viernes, 6 de mayo de 2011

Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz cerca de la Morena, Sierra de Petatlán, Guerrero

• Javier Torres Cruz era un líder comunitario que había enfrentado al narco-cacique de la zona Rogaciano Alva Álvarez y a sus grupos de sicarios y era uno de los testigos clave en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

• En diciembre del 2008 fue retenido, secuestrado, torturado y desaparecido durante 10 días por miembros del Ejército Mexicano integrantes del 19 Batallón de Infantería, y desde esa fecha se encontraba bajo amenazas e intimidación constante por parte de efectivos militares.
El día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por un grupo de sujetos armados el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad, Torres Cruz fue asesinado cuando transitaba por un lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, paraje cercano a la comunidad de La Morena donde habitaba Javier con su familia.

Según la información proporcionada por familiares de Javier y por algunos testigos de los hechos, un grupo de sujetos armados atacó arteramente a Javier quien se trasladaba en compañía de su hermano Felipe Torres quien resultó herido en este ataque; cuando transitaban por el mencionado paraje, “Puerto de la Mosca” es ubicado y ha sido señalado como el lugar de operación de un grupo de sicarios al servicio de Rogaciano Alva Álvarez que son conocidos como “Los Arreola” por pertenecer a la familia de ese nombre.

Este ataque en contra de Javier Torres se circunscribe dentro de una serie de otras agresiones, amenazas y actos de intimidación en su contra desde el año 2007 cuando decidió declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido asesinada en el año 2001, a raíz de esa declaración y de su férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron el día de ayer con su muerte.

Es importante destacar el periodo de 10 días que permaneció desaparecido Javier Torres Cruz del 1 al 10 de diciembre del 2008, durante el cual fue torturado y amenazado de muerte por militares pertenecientes al 19 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano quienes según le externaron a Torres “actuaban para la gente de Rogaciano”, desaparición y tortura que nunca fue investigada por las autoridades competentes.

Otros hechos que se relacionan con las amenazas en contra de Javier se ubican durante el año 2009 cuando por lo menos en 6 ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad de La Morena agrediendo a familiares de Javier y amenazándolo de muerte, todas estas violaciones así como las incursiones fueron denunciadas puntualmente, sin que hasta la fecha la autoridad competente haya resuelto algún caso.

La agresión más reciente y quizá la más grave antes del asesinato de Javier, se ubica el 16 de febrero de 2010 cuando de nueva cuenta elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las cercanías de la comunidad de La Morena abriendo fuego en contra de hombres y mujeres que trabajaban en el campo en ese momento, resultando asesinado Adolfo Torres Rosas y herido Isaías Torres Rosas (ambos primos de Javier), deteniendo arbitraria e injustamente a Anselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier) y Húber Vega Correa (amigo de la familia), estos últimos dos permanecen hasta el día de hoy injustamente presos en el penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por los militares en su incursión.

Estos hechos se denunciaron y actualmente está abierta una investigación en el Ministerio Público Militar bajo la Av Prev 27ZM/16/2010 para deslindar responsabilidades y sancionar a los militares que dispararon por la espalda contra un grupo de hombres y mujeres campesinos desarmados.

En todos estos hechos existen dos constantes, el uso de la fuerza y de la violencia por civiles armados y militares en contra de Javier Torres Cruz y su familia, y la ominosa complicidad de las autoridades estatales y federales para investigar y sancionar a los responsables.

El asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, no puede quedar en la impunidad por todo lo que representa, por haber tenido la fuerza, el coraje y el respaldo comunitario para denunciar los abusos y atrocidades del narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez y por haber enfrentado y denunciado los abusos militares que se comenten en la sierra de Petatlán desde hace muchos años.

El gobierno del estado de Guerrero tiene que actuar inmediatamente para recabar las pruebas y los testimonios necesarios para detener, desarmar y desmovilizar al grupo conocido como “Los Arreola” quienes actúan bajo las órdenes del grupo criminal del cacique preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este asesinato lo haremos del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU en México y de todas aquellas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que seguirán exigiendo castigo a los responsables, alto a la impunidad y alto a los abusos militares en Guerrero y en todo México.

ANAD / CCTI

lunes, 2 de mayo de 2011

Hostigamiento a indígenas por la defensa de la tierra (Mex)

HUASTECA Y SIERRA ORIENTAL, DOMINGO 1 DE MAYO DE 2011

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION

A LOS ORGANISMO NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS

El Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunciamos que nuestros compañeros autoridades ejidales y municipales, y sus familias de Tohuaco II, municipio de Huautla, Hidalgo, han sido objeto de constante hostigamiento y agresiones de parte del grupo que impulsan desde la subsecretaria de gobierno del estado de Hidalgo y que con anterioridad tuvo las manos bien metidas altos jefes militares pertenecientes al 84º Batallón de Infantería, ubicado en Huejutla de Reyes Hidalgo, cosa que en la actualidad no dudamos que continúe está ilegal intervención, pues desde que nos organizamos no han dejado de ejercer presión y represión contra nuestros pueblos organizados.

El día sábado 30 de abril a las 7 y media de la noche uno de nuestros compañeros fue detenido, amenazado y ultrajado por tres integrantes del grupo de la subsecretaria en el potrero cerca de la comunidad de Tohuaco II, el lapso de tiempo que lo detuvieron no dejaron de insultarlo, golpearlo y amenazarlo, dejándolo libre pero lo despojaron de su machete, lima y el dinero de la cooperación mensual que tenia que entregar para la organización.

Esta no es una agresión aislada es un plan desde el gobierno el estado en complicidad con el gobierno de Felipe Calderón, que criminaliza la pobreza, protesta y lucha popular, cansados de estar soportando tanta agresión fuimos a aclara el porque hacia esto con nuestro compañero, fuimos recibidos con machete y palo en mano de parte de la familia del agresor y él mismo ante lo cual nos defendimos.

Responsabilizamos a la subsecretaria del gobierno del estado y cualquier otros personajes de gobierno estatal, federal y el ejército federal que se encuentra detrás de este plan.

La agresión contra nuestros compañeros y la organización inicia desde que un grupo de compañeros decide abandonar el plan del gobierno estatal y el 84º BI de dividir a la organización quedándose con la comunidad de Tohuaco II, y a partir de ahí comenzar la infiltración y división de la organización. Estos compañeros regresan y se da conocer públicamente que son parte nuevamente de nuestra organización indígena campesina.

El problema en Tohuaco II, es un conflicto interno originado por el Estado mexicano por medio de Humberto Córtez (sotero), quién hizo compromisos en el 84º BI y gobierno del Estado de Hidalgo, ahora toca al pueblo resolverlo, además que encuentra dentro del régimen ejidal y debe ser resuelto conforme al Artículo 27 Constitucional y la Ley agraria vigente, el que intervengan autoridades judiciales, el ejército federal o la marina sería un agrave violación a la Constitución General de la República. La criminalización de la lucha popular es política de Estado, en México estar organizado independientemente te señalan y persiguen como si fuéramos delincuentes.

FRATERNALMENTE

¡ZAPATISMO Y SOCIALISMO! ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡POR LA LIBERACIÓN PROLETARIA DEL CAMPESINO!¡VENCEREMOS!

FRENTE DEMOCRÁTICO ORIENTAL DE MÉXICO EMILIANO ZAPATA

FDOMEZ

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS