Información Contra la Represión

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Hacia el 2º aniversario de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz

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Con motivo del segundo aniversario de la desaparición de sus familiares el Comité "Hasta Encontrarlos" llevara acabo algunas actividades político culturales, para denunciar una vez ante la población y la SEGOB la falta de voluntad política y responsabilidad para presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes este 25 de mayo del 2009 cumplirán dos años desaparecidos. Tiempo durante el cual el gobierno ha mostrado su ineficacia, falta de compromiso y responsabilidad por esclarecer estos casos . Con esta negativa el Gobierno lo único que ha hecho es brindar los elementos necesarios para configurar una y otra vez este delito de lesa Humanidad caracterizado principalmente por no aceptar su participación en las desapariciones.



En este momento critico luego de la disolución de La comisión de mediación integrada por diversas personalidades para lograr la presentación con vida de nuestros familiares, quedo claro que al Estado no le interesa en lo mas mínimo aclarar estos hechos, dejando ver una vez que vivimos en un País lleno de impunidad. Un país en donde el respeto a los derechos humanos de la población no tienen cabida. La situación que se pueda avecinar es preocupante para los familiares, sin embargo sabemos que esto será única y exclusivamente responsabilidad del Estado. En quien esta y ha estado desde el principio la responsabilidad de la Detención desaparición de nuestros Familiares.



Así también, queremos expresar que no cesaremos en nuestra lucha que es legítima y que seguiremos adelante hasta encontrar a nuestros familiares y lograr el castigo a los responsables.





Programa de Actividades



· El sábado 23 de mayo del 2009 se llevara a acabo la conferencia magistral.



La Desaparición Forzada en México: Caso EPR, por Miguel Ángel Granados Chapa (ex integrante de la CoMed)

Lugar: Plazuela del Carmen Alto en la ciudad de Oaxaca (frente a Santo Domingo) Hora: 11:00 am



· Domingo 24 de Mayo del 2009



Marcha "Contra la desaparición Forzada y la Impunidad en Oaxaca

Hora: 11:00 Lugar: Del Hotel del Árbol al zócalo (por confirmar)



· El día 25 de Mayo se realizara un mitin

Frente a Instalaciones de la Secretaria de Gobernación en la ciudad de México. Hora: 12:00 del día.



Esperamos Contar con su asistencia.

¡Los Desaparecidos son de todos!



Diario La Jornada, 21 de mayo de 2008

Lamenta comisión mediadora que manden a barandilla de la PGR el tema de los desaparecidos

Busca el gobierno "“salida perversa”" a la problemática con el EPR: González Ruiz

Busca el Estado preservar etapa de guerra sucia contra movimientos sociales, señala López y Rivas

El gobierno federal no ha mostrado ninguna evidencia de tener voluntad política equivalente a la tregua del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sólo se mantiene en un estado declarativo respecto de la investigación para dar con los eperristas desaparecidos hace dos años, señalaron miembros de la comisión de mediación.

Asimismo, lamentaron que la única estrategia oficial sea enviar el caso a la barandilla de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que ha dilatado por décadas la indagatoria sobre delitos de lesa humanidad de Luis Echeverría, por ejemplo.

"“Las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez (en el sentido de que cualquier asunto relacionado con los eperristas desaparecidos debe ser conducida por la vía jurisdiccional), ponen en evidencia que se busca una salida perversa a la problemática con el EPR”", dijo Enrique González Ruiz, integrante del grupo mediador.

El escritor Carlos Montemayor –quien fungió como vocero de la comisión– confirmó que hasta el momento no ha recibido información de ninguna de las partes –EPR y gobierno federal–, de ahí que deberán esperar para retomar el análisis del tema.

Lamentó que los funcionarios sólo abunden en declaraciones, no sólo para este caso, sino para muchos otros de interés nacional. "“La amplitud de las declaraciones, no coincide con la amplitud operativa”", comentó.

Este domingo se cumplen dos años de que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron vistos por última vez en la capital de Oaxaca. Semanas después, el grupo guerrillero detonó bombas en instalaciones de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno la presentación con vida de sus compañeros, en cuya desaparición aseguran que intervinieron elementos policiales y militares.

Casi un año después, el EPR propuso a un grupo de personajes (Montemayor, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Juan de Dios Hernández) para que fungieran como mediadores con el gobierno federal, con el único fin de hallar a los desaparecidos. Sin embargo, el mes pasado, casi un año después de iniciada su tarea –y sin resultados acerca de la indagatoria de la PGR–, la comisión de mediación dio por concluida su misión ante la "“falta de voluntad política de las autoridades”".

El subsecretario Gutiérrez informó (La Jornada, 20 de mayo de 2009) que continúa la investigación tanto para hallar a los eperristas como para dar con los responsables de los atentados en Pemex.

Al respecto, López y Rivas dijo que tales afirmaciones sólo confirman la percepción de que el gobierno federal asume actitudes de "“estadolatría”" en las que invoca el estado de derecho pero en realidad hay un "“Estado represivo, burócrata y cómplice”", con la intención de preservar la etapa de guerra sucia contra los movimientos sociales y de criminalización de las protestas.

Para González Ruiz, "“la declaración de Gerónimo Gutiérrez ratifica mi opinión de que no hay voluntad política para hallar a los desaparecidos, porque repite mecánicamente lo que vienen diciendo desde hace dos años. No hay una sola aportación real que sea equivalente a la tregua del EPR. El gobierno sólo busca la vía de presentar huesos y asumir así una salida perversa”".

Doble discurso oficial: ONG

La Red Todos los Derechos para Todos y el Observatorio Eclesial señalaron que el gobierno federal no depura los mecanismos "“para la identificación de riesgos”" que puedan amenazar la seguridad nacional, lo que en realidad hace es mantener un doble discurso para justificar su política de criminalización de la protesta social mediante acciones de hostigamiento a dirigentes y representantes sociales que reivindican y exigen de forma pacífica el respeto a los derechos humanos.

