La noche del 14 de diciembre pasado, en un operativo policiaco en el barrio de Christiania, en Copenhague, en el contexto de la campaña represiva de las fuerzas del orden danesas en contra de los miles que nos reunimos para protestar en contra de las (pocas) decisiones que se tomaban en la COP15 sobre cambio climático, Luca Tornatore, investigador astrofísico de la ciudad de Trieste, Italia, fue detenido y condenado a reclusión hasta el próximo 12 de enero, fecha en que será sometido a juicio por atacar a las policía, según la dice acusación.
La realidad habla de la enésima detención preventiva, realizada a partir de una falsa acusación. A diferencia de otros casos registrados en esos mismos días, el caso de Luca es de los pocos que sigue de pie y es clara muestra de la voluntad, por parte del Estado danés, de reprimir a quien, como Tornatore, puso a disposición del movimiento social global, su conocimiento, su capacidad de movilización, su rostro y su palabra.
Por lo anterior, es urgente exigir la liberación inmediata e incondicional de nuestro amigo, colega y compañero Luca Tornatore.
Firma la petición en www.petizionionline.it/petizione/per-la-liberazione-di-luca-tornatore/437 o envia un correo a freelucatornatore@gmail.com
Matteo Dean
lunes, 28 de diciembre de 2009
Esther Chávez: lucha histórica y vigente.
El fallecimiento de la activista Esther Chávez Cano, ocurrido ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, representa una pérdida para la lucha por la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho en el país. Desde 1993, en una época en que la localidad fronteriza asistía al inicio de uno de los más graves episodios de criminalidad en la historia reciente –la proliferación de asesinatos de mujeres, en su mayoría jóvenes y de origen humilde, en Ciudad Juárez y sus alrededores–, y a la demostración de un desinterés y una inoperancia oficiales tanto o más indignantes que los propios homicidios, Esther Chávez se dio a la tarea de denunciar y compilar información de tales casos en un esfuerzo documental que, posteriormente, hizo visible a escala internacional el problema que se vivía en el territorio chihuahuense.
Pero la labor de Chávez Cano no se limitó a poner de relieve un fenómeno hasta entonces soslayado por las autoridades, la mayoría de los medios de comunicación y franjas enteras de la sociedad, sino que buscó, además, desentrañar las causas profundas del mismo y procurar su prevención. Esa disposición la llevó a crear el Grupo 8 de Marzo, a impulsar la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales en pro de la Mujer, y a fundar Casa Amiga, en 1999, el primer centro de la franja fronteriza norte de nuestro país en brindar atención a las víctimas de la violencia y a sus familias.
A pesar de que la situación en Ciudad Juárez tiene hoy en día mucha mayor difusión internacional que hace una década, persiste el desinterés policiaco y político en los crímenes de género que se desarrollan en esa localidad, y éstos han sido incluso desplazados mediáticamente por la oleada de violencia derivada de la “guerra contra el narco” emprendida por el gobierno federal. Un reflejo adicional de la indolencia de las autoridades frente a los feminicidios en Ciudad Juárez es el nombramiento, avalado en septiembre pasado por el Senado, de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de la República, un funcionario sobre quien pesan cuestionamientos por la actitud omisa y negligente con que desempeñó el cargo de procurador de Justicia de Chihuahua durante el gobierno encabezado por Francisco Barrio (1992-1998), periodo que se caracterizó por el persistente crecimiento en el número de asesinatos de mujeres en esa entidad.
La percepción de que la actitud insensible del Estado mexicano frente a estos crímenes ha sido un aliciente para la impunidad y la reiteración de los mismos ha sido recientemente expuesto en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara al gobierno de nuestro país culpable de violar garantías de dos mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2001, por no investigar de forma pertinente ni castigar a los culpables.
Deben recordarse, además, las críticas lanzadas por la propia activista fallecida a la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno calderonista en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2008. Durante el acto, Chávez Cano reprobó la "lectura reduccionista que pretende judicializar hasta los más mínimos aspectos de la vida social", y señaló que el país requiere para combatir efectivamente a la delincuencia, "fomento efectivo del bienestar social, redistribución del ingreso, educación, cultura, recreación e igualdad de oportunidades".
En suma, ante el marcado deterioro en el tejido social y ante los retrocesos observados en materia de derechos humanos y vigencia del Estado de derecho en el país en general, y en Ciudad Juárez, en particular, la lucha emprendida hace más de tres lustros por Esther Chávez constituye uno de los pilares de la sociedad para hacer frente a la violencia, la impunidad y la inacción, y debe ser por ello reconocida y su labor continuada.
Pero la labor de Chávez Cano no se limitó a poner de relieve un fenómeno hasta entonces soslayado por las autoridades, la mayoría de los medios de comunicación y franjas enteras de la sociedad, sino que buscó, además, desentrañar las causas profundas del mismo y procurar su prevención. Esa disposición la llevó a crear el Grupo 8 de Marzo, a impulsar la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales en pro de la Mujer, y a fundar Casa Amiga, en 1999, el primer centro de la franja fronteriza norte de nuestro país en brindar atención a las víctimas de la violencia y a sus familias.
A pesar de que la situación en Ciudad Juárez tiene hoy en día mucha mayor difusión internacional que hace una década, persiste el desinterés policiaco y político en los crímenes de género que se desarrollan en esa localidad, y éstos han sido incluso desplazados mediáticamente por la oleada de violencia derivada de la “guerra contra el narco” emprendida por el gobierno federal. Un reflejo adicional de la indolencia de las autoridades frente a los feminicidios en Ciudad Juárez es el nombramiento, avalado en septiembre pasado por el Senado, de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de la República, un funcionario sobre quien pesan cuestionamientos por la actitud omisa y negligente con que desempeñó el cargo de procurador de Justicia de Chihuahua durante el gobierno encabezado por Francisco Barrio (1992-1998), periodo que se caracterizó por el persistente crecimiento en el número de asesinatos de mujeres en esa entidad.
La percepción de que la actitud insensible del Estado mexicano frente a estos crímenes ha sido un aliciente para la impunidad y la reiteración de los mismos ha sido recientemente expuesto en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara al gobierno de nuestro país culpable de violar garantías de dos mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2001, por no investigar de forma pertinente ni castigar a los culpables.
Deben recordarse, además, las críticas lanzadas por la propia activista fallecida a la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno calderonista en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2008. Durante el acto, Chávez Cano reprobó la "lectura reduccionista que pretende judicializar hasta los más mínimos aspectos de la vida social", y señaló que el país requiere para combatir efectivamente a la delincuencia, "fomento efectivo del bienestar social, redistribución del ingreso, educación, cultura, recreación e igualdad de oportunidades".
En suma, ante el marcado deterioro en el tejido social y ante los retrocesos observados en materia de derechos humanos y vigencia del Estado de derecho en el país en general, y en Ciudad Juárez, en particular, la lucha emprendida hace más de tres lustros por Esther Chávez constituye uno de los pilares de la sociedad para hacer frente a la violencia, la impunidad y la inacción, y debe ser por ello reconocida y su labor continuada.
martes, 8 de diciembre de 2009
La guerra contra los triquis
Francisco López Bárcenas
El 28 de noviembre pasado el municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue agredido en tres frentes simultáneos. Mientras la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) cerraba la única entrada a la cabecera, otros grupos armados apostados en los cerros que lo rodean comenzaron a disparar indiscriminadamente sobre la población. El saldo inmediato de la agresión fue un niño muerto, dos heridos, suspensión de clases en las escuelas y del mercado que se celebra todos los lunes, que el municipio autónomo había logrado restaurar después de años de no poder realizarse. A ello había que agregar el clima de zozobra en que vive ahora la población: niños que prefieren encerrarse en sus casas porque otra vez parece que estamos en guerra”, hombres que tienen que salir escondidos en camionetas y mujeres que quisieran abandonar la región pero no lo hacen porque corren el riesgo, dicen, de que sus compañeras o compañeros las miren como cobardes o, en el peor de los casos, traidoras.
El cerco al municipio en la región fue en dos frentes: político y militar. Pero hubo otro, que al parecer era el centro de la acción, y consistió en una campaña de desinformación que funcionó como cortina de humo. En la prensa estatal varios diarios, sin acercarse a la región a ver lo que estaba sucediendo, difundieron la especie de que ese día era desmantelado el municipio autónomo. Uno de ellos incluso dijo que el día de la agresión, “momentos antes de que el sol se mostrara en el horizonte, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), bajaron de los cerros disparando más de 500 balas de AK-47, arma exclusiva de uso del Ejército. El municipio autónomo que duró casi tres años en San Juan Copala vio llegar su fin cuando ayer a las tres de la tarde, el pueblo, de manera unánime, se reunió para festejar la caída de la autonomía y además, eligió a su autoridad constitucional”. Según el diario la nueva autoridad nombrada era nada menos que Anastacio Juárez Hernández, un migrante que vive en el estado de Querétaro, hermano de Rufino, el operador de la Ubisort ante el gobierno estatal.
¿De donde salió la “información”? A ciencia cierta no se sabe, pero es fácil deducirlo, por su contenido y su falta de relación con los sucesos de la región. Dos días después, cuando ya el municipio autónomo había aclarado que sus autoridades seguían en sus cargos, que no había habido elección de nada y que lo que en realidad sucedió ese día fue una fuerte agresión, todavía los diarios seguían insistiendo en que el municipio autónomo se había desmantelado. El MULT desmintió la versión del municipio autónomo de que ellos participaron en la agresión militar, pero no la difundida por esos diarios. Nada se decía en esa prensa del niño muerto durante la agresión, ni de los heridos, ni del estado de zozobra en que vive la gente. Frente a estos hechos los habitantes del municipio autónomo parecen tener muy claro quiénes son los agresores, y lo dicen abiertamente; lo que no se explican es la saña de disparar abiertamente contra todos los habitantes, asesinando niños inocentes, al tiempo que se arma una campaña de desprestigio a escala estatal.
Si la mano de los grupos políticos estatales está detrás de la agresión, como parece ser, la explicación de sus causas no puede estar sólo en las dinámicas de confrontación de las organizaciones que operan en la región y había que buscarla fuera. Una puede ser la confrontación dentro del gobierno por la sucesión gubernamental, lo cual tendría lógica si se toma en cuenta que no sólo los triquis han sido agredidos: en esos días fue encontrado muerto Leonardo Clemente Cruz, indígena chinanteco que había sido secuestrado el 24 de noviembre. No es muy lógico pensar que el gobierno esté cometiendo actos desestabilizadores en época de precampañas, a menos que sea para culpar de ellos a otros inconformes de su grupo, aunque tampoco se descarta que algunos de estos últimos lo haga para inculpar al gobierno y negociar en otra posición. Aquí podría ubicarse a los que fuera y dentro del gobierno comienzan a pedir la intervención del Ejército, olvidando los sufrimientos que esta medida trajo a las comunidades triquis durante las décadas de los setenta y ochenta.
Desde un ángulo más amplio puede constatarse que la agresión no es sólo contra los triquis, sino contra todos los que luchan por la autonomía. En esos mismos días el gobierno de Chiapas difundió falsamente que las juntas de buen gobierno estaban pidiendo atención estatal y el Congreso del estado se apresuró a formar una comisión para atender la petición. El teatro se cayó cuando las juntas de buen gobierno desmintieron que hubieran hecho tal cosa. Algo está sucediendo. Algo que todavía no alcanzamos a ver o entender, pero que seguramente en los días por venir seremos testigos de ello. Mientras, la vida de los pueblos se altera, como en tiempos de guerra, según dicen los triquis y seguramente también otros pueblos.
El 28 de noviembre pasado el municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue agredido en tres frentes simultáneos. Mientras la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) cerraba la única entrada a la cabecera, otros grupos armados apostados en los cerros que lo rodean comenzaron a disparar indiscriminadamente sobre la población. El saldo inmediato de la agresión fue un niño muerto, dos heridos, suspensión de clases en las escuelas y del mercado que se celebra todos los lunes, que el municipio autónomo había logrado restaurar después de años de no poder realizarse. A ello había que agregar el clima de zozobra en que vive ahora la población: niños que prefieren encerrarse en sus casas porque otra vez parece que estamos en guerra”, hombres que tienen que salir escondidos en camionetas y mujeres que quisieran abandonar la región pero no lo hacen porque corren el riesgo, dicen, de que sus compañeras o compañeros las miren como cobardes o, en el peor de los casos, traidoras.
