Laberinto paraguayo

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Una escalada de violencia se ha instalado en Paraguay, que va desde la aparición de francotiradores al servicio de patrones rurales, incitadores del enfrentamiento armado, opción que azuzan los principales órganos de prensa que hablan de la existencia de una guerrilla, hasta permanentes asaltos domiciliarios y agresiones en sitios públicos, en lo que presupone una estrategia para crear un clima de inseguridad y miedo entre una población que reclama “cambios ya” y exige mano dura al Presidente Fernando Lugo.

Se ha verificado participación de efectivos policiales en algunos ilícitos, confirmando la versión de que el Ministerio del Interior sería uno de los primeros blancos elegidos por la oposición para impulsar tácticas de ingobernabilidad.

Un rasgo casi común que sobresale en la mayoría de los delitos es el amplio destaque que le reservan los medios de comunicación, buscando un efecto sicológico peligroso, efectista, con apoyo político de personajes de oscuro pasado que continúan encaramados en la estructura del Estado, aliados a alguna representación diplomática extranjera y a grandes agroexportadores, mayoría brasiguayos, que han iniciado una campaña contra el gobierno, aupados en la denuncia de una guerrilla hasta ahora fantasmal.

A dos meses y medio de asumir, Lugo y sus colaboradores exhiben clara incapacidad para repeler esa suma de actos que revelan una grosera estrategia de coptación de los sectores sociales más sensibles, como las mujeres, campesinos y desempleados, los marginados de siempre, cuya mayoría cifró grandes esperanzas en el cambio político que debió comenzar el 15 de agosto, terminando 60 años de poder despótico del Partido Colorado, pero que ya expresan malestar por sentirse desatendidos en sus reclamos.
Las víctimas siguen siendo las mismas

La violencia, explicable en una sociedad sumergida en una cultura autoritaria de dos siglos, se manifiesta hasta en el seno del propio gabinete ministerial del Presidente Fernando Lugo, anomalía que la semana pasada forzó la renuncia de la Vice de Comercio, Gladys Bareiro de Módica, quien confesó estar harta de los insultos y malos tratos proferidos por el titular de esa cartera, Martín Heisecke, un poderoso empresario que financió parte de la campaña electoral luguista.

Ninguna aclaración pronunció Lugo, como tampoco lo hizo en esa ocasión y en la siguiente, al igual que la Secretaría de la Mujer, al menos en forma pública, cuando la semana pasada una joven suboficial de la Academia Militar, fue drogada y luego violada por cinco de sus camaradas de armas, en una demencial orgía sin consentimiento, dado que la víctima aparece como muerta en las fotografías que una amiga, también sádica, gozó filmando.

El juez civil que actuó en la causa, no encontró razones para encarcelar a los abusadores y ordenó que la víctima y sus victimarios, continuaran con las funciones de siempre, es decir, conviviendo en las mismas salas de la Academia, convirtiendo en normal lo anormal. Recién se rectificó y les decretó prisión domiciliaria a los cinco cuando comenzó a oír la indignación de mucha gente.

Los abusos en los cuarteles fue moneda corriente durante los 35 años de la tiranía estronista, que también utilizaba esas instalaciones para torturar y desaparecer opositores políticos, pero el pueblo tiene la facultad de pretender que los derechos elementales de las personas comiencen a ser respetados por el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, que asumió el 15 de agosto.

La Abogada Raquel Talavera denunció días atrás que Carmen Villalba fue torturada en la Cárcel de Mujeres en Asunción, y luego encerrada en una jaula sin poder beber agua siquiera. Tampoco hay información oficial de que ese hecho vandálico haya motivado el interés de Lugo ni de la Secretaria de Estado para la Mujer, Gloria Rubín, referente de la lucha femenina en Paraguay y fundadora de una ONG que dice defender a ese sector social.

Villalba, quien reivindica la lucha armada, está condenada a 25 años de cárcel por supuesta participación en el secuestro, en 2004 en Asunción, de una señora de gran fortuna.

El hecho fue muy confuso y algunos órganos de prensa descartaron el móvil político y lo vincularon con razones económicas y relaciones amorosas entre la víctima y Juan Arrom, presunto jefe de la operación y líder del Partido Patria Libre quien fue secuestrado y torturado días después de la liberación de la señora, en un episodio que involucró a policías y a un Ministro, ahora preso por malversación. Arrom se refugió en Brasil y ahí estaría radicado.

Cerca de 30 mujeres campesinas, de miserable existencia, instaladas en un rincón de una estancia de 17 mil hectáreas, han sido víctimas en los últimos días de agresión y desalojo, con la destrucción de sus humildes pertenencias. La propiedad figura a nombre de un ciudadano alemán no residente y está arrendada por la transnacional Agrosol, que presidiría el también germano Rudolf Handel, dedicada al cultivo mecanizado de la soja transgénica.
Tan ignorantes que parecen campesinos

El Presidente de la Asociación Rural, Néstor Núñez, referente de una clase enemiga de la buena educación y de recurrir al diálogo para buscar alguna salida al eterno conflicto entre latifundistas, buena parte con títulos falsos de propiedad, y campesinos sin tierra, viene amenazando desde hace días con recurrir a las armas para rechazar las invasiones.

En los casi veinte años de gobiernos de transición en Paraguay, más de cien campesinos han sido asesinados, pero ningún victimario o su patrón, ha sido aún encarcelado, pese a las denuncias formales de familiares y de sus organizaciones.

