Piden liberar a Gloria Arenas y Jacobo Agis, presos desde 1999
El 19 de octubre de 1999, Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales fueron detenidos violentamente y desaparecidos por varios días; sufrieron tortura del gobierno federal y después fueron presentados a los medios como los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, no sin antes condenarlos a 50 años de cárcel.
En esta década de encarcelamiento Jacobo asumió la defensa de ambos y ha nulificado todos los cargos que el Estado le había impuesto. Hoy siguen injustamente presos a pesar de que se ha demostrado que el único "delito" del cual se asumen: el de rebeldía, ha quedado compurgado desde 2005. Desde hace cinco meses Jacobo fue trasladado del penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México, al penal de Nayarit, con la finalidad de dificultar y obstaculizar su proceso de libertad.
Jurídicamente el proceso se ha ganado; políticamente siguen siendo rehenes de este mal gobierno. Familiares, amigos y organizaciones seguiremos luchando por la libertad incondicional de los compañeros.
Mensaje de Gloria Arenas
Mi nombre es Gloria Arenas Agis, soy mujer, y desde hace casi 10 años soy una presa política más. Desde aquí les digo que la lucha por nuestras presas y presos políticos es muy importante para quienes estamos en una cárcel, porque nos da esperanza de libertad, porque nos anima a ver que el movimiento popular nos sigue reconociendo como parte suya.
Cuando alguien viene a visitarnos, no solamente está haciendo algo por nuestra libertad, hace algo más importante porque nos comunica su pensamiento, su punto de vista, nos trae noticias. No importa de la organización o grupo que sea, no importa si siente ánimo o desánimo, valor o temor, si trae proyectos, propuestas, críticas o dudas. Cada persona que viene es para nosotras, nosotros, parte del movimiento y lo que tiene que decir nos importa. Y estemos de acuerdo o no, nos hace reflexionar y eso nos enriquece. Así, nuestra estancia en la cárcel no es tiempo perdido, ni de aislamiento, sino una situación en la que nuestra visión crece, en la que nuestros horizontes se amplían, que nos permite aprender.
La lucha por nuestras presas y nuestros presos políticos, es muy importante también para el movimiento mismo, porque es una forma de combatir la impunidad, porque recuperamos de las prisiones a nuestras compañeras y compañeros, y esto nos fortalece, porque al luchar por la libertad de todos y todas, sin importar su organización, su lucha o el lugar donde están, estamos uniendo y coordinando esfuerzos, algo que tanta falta hace a la izquierda. La lucha por la libertad de todos y todas nos permite conocernos, acercarnos, identificarnos entre nosotras, nosotros. Nos hace tender puentes y eso nos fortalece.
Saber que alguien se esfuerza por nuestra libertad nos hace reflexionar y proponernos hacer algo mientras estemos en prisión y también cuando salgamos. Tal vez vemos que es muy poco lo que podemos hacer, tal vez ni siquiera sabemos qué hacer, tal vez no veamos muchas posibilidades, pero no importa, mientras exista el movimiento popular y mientras haya compañeros en las cárceles, nuestro compromiso crece.
No podemos olvidarlas y olvidarlos.
No podemos permitirnos caer en la autocompasión.
Si sentimos dolor, la rebeldía nos levanta, si nos reprimen, la dignidad nos da fuerza. La cárcel no es para nosotras las presas y los presos políticos un alto en el camino sino una oportunidad de cuestionarnos, de pensar, de exigirnos más, de actuar, de redoblar nuestro compromiso.
Sirvan estas palabras, a manera de saludo para todas y todos aquí presentes, y de bienvenida a esta etapa de la campaña por la libertad de todas y todos nuestros presos políticos, donde quiera que estén.
Gloria Arenas Agis,
Reclusorio de Santa María Chiconautla, Ecatepec a 26 de Septiembre de 2009.
¡¡LIBERTAD A GLORIA ARENAS!!
¡¡LIBERTAD A JACOBO SILVA!!
¡¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S!!
comiteverdad@gmail.com
http://comiteverdadjusticiaylibertad.blogspot.com
http://www.vcn.bc.ca/prisons
jueves, 22 de octubre de 2009
COMUNIDAD INDÍGENA ARGENTINA BAJO AMENAZA DE DESALOJO ILEGAL
Un terrateniente atacó a la comunidad indígena mientras intentaba expulsarla de sus tierras ancestrales, en el noroeste de Argentina, dejando un muerto por disparos y cuatro heridos.