El cerco al municipio en la región fue en dos frentes: político y militar. Pero hubo otro, que al parecer era el centro de la acción, y consistió en una campaña de desinformación que funcionó como cortina de humo. En la prensa estatal varios diarios, sin acercarse a la región a ver lo que estaba sucediendo, difundieron la especie de que ese día era desmantelado el municipio autónomo. Uno de ellos incluso dijo que el día de la agresión, “momentos antes de que el sol se mostrara en el horizonte, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), bajaron de los cerros disparando más de 500 balas de AK-47, arma exclusiva de uso del Ejército. El municipio autónomo que duró casi tres años en San Juan Copala vio llegar su fin cuando ayer a las tres de la tarde, el pueblo, de manera unánime, se reunió para festejar la caída de la autonomía y además, eligió a su autoridad constitucional”. Según el diario la nueva autoridad nombrada era nada menos que Anastacio Juárez Hernández, un migrante que vive en el estado de Querétaro, hermano de Rufino, el operador de la Ubisort ante el gobierno estatal.
¿De donde salió la “información”? A ciencia cierta no se sabe, pero es fácil deducirlo, por su contenido y su falta de relación con los sucesos de la región. Dos días después, cuando ya el municipio autónomo había aclarado que sus autoridades seguían en sus cargos, que no había habido elección de nada y que lo que en realidad sucedió ese día fue una fuerte agresión, todavía los diarios seguían insistiendo en que el municipio autónomo se había desmantelado. El MULT desmintió la versión del municipio autónomo de que ellos participaron en la agresión militar, pero no la difundida por esos diarios. Nada se decía en esa prensa del niño muerto durante la agresión, ni de los heridos, ni del estado de zozobra en que vive la gente. Frente a estos hechos los habitantes del municipio autónomo parecen tener muy claro quiénes son los agresores, y lo dicen abiertamente; lo que no se explican es la saña de disparar abiertamente contra todos los habitantes, asesinando niños inocentes, al tiempo que se arma una campaña de desprestigio a escala estatal.
Si la mano de los grupos políticos estatales está detrás de la agresión, como parece ser, la explicación de sus causas no puede estar sólo en las dinámicas de confrontación de las organizaciones que operan en la región y había que buscarla fuera. Una puede ser la confrontación dentro del gobierno por la sucesión gubernamental, lo cual tendría lógica si se toma en cuenta que no sólo los triquis han sido agredidos: en esos días fue encontrado muerto Leonardo Clemente Cruz, indígena chinanteco que había sido secuestrado el 24 de noviembre. No es muy lógico pensar que el gobierno esté cometiendo actos desestabilizadores en época de precampañas, a menos que sea para culpar de ellos a otros inconformes de su grupo, aunque tampoco se descarta que algunos de estos últimos lo haga para inculpar al gobierno y negociar en otra posición. Aquí podría ubicarse a los que fuera y dentro del gobierno comienzan a pedir la intervención del Ejército, olvidando los sufrimientos que esta medida trajo a las comunidades triquis durante las décadas de los setenta y ochenta.
Desde un ángulo más amplio puede constatarse que la agresión no es sólo contra los triquis, sino contra todos los que luchan por la autonomía. En esos mismos días el gobierno de Chiapas difundió falsamente que las juntas de buen gobierno estaban pidiendo atención estatal y el Congreso del estado se apresuró a formar una comisión para atender la petición. El teatro se cayó cuando las juntas de buen gobierno desmintieron que hubieran hecho tal cosa. Algo está sucediendo. Algo que todavía no alcanzamos a ver o entender, pero que seguramente en los días por venir seremos testigos de ello. Mientras, la vida de los pueblos se altera, como en tiempos de guerra, según dicen los triquis y seguramente también otros pueblos.
martes, 24 de noviembre de 2009
Confirma la PGJE de Guerrero muerte de comandante del ERPI (MÉXICO)
El cuerpo de Ramiro, hallado en Ajuchitlán del Progreso, tenía 4 impactos de arma de fuego.
El deceso del dirigente trascendió desde el 6 de noviembre pasado; se presume enfrentamiento.
Misael Habana y Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Chilpancingo, Gro., 20 de noviembre. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó que Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fue ultimado y su cuerpo traído la madrugada de este viernes desde la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán del Progreso, donde fue exhumado.
La muerte de Ramiro comenzó a comentarse desde el 6 de noviembre pasado y sólo la noche de este viernes la PGJE confirmó que Guerrero Solís fue ultimado con cuatro disparos de arma de fuego y que tras la autopsia en Chilpancingo se confirmó que pertenece a la dirigencia del ERPI.
El documento, con logotipo del gobierno del estado de Guerrero, informa que el cuerpo del comandante Ramiro del ERPI tiene cuatro heridas de proyectil de arma de fuego: "La primera, que fue mortal, está localizada en tórax penetrante con orificio de entrada y salida; la segunda y tercera, situadas en brazo derecho, con orificio de entrada y salida, y la cuarta en el muslo derecho".
Asegura que en virtud de que Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López contaba con averiguaciones previas en su contra y orden de reaprehensión, para el efecto de corroborar su identidad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil se ordenó la exhumación y traslado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo para hacer los estudios criminalísticos.
"Hasta el momento la información de que dispone esta procuraduría refiere que se trató de un enfrentamiento entre transgresores de la ley por motivos que aún se desconocen y se ha iniciado la averiguación correspondiente para fincar las responsabilidades a que haya lugar", termina el texto de la PGJE.
En días pasados fuentes cercanas a organizaciones sociales vinculadas al ERPI hicieron trascender la versión sobre el deceso de Ramiro y adelantaron que el grupo armado en los próximos día daría a conocer un comuni-cado sobre el fallecimiento de uno de sus últimos dirigentes, "ya que por el momento el grupo guerrillero se encuentra en restructuración".
El presunto miembro del ERPI contaba con varias averiguaciones previas y orden de reaprehensión debido a que se fugó del penal del puerto de Acapulco en 2002, donde purgaba una pena.
El cuerpo de Ramiro fue trasladado cerca de las dos de la madrugada al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, donde los peritos trabajaron para su identificación, había dicho temprano Valentín Díaz Reyes, director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Quienes se ocuparon de su identificación "al parecer son elementos de la PGR (Procuraduría General de la República) y el Ejército Mexicano, el gobierno estatal no está al tanto de eso", precisó.
"Ese es otro nivel, he visto que andan rondines del Ejército Mexicano, incluso afuera de mi oficina estaba un Hummer, pero le repito que estamos al margen de esa investigación, al menos la PIM", señaló.
En su edición de hoy, el diario Despertar del Sur, que se publica en el municipio de Arcelia, informó que “el cadáver del comandante Ramiro fue exhumado por autoridades ministeriales en una tumba clandestina que está ubicada en plena sierra de Ajuchitlán del Progreso”. El rotativo agregó que presuntamente fue asesinado el pasado 4 de noviembre.
El deceso del dirigente trascendió desde el 6 de noviembre pasado; se presume enfrentamiento.
Misael Habana y Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Chilpancingo, Gro., 20 de noviembre. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó que Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fue ultimado y su cuerpo traído la madrugada de este viernes desde la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán del Progreso, donde fue exhumado.
La muerte de Ramiro comenzó a comentarse desde el 6 de noviembre pasado y sólo la noche de este viernes la PGJE confirmó que Guerrero Solís fue ultimado con cuatro disparos de arma de fuego y que tras la autopsia en Chilpancingo se confirmó que pertenece a la dirigencia del ERPI.
El documento, con logotipo del gobierno del estado de Guerrero, informa que el cuerpo del comandante Ramiro del ERPI tiene cuatro heridas de proyectil de arma de fuego: "La primera, que fue mortal, está localizada en tórax penetrante con orificio de entrada y salida; la segunda y tercera, situadas en brazo derecho, con orificio de entrada y salida, y la cuarta en el muslo derecho".
Asegura que en virtud de que Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López contaba con averiguaciones previas en su contra y orden de reaprehensión, para el efecto de corroborar su identidad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil se ordenó la exhumación y traslado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo para hacer los estudios criminalísticos.
"Hasta el momento la información de que dispone esta procuraduría refiere que se trató de un enfrentamiento entre transgresores de la ley por motivos que aún se desconocen y se ha iniciado la averiguación correspondiente para fincar las responsabilidades a que haya lugar", termina el texto de la PGJE.
En días pasados fuentes cercanas a organizaciones sociales vinculadas al ERPI hicieron trascender la versión sobre el deceso de Ramiro y adelantaron que el grupo armado en los próximos día daría a conocer un comuni-cado sobre el fallecimiento de uno de sus últimos dirigentes, "ya que por el momento el grupo guerrillero se encuentra en restructuración".
El presunto miembro del ERPI contaba con varias averiguaciones previas y orden de reaprehensión debido a que se fugó del penal del puerto de Acapulco en 2002, donde purgaba una pena.
El cuerpo de Ramiro fue trasladado cerca de las dos de la madrugada al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, donde los peritos trabajaron para su identificación, había dicho temprano Valentín Díaz Reyes, director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Quienes se ocuparon de su identificación "al parecer son elementos de la PGR (Procuraduría General de la República) y el Ejército Mexicano, el gobierno estatal no está al tanto de eso", precisó.
"Ese es otro nivel, he visto que andan rondines del Ejército Mexicano, incluso afuera de mi oficina estaba un Hummer, pero le repito que estamos al margen de esa investigación, al menos la PIM", señaló.
En su edición de hoy, el diario Despertar del Sur, que se publica en el municipio de Arcelia, informó que “el cadáver del comandante Ramiro fue exhumado por autoridades ministeriales en una tumba clandestina que está ubicada en plena sierra de Ajuchitlán del Progreso”. El rotativo agregó que presuntamente fue asesinado el pasado 4 de noviembre.
ERPI acusa al Estado de pagar sicarios y asesinar a uno de sus líderes (MÉXICO)
En un comunicado demanda la entrega del cuerpo y anuncia que tomará la justicia en sus manos.
México, DF. La comandancia general del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) acusa en un comunicado difundido hoy a sicarios pagados por el Estado mexicano de ser los asesinos de su líder comandante Ramiro, Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López, el pasado 4 de noviembre.
El pasado 21 de noviembre las autoridades mexicanas informaron que el así llamado comandante Ramiro, jefe militar del ERPI, grupo que opera en el sur de México, había sido asesinado y enterrado en el patio de una casa del sureño estado de Guerrero.
"Denunciamos que fue el Estado por medio de sus órganos de inteligencia militar y política, quien pagó y planeó para que un sicario, Cayetano Alvarado Palacios alias 'el cuche blanco', coludido y pistolero sirviente de los caciques más famosos de Guerrero, como Rogaciano Alba, ametralló con 4 impactos de rifle AK 47 el cuerpo del joven líder social", señala el comunicado del ERPI.
La información emitida por el ERPI señala que el comandante Ramiro fue "emboscado" por sus asesinos mientras realizaba "una comisión...sin el despliegue defensivo acostumbrado".
El ERPI, que pide sea entregado el cuerpo del dirigente, anuncia que tomará la justicia en sus manos.
El ERPI es una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y se dio a conocer en 1998 mediante un comunicado en el que se definió como "una organización revolucionaria mexicana que lucha por una verdadera democracia y un profundo cambio social".
El "comandante Ramiro" presentaba una herida de bala en el tórax, que le causó la muerte, además de dos impactos en el brazo derecho y uno en el muslo derecho.
El dirigente guerrillero afirmó en junio pasado, en una entrevista con el diario "La Jornada", que después de diez años de inactividad y la detención de varios de sus militantes, el grupo se preparaba para realizar acciones armadas.
"Nos estuvimos preparando y visitando las comunidades, aquí estamos, vamos a hacer la revolución y no nos vamos a 'rajar', nuestras columnas están listas para enfrentar al enemigo", afirmó.
"Ya vamos a actuar militarmente, eso que ni duda les quepa, las condiciones las está generando el gobierno. Más bien nos orillan (obligan)a hacerlo porque no entienden de otra manera", manifestó.
México, DF. La comandancia general del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) acusa en un comunicado difundido hoy a sicarios pagados por el Estado mexicano de ser los asesinos de su líder comandante Ramiro, Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López, el pasado 4 de noviembre.
El pasado 21 de noviembre las autoridades mexicanas informaron que el así llamado comandante Ramiro, jefe militar del ERPI, grupo que opera en el sur de México, había sido asesinado y enterrado en el patio de una casa del sureño estado de Guerrero.
"Denunciamos que fue el Estado por medio de sus órganos de inteligencia militar y política, quien pagó y planeó para que un sicario, Cayetano Alvarado Palacios alias 'el cuche blanco', coludido y pistolero sirviente de los caciques más famosos de Guerrero, como Rogaciano Alba, ametralló con 4 impactos de rifle AK 47 el cuerpo del joven líder social", señala el comunicado del ERPI.
La información emitida por el ERPI señala que el comandante Ramiro fue "emboscado" por sus asesinos mientras realizaba "una comisión...sin el despliegue defensivo acostumbrado".