Luego del señalamiento del gobierno federal, por conducto del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, la Red indicó que este supuesto trabajo de depuración y detección de grupos armados "“en muchos casos lo que en realidad significa seguimiento y hostigamiento a movimientos sociales”".

Las agrupaciones civiles –afirmó– buscan reivindicar y exigir el respeto a sus derechos humanos y la defensa pacífica de sus causas, “pero en muchos casos se les descalifica y se les niega una solución con acusaciones –a veces más abiertas o veladas– de que pudieran estar implicadas con grupos armados”, afirmó Édgar Cortés, presidente de la organización no gubernamental.

"“Un caso muy concreto es el de la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos de la Zona de la Montaña de Guerrero, que son señalados por supuestas relaciones con grupos armados sin que haya evidencia de tal cosa”", dijo.



¡Presos Políticos Libertad!

fcpcdls@yahoo.com

CAMPAÑA POR LA

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE BACHAJÓN, CHIAPAS!



En los casi 100 kilómetros entre Ocosingo y Palenque, donde se ubica el crucero de Agua Azul, sus cascadas, el ejido y el río del mismo nombre, las inversiones gubernamentales y privadas pretenden desarrollar ambiciosos proyectos ecoturísticos para lo que quieren construir la autopista San Cristóbal-Palenque, lo que implica una de las formas de despojo de las comunidades indígenas asentadas en esa zona. Estos recursos naturales han traído como consecuencia el aumento de presos políticos, de la militarización, de la tortura y las violaciones a los derechos humanos. A esta situación se suma un hostigamiento constante contra el EZLN, contra las comunidades que construyen nuevas formas de vivir, con respeto a la naturaleza.

En esta zona de Agua Azul, el gobierno estatal chiapaneco realizó una aparatosa operación policiaca del 13 al 18 de abril de este año, en la cual detuvo, arraigó y encarceló en El Amate a ocho campesinos tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, culpándolos de los asaltos que hay allí. El 17 de mayo liberó a Miguel Vázquez Moreno, Base de Apoyo del EZLN pero siguen presos los otros 7 indígenas tzeltales, que son miembros de La Otra Campaña: del ejido San Sebastián Bachajón: Antonio Gómez Saragos, Jerónimo Moreno Deara, Jerónimo Gómez Saragos, Pedro Demeza Deara, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara y Alfredo Gómez Moreno

A su vez, desde el 7 de mayo de 2009, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Morelia, Chiapas, tiene en custodia dos de los verdaderos asaltantes en la zona Ocosingo-Palenque: Manuel Pérez Gómez y Manuel Gómez Vázquez, mostrando cómo el sistema de justicia de las comunidades zapatistas es más eficiente que el oficial, que además de darles a los asaltantes un trato humano, han presentado pruebas de la inocencia de los detenidos.

La Junta de Buen Gobierno pide estar “pendientes en todo lo que está pasando…porque todas las injusticias que estamos viviendo son parte del plan de exterminio para nuestros pueblos indígenas”

y hacen un llamado: “es importante que prevalezcamos nuestra unidad y la solidaridad de ustedes para seguir juntos soñar el cambio de un nuevo mundo para poder vivir una vida verdadera donde nos encontremos y que vivamos todos y todas una vida digna, justa y verdadera.”

LOS INVITAMOS A SUMARSE A LA EXIGENCIA DE LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE BACHAJÓN EN CHIAPAS

SÁBADO 30 DE MAYO, EN LA GLORIETA DE ZAPATA, A LAS 12 HORAS

COLECTIVOS, GRUPOS, ADHERENTES Y SIMPATIZANTES DE LA OTRA CAMPAÑA EN MORELO

RED ESTATAL CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD EN MORELOS

cgtmexico@cgt.org.es



A los Compañeros Presos Políticos del penal del Amate

A las Compañeras y Compañeros Bases de Apoyo del EZLN

A las Juntas de Buen Gobierno

A la Comisión Sexta

A los Colectivos e individuos de La Otra Campaña

Ante la injusta detención, el pasado 8 de abril, de Miguel Vázquez Moreno, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Pedro Demeza Deara, Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara y Miguel Demeza Jiménez, integrantes de La Otra Campaña, pertenecientes al ejido San Sebastián Bachajón.

Ante las constantes amenazas y agresiones que los pueblos zapatistas están sufriendo por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (OSCAO), del grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y de elementos de la Seguridad Pública y las Policías Preventivas de Caminos.

Ante todas estas injusticias, la Confederación General del Trabajo (CGT) del Estado Español quiere manifestar su más enérgico rechazo. Consideramos estas agresiones como una ofensiva a los Municipios Rebeldes Autónomos Zapatistas llevada a cabo por parte de los tres niveles de gobierno, el estatal de Juan Sabines (PRD), el Federal de Felipe Calderón (PAN) y el Municipal de Antonio Moreno (PRI).

Los detenidos están falsamente acusados de asaltar caminos, pero los verdaderos responsables de los asaltos están claramente identificados y permanecen en libertad. Se han vulnerado los derechos de los acusados con tratos inhumanos durante la aprehensión y el traslado, así como la obstrucción de la labor de los abogados.

En realidad estamos frente a la lucha de un pueblo por su libertad y su dignidad. Y este derecho legítimo es convertido, mediante falsas acusaciones por parte de los tres niveles del mal gobierno, en un delito. Las personas tienen el derecho de decidir qué hacer con los recursos existentes en el lugar donde habitan y este derecho debe estar por encima de los intereses turístico-económicos de empresas o multinacionales. Porque el verdadero trasfondo del problema es la digna lucha que están llevando la Comunidades Zapatistas en defensa de su tierra, el agua… y por lo tanto de la vida, frente a proyectos como el corredor turístico “Centro Integralmente Planificado Palenque-Agua Azul”.

