■ Julio Alberto Cirino incluso dio charlas en agencias de EU
Stella Calloni (Corresponsal)
Buenos Aires, 8 de noviembre. Se presentaba como analista internacional, historiador experto en terrorismo y daba conferencias, incluso ante organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero Julio Alberto Cirino fue jefe civil de un grupo de tareas y torturador del temible batallón 601 del ejército durante la pasada dictadura militar, y ahora fue detenido y acusado por crímenes de lesa humanidad.
La investigación y denuncia la hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuyo titular, Eduardo Luis Duhalde, anunció la detención y recordó que Cirino figuraba con el nombre de Jorge Contreras en un documento desclasificado en Estados Unidos.
Entre 1993 y 1998, cuando trabajaba en la Secretaría de Informaciones del Estado, fue enviado a Washington como secretario de la embajada argentina allí.
Ahora pasó de ser un “analista” de páginas que mantienen sectores ligados a la pasada dictadura y “catedrático” experto en contraterrorismo –que se ha puesto de moda en varios ex agentes de inteligencia ligados a la CIA y otras similares– a la prisión del penal de máxima seguridad de Marcos Paz.
Cirino se negó a declarar ante el juez que ordenó su detención, mientras Duhalde relató ante la prensa el siniestro historial de este hombre que formó parte del contingente que colaboró en Centroamérica con la CIA y la contra nicaragüense en los años 80.
También se le imputa haber actuado en el esquema de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur, en especial en el caso de un grupo de militantes de la organización Montoneros, secuestrados y desaparecidos cuando intentaban ingresar al país para una “contraofensiva” dispuesta por esa agrupación en los años 80.
Según documentos desclasificados, Cirino reveló en un diálogo con el consejero político William Hallman y el oficial de seguridad James Blystone, en la embajada estadunidense en Buenos Aires el 7 de agosto de 1979, diversos aspectos del terrorismo de Estado y detalló todo lo actuado por el batallón de inteligencia 601.
Además de secuestros y torturas figuran tareas de recopilación de datos de grupos políticos, religiosos, sindicales, estudiantiles y espionaje a extranjeros. En este trabajo fue remplazado por su esposa María Cristina Rinaldi, contra quien pesa una orden de captura pedida por Derechos Humanos.
De acuerdo con su relato, en esa fecha habían dejado de funcionar “80 por ciento” de los centros clandestinos de detención y las desapariciones disminuían; y ante la posibilidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que sólo encontrarían sitios “remodelados”.
También reconoció la existencia del centro de detención El Atlético, que estaba bajo una autopista y que ha sido rescatado por la acción de familiares y ex detenidos desaparecidos.
Los grupos de tareas que actuaron en El Atlético fueron luego trasladados a un garaje policial, El Olimpo, que fue uno de los grandes centros clandestinos entre los casi 400 que existieron en Argentina durante la dictadura.
En aquel diálogo que hoy lo condena, Cirino relató que personas que eran secuestradas y demostraban no tener vínculos con lo que llamaba “la subversión” también eran asesinadas en los años más duros entre 1976 y 1977, para evitar que reconocieran los lugares y los grupos que actuaban.
Admitió además que había diferencias entre algunos comandantes: los más duros sostenían que todos debían ser “sacrificados” para que el sistema no corriera peligro. También habló de las ejecuciones de los prisioneros.
La investigación se realizó con base al Archivo Nacional de la Memoria y de informaciones del Ministerio de Defensa.
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