El ERPI, que pide sea entregado el cuerpo del dirigente, anuncia que tomará la justicia en sus manos.
El ERPI es una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y se dio a conocer en 1998 mediante un comunicado en el que se definió como "una organización revolucionaria mexicana que lucha por una verdadera democracia y un profundo cambio social".
El "comandante Ramiro" presentaba una herida de bala en el tórax, que le causó la muerte, además de dos impactos en el brazo derecho y uno en el muslo derecho.
El dirigente guerrillero afirmó en junio pasado, en una entrevista con el diario "La Jornada", que después de diez años de inactividad y la detención de varios de sus militantes, el grupo se preparaba para realizar acciones armadas.
"Nos estuvimos preparando y visitando las comunidades, aquí estamos, vamos a hacer la revolución y no nos vamos a 'rajar', nuestras columnas están listas para enfrentar al enemigo", afirmó.
"Ya vamos a actuar militarmente, eso que ni duda les quepa, las condiciones las está generando el gobierno. Más bien nos orillan (obligan)a hacerlo porque no entienden de otra manera", manifestó.
viernes, 13 de noviembre de 2009
Formal prisión a fundador de radio indígena (Guerrero, México)
Misael Habana de los Santos
Periódico La Jornada
Viernes 13 de noviembre de 2009, p. 33
Acapulco, Gro., 12 de noviembre. El juez de primera instancia del distrito judicial de Abasolo, con sede en el municipio de Ometepec, Darly Arnoldo Alderete Cruz, dictó auto de formal prisión a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de la Radio Comunitaria Ñomndaa La palabra del agua, acusado de privación de libertad en agravio de Ariosto Rocha, hermano de Aceadeth Rocha Ramírez, diputada local priísta y ex alcaldesa del municipio de Xochistlahuaca.
Mientras, dos desconocidos allanaron el domicilio de David Valtierra la madrugada del 11 de noviembre, aseguraron indígenas amuzgos y miembros del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Según familiares de Valtierra Arango, los dos sujetos no eran de la región.
El 5 de noviembre David Valtierra informó que había una orden de aprehensión en su contra y de otros 30 indígenas amuzgos. Valtierra Arango se presentó ante el juzgado de primera instancia el 10 de noviembre y ese mismo día se le dictó formal prisión.
En 2002, el pueblo de Xochistlahuaca se organizó para tener un gobierno autónomo regido por usos y costumbres y acusó a la entonces alcaldesa Aceadeth Rocha de malversación de fondos.
Dos años después, en diciembre de 2004, se inició el proyecto de la radio comunitaria La palabra del agua, la primera de su tipo en Guerrero.
Los fundadores han enfrentado persecución de autoridades estatales y federales. Mientras, Aceadeth Rocha abrió el 18 de enero de 2007 una estación en Xochistlahuaca para bloquear la señal de radio Ñomndaa.
Periódico La Jornada
Viernes 13 de noviembre de 2009, p. 33
Acapulco, Gro., 12 de noviembre. El juez de primera instancia del distrito judicial de Abasolo, con sede en el municipio de Ometepec, Darly Arnoldo Alderete Cruz, dictó auto de formal prisión a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de la Radio Comunitaria Ñomndaa La palabra del agua, acusado de privación de libertad en agravio de Ariosto Rocha, hermano de Aceadeth Rocha Ramírez, diputada local priísta y ex alcaldesa del municipio de Xochistlahuaca.
Mientras, dos desconocidos allanaron el domicilio de David Valtierra la madrugada del 11 de noviembre, aseguraron indígenas amuzgos y miembros del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Según familiares de Valtierra Arango, los dos sujetos no eran de la región.
El 5 de noviembre David Valtierra informó que había una orden de aprehensión en su contra y de otros 30 indígenas amuzgos. Valtierra Arango se presentó ante el juzgado de primera instancia el 10 de noviembre y ese mismo día se le dictó formal prisión.
En 2002, el pueblo de Xochistlahuaca se organizó para tener un gobierno autónomo regido por usos y costumbres y acusó a la entonces alcaldesa Aceadeth Rocha de malversación de fondos.
Dos años después, en diciembre de 2004, se inició el proyecto de la radio comunitaria La palabra del agua, la primera de su tipo en Guerrero.
Los fundadores han enfrentado persecución de autoridades estatales y federales. Mientras, Aceadeth Rocha abrió el 18 de enero de 2007 una estación en Xochistlahuaca para bloquear la señal de radio Ñomndaa.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
COMUNICADO DE H.I.J.O.S. MÉXICO SOBRE EL TITULAR DE LA CNDH
Al pueblo de México:
El pasado jueves 5 de noviembre, el Senado de la República nombró como próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a Raúl Plascencia Villanueva, quien durante la presidencia de José Luis Soberanes se desempeñó como primer visitador de la misma. Esto se dio con un acuerdo cupular entre el PRI y el PAN en el congreso, otra vez por encima de los genuinos intereses del pueblo mexicano.
La CNDH fue creada por Carlos Salinas de Gortari quien, al igual que el actual presidente, ostentó ese cargo gracias a un fraude electoral (quienes por cierto, comparten aún decisiones de Estado). Muchos de los males que aún laceran a nuestro país se atribuyen a este perverso gobernante.
Crear un escaparate a través del cual mostrar un escenario muy distante de la realidad resultaba importante para Salinas, así dio vida a un millonario elefante blanco, a través del cual podría aparentar un interés por el respeto a los derechos humanos: la CNDH.
En materia de derechos humanos, su mandato fue un verdadero desastre, la persecución y asesinato de luchadores sociales fue una constante. En este contexto, la CNDH recién nacida se encargó de solapar y observar pasivamente los abusos del poder.
La propia creación de este “organismo público autónomo” tiene en su origen la contradicción del Estado, pues hace evidente el pésimo trabajo que las Procuradurías de justicia han desarrollado, desapegándose del mandato que les ordena la propia Constitución, distinguiéndose por prácticas de corrupción y gran complicidad con las arbitrariedades cometidas por el Estado mexicano, precisamente en detrimento de las garantías individuales y los derechos humanos.
A pesar de sus limitaciones, la CNDH es la única institución que existe en México, con la posibilidad de determinar, en gran medida, el desempeño que los gobiernos tienen en materia de derechos humanos. La efectividad que pueda desarrollar dependerá de la capacidad y ética de quienes la conforman, iniciando por quien la presida. Hasta hoy hemos visto un mediocre desempeño, pues se ha dedicado a no señalar firmemente las terribles arbitrariedades que el Estado mexicano ha cometido en contra del pueblo.
La reciente elección del ombudsman nacional ha sido determinante en la vida pública del país. En la actualidad los agravios a los derechos humanos son noticia cotidiana. A lo largo y ancho de la república, las policías y el ejército cometen crímenes propios de Estados totalitarios. La desaparición forzada, la privación de la vida, el paramilitarismo, la tortura, la persecución y criminalización de la lucha social, son prácticas que se agudizan como parte del proceso fascistizante que actualmente vive el Estado mexicano. Frente a este escenario, la designación de un nuevo ombudsman, capaz, ético, responsable y cercano al sentir del pueblo resultaba estratégica para la construcción de un país más justo y democrático.
Desde nuestra perspectiva, como la de muchas organizaciones, el papel que Plasencia Villanueva jugará al frente de la CNDH es altamente preocupante, pues como primer visitador no demostró un verdadero compromiso con los derechos humanos. Tan sólo como coordinador del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, su desempeño dejó ver un absoluto desinterés. Nunca hubo un propósito verdadero por contribuir a resolver un solo caso de desaparición forzada y los familiares no recibimos de esta instancia más que excusas, cuando no afrentas directas a nuestras historias.
Por lo anteriormente expuesto, expresamos un contundente rechazo a Raúl Plascencia Villanueva como nuevo presidente de la CNDH. Asimismo reiteramos que lucharemos en búsqueda de una verdadera defensoría para este tan agraviado pueblo mexicano. Nos resulta imposible reconocer como interlocutora a una instancia que abre hoy un nuevo episodio en el continuismo de la impunidad en nuestro país.
Por esta razón, hacemos una amplia invitación para expresar nuestro repudio y desconocimiento al nuevo titular de la CNDH, haciendo un plantón en el Senado de la República, donde será ratificado. La cita es el día de mañana, martes 10 de noviembre, en punto de las 11:00 horas, sobre la entrada de la calle Xicoténcatl.
Comité ¡Eureka!
H. I. J. O. S. México
El pasado jueves 5 de noviembre, el Senado de la República nombró como próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a Raúl Plascencia Villanueva, quien durante la presidencia de José Luis Soberanes se desempeñó como primer visitador de la misma. Esto se dio con un acuerdo cupular entre el PRI y el PAN en el congreso, otra vez por encima de los genuinos intereses del pueblo mexicano.
La CNDH fue creada por Carlos Salinas de Gortari quien, al igual que el actual presidente, ostentó ese cargo gracias a un fraude electoral (quienes por cierto, comparten aún decisiones de Estado). Muchos de los males que aún laceran a nuestro país se atribuyen a este perverso gobernante.
Crear un escaparate a través del cual mostrar un escenario muy distante de la realidad resultaba importante para Salinas, así dio vida a un millonario elefante blanco, a través del cual podría aparentar un interés por el respeto a los derechos humanos: la CNDH.
En materia de derechos humanos, su mandato fue un verdadero desastre, la persecución y asesinato de luchadores sociales fue una constante. En este contexto, la CNDH recién nacida se encargó de solapar y observar pasivamente los abusos del poder.
La propia creación de este “organismo público autónomo” tiene en su origen la contradicción del Estado, pues hace evidente el pésimo trabajo que las Procuradurías de justicia han desarrollado, desapegándose del mandato que les ordena la propia Constitución, distinguiéndose por prácticas de corrupción y gran complicidad con las arbitrariedades cometidas por el Estado mexicano, precisamente en detrimento de las garantías individuales y los derechos humanos.
A pesar de sus limitaciones, la CNDH es la única institución que existe en México, con la posibilidad de determinar, en gran medida, el desempeño que los gobiernos tienen en materia de derechos humanos. La efectividad que pueda desarrollar dependerá de la capacidad y ética de quienes la conforman, iniciando por quien la presida. Hasta hoy hemos visto un mediocre desempeño, pues se ha dedicado a no señalar firmemente las terribles arbitrariedades que el Estado mexicano ha cometido en contra del pueblo.
La reciente elección del ombudsman nacional ha sido determinante en la vida pública del país. En la actualidad los agravios a los derechos humanos son noticia cotidiana. A lo largo y ancho de la república, las policías y el ejército cometen crímenes propios de Estados totalitarios. La desaparición forzada, la privación de la vida, el paramilitarismo, la tortura, la persecución y criminalización de la lucha social, son prácticas que se agudizan como parte del proceso fascistizante que actualmente vive el Estado mexicano. Frente a este escenario, la designación de un nuevo ombudsman, capaz, ético, responsable y cercano al sentir del pueblo resultaba estratégica para la construcción de un país más justo y democrático.
Desde nuestra perspectiva, como la de muchas organizaciones, el papel que Plasencia Villanueva jugará al frente de la CNDH es altamente preocupante, pues como primer visitador no demostró un verdadero compromiso con los derechos humanos. Tan sólo como coordinador del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, su desempeño dejó ver un absoluto desinterés. Nunca hubo un propósito verdadero por contribuir a resolver un solo caso de desaparición forzada y los familiares no recibimos de esta instancia más que excusas, cuando no afrentas directas a nuestras historias.
Por lo anteriormente expuesto, expresamos un contundente rechazo a Raúl Plascencia Villanueva como nuevo presidente de la CNDH. Asimismo reiteramos que lucharemos en búsqueda de una verdadera defensoría para este tan agraviado pueblo mexicano. Nos resulta imposible reconocer como interlocutora a una instancia que abre hoy un nuevo episodio en el continuismo de la impunidad en nuestro país.
Por esta razón, hacemos una amplia invitación para expresar nuestro repudio y desconocimiento al nuevo titular de la CNDH, haciendo un plantón en el Senado de la República, donde será ratificado. La cita es el día de mañana, martes 10 de noviembre, en punto de las 11:00 horas, sobre la entrada de la calle Xicoténcatl.
Comité ¡Eureka!
H. I. J. O. S. México
jueves, 29 de octubre de 2009
Libre, Gloria Arenas Agís
29 de octubre de 2009
José de Jesús Algarín Durán
A pocos días de haberse cumplido 10 años de su encarcelamiento, la orizabeña Gloria Arenas Agís, conocida también como "Comandante Aurora" del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) fue puesta en libertad ayer por la noche.