El 12 de octubre, un terrateniente local se presentó en la comunidad indígena de Los Chuschagasta, en la provincia de Tucumán, acompañado de otros dos hombres a los que la comunidad reconoció como ex agentes de policía. Preguntaron por el líder de la comunidad (el "cacique"), afirmaron que eran los propietarios de las tierras y conminaron a los presentes (20 de los 300 miembros de Los Chuschagasta) a que abandonaran las tierras. Se acercaron otros miembros de la comunidad, que pidieron a los tres hombres que se fueran. Éstos abrieron fuego: mataron a Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a otros tres hombres. Acto seguido montaron en un vehículo y se alejaron disparando por las ventanillas, con lo que hirieron a otro hombre. Los comuneros les tiraron piedras. Poco después, el terrateniente y los otros dos hombres armados fueron detenidos.
Diez días antes, el terrateniente había ido a los terrenos de la comunidad y había construido allí una casa prefabricada. Desde entonces, los comuneros han estado bloqueando la carretera que lleva a dichas tierras.
Los integrantes de la comunidad, que pertenecen al grupo indígena diaguita, persiguen el reconocimiento de sus tierras ancestrales y la aplicación afectiva de la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras antes de noviembre de 2010, mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas en toda Argentina. Pese a la existencia de esta ley, aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2006, los terratenientes han seguido amenazando a miembros de la comunidad indígena diaguita con desalojarlos por la fuerza de sus tierras ancestrales para poder explotar los recursos naturales que hay en ellas.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:
* Pidiendo a las autoridades que proporcionen a la comunidad indígena diaguita de Los Chuschagasta la protección que necesiten.
* Pidiéndoles que apliquen efectivamente la Ley de Emergencia 26.160 para que Los Chuschagasta y otros pueblos indígenas de Argentina puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o desalojos ilegales.
* Pidiéndoles que ordenen una investigación completa, pronta e imparcial del homicidio de Javier Chocobar, publiquen los resultados y hagan comparecer a los responsables ante la justicia.
* Pidiéndoles que respeten plenamente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protejan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y que establezcan los mecanismos necesarios para que tales derechos puedan ser reconocidos y ejercidos con la plena participación de sus titulares.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En noviembre de 2006, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.160, que declaraba el estado de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Esta ley prohíbe desalojar o expulsar a personas indígenas de sus tierras ancestrales durante un periodo de cuatro años y estipula la realización de un estudio de ámbito nacional sobre la titularidad de las tierras. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el encargado de supervisar el estudio y el registro de la propiedad de las tierras indígenas. Sin embargo, han continuado los desalojos en varias provincias, como las de Tucumán y Neuquén. Algunas comunidades también se han resistido y opuesto a órdenes de desalojo emitidas por tribunales.
El 17 de septiembre, 40 familias de la comunidad indígena de Quilmes, en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, fueron desalojadas por la fuerza y sus viviendas fueron destruidas.
Sin acceso a sus recursos y sin poder llevar a cabo las prácticas tradicionales imprescindibles para su bienestar y supervivencia, muchos pueblos indígenas de Argentina no pueden disfrutar plenamente sus derechos humanos. Por el contrario, sufren marginación, pobreza, enfermedades y violencia.
Tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los que Argentina es parte, reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y exhortan a los Estados a que establezcan mecanismos que permitan reconocer y hacer cumplir esos derechos.
Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 A:
Dra. Alicia Margarita Kirchner
Ministra de Desarrollo Social
Avenida 9 de Julio 1925' Piso 14
(C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fax: +54 11 4379 3648 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadaministro@desarrollosocial.gov.ar
Tratamiento: Estimada Ministra
Dr. José Jorge Alperovich
Gobernador de la Provincia de Tucumán 25 de Mayo 90
San Miguel de Tucumán
Argentina
Fax: +54 381 484 4003 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadogobernador@tucuman.gov.ar
Tratamiento: Estimado Gobernador
Y copias a:
Comunidad indígena de Los Chuschagasta
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES, ONG que representa a la comunidad)
Mendoza 654 4º Piso Oficina 410
Tucumán 4000
Argentina
Envíen también una copia a los representantes diplomáticos acreditados en su país. Consulten con su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Excmo. Sr. Carlos Antonio BETTINI
C/ Pedro de Valdivia, 21 28006 - MADRID
Teléfono: 91 771 05 00 Fax: 91 771 05 26
E-mail: embajada@portalargentino.net
Fecha: 16 de octubre de 2009
AU: 282/09, Índice AI: AMR 13/001/2009 Argentina Fecha: 16 de octubre de 2009
El 12 de octubre, un terrateniente local se presentó en la comunidad indígena de Los Chuschagasta, en la provincia de Tucumán, acompañado de otros dos hombres a los que la comunidad reconoció como ex agentes de policía. Preguntaron por el líder de la comunidad (el "cacique"), afirmaron que eran los propietarios de las tierras y conminaron a los presentes (20 de los 300 miembros de Los Chuschagasta) a que abandonaran las tierras. Se acercaron otros miembros de la comunidad, que pidieron a los tres hombres que se fueran. Éstos abrieron fuego: mataron a Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a otros tres hombres. Acto seguido montaron en un vehículo y se alejaron disparando por las ventanillas, con lo que hirieron a otro hombre. Los comuneros les tiraron piedras. Poco después, el terrateniente y los otros dos hombres armados fueron detenidos.
