Por Kara Castillo.
Ante el intento de expansión de la empresa Smithfield Co en México llamada "Granjas Carroll de México", las comunidades del Valle de Perote, (Puebla y Veracruz), denunciaron la intervención directa del gobierno estatal de Puebla para respaldar a la empresa, sin tomar en cuenta la soberanía municipal y a la voluntad de las comunidades, y pese al compromiso de la firma de abstenerse de ampliar sus instalaciones ante los problemas de contaminación en los alrededores.
Integrantes de los Pueblos del Valle de Perote alertaron de la "amenaza" de expansión de Granjas Carroll, la cual tiene previsto construir 80 naves más en 500 hectáreas que ya fueron adquiridas principalmente en el municipio de Guadalupe Victoria, donde, dijeron, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presiona para permitir el cambio de uso de suelo.
En una asamblea pública, contaron que Laura Escobar, directora general de Gobierno, el presidente municipal de Guadalupe Victoria, Felipe Cortés Hernández, y un representante de la empresa, hicieron saber a los pobladores que la expansión cuenta con la venia del mandatario, por lo que resulta inminente su "expansión"
Los habitantes de región recordaron que en 2007 fue firmado un convenio entre la firma internacional y los líderes de los pueblos para evitar cualquier aumento de sus instalaciones.
Por lo anterior, solicitaron la Intervención de la cámaras de diputados y senadores para que en ejercicio de sus facultades vigilen la actuación de las autoridades involucradas e intervengan para hacer cumplir con acuerdos internos de la LIX Legislatura y de la LXI respectivamente.
Investigación legislativa
Según la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión, año IX, No. 1969, de fecha viernes 17 de marzo de 2006 con las observaciones que en sus propias palabras se transcriben a continuación: "…Posterior a las visitas a las granjas, se pudo constar lo siguiente: Las áreas de eliminación de desechos y de la cerdaza, no están lo suficientemente alejadas de las fuentes de agua/Extracción indiscriminada de agua de pozo para lavar los residuos de las granjas/Ausencia aparente de geomembranas en las lagunas de tratamiento anaerobio/Ausencia de filtros y fosas de tratamiento biológico/Incremento de amoniaco y otras sustancias en el aire de la localidad debido a las mal llevadas lagunas de oxidación/Suelos totalmente erosionados.
Encontraron: "…Olores fétidos, o que pone en entredicho la calidad del aire/Consumo del agua de las granjas mayor que el de todas las poblaciones de la región/Emisión de altas concentraciones de metano (CH4) que dañan la capa de ozono y que ocasionan escasez de lluvia/Los niveles del acuífero han descendido enormemente en los últimos años mientras que la empresa se sigue expandiendo en la región instalando más granjas, por información proporcionada por la sociedad civil con logotipos de la CNA".
Diversos estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua muestran la contaminación de los acuíferos locales por coniformes fecales, por lo que, derivado de esta visita, acordaron la presentación de un punto de acuerdo que en su momento fue expuesto por el diputado Omar Ortega Alvarez para coadyuvar a la solución de la problemática con la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales, el Congreso estatal y la Cámara de Diputados.
La actual LXI legislatura del Senado de la República también acordó una investigación sobre los impactos ambientales y a la salud que la empresa Granjas Carroll de México ha ocasionado en el Valle de Perote y solicitó un informe a la CNA, Semarnat, Propefa, Sagarpa y a la Cofepris sobre las acciones y vigilancia que han realizado sobre la operación y manejo de los cerdos de la empresa referida, según da cuenta el dictamen presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en la Gaceta del Senado del jueves 9 de diciembre de 2010.
Sumado a lo anterior, con fecha 27 de marzo de 2006 se presentó un oficio dirigido al presidente municipal de Guadalupe Victoria -firmado por los representantes de las comunidades de Xaltepec, La Gloria, Zalayeta, Totalco, Orilla del Monte, El Frijol Colorado, Perote, La Muralla, San Luis Atexcac, San Pedro El Águila, Maravillas, González Ortega, Progreso, Itzoteno, Techachalco, Alchichica, Chichicuautla y Guadalupe Buenavista-, en el que quedó expresado el rechazo a la expansión de la empresa Granjas Carroll de México.
Incluso, existe un acta de acuerdos de fecha 11 de enero de 2007, en el que la empresa, a través del C. Tito Tablada Cortes, representante de Granjas Carroll de México S de RL de CV, se comprometió públicamente a no expandirse en el Valle de Perote.
El documento firmado por la empresa y por los alcaldes en turno de Tepeyahualco de Hidalgo, Perote y Guadalupe Victoria; además de representantes del gobierno estatal: el secretario de Desarrollo Rural, el subdirector de General de Gobierno y delegados de la Secretaria de Gobernación; también representantes del Gobierno de Veracruz: el diputado local por el Distrito de Perote y del Distrito de Xalapa; y representantes de las comunidades afectadas tanto del estado de Veracruz, como del estado de Puebla.
Denuncian violación de derechos
Con tales pruebas, los habitantes criticaron la violación de nuestros elementales derechos humanos, como lo son las Garantías de Audiencia, de Legalidad, de Libertad de Expresión y de Libertad de Asociación que consagran nuestra Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su opinión, "se ve vulnerada la autonomía municipal que radica en nuestros pueblos y los derechos que como habitantes tenemos para participar y a ser consultados en la toma de decisiones del Gobierno y principalmente a respetar nuestra oposición a que no se expanda la empresa, más aún que se vaya de nuestro territorio".
Hay que decir que quienes se han opuesto a los intereses de expansión de la empresa, han sufrido persecución judicial como, José Luis Martínez Crisóstomo, Margarita Hernández Burgos, Bertha Crisóstomo Lara, María Verónica Hernández Argüello y el activista Guadalupe Serrano Gaspar, quienes fueron procesados ante tribunales federales por delitos fabricados y a la postre, absueltos por falta de pruebas, remataron los quejosos.