Frente a la postura del gremio patronal, las organizaciones campesinas, que reiteran su apoyo a Lugo, lamentan, sin embargo, la reacción del Presidente cuando afirma que el Estado respaldará a la propiedad privada por todos los medios, actitud que consideran una reconversión de sus promesas durante la campaña electoral, cuando el exObispo reconocía que, en algunas circunstancias, la invasión de latifundios es aceptable.

Pose similar a la del mandatario asume el Ministro del Interior, el socialdemócrata Rafael Filizzola, de reciente viaje a de Colombia, donde buscó asesoría policial para combatir la violencia popular, gestión aplaudida por la nueva Embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, durante los últimos cuatro años Directora en Bogota del USAID, vocero oficioso de esa misión diplomática.

Sobrepasado por las reivindicaciones de las organizaciones campesinas, uno de sus más importantes apoyos desde antes de su triunfo electoral, pero que ahora pronuncian críticas y algunos dirigentes ya hablan de engaños y decepción, Lugo habría mencionado la posibilidad de desplegar unidades del Ejército para combatir los intentos de copamiento de latifundios, lo cual ahondará probablemente la disconformidad de los labriegos.

Estimulados por esas diferencias, representantes del Poder Judicial favorecen la represión y algunos, al incursionar en los medios de comunicación afines, califican a los labriegos de “animales, tan ignorantes que parecen campesinos”.
Los buenos signos son escasos

A poco de cumplirse el bautismal período de los 100 primeros días, una parte del pueblo no entiende cómo el Gobierno no ha encontrado alguna solución a los dramas del desempleo, de los bajos o nulos ingresos, de los miles de niños mendigos que copan las calles y de la penosa subsistencia de un tercio de los seis millones de habitantes, cuya situación podría aliviar un mínimo plan de urgencia alimenticia.

Ni siquiera está cubierta la entrega del vaso de leche en las escuelas públicas, tarea que compromete seriamente a Mercedes Lugo, hermana del Presidente, quien funge de primera dama, sorda al rechazo generalizado.

La Secretaría de Emergencia Nacional ha sido una excepción en un cumplimiento porcentual de sus tareas, pero su presupuesto y equipamiento están desbordados por la demanda de auxilio de cientos de familias víctimas de una ola de vientos huracanados que, en las últimas semanas, les han arrebatado lo poco que tenían. La naturaleza se cobra caro su destrucción en un país que, en 40 años, arrasó con siete millones de hectáreas de bosques y no se interesa seriamente en la reforestación.

Otra excepción plausible es el Ministerio de Salud que ordenó la gratuidad de la atención hospitalaria en todo el país, aunque la medida ha sido juzgada por varios médicos de apresurada y algo voluntarista e impracticable porque los nosocomios fueron vaciados de los materiales más básicos por las anteriores autoridades.

En muchos hospitales no hay ambulancias y donde hay alguna está sin motor o partes de él, y no tienen neumáticos ni equipamiento. Pero ese desface, ni tampoco el vandalismo, invalidan la medida ministerial, de evidente satisfacción social.

También ha sido un estímulo para la gente que pide justicia, la investigación de los grandes ilícitos económicos, que han emprendido los nuevos gerentes en algunos de los organismos del Estado, como las represas binacionales de Itaipú y Yaciretá, puertos, aduana, centros universitarios, empresas industriales, etc.

Sin embargo, ello rápidamente ha despertado desconfianza porque hasta ahora los indagados y cuyos rostros aparecen en la pantalla del televisor, son los cuadros inferiores, mientras que los nombres de sus exjefes enriquecidos, aún no figuran en la lista pública de imputados.
La democracia no llega sólo por deseos

Lugo dice que la etapa de transición a la democracia, que comenzó en 1989 con la caída de la tiranía del General Alfredo Strossner, terminó el día de su asunción al mando, pero ello es difícil de digerir mientras subsista la impunidad para robar y asesinar, y la estructura jurídica y los propios miembros de las altas instancias de justicia obedezcan a la oposición política y financiera y cubran a delincuentes y victimarios.

El nuevo gobierno está en deuda con la demanda popular de investigar a las grandes fortunas que existen en el país, donde destacan familias con un nivel de vida principesco pero con ingresos legales que jamás pueden justificar el gigantesco volumen de sus egresos. Una ecuación a resolver cuanto antes, máxime que muchos de los involucrados en irregularidades financieras, tendrían nexos con la violación de los derechos humanos.

Tampoco cuadra la composición de los estratos sociales, y la persona común, esa que trabaja o intenta encontrar trabajo, para vivir del producto de su esfuerzo, es decir, la gente decente y productora de bienes, con conciencia de que el país ha sido saqueado durante décadas por una rosca mafiosa, y que buscó combatirla eligiendo a Lugo el 20 de abril, comienza a decir que “nada ha cambiado”.

Es cierto que la decepción popular por la conducta de muchos políticos no es privativa de Paraguay, pero aquí es nueva y parece que duele más, pues la mayoría apostó por la moralización nacional.

Si Lugo quiere mantener su capital político, ganado con una excepcional rapidez que amamantó el deseo popular de cambios y el hartazgo ante la delincuencia institucional, tendrá que comenzar a dar muestras de que prioriza la satisfacción de las justas demandas de la población que, aunque en disminución, aún le reserva un alto apoyo.