Decenas de ciudadanos de El Salto y Juanacatlán se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno y el edificio del Congreso local para exigir responsabilidad de las autoridades en el caso de la contaminación en el río Santiago. La protesta se realizó al cumplirse dos años del fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha quien al caer accidentalmente al río y tragar agua contaminada, murió días después. El secretario de Salud del Estado de Jalisco, Alfonso Petersen, presentó un informe basado en encuestas para desechar la gravedad de la degradación del cauce.
El estudio con el que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) determinó que inhalar los vapores del contaminado río Santiago no representa riesgo para la salud de los habitantes “no tiene ningún valor científico”, señaló el investigador de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Gómez Reyna, quien consideró que la metodología utilizada por la dependencia estatal –una encuesta comparativa– no es adecuada para analizar este tipo de problemas.
En su opinión, la SSJ debió realizar estudios clínicos y tomar muestras de sangre, pelo, orina y uñas a los pobladores de El Salto y Juanacatlán para determinar si la exposición constante a los contaminantes del río han mermado su salud.
El investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) indicó que además, debido a las descargas clandestinas, no se puede precisar en qué momentos hay más presencia de contaminantes que puedan ser potencialmente nocivos para la salud.
Recordó que hace seis años se hicieron estudios que en su momento se presentaron al Congreso de la Unión para demostrar que los contaminantes del Santiago son un riesgo para la salud y solicitar recursos para instalar una red de monitoreo en tiempo real.
“En ese momento Raymundo Gómez Flores era senador e impulsó la propuesta, incluso se asignaron los recursos para instalar la red pero curiosamente desaparecieron y no se supo dónde quedaron”, indicó el universitario.
Explicó que en ese momento se habían destinado alrededor de 50 millones de pesos para el monitoreo en tiempo real, que en su opinión es una medida indispensable para el río Santiago, pues varias dependencias y ciudadanos pueden tener acceso a esa información en tiempo real y advertir cualquier descarga irregular para que la autoridad proceda inmediatamente.
A un año de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitiera su “macrorrecomendación” por la contaminación en el río Santiago, Gómez Reyna consideró que ninguna de las autoridades señaladas en el documento ha cumplido con lo solicitado.
“No se han cumplido ni siquiera el 8 por ciento de las macrorrecomendaciones que les hicieron. (…) No hay ni siquiera un monitoreo adecuado de cómo están las aguas del río Santiago. Ellos no han realizado ningún estudio o auditoría para saber cuántas industrias y de qué tipo están asentadas a lo largo de la cuenca. Sabemos que hay muchas industrias extranjeras que no operan en sus países de origen, porque la generación de metales y contaminantes les prohibirían o serían sancionados de inmediato por descargar ahí sus aguas residuales”, concluyó.
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