Diez días antes, el terrateniente había ido a los terrenos de la comunidad y había construido allí una casa prefabricada. Desde entonces, los comuneros han estado bloqueando la carretera que lleva a dichas tierras.
Los integrantes de la comunidad, que pertenecen al grupo indígena diaguita, persiguen el reconocimiento de sus tierras ancestrales y la aplicación afectiva de la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras antes de noviembre de 2010, mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas en toda Argentina. Pese a la existencia de esta ley, aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2006, los terratenientes han seguido amenazando a miembros de la comunidad indígena diaguita con desalojarlos por la fuerza de sus tierras ancestrales para poder explotar los recursos naturales que hay en ellas.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:
* Pidiendo a las autoridades que proporcionen a la comunidad indígena diaguita de Los Chuschagasta la protección que necesiten.
* Pidiéndoles que apliquen efectivamente la Ley de Emergencia 26.160 para que Los Chuschagasta y otros pueblos indígenas de Argentina puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o desalojos ilegales.
* Pidiéndoles que ordenen una investigación completa, pronta e imparcial del homicidio de Javier Chocobar, publiquen los resultados y hagan comparecer a los responsables ante la justicia.
* Pidiéndoles que respeten plenamente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protejan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y que establezcan los mecanismos necesarios para que tales derechos puedan ser reconocidos y ejercidos con la plena participación de sus titulares.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En noviembre de 2006, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.160, que declaraba el estado de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Esta ley prohíbe desalojar o expulsar a personas indígenas de sus tierras ancestrales durante un periodo de cuatro años y estipula la realización de un estudio de ámbito nacional sobre la titularidad de las tierras. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el encargado de supervisar el estudio y el registro de la propiedad de las tierras indígenas. Sin embargo, han continuado los desalojos en varias provincias, como las de Tucumán y Neuquén. Algunas comunidades también se han resistido y opuesto a órdenes de desalojo emitidas por tribunales.
El 17 de septiembre, 40 familias de la comunidad indígena de Quilmes, en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, fueron desalojadas por la fuerza y sus viviendas fueron destruidas.
Sin acceso a sus recursos y sin poder llevar a cabo las prácticas tradicionales imprescindibles para su bienestar y supervivencia, muchos pueblos indígenas de Argentina no pueden disfrutar plenamente sus derechos humanos. Por el contrario, sufren marginación, pobreza, enfermedades y violencia.
Tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los que Argentina es parte, reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y exhortan a los Estados a que establezcan mecanismos que permitan reconocer y hacer cumplir esos derechos.
Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 A:
Dra. Alicia Margarita Kirchner
Ministra de Desarrollo Social
Avenida 9 de Julio 1925' Piso 14
(C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fax: +54 11 4379 3648 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadaministro@desarrollosocial.gov.ar
Tratamiento: Estimada Ministra
Dr. José Jorge Alperovich
Gobernador de la Provincia de Tucumán 25 de Mayo 90
San Miguel de Tucumán
Argentina
Fax: +54 381 484 4003 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadogobernador@tucuman.gov.ar
Tratamiento: Estimado Gobernador
Y copias a:
Comunidad indígena de Los Chuschagasta
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES, ONG que representa a la comunidad)
Mendoza 654 4º Piso Oficina 410
Tucumán 4000
Argentina
Envíen también una copia a los representantes diplomáticos acreditados en su país. Consulten con su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Excmo. Sr. Carlos Antonio BETTINI
C/ Pedro de Valdivia, 21 28006 - MADRID
Teléfono: 91 771 05 00 Fax: 91 771 05 26
E-mail: embajada@portalargentino.net
Fecha: 16 de octubre de 2009
AU: 282/09, Índice AI: AMR 13/001/2009 Argentina Fecha: 16 de octubre de 2009
El asesinato de Javier Chocobar (ARGENTINA)
Por Norma Giarracca *
El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho colonial” de consecuencias más dramáticas en la historia de la humanidad –surgimiento del concepto de “raza”, genocidios en su nombre y saqueos de territorios–, Tucumán decidió recordarlo con el asesinato de un comunero indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los Chuschagasta en el norte tucumano fue asesinado mientras otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. Los comuneros defendían sus territorios amenazados –como en muchas otras provincias– por terratenientes, nuevos inversores sojeros o por la especulación inmobiliaria. Un terrateniente y sus “guardias blancas” armados –novedoso fenómeno del neoliberalismo en el país– abrieron fuego contra poblaciones cuyas únicas armas son legislaciones nacionales e internacionales que avalan la propiedad comunal.
