■ Exigen al gobernador que cancele el pacto Calderón-Gordillo hasta que se analice su conveniencia
■ Más normales del estado se unen al paro contra el examen para obtener una plaza magisterial
Sergio Ocampo y Misael Habana (Corresponsales)
Chilpancingo, Gro., 5 de noviembre. Más de 2 mil profesores tomaron la noche de hoy las instalaciones del Congreso local para exigir una respuesta del gobernador del estado al exhorto que el propio Poder Legislativo le hizo el jueves pasado para que suspenda en Guerrero la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en tanto se organizan foros para evaluar su conveniencia.
Los diputados fueron citados a las 11 de la mañana a sesión extraordinaria para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2009 enviada por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pero no pudieron sesionar debido a que aproximadamente mil estudiantes de siete normales públicas de la entidad protestaban en la explanada del Congreso, después de marchar por varias calles en rechazo al examen de oposición para obtener plaza de maestro.
Juan Pérez Bautista, dirigente normalista, anunció que hoy empezaron un paro de labores en los planteles Rafael Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y Adolfo Viguri, con sede en Chilpancingo, los cuales se suman al del Centro Regional de Estudios Normales de Iguala, la Escuela Vicente Guerrero de Teloloapan, la Normal de Educadoras de Arcelia y la de Educación Física de Acapulco.
Explicó que los siete colegios se sumaron a las normales Regional de Tlapa y de Ayotzinapa en rechazo al examen de oposición propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para obtener una plaza en el magisterio, como acordó la Asociación Guerrerense de Egresados Normalistas con el titular de la dependencia estatal, José Luis González de la Vega.
A las 14 horas, cuando los alumnos y egresados normalistas ya se habían retirado, aunque dejaron una comisión negociadora, arribaron unos 2 mil integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG), quienes se instalaron en los patios del Poder Legislativo.
Jorge García Hernández, dirigente de la CETEG, demandó a Carlos Reyes Torres, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, que informe la respuesta que obtuvo de Zeferino Torreblanca al exhorto que la semana pasada le hizo el órgano legislativo para que rechace el pacto entre la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, y el presidente Felipe Calderón, pero “lamentablemente no nos quieren decir nada”.
A las ocho de la noche, los diputados informaron que el gobernador se había comunicado para proponer una reunión con los 35 integrantes de la comisión negociadora del movimiento (formado por la CETEG, SUSPEG y normalistas) para el 17 de noviembre. Los profesores plantearon que la reunión se realice el próximo lunes, porque “ese día vamos a llevar a cabo nuestra marcha estatal”.
Sin embargo, a las 20:30 horas, cientos de maestros ingresaron a las instalaciones del Congreso y advirtieron que se mantendrán ahí hasta que les den una respuesta satisfactoria a su demanda de empezar el diálogo inmediatamente. Al cierre de esta edición esperaban una respuesta del gobernador, en medio de cantos de protesta.
En Acapulco, unos 200 integrantes de la CETEG bloquearon el acceso principal al Centro de Convenciones, donde se encontraba el secretario estatal de Educación González de la Vega, mientras unos 20 burlaron la vigilancia y llegaron hasta él para increparlo.
De la Vega acababa de sostener una reunión con padres de familia, a quienes dio a conocer los supuestos beneficios de la Alianza por la Calidad de la Educación y reiteró la postura del gobierno del perredista Zeferino Torreblanca de no cancelar el pacto, como exigen los maestros para concluir el paro, “no obstante que la administración estatal se encuentra abierta al diálogo”.
Afuera, los dirigentes reiteraron que después de analizar los documentos de del pacto concluyeron que “no tiene la más mínima intención de elevar la calidad de la enseñanza, pero sí tiene como mayor propósito privatizar el sistema educativo nacional”.
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