Las rejas del Cereso de Chiconautla donde permanecía recluida fueron abiertas anoche para dar paso a la orizabeña, detenida el 22 de octubre de 1999 en San Luis Potosí acusada de asociación delictuosa, rebelión, daños en propiedad ajena, homicidio calificado y tentativa de homicidio.
No obstante su esposo, Jacobo Silva quien fuera detenido junto con ella en esa fecha permanecerá recluido, pese a que ya purgó su sentencia. Luchadores sociales han denunciado en forma permanente que tanto Gloria Arenas como Jacobo Silva son presos políticos del gobierno federal.
Miembros del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de San Salvador Atenco la esperaron fuera de la prisión y se hicieron cargo de su traslado.
Arenas Agís es originaria de Orizaba donde nació el 16 de mayo de 1959. Hija del matrimonio formado por Octavio Arenas trabajador cervecero y Leonor Agís Moreno. Estudio en las escuelas Sor Juana Inés de la Cruz, posteriormente en la Secundaria Técnica 48 y posteriormente en el Instituto Tecnológico Regional de Orizaba.
Tras cursar carrera técnica agropecuaria se involucró en la vida de campesinos flagelados por la pobreza extrema, principalmente los que habitan la sierra de Zongolica. Fundadora del TINAM, uno de los primeros grupos de lucha social desapareció del entorno regional para posteriormente ser detenida junto con su esposo Jacobo Silva acusados por el gobierno federal de acciones subversivas.
José de Jesús Algarín Durán
A pocos días de haberse cumplido 10 años de su encarcelamiento, la orizabeña Gloria Arenas Agís, conocida también como "Comandante Aurora" del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) fue puesta en libertad ayer por la noche.
Las rejas del Cereso de Chiconautla donde permanecía recluida fueron abiertas anoche para dar paso a la orizabeña, detenida el 22 de octubre de 1999 en San Luis Potosí acusada de asociación delictuosa, rebelión, daños en propiedad ajena, homicidio calificado y tentativa de homicidio.
No obstante su esposo, Jacobo Silva quien fuera detenido junto con ella en esa fecha permanecerá recluido, pese a que ya purgó su sentencia. Luchadores sociales han denunciado en forma permanente que tanto Gloria Arenas como Jacobo Silva son presos políticos del gobierno federal.
Miembros del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de San Salvador Atenco la esperaron fuera de la prisión y se hicieron cargo de su traslado.
Arenas Agís es originaria de Orizaba donde nació el 16 de mayo de 1959. Hija del matrimonio formado por Octavio Arenas trabajador cervecero y Leonor Agís Moreno. Estudio en las escuelas Sor Juana Inés de la Cruz, posteriormente en la Secundaria Técnica 48 y posteriormente en el Instituto Tecnológico Regional de Orizaba.
Tras cursar carrera técnica agropecuaria se involucró en la vida de campesinos flagelados por la pobreza extrema, principalmente los que habitan la sierra de Zongolica. Fundadora del TINAM, uno de los primeros grupos de lucha social desapareció del entorno regional para posteriormente ser detenida junto con su esposo Jacobo Silva acusados por el gobierno federal de acciones subversivas.
lunes, 26 de octubre de 2009
Formulismo y derecho
Carlos Montemayor
Los gobiernos mexicanos suelen retornar cíclicamente a una concepción del derecho que daña ciertos contenedores de la vida social útiles para resolver conflictos actuales y del futuro inmediato. Cíclicamente, los gobiernos mexicanos pierden de vista el valor social, impersonal, del derecho. Olvidan que el orden de derecho sólo es útil cuando aceptamos que es posible remitir toda conducta de grupos sociales a una normatividad que nos cohesione y nos asegure que las decisiones y acuerdos vayan más allá del interés que podría prevalecer en una empresa familiar cuyos dueños cambien a su antojo la administración. En estos retornos cíclicos los gobernantes mexicanos confunden el régimen de derecho con un régimen de formulismo legalista. Las nociones del derecho se alejan de la administración pública y del lenguaje oficial. Todo acto de decisión política tiene consecuencias de derecho que van más allá, o que no son necesariamente equivalentes a la formalidad legal.
El país ha resentido en los recientes gabinetes presidenciales la presencia de funcionarios y economistas que confundieron el derecho con una herramienta ocasional de criterios administrativos, más que de criterios jurídicos, sociales o políticos. Esta confusión siempre necesitará de destacamentos militares y policiacos para apoyar los formulismos legales. No podemos escamotear a la sociedad mexicana el derecho y dejarle solamente la cáscara del legalismo. Proceder así nos puede llevar a un despeñadero mucho más grave que el de una espiral inflacionaria.
Si se tiene que recurrir a las bayonetas y cuerpos policiacos en conflictos sindicales, campesinos e indígenas, no se debe a que la sociedad mexicana se resista a aceptar el orden legal, sino justamente a que los poderes de la Unión y de los estados, y los funcionarios federales, no quieren fortalecer el régimen de derecho.
Hay leyes en el país que no se cumplen, que se violan, que son letra muerta, que se modifican o se interpretan según convenga a los intereses del nuevo postor. Los mexicanos sabemos que los laberintos de los tribunales están entre los sitios más inseguros del país. Todos los mexicanos tenemos una idea fija, verdadera o no, comprobable o no, del imperfecto y parcial desempeño del Poder Judicial en los estados y en la nación, y ya no digamos en la procuración de justicia, sinónimo de agresión, arbitrariedad, impunidad, delincuencia. Necesitamos salvaguardar un mínimo decoro de justicia. No reducir los valores de justicia y equidad al legalismo formulista; no confundir el inmenso universo político, histórico y moral del derecho con la aplicación mecánica, rigurosa o corrupta de un conjunto de leyes precipitadamente adaptadas al gusto del poder. El sentido del estado de derecho es más vasto que el formulismo legalista y algo mucho más noble y complejo que cierta interpretación de las leyes con que a gran parte del pueblo de México la acorralan, engañan o amenazan. El derecho no está al servicio del gobierno, sino del Estado.
De manera cíclica, muchas agrupaciones financieras, industriales, gubernamentales, policiacas y militares se entronizan como las más elevadas instancias de derecho y de justicia en México. Todas hablan a su modo y conforme a sus intereses de legalidad, justicia, orden y defensa del estado de derecho. Cada una tiene su idea propia del orden jurídico y cada una, a su modo, dice defender la legalidad y la integridad del Estado. Todos los órganos del Ejecutivo federal, todas las policías del país y todos los grandes consorcios nacionales y extranjeros se erigen en instituciones especializadas en decir, juzgar y decidir qué es lo justo, equitativo o procedente. Esto ha venido provocando en el país un deterioro cíclico de todas las instituciones, que deberían asegurar la integridad de la nación, y un aumento alarmante e indigno de la demagogia, la represión y la corrupción.
En el ciclo actual, la ominosa decadencia del derecho asoma en el caso Atenco, en el resurgimiento de las desapariciones forzadas, en la impunidad de los asesinos de Acteal, en los regímenes fiscales especiales, en las violaciones a derechos humanos perpetradas por ejército y policía federal en campañas ineficientes y brutales contra el narcotráfico, en la privatización ilegal y corrupta de servicios públicos. La liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro emanó de la ilegalidad: el Poder Ejecutivo invadió esferas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, se excedió ilegalmente en juzgar hechos de los que el propio gobierno federal era responsable, invalidó contratos laborales vigentes, ocupó policialmente instalaciones antes de cualquier laudo, sentencia o medida judicial, antes aún de su propia farsa de publicación oficial. El ataque concentrado, marrullero, al Sindicato Mexicano de Electricistas es un caso flagrante de violencia de Estado. Es un ejemplo ominoso del fortalecimiento de un gobierno que debilita para su conveniencia el sistema de derecho y la integridad misma del Estado. ¿Son los riesgos ya del Estado fallido? ¿Es el exceso en los servicios de inteligencia?
Los gobiernos mexicanos suelen retornar cíclicamente a una concepción del derecho que daña ciertos contenedores de la vida social útiles para resolver conflictos actuales y del futuro inmediato. Cíclicamente, los gobiernos mexicanos pierden de vista el valor social, impersonal, del derecho. Olvidan que el orden de derecho sólo es útil cuando aceptamos que es posible remitir toda conducta de grupos sociales a una normatividad que nos cohesione y nos asegure que las decisiones y acuerdos vayan más allá del interés que podría prevalecer en una empresa familiar cuyos dueños cambien a su antojo la administración. En estos retornos cíclicos los gobernantes mexicanos confunden el régimen de derecho con un régimen de formulismo legalista. Las nociones del derecho se alejan de la administración pública y del lenguaje oficial. Todo acto de decisión política tiene consecuencias de derecho que van más allá, o que no son necesariamente equivalentes a la formalidad legal.
El país ha resentido en los recientes gabinetes presidenciales la presencia de funcionarios y economistas que confundieron el derecho con una herramienta ocasional de criterios administrativos, más que de criterios jurídicos, sociales o políticos. Esta confusión siempre necesitará de destacamentos militares y policiacos para apoyar los formulismos legales. No podemos escamotear a la sociedad mexicana el derecho y dejarle solamente la cáscara del legalismo. Proceder así nos puede llevar a un despeñadero mucho más grave que el de una espiral inflacionaria.
Si se tiene que recurrir a las bayonetas y cuerpos policiacos en conflictos sindicales, campesinos e indígenas, no se debe a que la sociedad mexicana se resista a aceptar el orden legal, sino justamente a que los poderes de la Unión y de los estados, y los funcionarios federales, no quieren fortalecer el régimen de derecho.
Hay leyes en el país que no se cumplen, que se violan, que son letra muerta, que se modifican o se interpretan según convenga a los intereses del nuevo postor. Los mexicanos sabemos que los laberintos de los tribunales están entre los sitios más inseguros del país. Todos los mexicanos tenemos una idea fija, verdadera o no, comprobable o no, del imperfecto y parcial desempeño del Poder Judicial en los estados y en la nación, y ya no digamos en la procuración de justicia, sinónimo de agresión, arbitrariedad, impunidad, delincuencia. Necesitamos salvaguardar un mínimo decoro de justicia. No reducir los valores de justicia y equidad al legalismo formulista; no confundir el inmenso universo político, histórico y moral del derecho con la aplicación mecánica, rigurosa o corrupta de un conjunto de leyes precipitadamente adaptadas al gusto del poder. El sentido del estado de derecho es más vasto que el formulismo legalista y algo mucho más noble y complejo que cierta interpretación de las leyes con que a gran parte del pueblo de México la acorralan, engañan o amenazan. El derecho no está al servicio del gobierno, sino del Estado.
De manera cíclica, muchas agrupaciones financieras, industriales, gubernamentales, policiacas y militares se entronizan como las más elevadas instancias de derecho y de justicia en México. Todas hablan a su modo y conforme a sus intereses de legalidad, justicia, orden y defensa del estado de derecho. Cada una tiene su idea propia del orden jurídico y cada una, a su modo, dice defender la legalidad y la integridad del Estado. Todos los órganos del Ejecutivo federal, todas las policías del país y todos los grandes consorcios nacionales y extranjeros se erigen en instituciones especializadas en decir, juzgar y decidir qué es lo justo, equitativo o procedente. Esto ha venido provocando en el país un deterioro cíclico de todas las instituciones, que deberían asegurar la integridad de la nación, y un aumento alarmante e indigno de la demagogia, la represión y la corrupción.
En el ciclo actual, la ominosa decadencia del derecho asoma en el caso Atenco, en el resurgimiento de las desapariciones forzadas, en la impunidad de los asesinos de Acteal, en los regímenes fiscales especiales, en las violaciones a derechos humanos perpetradas por ejército y policía federal en campañas ineficientes y brutales contra el narcotráfico, en la privatización ilegal y corrupta de servicios públicos. La liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro emanó de la ilegalidad: el Poder Ejecutivo invadió esferas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, se excedió ilegalmente en juzgar hechos de los que el propio gobierno federal era responsable, invalidó contratos laborales vigentes, ocupó policialmente instalaciones antes de cualquier laudo, sentencia o medida judicial, antes aún de su propia farsa de publicación oficial. El ataque concentrado, marrullero, al Sindicato Mexicano de Electricistas es un caso flagrante de violencia de Estado. Es un ejemplo ominoso del fortalecimiento de un gobierno que debilita para su conveniencia el sistema de derecho y la integridad misma del Estado. ¿Son los riesgos ya del Estado fallido? ¿Es el exceso en los servicios de inteligencia?
jueves, 22 de octubre de 2009
10 Años de cárcel injusta de Gloria y Jacobo
Piden liberar a Gloria Arenas y Jacobo Agis, presos desde 1999
El 19 de octubre de 1999, Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales fueron detenidos violentamente y desaparecidos por varios días; sufrieron tortura del gobierno federal y después fueron presentados a los medios como los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, no sin antes condenarlos a 50 años de cárcel.