Consideramos justa la lucha de los Municipios Rebeldes Autónomos Zapatistas por su oposición frontal a los planes económicos y exigimos la libertad inmediata de los 8 compañeros indígenas Tzeltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del municipio de Bachajón.

Desde la CGT nos sumamos al llamamiento que realizan Colectivos e Individuos de La Otra Campaña para luchar por la liberación de Miguel Vázquez Moreno y los otros 7 compañeros detenidos, así como por el cese del hostigamiento en contra de las Comunidades Zapatistas.

¡Libertad inmediata a Miguel Vázquez base de apoyo del EZLN ¡

¡Libertad inmediata para los 7 adherentes a La Otra Campaña!

¡Libertad a todos los presos políticos!

¡Alto a la guerra contra las Comunidades Zapatistas!



Notas sobre la Represión

redlatinasinfronteras@yahoo.es

Por Daniel Arellano Chávez, Kaos en la Red, 6 de mayo de 2009

Tropas en Ocotlán.

La represión desencadenada brutalmente el 25 de noviembre de 2006, no fue suficiente para terminar con las luchas de los pueblos de Oaxaca, este 6 de mayo de 2009; esto se comprueba, la represión otra vez es el sello que define este día negro para la comunidad de Magdalena en San José del Progreso Ocotlán Oaxaca.

Una vez más las mismas escenas que se vivieron en el Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, en Atenco Estado de México, en Chinkultic Chiapas, en Tres Marías, Amayuca, Xoxocotla Morelos, en Minatitlán Veracruz, en Puebla, en la misma Oaxaca; estuvieron a la vista ahora de los pobladores del Valle de Ocotlán, por la mañana una inmensa columna que a lo lejos se tornaba de color negro apareció por la carretera.

En un primer conteo 54 camionetas abarrotadas de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Policía Estatal se aproximaban a la mina que se quiere imponer en la zona; el conteo de los convoyes subsecuentes ya era en vano hacerlo, el horizonte se llenó de los represores que avanzaban para devolverle a las mineras Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, y la empresa subsidiaria prestanombre mexicana Cia. Minera Cuzcatlán, S.A. de C.V. el control sobre las tierras del pueblo de Ocotlán.

Avance al que no le importó un cinturón humano, integrado por mujeres de la comunidad que les hicieron frente, desde muy jóvenes hasta ancianas que fueron empujadas y golpeadas por los represores, quedando envueltas entre los mismos efectivos, posteriormente señalando a los pobladores para lanzar incontables descargas de gas lacrimógeno, intentando impactar fatalmente en los cuerpos y cabezas de las personas.

En meditada decisión los pobladores no quisieron enfrentamiento; a la represión enviada por los asesinos Felipe Calderón y Ulises Ruiz, se decidió resistir bloqueando los caminos, y esperar a las entradas de la población el avance de la PFP y Policía estatal; finalmente los represores llegaron a la comunidad y sin justificación alguna empezaron a entrar en las casas, destrozando puertas, tirando al suelo las cosas que encontraban y deteniendo arbitrariamente a por lo menos 23 personas entre ellas un niño y ancianos.

Cabe destacar que como medida de presion en la ciudad de Oaxaca se realizó un bloqueo vial a la altura de la Experimental, iniciado por jóvenes anarquistas, el sector Ocotlán del magisterio no se atrevió a realizar el bloqueo, en cambio se deslindó pues sus líderes seccionales no lo aprobaron.

Antes de caer la noche, inició un retiro parcial de las fuerzas represivas, sin embargo las comunidades continúan sitiadas, mientras a unos kilómetros de la comunidad de Magdalena y de la mina donde se encontraba el grueso de fuerzas policiacas; en el centro de Ocotlán se realizaba una concentración de personas en repudio a la represión y en solidaridad a la resistencia de los pueblos agraviados.

Dos convoyes de represores se encontraron frente a la concentración, al menos 13 vehículos; las camionetas de la Policía Estatal números: 686 con 6 elementos, la 852 con 7, la 1180 con 6, la 1058 con 8. la 1078 con 6, la 1114 con 7, entre otras que fueron insultados a su paso, y cuyos elementos fueron señalados como lo que son: ASESINOS.

Se hace urgente difundir la información acerca de esta represión contra los pueblos que defienden su tierra y territorio, dado que a lo largo del día y como parte de la represión en la zona se cortaron las señales de teléfono celular y de teléfonos de casa; así mismo fueron bloqueadas en Internet las páginas de varios medios libres de Oaxaca, además que las radios alternativas como Radio Plantón fueron interferidas, hasta el fin de este 6 de mayo la interferencia continúa, un cruento ataque contra los medios alternativos, en una estrategia similar a la de la represión del 16 de julio de 2007.

Por la noche frente a las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca se realizó un mitin, en él se dijo que los presos políticos serán liberados, sin embargo no hay certeza si esto es cierto, que quienes supuestamente fueron liberados efectivamente están en las calles y si los que siguen presos serán liberados inmediatamente, así que los gritos de ¡No estamos todos, faltan los presos! ¡Zapata Vive la Lucha Sigue!

¡MAGDALENA VIVE LA LUCHA SIGUE! Se hicieron presentes, así como ¡Ulises entiende la tierra no se vende!, además de ¡Ojo por ojo diente por diente, Ulises Asesino la cuenta esta pendiente!

Cabe agregar que la empresa Cuzcatlán tiene una oficina en Oaxaca ubicada en la calle de Amapolas # 801, segundo piso, (esquina con naranjos) en la Colonia Reforma CP 68050 y el teléfono de esta oficina es 50 200 10. Es urgente que se siga al pendiente de la situación, dado que no hay un retiro total de las fuerzas represoras que instalaron su cuartel en la Mina, así termina este día en Oaxaca, con represión otra vez.

