Liberan a tres presuntos miembros del EPR por no hallar pruebas en su contra

■ Pasaron dos años y diez meses en una prisión de Veracruz

Emir Olivares Alonso

Luego de pasar dos años y diez meses en prisión por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada y terrorismo por aparentemente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), el jueves pasado un magistrado de Veracruz absolvió de esos cargos a los hermanos Jorge y Gerardo Tzomaxtle Tecpile y a Gustavo Robles López al no encontrar evidencias ni pruebas en su contra, por lo que esa misma noche obtuvieron su libertad.
En conferencia de prensa, los recién liberados señalaron que hubo “inconsistencias y violaciones a sus derechos humanos” por parte de autoridades federales y estatales.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad –que llevó el caso– consideró que la resolución del magistrado Rafael Remes Ojeda “está totalmente apegada a derecho” y con ella se revocó la sentencia de un juez estatal del pasado 14 de mayo en contra de los detenidos que les aplicaba cuatro años tres meses de prisión.
Robles y los hermanos Tzompaxtle Tecpile, quienes estaban detenidos en el penal de mediana seguridad de La Toma, municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, afirmaron que pese a la favorable sentencia que obtuvieron el pasado jueves “tenemos miedo” de posibles represalias, por lo que responsabilizaron a las autoridades federales y estatales de su integridad física y sicológica, y la de sus familiares.
Magdalena López Paulino, de la Red, informó que tras la resolución que otorgó la libertad a los “injustamente” inculpados, ratificarán la denuncia que por este caso se interpuso recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el Estado mexicano resarza las garantías de los agraviados.
La organización afirmó que durante el caso se pusieron en evidencia “las múltiples violaciones a los derechos humanos, al juicio justo y al debido proceso que se cometieron de manera sistemática”, y que padecieron los inculpados desde el momento de su detención hasta la sentencia emitida en su contra.
Cabe recordar que estas tres personas fueron detenidas por la Policía Federal Preventiva el 12 de enero de 2006 acusados por el probable delito de cohecho, “fueron incomunicados” por dos días –aseguró la organización– y posteriormente se les inició averiguación previa por delitos relacionados con delincuencia organizada y su probable pertenencia a la organización armada.
Una muestra de las inconsistencias la evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2006: “Del análisis practicado a las evidencias que obran en el expediente, se pudieron acreditar violaciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica en agravio de los señores Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, por parte de servidores públicos de la PFP”.
El 11 de abril de 2007 el grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU aseguró que la detención de los inculpados fue “arbitraria”, además que vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Estado mexicano está obligado a cumplir, por lo que exigió a las autoridades del país adoptar las medidas necesarias para remediar la situación conforme a las normas y principios enunciados en dicho acuerdo.