grave sucedió el 9 de febrero de 2008 cuando ejecutaron a Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, quien apareció muerto con visibles huellas de tortura en el río que cruza la población de Ayutla. Lorenzo fue miembro de la OPIM y fue pieza clave en las denuncias de Inés Fernández y de los 14 indígenas de la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla, que fueron esterilizados de manera forzada.
Hasta la fecha, no hay avances sustantivos sobre los responsables de este crimen.
Una de las activistas más comprometidas con la defensa de los derechos humanos ha sido Obtilia Eugenio Manuel, quien desde 2005 ha sufrido amenazas a su vida y a su integridad personal. Regularmente, en su teléfono recibe mensajes de que la van a matar y en otras ocasiones escucha voces que le recuerdan que están contados sus días. Este ambiente de inseguridad se ha tornado en una carga muy pesada para Obtilia y sus hijos, al grado que ha salido del estado para ponerse a salvo.
El último evento sucedió el 20 de marzo de este año cuando, antes de salir de Ayutla, recibió el mensaje: “Sabemo( s) cuál es tu camino hija de tu madre. Ya sabemo( s) que ahora saldrá(s) de tu casa, que tiene( s) miedo. Vas (a) conocer tu madre, hasta prontito”. Minutos después, cuando se desplazaba en compañía de ocho integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron seguidos por una camioneta en la que iban tres personas con apariencia militar, que durante dos horas permanecieron atrás de su vehículo con el fin de amedrentarlos y demostrar su poder impune.
Lo más grave es que al cruzar el poblado de Tecoanapa escucharon varios disparos que fueron parte de la amenaza y el hostigamiento planeado por los agresores.
Esta situación de extrema vulnerabilidad nos obligó a cerrar temporalmente la oficina de Tlachinollan con sede en Ayutla, por tener fundados temores de que pueda perpetrarse una agresión más a los defensores, que se encuentran dentro de un contexto donde impera la delincuencia organizada y campean las actuaciones impunes de la policía y el Ejército.
Ante estos patrones de criminalización de los defensores, la CIDH ha otorgado medidas cautelares a los miembros de las organizaciones amenazadas; sin embargo, el Estado mexicano no ha cumplido con su compromiso de garantizar nuestro trabajo.
Esto queda demostrado con la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas –crimen de lesa humanidad–, dos defensores que lucharon en todo momento por la desmilitarización de esta región y se opusieron a la explotación irracional de sus bosques. Para hacer más efectiva su lucha crearon la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.
Este panorama horadado por las balas y salpicado por la sangre de los indígenas nos demuestra el desprecio que hay por parte de las autoridades del Estado hacia el trabajo de los defensores.
Son ellos los responsables de la violencia fratricida, del caos provocado por la delincuencia organizada y de los ataques que sufren los defensores de derechos humanos de Guerrero._
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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