La mediación

Carlos Montemayor / I
A partir del documento que hizo público el 14 de agosto, la Comisión de Mediación entendió que había llegado a un punto que tanto podría ser sin retorno como de un avance cualitativo. Entendió también que necesitaban tiempo el gobierno federal y el PDPR-EPR para decidir lo que debía proceder en el futuro inmediato. El pasado 25 de agosto la organización popular armada confirmó en un amplio comunicado su disposición a que el proceso de mediación continúe. Resta ahora conocer si el gobierno federal mostrará una real voluntad política que se refleje en el diálogo de la Comisión de Mediación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Con base en los 39 puntos de Acciones Oficiales y Evaluaciones Diversas, enlistados en el mencionado documento del 14 de agosto, explicaré en esta entrega la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el EPR; en una segunda entrega me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre la condición de los dos eperristas desaparecidos.
En los últimos meses de 2007, el general Tomás Ángeles Dahuajare, a la sazón subsecretario de Sedena, trató de establecer contacto directo con el EPR y para ello requirió de un colaborador de confianza, Alejandro Punaro, que en el pasado lo había apoyado en Guerrero. Alejandro Punaro laboró durante 29 años en la PGR, y en la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegó a ser subdirector de Terrorismo, lavado de dinero y acopio de armas; se jubiló en 2005 y por su amistad con el general aceptó ayudarle en su propósito de establecer canales formales o informales con el EPR; por conducto de los directivos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) estableció contactos con familiares como Nadín Reyes Maldonado, doña Margarita Cruz Sánchez y Francisco Cruz Sánchez; en algunas reuniones, como las sostenidas con la esposa y el hijo de Edmundo Reyes Amaya, se agregaron elementos de la Secretaría de Gobernación.
Ocho días después de que ambos se habían entrevistado con integrantes de la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP), Hermenegildo Torres Cruz fue detenido por elementos de la PGR, lo cual comunicó Alejandro Punaro al general por considerar sumamente delicado que una de las personas a las que se habían acercado para buscar comunicación con el EPR pudiera ser arrestada. El general intervino en diversas instancias para que el día 15 de septiembre Hermenegildo fuera liberado.
Durante esos intentos de acercamiento hubo una coincidencia relevante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras. El 24 de abril de 2008, a las cinco de la tarde, recibieron los hermanos por correo electrónico las últimas amenazas y una entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez. A esa entrevista se agregó otra con José Antonio Ortega acerca del presunto financiamiento del EPR y de un acuerdo secreto entre el gobierno y la organización popular armada para pactar una tregua; el diario Milenio publicó la entrevista y semanas después retomó el asunto el periodista Raymundo Riva Palacio en El Universal. Ese mismo día el EPR emitió el comunicado mediante el cual desmintió el supuesto acuerdo secreto y propuso la integración de la Comisión de Mediación.
En la mañana del día siguiente, cuando Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, don Samuel Ruiz y yo hicimos pública nuestra aceptación y pedimos como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del Ejército Mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado sin mandato judicial ni orden legal alguna y se apoderaron de los libros de gobierno.
Al día siguiente, el 26 de abril, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva arrestaron a nueve elementos de la policía ministerial de Oaxaca presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los dos eperristas. Se trató de Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la policía ministerial de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación. Ambos fueron liberados al agotarse el plazo de su arraigo.
Esta acusación por desaparición forzada de persona fue relevante, porque los representantes gubernamentales se habían negado a la propuesta de la Comisión de Mediación de reclasificar la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada en vez de por secuestro. El abogado defensor de los policías arraigados, Gerardo Francisco López Thomas, informó a la Comisión de Mediación que estaban acusados, por declaraciones de un testigo protegido a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de desaparición forzada de persona, además de los delitos de secuestro y crimen organizado. Así lo confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la reunión que sostuvo con la Comisión de Mediación la noche del lunes 7 de julio y así lo confirmó la nota del señor Guillermo Valdez, director del Cisen, dirigida a Raymundo Riva Palacio en el diario El Universal. Finalmente, Gobernación lo reconoció en un breve comunicado el pasado 14 de agosto.
Ahora bien, la relevancia de presionar y buscar contactos a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR. A partir de esta presunción se originaron diversas estrategias del Ejército y del Cisen, partiendo siempre de considerarlos canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación con esa organización.
Las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras constituyeron, a juicio de algunos sectores del Ejército y de corporaciones policiacas, un mecanismo de presión al EPR. Pudo pensarse en algunos sectores militares y policiacos que las amenazas serían útiles como disuasión para frenar un tercer atentado, aunque en realidad no funcionaron así para frenar el segundo de ellos.
Otra señal que varios sectores del gobierno creyeron estar enviando al EPR fueron los traslados carcelarios de Héctor Cerezo en diciembre de 2007 y de Antonio Cerezo en marzo de 2008, desde el penal del Altiplano La Palma o Cefereso número 1, en el estado de México, al penal Atlacholoaya, en Morelos.
Es razonable creer que en este contexto pudieron surgir las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR. Es también razonable creer que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de una propuesta de la comisión misma; por tanto, que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.
De esta manera, es razonable creer que el gobierno federal no ha considerado necesario avanzar ante la Comisión de Mediación con clara voluntad política para despejar el proceso de diálogo.