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“Posible tráfico de armas en el Ejército”, causa del asesinato de mi hijo: Cortés G.



José Guerrero Jalomo

* Cervantes Aguirre conducía la Sedena * Macedo de la Concha no aclaró el crimen del subteniente Vargas * 40 toneladas de armamento comprado en Estados Unidos * Presuntamente regresaron en nueve vuelos de Santa Lucía a Dallas y San Antonio, Texas * Se modificó en su estructura la base militar



La expectación que causó el encuentro de Barack Obama con el presidente Felipe Calderón Hinojosa se originó entre los integrantes del gabinete de seguridad y otros funcionarios del primer círculo del gobierno federal, cuyo titular no pudo explicar al mandatario estadunidense cómo surgió al inicio del régimen la declaración de guerra al narcotráfico, sin antes haber evaluado al enemigo.

Nunca hubo una información oficial en la que se difundieran las bases para iniciar el ataque a la delincuencia organizada; la orden del mando superior de las fuerzas armadas, es decir, del presidente de la República, fue que se recuperarían los espacios que tenía el crimen organizado, sin haber conocido el problema ni en su magnitud ni en sus orígenes. Mucho menos en sus consecuencias.

Si estos temas fueron abordados en la reunión con el presidente Obama, no se informó, pero Calderón y sus colaboradores del gabinete de seguridad tuvieron que reconocer, por la fuerza de los hechos, que se comenzó a combatir al narcotráfico sin antes haber estudiado sus causas y la trascendencia que tendría la decisión presidencial de enfrentar a un enemigo al que sólo se conocía de oídas, o a través de los medios. Ni siquiera pensaron en las infiltraciones de que ya eran objeto los cuerpos policiacos y la milicia.

Después vendrían las malas noticias. Hasta marzo de 2009 ya habían muerto más de 10 mil personas entre militares, agentes federales, estatales y municipales, de un lado, y presuntos narcotraficantes, sicarios y burreros, además de funcionarios y ciudadanos de todas las edades, incluidos niños, que nada tienen que ver en esta lucha que no tiene fin.

Una secuela de filtraciones a través de la prensa, noticieros de radio y televisión permitió a la sociedad conocer que el crimen organizado se había colado hasta la entraña del gobierno. Es decir, cuando alcanzó a los mismos efectivos de los guardias presidenciales, que vigilan las giras del primer mandatario por el país.

Estas y otras reflexiones tuvieron lugar en un encuentro de Forum con dos mujeres que accedieron a documentos del Ejército que datan de 1994 y que sugieren la consignación de un tráfico de armas de militares mexicanos que llevaron unas 40 toneladas de armamento a traficantes de Dallas y San Antonio, Texas. El único testigo que falleció era hijo de una de ellas.



Las armas, clave del auge del narcotráfico



El detalle de muchos temas abordados entre los mandatarios de México y de Estados Unidos no fue conocido, pero sí que el estadunidense Barack Obama se comprometió con México a trabajar para reducir el tráfico ilegal de armas de asalto que terminan en poder de los cárteles de las drogas.

Al término de una reunión de trabajo con Calderón, Obama advirtió que le parecía imposible tener como objetivo eliminar el tráfico de drogas y armas y coincidió con su homólogo mexicano en que “no se puede combatir esta guerra sólo con una mano”, por lo que los esfuerzos para afrontar el narcotráfico deben estar coordinados.

En el encuentro los dos presidentes reconocieron la urgencia de contener en la frontera a quienes introducen armas a México a través de las correspondientes restricciones por parte del gobierno del vecino país y Obama ofreció que colaboraría para frenar ese tráfico de armas con la aplicación de las leyes de su país (El Gráfico, 17-IV-09).

Ese mismo día, la prensa dio cuenta de varios hechos: La banda de sicarios mexicanos conocida como Los zetas extendió en Guatemala sus operaciones de trasiego de armas de alto poder que trafican desde México a través de “puntos ciegos” de la frontera, informó el fiscal contra la narcoactividad de ese país, Leonel Ruiz.

Explicó el funcionario guatemalteco que ese grupo delictivo, brazo armado del cártel del Golfo, “también se está dedicando al tráfico de armas, las cuales introduce a través de los “puntos ciegos” de la frontera, que son los pasos ilegales que no cuentan con vigilancia de las autoridades fronterizas y que son utilizados por los grupos delictivos para traficar armas, personas y drogas (Milenio y Ovaciones).

Otra información relacionada con la actividad de la delincuencia organizada fue consignada por la prensa como un enfrentamiento de presuntos narcotraficantes con militares en el que murieron 15 de aquéllos y un militar y donde otro uniformado resultó lesionado de gravedad. Los hechos se suscitaron en la sierra de San Miguel Totolapa, Guerrero.

El diario La Crónica refirió que el procurador de Justicia estatal, Eduardo Murueta Urrutia, informó que los efectivos provenían de las zonas militares 35 y 27, de donde enviaron refuerzos para controlar la situación y a bordo de helicópteros y otros vehículos terrestres persiguieron a los sicarios que atacaron a los efectivos que se replegaron y dominaron la situación durante cuatro enfrentamientos armados en el paraje conocido como El Rosario, cerca de la comunidad de San Nicolás del Oro, del municipio de Linda Vista.

Los militares les decomisaron a los presuntos narcotraficantes camionetas a bordo de las cuales transportaban mariguana en greña y un arsenal. Casi a diario son decomisadas armas de alto poder, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.



Un crimen y un criminal



Es doña María del Rosario Cortés García y su hija Andrea, de la que no se da su nombre verdadero para evitar las represalias. Ambas han perdido prácticamente su identidad por las desgracias. Es decir, prefieren vivir en el anonimato, luego de haber sido objeto de amenazas por parte de militares.

