A Javier Sicilia
A la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A la Comunidad Nacional e Internacional
A las víctimas de desaparición forzada
A la mesa que abordará punto 1 (Exigimos verdad y justicia)
Las organizaciones que formamos parte de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada[1] creemos necesario compartir nuestro punto de vista respecto al punto 1 (Exigimos verdad y justicia) del Pacto que se discutirá en Ciudad Juárez, a su vez que abonamos al diálogo que se dará en dicha ciudad.
México se encuentra en un proceso de militarización institucional y de la vida social. La política de seguridad del gobierno federal ha incrementado la ola de violencia que vive el país y está documentado por organizaciones de derechos humanos que, a mayor presencia de los militares en labores de seguridad pública, mayores son las violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la desaparición forzada.
Precisamente una de las causas de las desapariciones forzadas en México es la militarización y la paramilitarización que, desde el gobierno federal, se ha impulsado, de manera alarmante, como parte de la política de seguridad del gobierno federal, sobre todo, a partir del 2006.
En este contexto de violencia gubernamental y de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.
Como Campaña Nacional Contra la desaparición Forzada hemos realizado un informe sobre la desaparición forzada en México 2011, el cual fue entregado al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al iniciar su visita a México en marzo de este año. El Informe contiene un diagnóstico de la situación actual y las principales exigencias al Estado mexicano para que abandone la política de desaparición forzada y pueda garantizar medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de este delito.
Enviamos lo que consideramos abona a la discusión del punto 1 (Exigimos verdad y justicia), en el tema específico de la desaparición forzada.
Situación actual
México carece de un marco normativo adecuado para proteger a las personas de las desapariciones forzadas. El tipo penal del delito de desaparición forzada sólo se encuentra tipificado en 8 estados de la república y no se apega a lo que establece la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzadaque entró en vigor el 23 de diciembre del 2010 y de la cual México forma parte.
El recurso de amparo, que debería ser el recurso judicial idóneo para la protección de las personas contra la desaparición forzada resulta inefectivodebido a que entre los requisitos de interposición y ratificación del juicio se encuentra la presentación personal de la víctima y la especificación de su paradero.
Las posibilidades de las personas de recurrir a instancias internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se ven frustradas ante la negativa del Estado mexicano de reconocer su competencia.
Existe 100% de impunidad en los casos de desaparición forzada, actualmente, no hay ningún funcionario del gobierno de ningún nivel que haya sido enjuiciado y sentenciado por el delito de desaparición forzada.
En su tortuoso camino en busca de justicia, muchas personas han pasado décadas sometidas a la impunidad y la revictimización, como ocurre con casos que han sido llevados ante instancias internacionales, como el del señor Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974, cuya Sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte IDH ha sido incumplida a más de un año de su publicación.
Todo lo anterior ha provocado la denegación sistemática de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada tanto en el período histórico de la llamada “guerra sucia”, como en la actual política de militarización y paramilitarización implementada por el actual titular del Poder Ejecutivo, con el consecuente incremento de las desapariciones de personas.
Al respecto, cabe señalar que, actualmente, cualquier persona se encuentra en riesgo de ser víctima de desaparición forzada. Algunos de los grupos más vulnerables a esta situación son los jóvenes, las defensoras y los defensores de derechos humanos, particularmente, los que se ocupan de casos de personas desaparecidas y de la lucha contra la militarización y la paramilitarización, periodistas, mujeres, militantes de organizaciones disidentes y personas que viven en contextos afectados por la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”.
Como CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA estás son nuestras exigencias al gobierno Federal
1. El marco normativo mexicano en materia de desaparición forzada de personas:
1) Que el Estado adecue –con plena participación de la sociedad civil –el marco jurídico interno, incluyendo la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas y contemple, así mismo, medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de este delito, incluyendo a las víctimas indirectas;
2) Que se reforme el artículo 215 del Código Penal Federalpara armonizar el tipo penal federal de desaparición forzada de personas a los más altos estándares internacionales en la materia;
3) Que se reformen los artículos 17 y 117 de la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada;
4) Que se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar para armonizarlo con lo dispuesto por el artículo 13 constitucional y los estándares internacionales en la materia, lo cual deberá incluir la prohibición expresa de la extensión de la jurisdicción militar respecto de todos aquellos delitos que constituyan una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, así como la exclusión de la jurisdicción militar en todo caso en el que se hallen involucrados civiles, independientemente de que tengan carácter de sujetos pasivos o activos.
2. El contexto histórico de la desaparición forzada en México:
Que el Estado asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período llamado “guerra sucia”, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad.