En esta década de encarcelamiento Jacobo asumió la defensa de ambos y ha nulificado todos los cargos que el Estado le había impuesto. Hoy siguen injustamente presos a pesar de que se ha demostrado que el único "delito" del cual se asumen: el de rebeldía, ha quedado compurgado desde 2005. Desde hace cinco meses Jacobo fue trasladado del penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México, al penal de Nayarit, con la finalidad de dificultar y obstaculizar su proceso de libertad.
Jurídicamente el proceso se ha ganado; políticamente siguen siendo rehenes de este mal gobierno. Familiares, amigos y organizaciones seguiremos luchando por la libertad incondicional de los compañeros.
Mensaje de Gloria Arenas
Mi nombre es Gloria Arenas Agis, soy mujer, y desde hace casi 10 años soy una presa política más. Desde aquí les digo que la lucha por nuestras presas y presos políticos es muy importante para quienes estamos en una cárcel, porque nos da esperanza de libertad, porque nos anima a ver que el movimiento popular nos sigue reconociendo como parte suya.
Cuando alguien viene a visitarnos, no solamente está haciendo algo por nuestra libertad, hace algo más importante porque nos comunica su pensamiento, su punto de vista, nos trae noticias. No importa de la organización o grupo que sea, no importa si siente ánimo o desánimo, valor o temor, si trae proyectos, propuestas, críticas o dudas. Cada persona que viene es para nosotras, nosotros, parte del movimiento y lo que tiene que decir nos importa. Y estemos de acuerdo o no, nos hace reflexionar y eso nos enriquece. Así, nuestra estancia en la cárcel no es tiempo perdido, ni de aislamiento, sino una situación en la que nuestra visión crece, en la que nuestros horizontes se amplían, que nos permite aprender.
La lucha por nuestras presas y nuestros presos políticos, es muy importante también para el movimiento mismo, porque es una forma de combatir la impunidad, porque recuperamos de las prisiones a nuestras compañeras y compañeros, y esto nos fortalece, porque al luchar por la libertad de todos y todas, sin importar su organización, su lucha o el lugar donde están, estamos uniendo y coordinando esfuerzos, algo que tanta falta hace a la izquierda. La lucha por la libertad de todos y todas nos permite conocernos, acercarnos, identificarnos entre nosotras, nosotros. Nos hace tender puentes y eso nos fortalece.
Saber que alguien se esfuerza por nuestra libertad nos hace reflexionar y proponernos hacer algo mientras estemos en prisión y también cuando salgamos. Tal vez vemos que es muy poco lo que podemos hacer, tal vez ni siquiera sabemos qué hacer, tal vez no veamos muchas posibilidades, pero no importa, mientras exista el movimiento popular y mientras haya compañeros en las cárceles, nuestro compromiso crece.
No podemos olvidarlas y olvidarlos.
No podemos permitirnos caer en la autocompasión.
Si sentimos dolor, la rebeldía nos levanta, si nos reprimen, la dignidad nos da fuerza. La cárcel no es para nosotras las presas y los presos políticos un alto en el camino sino una oportunidad de cuestionarnos, de pensar, de exigirnos más, de actuar, de redoblar nuestro compromiso.
Sirvan estas palabras, a manera de saludo para todas y todos aquí presentes, y de bienvenida a esta etapa de la campaña por la libertad de todas y todos nuestros presos políticos, donde quiera que estén.
Gloria Arenas Agis,
Reclusorio de Santa María Chiconautla, Ecatepec a 26 de Septiembre de 2009.
¡¡LIBERTAD A GLORIA ARENAS!!
¡¡LIBERTAD A JACOBO SILVA!!
¡¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S!!
comiteverdad@gmail.com
http://comiteverdadjusticiaylibertad.blogspot.com
http://www.vcn.bc.ca/prisons
El 19 de octubre de 1999, Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales fueron detenidos violentamente y desaparecidos por varios días; sufrieron tortura del gobierno federal y después fueron presentados a los medios como los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, no sin antes condenarlos a 50 años de cárcel.
En esta década de encarcelamiento Jacobo asumió la defensa de ambos y ha nulificado todos los cargos que el Estado le había impuesto. Hoy siguen injustamente presos a pesar de que se ha demostrado que el único "delito" del cual se asumen: el de rebeldía, ha quedado compurgado desde 2005. Desde hace cinco meses Jacobo fue trasladado del penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México, al penal de Nayarit, con la finalidad de dificultar y obstaculizar su proceso de libertad.
Jurídicamente el proceso se ha ganado; políticamente siguen siendo rehenes de este mal gobierno. Familiares, amigos y organizaciones seguiremos luchando por la libertad incondicional de los compañeros.
Mensaje de Gloria Arenas
Mi nombre es Gloria Arenas Agis, soy mujer, y desde hace casi 10 años soy una presa política más. Desde aquí les digo que la lucha por nuestras presas y presos políticos es muy importante para quienes estamos en una cárcel, porque nos da esperanza de libertad, porque nos anima a ver que el movimiento popular nos sigue reconociendo como parte suya.
Cuando alguien viene a visitarnos, no solamente está haciendo algo por nuestra libertad, hace algo más importante porque nos comunica su pensamiento, su punto de vista, nos trae noticias. No importa de la organización o grupo que sea, no importa si siente ánimo o desánimo, valor o temor, si trae proyectos, propuestas, críticas o dudas. Cada persona que viene es para nosotras, nosotros, parte del movimiento y lo que tiene que decir nos importa. Y estemos de acuerdo o no, nos hace reflexionar y eso nos enriquece. Así, nuestra estancia en la cárcel no es tiempo perdido, ni de aislamiento, sino una situación en la que nuestra visión crece, en la que nuestros horizontes se amplían, que nos permite aprender.
La lucha por nuestras presas y nuestros presos políticos, es muy importante también para el movimiento mismo, porque es una forma de combatir la impunidad, porque recuperamos de las prisiones a nuestras compañeras y compañeros, y esto nos fortalece, porque al luchar por la libertad de todos y todas, sin importar su organización, su lucha o el lugar donde están, estamos uniendo y coordinando esfuerzos, algo que tanta falta hace a la izquierda. La lucha por la libertad de todos y todas nos permite conocernos, acercarnos, identificarnos entre nosotras, nosotros. Nos hace tender puentes y eso nos fortalece.
Saber que alguien se esfuerza por nuestra libertad nos hace reflexionar y proponernos hacer algo mientras estemos en prisión y también cuando salgamos. Tal vez vemos que es muy poco lo que podemos hacer, tal vez ni siquiera sabemos qué hacer, tal vez no veamos muchas posibilidades, pero no importa, mientras exista el movimiento popular y mientras haya compañeros en las cárceles, nuestro compromiso crece.
No podemos olvidarlas y olvidarlos.
No podemos permitirnos caer en la autocompasión.
Si sentimos dolor, la rebeldía nos levanta, si nos reprimen, la dignidad nos da fuerza. La cárcel no es para nosotras las presas y los presos políticos un alto en el camino sino una oportunidad de cuestionarnos, de pensar, de exigirnos más, de actuar, de redoblar nuestro compromiso.
Sirvan estas palabras, a manera de saludo para todas y todos aquí presentes, y de bienvenida a esta etapa de la campaña por la libertad de todas y todos nuestros presos políticos, donde quiera que estén.
Gloria Arenas Agis,
Reclusorio de Santa María Chiconautla, Ecatepec a 26 de Septiembre de 2009.
¡¡LIBERTAD A GLORIA ARENAS!!
¡¡LIBERTAD A JACOBO SILVA!!
¡¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S!!
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COMUNIDAD INDÍGENA ARGENTINA BAJO AMENAZA DE DESALOJO ILEGAL
Un terrateniente atacó a la comunidad indígena mientras intentaba expulsarla de sus tierras ancestrales, en el noroeste de Argentina, dejando un muerto por disparos y cuatro heridos.
El 12 de octubre, un terrateniente local se presentó en la comunidad indígena de Los Chuschagasta, en la provincia de Tucumán, acompañado de otros dos hombres a los que la comunidad reconoció como ex agentes de policía. Preguntaron por el líder de la comunidad (el "cacique"), afirmaron que eran los propietarios de las tierras y conminaron a los presentes (20 de los 300 miembros de Los Chuschagasta) a que abandonaran las tierras. Se acercaron otros miembros de la comunidad, que pidieron a los tres hombres que se fueran. Éstos abrieron fuego: mataron a Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a otros tres hombres. Acto seguido montaron en un vehículo y se alejaron disparando por las ventanillas, con lo que hirieron a otro hombre. Los comuneros les tiraron piedras. Poco después, el terrateniente y los otros dos hombres armados fueron detenidos.
Diez días antes, el terrateniente había ido a los terrenos de la comunidad y había construido allí una casa prefabricada. Desde entonces, los comuneros han estado bloqueando la carretera que lleva a dichas tierras.
Los integrantes de la comunidad, que pertenecen al grupo indígena diaguita, persiguen el reconocimiento de sus tierras ancestrales y la aplicación afectiva de la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras antes de noviembre de 2010, mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas en toda Argentina. Pese a la existencia de esta ley, aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2006, los terratenientes han seguido amenazando a miembros de la comunidad indígena diaguita con desalojarlos por la fuerza de sus tierras ancestrales para poder explotar los recursos naturales que hay en ellas.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:
* Pidiendo a las autoridades que proporcionen a la comunidad indígena diaguita de Los Chuschagasta la protección que necesiten.
* Pidiéndoles que apliquen efectivamente la Ley de Emergencia 26.160 para que Los Chuschagasta y otros pueblos indígenas de Argentina puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o desalojos ilegales.
* Pidiéndoles que ordenen una investigación completa, pronta e imparcial del homicidio de Javier Chocobar, publiquen los resultados y hagan comparecer a los responsables ante la justicia.
* Pidiéndoles que respeten plenamente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protejan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y que establezcan los mecanismos necesarios para que tales derechos puedan ser reconocidos y ejercidos con la plena participación de sus titulares.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En noviembre de 2006, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.160, que declaraba el estado de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Esta ley prohíbe desalojar o expulsar a personas indígenas de sus tierras ancestrales durante un periodo de cuatro años y estipula la realización de un estudio de ámbito nacional sobre la titularidad de las tierras. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el encargado de supervisar el estudio y el registro de la propiedad de las tierras indígenas. Sin embargo, han continuado los desalojos en varias provincias, como las de Tucumán y Neuquén. Algunas comunidades también se han resistido y opuesto a órdenes de desalojo emitidas por tribunales.
El 17 de septiembre, 40 familias de la comunidad indígena de Quilmes, en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, fueron desalojadas por la fuerza y sus viviendas fueron destruidas.
Sin acceso a sus recursos y sin poder llevar a cabo las prácticas tradicionales imprescindibles para su bienestar y supervivencia, muchos pueblos indígenas de Argentina no pueden disfrutar plenamente sus derechos humanos. Por el contrario, sufren marginación, pobreza, enfermedades y violencia.
Tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los que Argentina es parte, reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y exhortan a los Estados a que establezcan mecanismos que permitan reconocer y hacer cumplir esos derechos.
Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 A:
Dra. Alicia Margarita Kirchner
Ministra de Desarrollo Social
Avenida 9 de Julio 1925' Piso 14
(C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fax: +54 11 4379 3648 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadaministro@desarrollosocial.gov.ar
Tratamiento: Estimada Ministra
Dr. José Jorge Alperovich
Gobernador de la Provincia de Tucumán 25 de Mayo 90
San Miguel de Tucumán
Argentina
Fax: +54 381 484 4003 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadogobernador@tucuman.gov.ar
Tratamiento: Estimado Gobernador
Y copias a:
Comunidad indígena de Los Chuschagasta
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES, ONG que representa a la comunidad)
Mendoza 654 4º Piso Oficina 410
Tucumán 4000
Argentina
Envíen también una copia a los representantes diplomáticos acreditados en su país. Consulten con su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Excmo. Sr. Carlos Antonio BETTINI
C/ Pedro de Valdivia, 21 28006 - MADRID
Teléfono: 91 771 05 00 Fax: 91 771 05 26
E-mail: embajada@portalargentino.net
Fecha: 16 de octubre de 2009
AU: 282/09, Índice AI: AMR 13/001/2009 Argentina Fecha: 16 de octubre de 2009
El 12 de octubre, un terrateniente local se presentó en la comunidad indígena de Los Chuschagasta, en la provincia de Tucumán, acompañado de otros dos hombres a los que la comunidad reconoció como ex agentes de policía. Preguntaron por el líder de la comunidad (el "cacique"), afirmaron que eran los propietarios de las tierras y conminaron a los presentes (20 de los 300 miembros de Los Chuschagasta) a que abandonaran las tierras. Se acercaron otros miembros de la comunidad, que pidieron a los tres hombres que se fueran. Éstos abrieron fuego: mataron a Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a otros tres hombres. Acto seguido montaron en un vehículo y se alejaron disparando por las ventanillas, con lo que hirieron a otro hombre. Los comuneros les tiraron piedras. Poco después, el terrateniente y los otros dos hombres armados fueron detenidos.