El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la sección Policiales , menciona el hecho de esta forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro resultaron heridos anoche tras una violenta disputa suscitada en Chuscha, al norte de la provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían el hecho como “una batahola entre bandas” o “peleas territoriales”.
Es muy importante estar informados de que en la Argentina todos los días los pobladores corren serios riesgos por defender los bienes naturales comunes de la devastación infligida por el neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo productivo”. Actividades extractivas como el agronegocio y la minería o especulativas como el negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, aguas, glaciares y derechos de poblaciones que aprendieron a defenderse con las legislaciones.
En noviembre de 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), en la que se da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras e incluso suspende procesos judiciales en marcha. No obstante, esta comunidad de Los Chuschagasta es blanco de acosos y amenazas para expulsar a los comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se violan tratados internacionales y leyes nacionales con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Por estas razones fue asesinado un comunero.
Se oyeron las voces de alerta de Anmistía Internacional y de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr oír muchas más voces, debemos escuchar gritos de todo un país que alguna vez prometió a las nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida en la gran ciudad, donde está el corazón del poder político. No pasaron inadvertidas las muertes del maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en manos de “guardias blancas” que rememoran a las peores épocas de América latina puede pasar inadvertida o reducirse a las secciones policiales de los medios? ¿El asesinato de un comunero indígena perpetuado por hombres del poder económico no nos llena de horror? ¿A qué “mordaza” se referían los periodistas de televisión durante las últimas semanas? ¿Quién los amordaza para no tratar este asesinato, para que no quede oculto en los bosques tucumanos?
Si quedara oculto, como un hecho policial, ya estaríamos transitando ese peligroso sendero que comienza con la “naturalizació n” de las muertes y los asesinatos de los que resisten y todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. Por eso es necesario que todos expresemos el más enérgico repudio a este asesinato y exijamos justicia, el respeto a los tratados internacionales, la puesta en real vigencia de la Ley de Emergencia de Propiedad Comunal y toda la legislación que protege los territorios y sus poblaciones así como el desarme de grupos policíacos privados en todo el país.
* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (Instituto Gino Germani-UBA) .
El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho colonial” de consecuencias más dramáticas en la historia de la humanidad –surgimiento del concepto de “raza”, genocidios en su nombre y saqueos de territorios–, Tucumán decidió recordarlo con el asesinato de un comunero indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los Chuschagasta en el norte tucumano fue asesinado mientras otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. Los comuneros defendían sus territorios amenazados –como en muchas otras provincias– por terratenientes, nuevos inversores sojeros o por la especulación inmobiliaria. Un terrateniente y sus “guardias blancas” armados –novedoso fenómeno del neoliberalismo en el país– abrieron fuego contra poblaciones cuyas únicas armas son legislaciones nacionales e internacionales que avalan la propiedad comunal.
El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la sección Policiales , menciona el hecho de esta forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro resultaron heridos anoche tras una violenta disputa suscitada en Chuscha, al norte de la provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían el hecho como “una batahola entre bandas” o “peleas territoriales”.
Es muy importante estar informados de que en la Argentina todos los días los pobladores corren serios riesgos por defender los bienes naturales comunes de la devastación infligida por el neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo productivo”. Actividades extractivas como el agronegocio y la minería o especulativas como el negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, aguas, glaciares y derechos de poblaciones que aprendieron a defenderse con las legislaciones.
En noviembre de 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), en la que se da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras e incluso suspende procesos judiciales en marcha. No obstante, esta comunidad de Los Chuschagasta es blanco de acosos y amenazas para expulsar a los comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se violan tratados internacionales y leyes nacionales con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Por estas razones fue asesinado un comunero.
Se oyeron las voces de alerta de Anmistía Internacional y de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr oír muchas más voces, debemos escuchar gritos de todo un país que alguna vez prometió a las nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida en la gran ciudad, donde está el corazón del poder político. No pasaron inadvertidas las muertes del maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en manos de “guardias blancas” que rememoran a las peores épocas de América latina puede pasar inadvertida o reducirse a las secciones policiales de los medios? ¿El asesinato de un comunero indígena perpetuado por hombres del poder económico no nos llena de horror? ¿A qué “mordaza” se referían los periodistas de televisión durante las últimas semanas? ¿Quién los amordaza para no tratar este asesinato, para que no quede oculto en los bosques tucumanos?
Si quedara oculto, como un hecho policial, ya estaríamos transitando ese peligroso sendero que comienza con la “naturalizació n” de las muertes y los asesinatos de los que resisten y todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. Por eso es necesario que todos expresemos el más enérgico repudio a este asesinato y exijamos justicia, el respeto a los tratados internacionales, la puesta en real vigencia de la Ley de Emergencia de Propiedad Comunal y toda la legislación que protege los territorios y sus poblaciones así como el desarme de grupos policíacos privados en todo el país.
* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (Instituto Gino Germani-UBA) .
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