3. El contexto actual de la desaparición forzada en México:
1) Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de cualquier persona a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;
2) Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;
3) Que se establezca un protocolo de investigación, documentación y cooperación de carácter urgente que dé respuesta inmediata a los casos de personas reportadas como desaparecidas, que contemple la coadyuvancia de los familiares y sus organizaciones en los casos necesarios
4) Que el Estado mexicano establezca un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas – cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil –,a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación;
5) Que el Estado mexicano implemente una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.
6) Que se establezcan protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito;
7) Que el Estado mexicano destine mayores recursos a la capacitación y contratación de personal calificado, así como recursos y herramientas especializados para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y establezca un fondo de contingencia social para las familias que queden en el desamparo;
8) Que se sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública;
9) Que el Estado mexicano reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada CIPPDF, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada.
4. El caso paradigmático del señor Rosendo Radilla y el estado de cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de este:
Que se cumplimenten de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.
Por último, proponemos a quienes participen en el punto 1 (Exigimos verdad y justicia) incluir, en el documento final que resulte de la discusión en Ciudad Juárez, en un espacio específico, el tema de la desaparición forzada y que se tomen en cuenta las propuestas planteadas en este documento así como otras propuestas que se presenten.
Consideramos que nuestros desaparecidos pueden estar aún vivos y mediante esta lucha podrían ser rescatados y reintegrados a sus espacios y familias, también creemos necesario hacer valer el derecho a la verdad en éste tema, que los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y la sociedad en su conjunto, conozcan de los hechos, el destino de las víctimas y, en su caso, puedan reclamar el resarcimiento integral del daño y el castigo a los culpables.
Por la presentación con vida de los desaparecidos.
Juicio y Castigo a los responsables.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Monseñor Romero, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Nacidos en la Tempestad A.C, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C.,Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC, Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos A.C., Komite Internazionalistak, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) de Jalisco, Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI- CNPA- MN), Izquierda Democrática Popular, Comunidades Eclesiales de Base Derechos Humanos de México, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer «Elisa Martínez» , Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Unión Campesina Democrática Tlaxcala Sss, Red Magisterial Popular Chiapas-México, Frente Popular «Ricardo Flores Magón» Ixtapa,Chiapas,México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FEDOMEZ), Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana A.C, Unión de Mujeres de las Huastecas «Humberta Hernández Tovar», Organización Campesina Indígena Popular (OCIP-RFM), Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, “Unión de Todos los Pueblos Pobres«(TINAM), La Federación De Militares Retirados»Gral. Francisco J. Mugica", Red de Defensa de los Derechos Humanos, Unión popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPREZ-Benito Juárez (MUP-FNAMUP), Frente del Pueblo en la Otra Campaña (MUP-FNAMUP), Preparatoria Popular Tacuba (MUP-FNAMUP), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MUP-FNAMUP), Zelzin Yoazihuatl A.C. (MUP-FNAMUP), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Centro (MUP-FNAMUP), Colectivo “Rosario Castellanos” (MUP-FNAMUP), Mercado Chinampac de Juárez (MUP-FNAMUP),Consejo de Barrios La Raza (MUP-FNAMUP), Siervos de la Nación (MUP-FNAMUP), Frentes Torres X (MUP-FNAMUP), Unión de Colonias Populares (MUP-FNAMUP), Frente de Solicitantes de Vivienda (MUP-FNAMUP), Sociedad Cooperativa, Trabajo, Esfuerzo y Realidad (MUP-FNAMUP).
42 Firmas
[1]La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada es una iniciativa de familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, sociales y personas solidarias que, ante el incremento de casos de desapariciones forzadas en México, se propone realizar actividades conjuntas, teniendo como objetivo común el lograr la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país, así como el castigo a los responsables intelectuales y materiales de está grave violación a los derechos humanos.La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada surge el 30 de agosto del 2010 y está conformada por 58 organizaciones nacionales y 13 organizaciones internacionales. Entre sus logros está la elaboración del Manual: ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?, El Informe sobre desaparición forzada en México 2011 y dos Encuentros Nacionales de familiares y organizaciones víctimas de desaparición forzada, agosto del 2010 y mayo del 2011, además de marchas, mítines y foros en 8 estados de la república. Del 2005 al 2011 se tiene documentados 30 casos de desaparición forzada de luchadores sociales en diferentes estados del país, 23 ciudadanos en Guerrero y una cifra en prensa de hasta 3000 desapariciones forzadas en el contexto de la militarización y paramilitarización del país.