Diez días antes, el terrateniente había ido a los terrenos de la comunidad y había construido allí una casa prefabricada. Desde entonces, los comuneros han estado bloqueando la carretera que lleva a dichas tierras.
Los integrantes de la comunidad, que pertenecen al grupo indígena diaguita, persiguen el reconocimiento de sus tierras ancestrales y la aplicación afectiva de la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras antes de noviembre de 2010, mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas en toda Argentina. Pese a la existencia de esta ley, aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2006, los terratenientes han seguido amenazando a miembros de la comunidad indígena diaguita con desalojarlos por la fuerza de sus tierras ancestrales para poder explotar los recursos naturales que hay en ellas.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:
* Pidiendo a las autoridades que proporcionen a la comunidad indígena diaguita de Los Chuschagasta la protección que necesiten.
* Pidiéndoles que apliquen efectivamente la Ley de Emergencia 26.160 para que Los Chuschagasta y otros pueblos indígenas de Argentina puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o desalojos ilegales.
* Pidiéndoles que ordenen una investigación completa, pronta e imparcial del homicidio de Javier Chocobar, publiquen los resultados y hagan comparecer a los responsables ante la justicia.
* Pidiéndoles que respeten plenamente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protejan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y que establezcan los mecanismos necesarios para que tales derechos puedan ser reconocidos y ejercidos con la plena participación de sus titulares.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En noviembre de 2006, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.160, que declaraba el estado de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Esta ley prohíbe desalojar o expulsar a personas indígenas de sus tierras ancestrales durante un periodo de cuatro años y estipula la realización de un estudio de ámbito nacional sobre la titularidad de las tierras. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el encargado de supervisar el estudio y el registro de la propiedad de las tierras indígenas. Sin embargo, han continuado los desalojos en varias provincias, como las de Tucumán y Neuquén. Algunas comunidades también se han resistido y opuesto a órdenes de desalojo emitidas por tribunales.
El 17 de septiembre, 40 familias de la comunidad indígena de Quilmes, en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, fueron desalojadas por la fuerza y sus viviendas fueron destruidas.
Sin acceso a sus recursos y sin poder llevar a cabo las prácticas tradicionales imprescindibles para su bienestar y supervivencia, muchos pueblos indígenas de Argentina no pueden disfrutar plenamente sus derechos humanos. Por el contrario, sufren marginación, pobreza, enfermedades y violencia.
Tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los que Argentina es parte, reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y exhortan a los Estados a que establezcan mecanismos que permitan reconocer y hacer cumplir esos derechos.
Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 A:
Dra. Alicia Margarita Kirchner
Ministra de Desarrollo Social
Avenida 9 de Julio 1925' Piso 14
(C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fax: +54 11 4379 3648 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadaministro@desarrollosocial.gov.ar
Tratamiento: Estimada Ministra
Dr. José Jorge Alperovich
Gobernador de la Provincia de Tucumán 25 de Mayo 90
San Miguel de Tucumán
Argentina
Fax: +54 381 484 4003 (si contesta una voz, digan "me puede dar tono de fax, por favor")
Correo-e: privadogobernador@tucuman.gov.ar
Tratamiento: Estimado Gobernador
Y copias a:
Comunidad indígena de Los Chuschagasta
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES, ONG que representa a la comunidad)
Mendoza 654 4º Piso Oficina 410
Tucumán 4000
Argentina
Envíen también una copia a los representantes diplomáticos acreditados en su país. Consulten con su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Excmo. Sr. Carlos Antonio BETTINI
C/ Pedro de Valdivia, 21 28006 - MADRID
Teléfono: 91 771 05 00 Fax: 91 771 05 26
E-mail: embajada@portalargentino.net
Fecha: 16 de octubre de 2009
AU: 282/09, Índice AI: AMR 13/001/2009 Argentina Fecha: 16 de octubre de 2009
El asesinato de Javier Chocobar (ARGENTINA)
Por Norma Giarracca *
El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho colonial” de consecuencias más dramáticas en la historia de la humanidad –surgimiento del concepto de “raza”, genocidios en su nombre y saqueos de territorios–, Tucumán decidió recordarlo con el asesinato de un comunero indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los Chuschagasta en el norte tucumano fue asesinado mientras otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. Los comuneros defendían sus territorios amenazados –como en muchas otras provincias– por terratenientes, nuevos inversores sojeros o por la especulación inmobiliaria. Un terrateniente y sus “guardias blancas” armados –novedoso fenómeno del neoliberalismo en el país– abrieron fuego contra poblaciones cuyas únicas armas son legislaciones nacionales e internacionales que avalan la propiedad comunal.
El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la sección Policiales , menciona el hecho de esta forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro resultaron heridos anoche tras una violenta disputa suscitada en Chuscha, al norte de la provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían el hecho como “una batahola entre bandas” o “peleas territoriales”.
Es muy importante estar informados de que en la Argentina todos los días los pobladores corren serios riesgos por defender los bienes naturales comunes de la devastación infligida por el neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo productivo”. Actividades extractivas como el agronegocio y la minería o especulativas como el negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, aguas, glaciares y derechos de poblaciones que aprendieron a defenderse con las legislaciones.
En noviembre de 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), en la que se da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras e incluso suspende procesos judiciales en marcha. No obstante, esta comunidad de Los Chuschagasta es blanco de acosos y amenazas para expulsar a los comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se violan tratados internacionales y leyes nacionales con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Por estas razones fue asesinado un comunero.
Se oyeron las voces de alerta de Anmistía Internacional y de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr oír muchas más voces, debemos escuchar gritos de todo un país que alguna vez prometió a las nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida en la gran ciudad, donde está el corazón del poder político. No pasaron inadvertidas las muertes del maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en manos de “guardias blancas” que rememoran a las peores épocas de América latina puede pasar inadvertida o reducirse a las secciones policiales de los medios? ¿El asesinato de un comunero indígena perpetuado por hombres del poder económico no nos llena de horror? ¿A qué “mordaza” se referían los periodistas de televisión durante las últimas semanas? ¿Quién los amordaza para no tratar este asesinato, para que no quede oculto en los bosques tucumanos?
Si quedara oculto, como un hecho policial, ya estaríamos transitando ese peligroso sendero que comienza con la “naturalizació n” de las muertes y los asesinatos de los que resisten y todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. Por eso es necesario que todos expresemos el más enérgico repudio a este asesinato y exijamos justicia, el respeto a los tratados internacionales, la puesta en real vigencia de la Ley de Emergencia de Propiedad Comunal y toda la legislación que protege los territorios y sus poblaciones así como el desarme de grupos policíacos privados en todo el país.
* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (Instituto Gino Germani-UBA) .
El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho colonial” de consecuencias más dramáticas en la historia de la humanidad –surgimiento del concepto de “raza”, genocidios en su nombre y saqueos de territorios–, Tucumán decidió recordarlo con el asesinato de un comunero indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los Chuschagasta en el norte tucumano fue asesinado mientras otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. Los comuneros defendían sus territorios amenazados –como en muchas otras provincias– por terratenientes, nuevos inversores sojeros o por la especulación inmobiliaria. Un terrateniente y sus “guardias blancas” armados –novedoso fenómeno del neoliberalismo en el país– abrieron fuego contra poblaciones cuyas únicas armas son legislaciones nacionales e internacionales que avalan la propiedad comunal.
El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la sección Policiales , menciona el hecho de esta forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro resultaron heridos anoche tras una violenta disputa suscitada en Chuscha, al norte de la provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían el hecho como “una batahola entre bandas” o “peleas territoriales”.
Es muy importante estar informados de que en la Argentina todos los días los pobladores corren serios riesgos por defender los bienes naturales comunes de la devastación infligida por el neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo productivo”. Actividades extractivas como el agronegocio y la minería o especulativas como el negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, aguas, glaciares y derechos de poblaciones que aprendieron a defenderse con las legislaciones.
En noviembre de 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), en la que se da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras e incluso suspende procesos judiciales en marcha. No obstante, esta comunidad de Los Chuschagasta es blanco de acosos y amenazas para expulsar a los comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se violan tratados internacionales y leyes nacionales con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Por estas razones fue asesinado un comunero.
Se oyeron las voces de alerta de Anmistía Internacional y de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr oír muchas más voces, debemos escuchar gritos de todo un país que alguna vez prometió a las nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida en la gran ciudad, donde está el corazón del poder político. No pasaron inadvertidas las muertes del maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en manos de “guardias blancas” que rememoran a las peores épocas de América latina puede pasar inadvertida o reducirse a las secciones policiales de los medios? ¿El asesinato de un comunero indígena perpetuado por hombres del poder económico no nos llena de horror? ¿A qué “mordaza” se referían los periodistas de televisión durante las últimas semanas? ¿Quién los amordaza para no tratar este asesinato, para que no quede oculto en los bosques tucumanos?
Si quedara oculto, como un hecho policial, ya estaríamos transitando ese peligroso sendero que comienza con la “naturalizació n” de las muertes y los asesinatos de los que resisten y todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. Por eso es necesario que todos expresemos el más enérgico repudio a este asesinato y exijamos justicia, el respeto a los tratados internacionales, la puesta en real vigencia de la Ley de Emergencia de Propiedad Comunal y toda la legislación que protege los territorios y sus poblaciones así como el desarme de grupos policíacos privados en todo el país.
* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (Instituto Gino Germani-UBA) .
domingo, 4 de octubre de 2009
José Manuel Hernández: acoso sin fin
Luis Hernández Navarro
En las oficinas de la Casa del Pueblo, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, hay una manta con los nombres de más de 40 campesinos. Son los 37 muertos y los desaparecidos en la lucha que, por recuperar sus tierras, inició la comunidad en 1965. Sus fotografías penden en el altar. Son las víctimas de caciques, paramilitares, policías y Ejército.
Los comuneros de Carranza han sido permanentemente vejados, hostigados, humillados y ninguneados. Muchos de los difuntos homenajeados en el local de la organización fueron comisarios de bienes comunales. Varios fueron líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), fundada en 1982 por la Casa del Pueblo y núcleos campesinos de otros municipios del estado. Así sucedió con el comisariado Bartolomé Martínez Villatoro. En julio de 1974, Carmen Orantes, el cacique regional, le advirtió: “Mira, indio, si no te vas de aquí, cuentas con tu vida.” Un año más tarde fue asesinado.
El último episodio de este acoso sin fin fue la detención del dirigente histórico de la comunidad, José Manuel Hernández Martínez, conocido como Don Chema, el pasado miércoles 30 de septiembre, en un operativo tan cobarde como atropellado.
Los policías que lo aprehendieron llegaron a la comunidad 28 de junio en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, vestidos con uniformes de la empresa. Preguntaron a los residentes si tenían algún problema con la electricidad, o si los podía ayudar de alguna forma. Cuando localizaron a Don Chema lo detuvieron y subieron al vehículo sin orden de aprehensión. Kilómetros adelante pasaron a Don Chema a otra camioneta ocupada por hombres armados vestidos de negro, con el rostro cubierto con pasamontañas.
Hernández Martínez fue recluido en el penal El Amate. Se le acusa del despojo del predio El Desencanto, presuntamente cometido en julio de 2003 en Venustiano Carranza. Será procesado por delitos configurados en casi una decena de averiguaciones previas. Es investigado por daño en propiedad ajena, comisión de hechos delictuosos, daños calificados, robo calificado y despojo. Se le quiere juzgar también por atentados contra los símbolos patrios o valores históricos nacionales o del estado, despojo, conspiración y fraude específico.
Don Chema declaró ante el fiscal del Ministerio Público y su abogado defensor que en la PGJE sus interrogadores insistieron en que se declarara integrante de algún grupo armado. “Me preguntaban, dijo, si pertenecía al EPR. Cuando les dije que la única organización a la que pertenecía era a la OCEZ y que esta organización luchaba por la vía civil y pacífica, me acusaban de pertenecer al EZLN.”
No es la primera vez que Hernández Martínez está en la cárcel. En dos ocasiones ha pasado temporadas tras las rejas. En 1984 Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia.