La señora Cortés denunció el crimen de su hijo José Raúl Vargas Cortés, subteniente egresado del Colegio Militar, quien a meses de haber concluido su carrera fue nombrado como titular del Depósito de Abastecimientos Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana en la base militar de Santa Lucía, donde descubrió a unos meses de desempeñar su cargo, un manejo irregular de los aviones militares, que fueron utilizados para sacar del país armamento que antes adquirió la Secretaría de la Defensa Nacional en Estados Unidos.

Este presunto tráfico llegó a motivar una investigación interna al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero a la llegada a la Presidencia de Vicente Fox se ordenó cancelar la averiguación.

Los hechos fueron en los meses de septiembre y octubre de 1994. En ese lapso, según obra en documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), salieron aviones a las ciudades de Dallas y San Antonio Texas, con 40 toneladas. Este tráfico fue descubierto por el joven militar, quien fue reprimido por sus propios jefes, uno de los cuales lo asesinó al pie de un avión en presencia de efectivos que atestiguaron el crimen artero que por todos los medios fue encubierto.

Desde entonces doña Rosario no paró en denunciar el asesinato artero de su hijo, que fue difundido en 2002. Fox ordenó a su secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Gerardo Vega García, la investigación del crimen.

La información de esta investigación militar se publicó en julio de 2003 en la revista Forum. Cuando ocurrieron los hechos el procurador militar era el general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador general de la República con Fox y que nunca aclaró el homicidio y cobijó al homicida, un mayor del Ejército al mando de la base aérea de Santa Lucía, en el estado de México.

Después de meses de las pesquisas, de ir y venir a las instalaciones de la Sedena, del Hospital Central Militar, la base aérea de Santa Lucía y de obligar a la Procuraduría General Militar (PGJM) a intervenir, de todos modos prevaleció la impunidad y se prefirió proteger al presunto responsable, quien a la fecha anda suelto. No se ha querido identificarlo por la PGJM.

Uno de los que participó en la farsa de la supuesta investigación fue un mayor de apellidos López Frausto, médico militar, quien tuvo que ver en los trámites para la autopsia del cuerpo sin vida del joven militar sacrificado en aras de ocultar un tráfico de armas que salieron a las dos ciudades estadunidenses. Este personaje ocultó evidencias para que su compañero de armas, el señalado como presunto responsable, evadiera la acción de la justicia militar.

“No creo en las casualidades”, comenta doña Rosario. López Frausto tuvo la forma de conocer a la hermana del occiso y la enamoró. Después de un tiempo de relación, se casó con ella y nació un hijo que a la fecha tiene tres años de edad. Presume doña Rosario que con esta relación López Frausto compró impunidad.



Los vuelos misteriosos



Recordó que cuando la joven se encontraba enfrentando un embarazo de alto riesgo, el médico le negó el derecho a ser atendida en el Hospital Central Militar donde él mismo prestó sus servicios hasta hace unos años, antes de trasladarse a Guadalajara, Jalisco, y después a Nayarit. Fue obligado por el general Vega García a reafiliar a su esposa, quien dio a luz bajo la vigilancia de un custodio asignado para evitar que el padre fuera a atentar contra su propio hijo, al que pretendió sustraer ilegalmente, contra la voluntad de la madre, de la que estaba en proceso de divorcio.

Pese a una orden judicial, el divorcio no se ha concretado desde hace tres años y doña Rosario no duda que el mayor López Frausto haya intervenido para evitar la separación legal.

López Frausto sigue rechazando afiliar a su propio hijo y con ello niega el derecho a la salud al pequeño. La Sedena también cierra el paso a la madre del infante, porque la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) permite afiliar no a la esposa, sino a la concubina, como en el caso de López Frausto.

La joven madre es una profesional que ha trabajado ya en el Hospital Central Militar y actualmente presta sus servicios profesionales en un hospital privado del estado de México, pero igual que su madre, ha tenido que cambiar de domicilio en varias ocasiones en que ambas fueron amagadas por militares que les pedían que dejaran de exigir el esclarecimiento del joven militar que en 1994 fue sacrificado y a la fecha se desconoce tanto el móvil como la identidad del asesino material.

Del crimen y la investigación realizada se integró el expediente AP.SC/323/2002-Y, que consta de cinco tomos y cerca de 500 fojas. Al mismo voluminoso documento se agregaron dos fojas en las que existe una prueba irrefutable del uso de los aviones militares en vuelos en los que se precisan las fechas del 24 de septiembre al 31 de octubre de 1994, en total nueve vuelos a Dallas y San Antonio, Texas, en los que la tripulación consignó “sin conocimiento de la carga”, pero sí aparecen los nombres de los tripulantes.

Se mencionan entre las tripulaciones de esos nueve vuelos el 24, 25, 28 y 29 de septiembre de 1994 y el 12, 14, 24, 26 y 31 de octubre de ese mismo año, a: Víctor Noble Contreras, José Robles Peña, Salvador Pedroza Fajardo, Guillermo Álvarez Gutiérrez, Sergio Favela Moreno, Ángel Juárez Giles, Juan Lazcano Dávila y Gilberto Sahagún Nuño. Todos ellos declararon, según el documento, que el avión iba “vacío”, en el primer viaje y “sin conocimiento de carga” en los restantes viajes.

Otros tripulantes fueron Enrique Vallín Osuna, Rogelio Meléndez López, Guillermo Álvarez Gutiérrez, Edgar Rodríguez Franco, Godofredo Aguilar García, Eduardo Reyes Reyes, Luis García y Roberto Lillo de Jesús, quienes consignaron que en uno de sus viajes trasladaron 10.5 toneladas, en otro fueron 12 y en otro 635 kilos.

“Mi hijo, por necesidad de reportar a la superioridad, tuvo que enterarse de algún modo del contenido de la carga, que se supone fueron 40 toneladas –¿de armas? Se preguntó–, “quien sabe, eso quedó en el misterio”. El caso es que doña Rosario refirió que de tajo se suspendió la investigación de la muerte de su hijo, y para ocultar toda evidencia, se modificó en su estructura la base de Santa Lucía, se levantaron pisos, destruyeron algunas instalaciones y desaparecieron el Depósito de Abastecimientos Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana.



