A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES DEMOCRATICAS E INDEPENDIENTES
AL PUEBLO EN GENERAL
Denunciamos que el día 22 de diciembre del presente año, en punto de las seis de la tarde entraron a la comunidad de Pomacuaro municipio de Panindícuaro, Michoacán, vehículos artillados del Ejército Federal hostigando a las comunidades organizadas pertenecientes al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Con el pretexto de buscar drogas y armas están violentando las garantías individuales estipuladas en la constitución, haciendo cateos ilegales en las casas particulares, revisando a todas las personas que circulan en la calle y amenazando con sus armas, es decir, imponiendo por vía de los hechos un estado de excepción.
Queremos puntualizar que esta situación ha venido sucediendo no sólo en esta comunidad y municipio del estado, también en otros donde el FNLS tiene arraigo en las comunidades, es el caso de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, la comunidad indígena de Matugeo, municipio de Coeneo, la comunidad indígena de Teremendo, municipio de Morelia y otras comunidades pertenecientes a la meseta p’urhepecha. En todas estas comunidades grupos paramilitares, la policía y ejército federal han estado incursionando en franco hostigamiento a las comunidades que están organizadas en torno al FNLS.
En las comunidades indígenas de Matugeo, Santa Fe de la Laguna y Teremendo los grupos paramilitares han pretendido coaccionar a las autoridades comunales y ejidales para que “cooperen” con ellos, con el falaz argumento de brindar “protección”. Coincidentemente enseguida se apersona el ejército o la policía federal violentando la armonía de las comunidades al violar derechos humanos y constitucionales de mujeres, niños, ancianos, jóvenes…
Ante el aumento del descontento popular, el gobierno del espurio Felipe Calderón Hinojosa recurre a medidas autoritarias y represivas, con las cuales busca imponer un estado policiaco militar al pretender anular los derechos constitucionales en Michoacán, y en todo el país, imponiendo el terrorismo de Estado con el pretexto de la “guerra contra la delincuencia organizada” mediante la militarización y el despliegue en las calles de la policía Federal. Estrategia de guerra sucia aplicada contra el pueblo, cuyo objetivo principal es frenar el creciente descontento popular reprimiendo las protestas populares, sindicales y toda forma de oposición política al régimen y al sistema.
Denunciamos que a la violencia institucionalizada y sistematizada llevada a cabo por el Estado Mexicano justificada en la “guerra contra el narcotráfico” de la que van más de 30 mil víctimas, se suman los continuos crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos y todo aquel que denuncie y exija justicia ante los abusos y atropellos del Ejercito y la Policía Federal contra el pueblo en general.
Esta ola de violencia ha dejado ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales y el pueblo en general como es el caso del luchador social Heriberto Pasos Ortiz en Oaxaca y de la activista Maricela Escobedo Ortiz en Chihuahua por citar dos ejemplos de los más sobresalientes a nivel nacional; ola de violencia que ha dejado también múltiples desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, ejecutadas por grupos paramilitares, la policía y el ejército federal. Estos crímenes son responsabilidad del gobierno federal, quien de manera directa e indirecta está propiciando este escenario violento y de Terrorismo de Estado.
Advertimos que el gobierno federal en Michoacán pretende realizar ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales a través de los grupos paramilitares y la propia policía y ejército federal, así como seguir cometiendo desapariciones forzadas por motivos políticos, so pretexto del combate al “crimen organizado” como lo ha venido haciendo en los estados del norte y sureste del país.
Responsabilizamos al gobierno federal, y a los niveles de gobierno estatales que están pidiendo la militarización del estado, de los crímenes que se cometan en Michoacán contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, de ecologistas defensores de los bosques y de periodistas críticos y honestos.
¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS POR MOTIVOS POLITICOS¡
¡LIBERTAR A TODOS LOS PRESOS POLITCOS Y DE CONCIENCIA!
FRATERNALMENTE:
ORGANIZACIÓN CAMPESINA INDIGENA Y POPULAR RICARDO FLORES MAGON OCIP-RFM
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO FNLS
Morelia, Mich. 23 de diciembre de 2010
lunes, 27 de diciembre de 2010
Campaña Nacional Contra la Desaparicion Forzada (México)
Boletín de Prensa
México 23 de diciembre del 2010
Las Organizaciones de Derechos Humanos abajo firmantes damos la bienvenida a la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada.
En virtud de la adhesión de Irak a la Convención realizada el 23 de noviembre, como vigésimo país parte en la misma, el día de hoy la Convención entra finalmente en vigor con 21 países partes. Esperamos que esta Convención adquiera la mayor universalidad posible. Esperamos que muchos más países adopten las medidas necesarias para que, conforme a su derecho interno, la Convención forme parte de sus compromisos internacionales vinculantes y de su legislación interna. Instamos a los países miembros de la comunidad internacional a apresurar su incorporación sin reservas a la Convención.
Hasta el momento, de los veintiún países que son partes en la Convención, solamente 6 han reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (el Comité) contemplado en la Convención para recibir comunicaciones de personas que alegan haber sido víctimas de alguna violación a la misma, y respecto de la posibilidad de que otros países partes en la Convención puedan presentar comunicaciones ante el Comité mediante las que se aleguen violaciones a la misma por parte de los demás países y viceversa. Para darle plena eficacia a la Convención, el Comité requiere del mayor respaldo posible por parte de los Estados que la han ratificado o que han accedido a ella.
México es uno de esos países que incomprensiblemente no han reconocido la competencia del Comité.