Don Chema es un luchador social que ha procurado la recuperación de las tierras de su comunidad desde hace más de tres décadas. Tiene 56 años. Es indígena tzotzil y padre de seis hijos.
Perseguido por el poder y los caciques, en distintos momentos de su vida, ha tenido que vivir a salto de mata, perseguido y hostigado. Diversos funcionarios públicos han querido sobornarlo ofreciéndole un empleo público o un sueldo clandestino, sin tener que desempeñar labor alguna. Nunca ha aceptado. Él afirma que “mi única función es informar qué está haciendo la organización. Totalmente me he negado a eso. ¿Por qué? Porque no soy yo, son las comunidades; es el pueblo. Yo me puedo vender, pero los problemas van a seguir. Lo hemos aclarado ante instituciones de gobierno: a mí me pueden encarcelar, me pueden comprar y me pueden asesinar, pero el gobierno no va a resolver nada con eso si no se resuelven los problemas de las comunidades”.
En las oficinas de la Casa del Pueblo, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, hay una manta con los nombres de más de 40 campesinos. Son los 37 muertos y los desaparecidos en la lucha que, por recuperar sus tierras, inició la comunidad en 1965. Sus fotografías penden en el altar. Son las víctimas de caciques, paramilitares, policías y Ejército.
Los comuneros de Carranza han sido permanentemente vejados, hostigados, humillados y ninguneados. Muchos de los difuntos homenajeados en el local de la organización fueron comisarios de bienes comunales. Varios fueron líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), fundada en 1982 por la Casa del Pueblo y núcleos campesinos de otros municipios del estado. Así sucedió con el comisariado Bartolomé Martínez Villatoro. En julio de 1974, Carmen Orantes, el cacique regional, le advirtió: “Mira, indio, si no te vas de aquí, cuentas con tu vida.” Un año más tarde fue asesinado.
El último episodio de este acoso sin fin fue la detención del dirigente histórico de la comunidad, José Manuel Hernández Martínez, conocido como Don Chema, el pasado miércoles 30 de septiembre, en un operativo tan cobarde como atropellado.
Los policías que lo aprehendieron llegaron a la comunidad 28 de junio en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, vestidos con uniformes de la empresa. Preguntaron a los residentes si tenían algún problema con la electricidad, o si los podía ayudar de alguna forma. Cuando localizaron a Don Chema lo detuvieron y subieron al vehículo sin orden de aprehensión. Kilómetros adelante pasaron a Don Chema a otra camioneta ocupada por hombres armados vestidos de negro, con el rostro cubierto con pasamontañas.
Hernández Martínez fue recluido en el penal El Amate. Se le acusa del despojo del predio El Desencanto, presuntamente cometido en julio de 2003 en Venustiano Carranza. Será procesado por delitos configurados en casi una decena de averiguaciones previas. Es investigado por daño en propiedad ajena, comisión de hechos delictuosos, daños calificados, robo calificado y despojo. Se le quiere juzgar también por atentados contra los símbolos patrios o valores históricos nacionales o del estado, despojo, conspiración y fraude específico.
Don Chema declaró ante el fiscal del Ministerio Público y su abogado defensor que en la PGJE sus interrogadores insistieron en que se declarara integrante de algún grupo armado. “Me preguntaban, dijo, si pertenecía al EPR. Cuando les dije que la única organización a la que pertenecía era a la OCEZ y que esta organización luchaba por la vía civil y pacífica, me acusaban de pertenecer al EZLN.”
No es la primera vez que Hernández Martínez está en la cárcel. En dos ocasiones ha pasado temporadas tras las rejas. En 1984 Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia.
Don Chema es un luchador social que ha procurado la recuperación de las tierras de su comunidad desde hace más de tres décadas. Tiene 56 años. Es indígena tzotzil y padre de seis hijos.
Perseguido por el poder y los caciques, en distintos momentos de su vida, ha tenido que vivir a salto de mata, perseguido y hostigado. Diversos funcionarios públicos han querido sobornarlo ofreciéndole un empleo público o un sueldo clandestino, sin tener que desempeñar labor alguna. Nunca ha aceptado. Él afirma que “mi única función es informar qué está haciendo la organización. Totalmente me he negado a eso. ¿Por qué? Porque no soy yo, son las comunidades; es el pueblo. Yo me puedo vender, pero los problemas van a seguir. Lo hemos aclarado ante instituciones de gobierno: a mí me pueden encarcelar, me pueden comprar y me pueden asesinar, pero el gobierno no va a resolver nada con eso si no se resuelven los problemas de las comunidades”.
viernes, 2 de octubre de 2009
COMUNICADO DEL FNCR (MÉXICO)
México D.F., a 2 de octubre de 2009
Al pueblo de México
A las organizaciones sociales
A los medios de comunicación
El día de hoy hace dos años, más de ciento cincuenta organizaciones de toda la república nos dimos cita para suscribir el manifiesto con el cual se conformó el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), retomando la experiencia de aquel primer referente formado en diciembre de 1979.
En los últimos años la represión del estado mexicano no sólo se ha acrecentado, sino especializado, e incluso legalizado. Acontecimientos tan deplorables como lo ocurrido en San Salvador Atenco en mayo de 2006, o la encarnizada represión en contra de la APPO en Oaxaca que se intensificó en noviembre de ese mismo año, son apenas una muestra de cómo los gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos, en su afán por sostener y servirse de un sistema cada vez más autoritario y antipopular.
Tanto el gobierno federal, como los estatales, han sido responsables de constantes atropellos hacia las organizaciones sociales, baste mencionar la represión hacia estudiantes normalistas en Chiapas, Guerrero y Michoacán, o como sucedió el 2 de octubre pasado en esta Ciudad, entre muchos casos más. La persecución en contra de organizaciones sociales tanto en Chiapas, como Hidalgo, Morelos, Oaxaca, o San Luis Potosí. El acoso y criminalización a luchadores sociales lo mismo en Chihuahua que en Campeche. Y así a lo largo y ancho del país.
Los malos gobiernos han tomado decisiones que agreden cada vez más la vida y posibilidades de bienestar del pueblo mexicano, creando condiciones que propician el descontento social. Además, se quiere hacer creer que la inédita crisis económica en la que se encuentra inmerso el país tiene sus orígenes en el exterior, y para muestra baste un botón: en días pasados se dio a conocer que de diez millones de nuevos pobres durante el último año en América Latina, seis son de México. Además el acelerado e inédito crecimiento del desempleo, el derroche del erario en salarios de la alta burocracia, son elementos que acrecientan el de por sí histórico descontento popular.
Por si fuera poco, la sumisión con que las cúpulas mexicanas han alimentado su relación con la potencia más poderosa del mundo, hace de la situación bilateral con Estados Unidos un tema de gran preocupación, especialmente en estos tiempos, que se consolidan verdaderas alternativas de nación en otros países hermanos, contraviniendo en muchos casos los intereses que le han dado vida y cuerpo al imperio por décadas. México en este caso, juega un papel estratégico para los propósitos militares y económicos (entiéndase saqueo) estadounidenses. Los instrumentos de “cooperación en materia de seguridad” conforman un mapa en el que junto con Colombia, nuestro país juega un papel fundamental en la estrategia imperialista por imponer su orden en Latinoamérica, ante lo cual la posibilidad de ejercer una nación libre y soberana sería cada vez más lejana.
Ante esta realidad, la respuesta natural se ha dado a través de diferentes esfuerzos de organización social, que también se han venido planteando la lucha contra la represión como un tema central de sus agendas.
El FNCR ha promovido diferentes acciones encaminadas a denunciar, analizar, y concientizar sobre la grave situación que se ha venido dando en temas relacionados con la represión del estado mexicano:
· Una militarización y paramilitarización desmedidas, y los cada vez más comunes atropellos en contra de la población.
· La persecución y saña en contra de los luchadores sociales, así como la creciente tendencia a criminalizarlos.
· La desaparición forzada y la tortura como prácticas aún vigentes, a pesar de que México ha suscrito todos los tratados internacionales que las prohíben y previenen.
· La consolidación de un estado fascista, a través de reformas nunca antes vistas, que vulneran los derechos humanos, a la vez que contravienen el propio espíritu constitucional y los tratados referidos.
Además de promover la consciencia y la solidaridad, construir la lucha en contra de la represión ha sido tarea fundamental del FNCR. Hasta hoy se han desarrollado 14 asambleas nacionales, y se están consolidando Frentes en por lo menos 15 estados de la república.
También se ha venido elaborando un órgano de difusión, el periódico FNCREMOS, y pronto se dará a conocer una página web, en la que destaca la elaboración de un Diario de la Represión, un registro abierto de todos los hechos de que se tenga conocimiento.
Buscando una salida viable para la liberación de los presos políticos, el cese a la persecución de luchadores sociales, y la presentación con vida de los desaparecidos, el FNCR ha promovido una iniciativa de Ley de Amnistía general. A pesar del gran respaldo social con que se cuenta, la mayoría en el congreso la ha “congelado”. Sin embargo, el FNCR seguirá impulsándola como una de sus principales exigencias.
Un aspecto que no se puede soslayar es la grave situación que ha presentado la procuración de justicia. Tan sólo en los últimos meses hemos visto la infame resolución sobre el caso Atenco; la impunidad en torno al caso de la Guardería ABC en Sonora; la cuestionable liberación de los ejecutores de la masacre de Acteal.
Por si fuera poco, el reciente nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la república, resulta muy preocupante, no sólo por haber demostrado ineptitud y falta de conocimiento en ese ámbito, sino porque lo acompaña la falta de voluntad para resolver un problema tan grave como los feminicidios en Ciudad Juárez. Es señalado además por brindar protección a delincuentes y por tráfico de influencias durante su gestión en el estado de Chihuahua.
Como hemos venido haciendo desde hace dos años, llamamos al pueblo mexicano para organizarse y accionar en contra de la represión. La fundación del FNCR un día como hoy no es accidental, responde a la necesidad de no olvidar y no perdonar aquella masacre que ha lacerado el corazón del pueblo mexicano desde hace 41 años. Nos adherimos a todas las conmemoraciones que hoy tienen lugar en muchos rincones de nuestro país.
¡2 de octubre no se olvida!
¡Ni perdón ni olvido!
¡Vivos los llevaron, Vivos los queremos!
¡Presos políticos libertad!
Al pueblo de México
A las organizaciones sociales
A los medios de comunicación
El día de hoy hace dos años, más de ciento cincuenta organizaciones de toda la república nos dimos cita para suscribir el manifiesto con el cual se conformó el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), retomando la experiencia de aquel primer referente formado en diciembre de 1979.
En los últimos años la represión del estado mexicano no sólo se ha acrecentado, sino especializado, e incluso legalizado. Acontecimientos tan deplorables como lo ocurrido en San Salvador Atenco en mayo de 2006, o la encarnizada represión en contra de la APPO en Oaxaca que se intensificó en noviembre de ese mismo año, son apenas una muestra de cómo los gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos, en su afán por sostener y servirse de un sistema cada vez más autoritario y antipopular.
Tanto el gobierno federal, como los estatales, han sido responsables de constantes atropellos hacia las organizaciones sociales, baste mencionar la represión hacia estudiantes normalistas en Chiapas, Guerrero y Michoacán, o como sucedió el 2 de octubre pasado en esta Ciudad, entre muchos casos más. La persecución en contra de organizaciones sociales tanto en Chiapas, como Hidalgo, Morelos, Oaxaca, o San Luis Potosí. El acoso y criminalización a luchadores sociales lo mismo en Chihuahua que en Campeche. Y así a lo largo y ancho del país.
Los malos gobiernos han tomado decisiones que agreden cada vez más la vida y posibilidades de bienestar del pueblo mexicano, creando condiciones que propician el descontento social. Además, se quiere hacer creer que la inédita crisis económica en la que se encuentra inmerso el país tiene sus orígenes en el exterior, y para muestra baste un botón: en días pasados se dio a conocer que de diez millones de nuevos pobres durante el último año en América Latina, seis son de México. Además el acelerado e inédito crecimiento del desempleo, el derroche del erario en salarios de la alta burocracia, son elementos que acrecientan el de por sí histórico descontento popular.
Por si fuera poco, la sumisión con que las cúpulas mexicanas han alimentado su relación con la potencia más poderosa del mundo, hace de la situación bilateral con Estados Unidos un tema de gran preocupación, especialmente en estos tiempos, que se consolidan verdaderas alternativas de nación en otros países hermanos, contraviniendo en muchos casos los intereses que le han dado vida y cuerpo al imperio por décadas. México en este caso, juega un papel estratégico para los propósitos militares y económicos (entiéndase saqueo) estadounidenses. Los instrumentos de “cooperación en materia de seguridad” conforman un mapa en el que junto con Colombia, nuestro país juega un papel fundamental en la estrategia imperialista por imponer su orden en Latinoamérica, ante lo cual la posibilidad de ejercer una nación libre y soberana sería cada vez más lejana.