Sobre Minera San Xavier

enriqueriverasierra@yahoo.com.mx

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MINERA SAN XAVIER PIERDE JUICIO

INFORMA ABOGADO HECTOR BARRI



Mayo 2009.

Nuevamente el NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL DF. emitió sentencia a favor de PRO SAN LUIS ECOLOGICO, A.C. y en contra de MINERA SAN XAVIER, S.A. DE CV.

En esta nueva sentencia ordenó al Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitir y resolver el fondo del Recurso de Queja que interpusieron el Abogado Héctor Raúl Barri González y su hijo el también abogado Héctor Barri Pascacio porque en forma ilegal la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, volvió a otorgar en el año 2006 un permiso a Minera San Xavier, filial de la empresa canadiense New Gold, para el proyecto de explotación de oro y plata en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, bajo el proceso de explosiones de tajo a cielo abierto, violando las sentencias ejecutoriadas y definitivas de los más altos tribunales de nuestro País que habían nulificado el proyecto y el cambio de uso de suelo por ser rotundamente violatorios de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a Decretos Estatales y a la Norma Oficial Mexicana.

Ahora, a DIEZ AÑOS de haber iniciado el Lic. Héctor Barri la defensa del patrimonio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, como Representante Legal de Pro San Luis Ecológico, A.C. vuelve a obtener sentencia favorable a favor del pueblo y en contra de la Minera San Xavier.

La nueva sentencia es contundente y ordena al Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolver el Recurso de Queja que hace 2 años interpuso el abogado Barri y que arbitrariamente sin motivos y fundamentos legales 6 de los 11 Magistrados de dicho Pleno habían rechazado, con lo que beneficiaron a la Minera San Xavier y a su siempre aliada SEMARNAT.

Es importante aclarar que hace 2 años el Recurso de Queja fue interpuesto por el Abogado de Pro San Luis Ecológico, A.C. porque la SEMARNAT (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental) emitió nuevo permiso a Minera San Xavier a pesar de que los Tribunales Federales lo habían nulificado por ilegal y sentenciado que “NI EN FORMA CONDICIONADA” procedía el permiso minero, lo que quedó como “COSA JUZGADA” y definitiva.

Así, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé el Recurso de Queja para que sin más demora el Tribunal Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo declare nulo el segundo permiso minero, pues basta que constate que la SEMARNAT no cumplió con la sentencia que declaró ilegal el primero de los permisos, pues el fondo del asunto es COSA JUZGADA con sentencia FIRME.

Por lo anterior, a los once Magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , sólo les queda cumplir con lo que les acaba de ordenar el Noveno Tribunal Colegiado, esto es, que entren al conocimiento del Recurso de Queja y simplemente analicen si el segundo permiso minero que otorgó la SEMARNAT a Minera San Xavier, cumple o no con las sentencias firmes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y emitan el fallo correspondiente.

En resumen, el fallo correspondiente que deberá emitir el Pleno del Tribunal Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo solamente puede ser declarando la nulidad del segundo permiso minero y la suspensión de los trabajos de la filial extranjera.

No obstante lo anterior, el Abogado Héctor Barri señala que hay tantos intereses detrás de las actividades de la Minera San Xavier, que existen aún posibilidades de que el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por conducto de su aliado el Magistrado Alejandro Sánchez, busque incumplir con la nueva sentencia y darle el apoyo directo o indirecto a la empresa minera, o en su caso facultar a la Semarnat para darle nueva oportunidad de reforzar u otorgar nuevamente permiso a la trasnacional, razón por la cual estará vigilando la respuesta del Tribunal Administrativo y las acciones de la Semarnat, pues en su opinión han demostrado su inclinación a favor de la Minera San Xavier a pesar de los fallos definitivos del PODER JUDICIAL FEDERAL que declararon ilegal y en contra del medio ambiente el permiso minero y de cambio de uso de suelo.

El abogado Héctor Barri también buscará un diálogo con el Gobernador del Estado para explicarle este asunto y lograr su total imparcialidad, ya que se sabe de la cercanía que ha tenido éste con la Minera San Xavier.

Represión en el Sahara occidental; La ONU no oye nada, no ve nada…

Desde mayo de 2005, la población saharaui de los territorios ocupados por Marruecos en 1975 lleva a cabo una sublevación popular pacífica contra la ocupación y la colonización. A pesar de la violenta represión, que se traduce en detenciones, secuestros, torturas y desapariciones, regularmente se organizan manifestaciones para exigir el derecho a la autodeterminación. Esta movilización se ha extendido en las universidades marroquíes, donde los estudiantes saharauis multiplican las adhesiones. Los estudiantes padecen la misma represión: detenciones y duras penas de prisión tras juicios amañados. Tres de ellos, detenidos en la cárcel de Boulemharez, en Marrakech: Ibrahim Benaz, Ablagh Ali Salem y Abu Hassan Khallilena, condenados y encarcelados por participar en una manifestación, han seguido una huelga de hambre durante 56 días para denunciar sus deplorables condiciones de detención y reclamar los derechos de los presos políticos.