Durante el sexenio pasado, México reconoció la competencia de todos los órganos convencionales de vigilancia de los tratados sobre Derechos Humanos de los que hasta ese momento era parte. Al ratificar la Convención sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, México se abstuvo de reconocer la competencia del Comité contemplado en la misma, dando un paso hacia atrás en su actitud de política exterior en materia de Derechos Humanos.
Es momento de que México readquiera el impulso progresivo hacia su compromiso con la comunicad internacional. Es por eso que las asociaciones abajo firmantes urgen a México a que depositen instrumentos de reconocimiento de la competencia al Comité en los términos de los Artículos 31 y 33 de la Convención.
Por otra parte, en los términos del Artículo 26.3 de la Convención, la Asamblea de Estados Partes deberá elegir a los expertos que habrán de integrar al Comité encargado de vigilar la aplicación y cumplimiento de la Convención.
Las organizaciones abajo firmantes animan a México a que participe activamente en dicho proceso, mediante la postulación de un experto mexicano. Más aún, se esperaría que el proceso de postulación en el que participe México sea el resultado de un proceso transparente, en el que en primer lugar se invite a la sociedad civil organizada a que proponga los candidatos o candidatas que, en su opinión, resulten idóneos para ocupar dichos cargos, en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso con la causa de los Derechos Humanos y particularmente con la de las personas desaparecidas y demás víctimas de la desaparición forzada, incluyendo a los familiares, seres queridos y personas allegadas a las personas desaparecidas.
Se esperaría que de los candidatos y candidatas presentadas por la sociedad civil, después de una convocatoria abierta realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ésta designe a personas independientes para realizar la evaluación de las candidaturas, y que después de evaluar objetivamente tales candidaturas, nuestra Cancillería postule a la persona que mejores atributos tenga para el posible desempeño de su labor como integrante del Comité, más allá de intereses de gobierno, de partido o de ideología.
Atentamente
Comité Cerezo México, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nacidos en la Tempestad A.C, Comité "Hasta Encontrarlos", Comité Monseñor Romero, Taller de Desarrollo Comunitario, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
México 23 de diciembre del 2010
Las Organizaciones de Derechos Humanos abajo firmantes damos la bienvenida a la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada.
En virtud de la adhesión de Irak a la Convención realizada el 23 de noviembre, como vigésimo país parte en la misma, el día de hoy la Convención entra finalmente en vigor con 21 países partes. Esperamos que esta Convención adquiera la mayor universalidad posible. Esperamos que muchos más países adopten las medidas necesarias para que, conforme a su derecho interno, la Convención forme parte de sus compromisos internacionales vinculantes y de su legislación interna. Instamos a los países miembros de la comunidad internacional a apresurar su incorporación sin reservas a la Convención.
Hasta el momento, de los veintiún países que son partes en la Convención, solamente 6 han reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (el Comité) contemplado en la Convención para recibir comunicaciones de personas que alegan haber sido víctimas de alguna violación a la misma, y respecto de la posibilidad de que otros países partes en la Convención puedan presentar comunicaciones ante el Comité mediante las que se aleguen violaciones a la misma por parte de los demás países y viceversa. Para darle plena eficacia a la Convención, el Comité requiere del mayor respaldo posible por parte de los Estados que la han ratificado o que han accedido a ella.
México es uno de esos países que incomprensiblemente no han reconocido la competencia del Comité.
Durante el sexenio pasado, México reconoció la competencia de todos los órganos convencionales de vigilancia de los tratados sobre Derechos Humanos de los que hasta ese momento era parte. Al ratificar la Convención sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, México se abstuvo de reconocer la competencia del Comité contemplado en la misma, dando un paso hacia atrás en su actitud de política exterior en materia de Derechos Humanos.
Es momento de que México readquiera el impulso progresivo hacia su compromiso con la comunicad internacional. Es por eso que las asociaciones abajo firmantes urgen a México a que depositen instrumentos de reconocimiento de la competencia al Comité en los términos de los Artículos 31 y 33 de la Convención.
Por otra parte, en los términos del Artículo 26.3 de la Convención, la Asamblea de Estados Partes deberá elegir a los expertos que habrán de integrar al Comité encargado de vigilar la aplicación y cumplimiento de la Convención.
Las organizaciones abajo firmantes animan a México a que participe activamente en dicho proceso, mediante la postulación de un experto mexicano. Más aún, se esperaría que el proceso de postulación en el que participe México sea el resultado de un proceso transparente, en el que en primer lugar se invite a la sociedad civil organizada a que proponga los candidatos o candidatas que, en su opinión, resulten idóneos para ocupar dichos cargos, en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso con la causa de los Derechos Humanos y particularmente con la de las personas desaparecidas y demás víctimas de la desaparición forzada, incluyendo a los familiares, seres queridos y personas allegadas a las personas desaparecidas.
Se esperaría que de los candidatos y candidatas presentadas por la sociedad civil, después de una convocatoria abierta realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ésta designe a personas independientes para realizar la evaluación de las candidaturas, y que después de evaluar objetivamente tales candidaturas, nuestra Cancillería postule a la persona que mejores atributos tenga para el posible desempeño de su labor como integrante del Comité, más allá de intereses de gobierno, de partido o de ideología.
Atentamente
Comité Cerezo México, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nacidos en la Tempestad A.C, Comité "Hasta Encontrarlos", Comité Monseñor Romero, Taller de Desarrollo Comunitario, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
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