El muro de silencio de los medios de comunicación

Esas violaciones de los derechos humanos se denunciaron en la décima sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2 al 27 de marzo en Ginebra por numerosas organizaciones internacionales: «Fondation France Libertés», Société internationale des droits de l’homme», «Mouvement International de jeunes et d’étudiants por les Nationes unies», «Fédération syndicale mondiale» (FSM). Pero los grandes medios de comunicación occidentales y los «intelectuales» que se autoproclaman defensores de los derechos humanos (muchos de ellos pasan sus vacaciones o fines de semana en Marruecos o poseen una casa allí) ¡no dicen ni una palabra! Este muro de silencio apenas se agrieta por dos informes recientes de la asociación estadounidense «Human Rights Watch» en diciembre de 2008 y de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo en marzo de 2009. Esos dos informes, elaborados a partir de visitas sobre el terreno y de entrevistas con las asociaciones saharauis, confirman los testimonios de las misiones civiles de observación y de los abogados y magistrados presentes en los procesos de los militantes saharauis: el ejército de ocupación marroquí ejerce una política represiva contra la población saharaui, que no dispone de la libertad de expresión, de asociación y de manifestación; las violaciones de los derechos humanos están relacionadas con rechazo de las autoridades marroquíes a reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Incluso la reivindicación de este derecho en las declaraciones o manifestaciones está prohibida, reprimida y penalizada con la cárcel.

Francia, portavoz de Marruecos.

Frente a esta situación, cada vez más preocupante, numerosas asociaciones de derechos humanos saharauis e internacionales han solicitado una ampliación del mandato de la misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental (MINURSO) para que se vigile el respeto de los derechos humanos. En efecto, los Cascos Azules de la ONU presentes en la zona no tienen derecho a intervenir ni siquiera cuando se maltrata a los saharauis en su presencia. Como ha señalado el representante de Uganda en el Consejo de Seguridad de la ONU: «En ese sentido, la MINURSO es la única misión de la ONU que no incluye un componente de «derechos humanos» a pesar de la enorme necesidad que existe sobre el terreno».

Las Naciones Unidas, que normalmente son las encargadas de aplicar el derecho internacional, en realidad sólo obedecen a las grandes potencias que defienden sus intereses económicos, comerciales y estratégicos. Este caso se da especialmente el caso en el Sahara occidental. A pesar de las numerosas intervenciones ante el Secretario General Ban Ki Moon y los miembros del Consejo de Seguridad, la resolución adoptada el 30 de abril por el Consejo de seguridad se conforma con prorrogar el mandato de la MINURSO durante un año más e invitar a Marruecos y al Frente Polisario a proseguir sus negociaciones. Una forma real de no hacer caso de las solicitudes prórroga del mandato de la MINURSO. Como precisó Ban Ki Moon: La MINURSO no tiene un mandato específico relativo a los derechos humanos y la Alta Comisaría de los Derechos Humanos no está presente en el territorio.

Los saharauis pueden seguir sufriendo la ocupación, ver cómo se prohíben sus asociaciones, padecer torturas y encarcelamientos; la ONU cierra los ojos y deja las manos libres a Marruecos.

Una vez más, el gobierno francés es el mejor portavoz de Marruecos en los foros de la ONU. Como señaló el diario Le Monde del 4 de mayo, es Francia quien ha «bloqueado el dossier de los derechos humanos» y quien ha rechazado que «el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogue el mandato de los Cascos Azules». También ha sido Francia, por medio de su representante en la ONU, Jean Maurice Ripert, quien ha apoyado sin reservas el plan de autonomía de Marruecos que hace escarnio del derecho internacional basado en el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, es decir, el derecho a la autodeterminación.

Debe proseguir la movilización ante las Naciones Unidas y los gobiernos de la Unión Europea (prioritariamente ante el gobierno francés) para el establecimiento de un mecanismo internacional que proteja a la población saharaui. Dicha movilización, por supuesto, deberá exigir el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui con la celebración de un referéndum que le permita decidir sobre su futuro entre la adhesión a Marruecos, la autonomía bajo soberanía marroquí o la independencia. Si ese referéndum, que debería haber organizado la ONU en 1992 en paralelo con el alto el fuego aceptado por el Frente Polisario, se sigue posponiendo indefinidamente, ¿no habría que temer un retorno a la guerra para conseguir que se reconozcan los derechos del pueblo saharaui? Eso es lo que recuerda el secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, en el periódico argelino Jeune Indépendant: «La opción de la vuelta a la guerra está presente en el Frente Polisario en el caso de que fracasen las negociaciones.

Jean-Paul Le Marec /18-05-2009
Le Grand Soir

Traducido para Rebelión por Caty R.

Texto original en francés: http://www.legrandsoir.info/article8572.html

Se disfrazan de levantones las desapariciones forzadas (México)

-La mafia gubernamental nada más ha cambiado de fisonomía

-En los gobiernos priístas nos dejaban entrar a Gobernación. Ahora no. Ponen unas mallas horrendas en Bucareli y no dejan pasar a nadie. Ahora los panistas están más ensoberbecidos o les falta tacto, voluntad política. Por eso la comisión de mediación sobre dirigentes del EPR paró en seco

Personas desaparecidas, averiguaciones judiciales estériles, resguardos clandestinos y familias desesperadas. No es 1974, sino 2009.

Junto con la impunidad, las desapariciones forzadas de personas persisten en México, pero ahora disfrazadas de levantones supuestamente perpetrados por el narcotráfico, advierte Rosario Ibarra de Piedra, directora del Comité Eureka.

Al cumplirse dos años de las desapariciones de al menos 38 personas pertenecientes o vinculadas al sindicato petrolero, la también senadora se lamenta de lo que ocurre en el país y particularmente en Nuevo León, su tierra.

“¡Esto debería ser un escándalo nacional! Eso es lo que a mí me aterra: que vean estos casos como algo que le puede suceder a cualquiera. ¡Nada de que es el narcotráfico, eso no es cierto! Los de la delincuencia organizada tienen un modus operandi particular.

Las desapariciones de petroleros tienen que ver con policías y soldados, con órdenes de alto nivel. Es necesario que el gobierno federal aclare esta situación. Felipe Calderón tiene que entrarle, aun cuando heredó por fraude la Presidencia, señala Rosario Ibarra, con la experiencia que le ha dado una inquebrantable lucha para encontrar a su hijo Jesús, secuestrado por policías judiciales en abril de 1975.

557 expedientes

El Comité Eureka –integrado por familiares de desaparecidos– tiene actualmente un saldo histórico de 557 expedientes de desaparecidos, la mayoría en el sexenio de Luis Echeverría.

Sin embargo, los documentos se acumulan tras la desaparición de los petroleros de Cadereyta, en mayo de 2007, sin que hasta ahora ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya informado, por lo menos, acerca de avances parciales de la indagatoria.

En ese grupo de personas se encuentra Hilario Vega Zamarripa, al momento de ser secuestrado secretario general de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, gremio que encabeza el priísta Carlos Romero Deschamps.

También fueron secuestrados por varios hombres con armas largas, uniformes negros sin insignias, granadas al cinto y chalecos antibalas (La Jornada, 2 de junio de 2008) David, hermano de Hilario, así como el cuñado de ambos, Víctor Manuel Mendoza Román. Tampoco hay informes judiciales acerca de la desaparición de José Luis Lozano Fernández, ex alcalde de Cadereyta.

Los familiares afirman que el secuestro fue perpetrado por policías y militares con el propósito de trasladar a los petroleros al Distrito Federal, aunque se desconoce el móvil.

El asunto es que los petroleros desaparecidos (algunos en activo y otros jubilados) no eran disidentes, más bien colaboraban con la estructura priísta; de igual forma, aseguran, eran disciplinados, aunque no omiten mencionar, señala Ibarra, que manifestaron su oposición a la venta de Pemex, pero sobre todo que Hilario sería, por estatutos sindicales, el eventual sucesor de Romero Deschamps.

Este gremio permanece en la opacidad y el hermetismo respecto a los hechos; a lo más, sólo ha dicho al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás: ahí le encargo el caso.

Lo peor de todo, agrega doña Rosario, es que la lista de desaparecidos sigue creciendo.

“¿Pensará el gobierno que el secuestro oficial es el remedio para acabar con la inconformidad del pueblo?”, cuestiona.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, expone puntualmente nuevos casos, adicionales a los de los empleados de Pemex, entre los que se encuentran los de José Everardo Lara Hernández, guardaespaldas del alcalde de Santa Catarina; Gerardo Paredes Pérez, camarógrafo de Televisión Azteca, y Gamaliel López Candanosa, reportero de esa misma televisora.

Asimismo, Raymundo Peña Briones, Marco Antonio Zúñiga Solís, Giovanni Urbina Aguilera y Julián Eduy Urbina Aguilera. Los dos últimos, agentes de tránsito de Monterrey, secuestrados en septiembre de 2008.

Además, Julián Urbina Torres, también agente de tránsito de la capital neoleonesa, y Eugenio Zúñiga Castillo, desaparecido desde el 20 de diciembre pasado.

Los de este año: Andrés Batres Sánchez; Gustavo Castañeda Puentes, Juan Manuel Ortiz Rodríguez y Melchor Flores Hernández, mimo identificado como El vaquero galáctico.

Los familiares de dos de los cuatro últimos, secuestrados en febrero, enviaron al gobernador González Parás una carta, en la que lo acusan directamente de ser cómplice en los hechos porque, “siendo la autoridad máxima, ha estado ciego y mudo ante esta situación. Su policía ‘especializada en investigación’, en vez de ponerse a trabajar amedrenta a la ciudadanía para que no denuncie.

“Señor gobernador, si cree que soy un mentiroso, demuéstreme lo contrario. Demuéstreme que no tiene a la ‘delincuencia oficial’ organizada en sus filas”, dice la carta de denuncia de los familiares, signada con la consigna del Comité Eureka: ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!

Tras tantos años en esta lucha, señala Ibarra, “estoy convencida que estamos frente a una mafia gubernamental que nada más ha cambiado de fisonomía.

“Yo hablé 39 veces con Luis Echeverría, y en cada encuentro le decía: ‘señor presidente, si mi hijo es culpable de algo, júzguelo por favor’. Lo mismo digo ahora de los petroleros y de todos los demás: si cometieron algún delito, que los juzguen, pero que no se laven las manos diciendo que se los llevaron los narcos”.

Han pasado 34 años del secuestro de Jesús Piedra Ibarra, identificado en la guerrilla como Rafael Martínez. La última vez que dieron a doña Rosario una referencia de él fue en 1987.

Doce años después de su desaparición, le aseguraron que fue visto en el campo militar de La Joya, en Torreón, Coahuila.

Quizá por ello, la senadora no pierde la esperanza de que los que hoy están desaparecidos sean hallados con vida: “he visto el gozo de las madres al abrazar a sus hijos por los que nunca dejaron de luchar. Disfruto ese gozo, independientemente que no me haya llegado a mí.

En los gobiernos priístas nos dejaban entrar a Gobernación. Ahora no. Ponen unas mallas horrendas en el Reloj Chino (Bucareli) y no dejan pasar a nadie. Ahora están más ensoberbecidos o les falta tacto, voluntad política. Por eso la comisión de mediación (para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario) paró en seco.

La cosa está peor y eso es mucho decir, expresa la dirigente del Comité Eureka. Con una salud inmejorable a sus 82 años de edad, comenta que en el sexenio de José López Portillo fueron rescatadas, vivas, 148 personas que estaban desaparecidas.

Miguel de la Madrid liberó a 370 presos políticos y con Carlos Salinas sólo se registraron 12 desapariciones forzadas, pero hubo más de 600 muertos. Dicen que Salinas creía que tiene menor costo político un muerto que un desaparecido, agrega.

“¿Con Ernesto Zedillo y Vicente Fox? Nos enfrentamos a pura marrullería. El primero se engolosinó con el hallazgo de quién era el subcomandante Marcos, y el segundo nos estampó una instancia burocrática inútil. ¿Ahora, con Calderón? Pura cosa espeluznante. La situación está horrible, horrible. No ha cambiado nada.”