Ante esta realidad, la respuesta natural se ha dado a través de diferentes esfuerzos de organización social, que también se han venido planteando la lucha contra la represión como un tema central de sus agendas.
El FNCR ha promovido diferentes acciones encaminadas a denunciar, analizar, y concientizar sobre la grave situación que se ha venido dando en temas relacionados con la represión del estado mexicano:
· Una militarización y paramilitarización desmedidas, y los cada vez más comunes atropellos en contra de la población.
· La persecución y saña en contra de los luchadores sociales, así como la creciente tendencia a criminalizarlos.
· La desaparición forzada y la tortura como prácticas aún vigentes, a pesar de que México ha suscrito todos los tratados internacionales que las prohíben y previenen.
· La consolidación de un estado fascista, a través de reformas nunca antes vistas, que vulneran los derechos humanos, a la vez que contravienen el propio espíritu constitucional y los tratados referidos.
Además de promover la consciencia y la solidaridad, construir la lucha en contra de la represión ha sido tarea fundamental del FNCR. Hasta hoy se han desarrollado 14 asambleas nacionales, y se están consolidando Frentes en por lo menos 15 estados de la república.
También se ha venido elaborando un órgano de difusión, el periódico FNCREMOS, y pronto se dará a conocer una página web, en la que destaca la elaboración de un Diario de la Represión, un registro abierto de todos los hechos de que se tenga conocimiento.
Buscando una salida viable para la liberación de los presos políticos, el cese a la persecución de luchadores sociales, y la presentación con vida de los desaparecidos, el FNCR ha promovido una iniciativa de Ley de Amnistía general. A pesar del gran respaldo social con que se cuenta, la mayoría en el congreso la ha “congelado”. Sin embargo, el FNCR seguirá impulsándola como una de sus principales exigencias.
Un aspecto que no se puede soslayar es la grave situación que ha presentado la procuración de justicia. Tan sólo en los últimos meses hemos visto la infame resolución sobre el caso Atenco; la impunidad en torno al caso de la Guardería ABC en Sonora; la cuestionable liberación de los ejecutores de la masacre de Acteal.
Por si fuera poco, el reciente nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la república, resulta muy preocupante, no sólo por haber demostrado ineptitud y falta de conocimiento en ese ámbito, sino porque lo acompaña la falta de voluntad para resolver un problema tan grave como los feminicidios en Ciudad Juárez. Es señalado además por brindar protección a delincuentes y por tráfico de influencias durante su gestión en el estado de Chihuahua.
Como hemos venido haciendo desde hace dos años, llamamos al pueblo mexicano para organizarse y accionar en contra de la represión. La fundación del FNCR un día como hoy no es accidental, responde a la necesidad de no olvidar y no perdonar aquella masacre que ha lacerado el corazón del pueblo mexicano desde hace 41 años. Nos adherimos a todas las conmemoraciones que hoy tienen lugar en muchos rincones de nuestro país.
¡2 de octubre no se olvida!
¡Ni perdón ni olvido!
¡Vivos los llevaron, Vivos los queremos!
¡Presos políticos libertad!
jueves, 1 de octubre de 2009
INVITACIÓN 2 DE OCTUBRE (MÉXICO)
México D.F., a 1 de octubre de 2009
Al Frente Nacional Contra la Represión
A las Organizaciones sociales
Hacemos una cordial invitación para asistir, o dar cobertura, a una conferencia de prensa en la que abordaremos los siguientes puntos:
A partir de que el día de ayer se dio a conocer la ficha roja de Lucía Morett Alvárez, por parte de la Policía Internacional (Interpol), sus padres darán una conferencia de prensa.
Además conmemoraremos los hechos de 1968 en Tlatelolco, y el segundo aniversario de la refundación del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), contando con la presencia de Doña Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Fazio, y Enrique González Ruiz, quienes disertarán sobre la situación la represión de estado en México, y la situación que guarda el tema de los Derechos Humanos en nuestro país.
La cita es el viernes 2 de octubre, a las 10:30 horas en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, Centro Histórico, a unos pasos de la estación de metro Allende).
Frente Nacional Contra la Represión
Al Frente Nacional Contra la Represión
A las Organizaciones sociales
Hacemos una cordial invitación para asistir, o dar cobertura, a una conferencia de prensa en la que abordaremos los siguientes puntos:
A partir de que el día de ayer se dio a conocer la ficha roja de Lucía Morett Alvárez, por parte de la Policía Internacional (Interpol), sus padres darán una conferencia de prensa.
Además conmemoraremos los hechos de 1968 en Tlatelolco, y el segundo aniversario de la refundación del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), contando con la presencia de Doña Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Fazio, y Enrique González Ruiz, quienes disertarán sobre la situación la represión de estado en México, y la situación que guarda el tema de los Derechos Humanos en nuestro país.
La cita es el viernes 2 de octubre, a las 10:30 horas en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, Centro Histórico, a unos pasos de la estación de metro Allende).
Frente Nacional Contra la Represión
domingo, 27 de septiembre de 2009
Los de abajo
Actos de resistencia
Gloria Muñoz Ramírez
Esta semana se vivieron dos acontecimientos de resistencia en el norte y sur del país. En Ciudad Juárez, Chihuahua, los colonos de Lomas de Poleo que sec resisten al despojo del territorio en el que viven desde hace más de 30 años, y en el que son hostigados permanentemente por los guardias armados de la familia Zargoza, organizaron un sistema de transporte para que los niños de la parte baja de la colonia puedan asistir a la escuela sin miedo a ser interceptados y agredidos por los sicarios.
La organización interna de los colonos que se niegan a desocupar las tierras que les pertenecen, les está permitiendo pequeños pero significativos logros, como la aplicación de un plan de desayunos para los alumnos, con el dinero que obtienen de cooperaciones solidarias y de las personas que asisten a las reuniones de los sábados, en las que se planean “las acciones y los trabajos de resistencia y lucha”.
La resistencia de alumnas, alumnos, madres de familia y mesa directiva de la escuela Alfredo Nava Sahagún, acompañados de activistas y colonos, logró que se iniciaran clases en agosto, obligando a las autoridades educativas a enviar un profesor.
A los colonos de Lomas de Poleo les han destruido sus casas, los han agredido físicamente, los tienen encerrados en medio de alambres de púas y guardias armados. Y, sin embargo, “con muchas dificultades, con mucha esperanza, resistencia y lucha”, mantienen su escuela y resisten. No se irán, aseguran.
En el sur del país, en Campeche, los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron –también esta semana– las primeras 31 hectáreas de su territorio, “después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contó con la protección de la policía estatal de Campeche”.
El equipo Indignación reporta que los pobladores “confían en recuperar todo su territorio, pues unos días antes fueron informados de que el juez primero de distrito les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a su favor”. Su resistencia ya tuvo el primer logro.
Los colonos de Lomas de Poleo y de San Antonio Ebulá participan en la otra campaña, como los convocantes al festival político cultural que hoy se organiza en el Hemiciclo a Juárez por la libertad de los presos políticos del país. Actos similares se realizarán en Veracruz, Puebla, Morelos, Coahuila, Nayarit y estado de México.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Gloria Muñoz Ramírez
Esta semana se vivieron dos acontecimientos de resistencia en el norte y sur del país. En Ciudad Juárez, Chihuahua, los colonos de Lomas de Poleo que sec resisten al despojo del territorio en el que viven desde hace más de 30 años, y en el que son hostigados permanentemente por los guardias armados de la familia Zargoza, organizaron un sistema de transporte para que los niños de la parte baja de la colonia puedan asistir a la escuela sin miedo a ser interceptados y agredidos por los sicarios.
La organización interna de los colonos que se niegan a desocupar las tierras que les pertenecen, les está permitiendo pequeños pero significativos logros, como la aplicación de un plan de desayunos para los alumnos, con el dinero que obtienen de cooperaciones solidarias y de las personas que asisten a las reuniones de los sábados, en las que se planean “las acciones y los trabajos de resistencia y lucha”.
La resistencia de alumnas, alumnos, madres de familia y mesa directiva de la escuela Alfredo Nava Sahagún, acompañados de activistas y colonos, logró que se iniciaran clases en agosto, obligando a las autoridades educativas a enviar un profesor.
A los colonos de Lomas de Poleo les han destruido sus casas, los han agredido físicamente, los tienen encerrados en medio de alambres de púas y guardias armados. Y, sin embargo, “con muchas dificultades, con mucha esperanza, resistencia y lucha”, mantienen su escuela y resisten. No se irán, aseguran.
En el sur del país, en Campeche, los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron –también esta semana– las primeras 31 hectáreas de su territorio, “después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contó con la protección de la policía estatal de Campeche”.
El equipo Indignación reporta que los pobladores “confían en recuperar todo su territorio, pues unos días antes fueron informados de que el juez primero de distrito les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a su favor”. Su resistencia ya tuvo el primer logro.
Los colonos de Lomas de Poleo y de San Antonio Ebulá participan en la otra campaña, como los convocantes al festival político cultural que hoy se organiza en el Hemiciclo a Juárez por la libertad de los presos políticos del país. Actos similares se realizarán en Veracruz, Puebla, Morelos, Coahuila, Nayarit y estado de México.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
La Jungla
Jorge Durand
A la Jungla, el asentamiento de migrantes indocumentados en Calais, Francia, recientemente desmantelado por la policía francesa, se le conoce también como la Tijuana de Europa”. El Paso de Calais es el lugar más cercano entre Francia e Inglaterra; allí se ubican los puertos que conectan, por medio de transbordadores, la isla con el continente, y por ahí pasa el Eurotúnel, la obra de ingeniería más famosa, compleja y costosa de Europa. Es la frontera entre Francia e Inglaterra, entre el euro y la libra, y allí se concentran los migrantes indocumentados y los infaltables traficantes.
Como en el Paso del Norte, los migrantes del Paso de Calais utilizan cualquier medio para viajar de polizontes en los barcos, los camiones de carga y los trenes que cruzan el estrecho. Muchos han muerto en el intento o han quedado heridos después de saltar infructuosamente a un camión o un tren en marcha.
Los habitantes de la Jungla son una población flotante que no quiere, ni pretende, quedarse en Francia, su intención es llegar al Reino Unido. De ahí que por años hayan sido tolerados por el gobierno y la policía franceses. Se supone que es un asunto de Inglaterra y corresponde a los ingleses solucionarlo, por eso los franceses se lavan las manos, hasta donde la realidad y los medios lo permiten. Pero cada accidente, cada acto violento, cada muerte es una razón más para intervenir.
En un comienzo los migrantes se ubicaron en la población de Sangatte, donde está la puerta de ingreso al Eurotúnel. La presencia de tantos inmigrantes viviendo en situación precaria obligó a la Cruz Roja a intervenir y se creó, en 1999, un centro de acogida a migrantes. Las instalaciones fueron los viejos galerones y almacenes que quedaron desocupados cuando se concluyeron los trabajos del túnel. Allí se pensaba acoger a 200 migrantes, por un periodo de siete días, y llegaron a atender a más de mil 500 por periodos indefinidos. Muchos migrantes demandaban refugio del gobierno inglés, que no atendía sus peticiones. La mayoría eran afganos, kurdos, albanos e iraquíes, con razones sobradas para demandar refugio.
Además de la policía y los servicios de inmigración de ambos países, los policías privados del Eurotúnel, los transbordadores y los camiones de carga se encargaban de vigilar, reprimir y arrestar a los migrantes que intentaban viajar de polizontes. Los accidentes generaban retrasos de horas o días, con grandes pérdidas para las compañías, pero eran los guardias los que generaban los accidentes al perseguir a los inmigrantes. Incluso algunos migrantes fueron capturados en su intento por cruzar a pie por los pasadizos del túnel. Todo esto implicaba retrasos y mayores costos en personal de vigilancia y más recursos tecnológicos para la detección de migrantes.
En menos de dos años la población refugiada en Sangatte llegó a 3 mil personas y en su momento más álgido a 5 mil, con migrantes provenientes de más de 110 países. La mayoría eran afganos, kurdos y africanos de países anglófonos. Inglaterra acusaba a Francia de no hacer nada y Francia reclamaba que la causa fundamental de todo el problema era la política inglesa de refugio. En diciembre de 2001 y enero de 2002 se dieron intentos masivos de los migrantes por tomar el tren por la fuerza y la crisis obligó a cerrar el campo de Sangatte. Inglaterra se comprometió a aceptar a los refugiados kurdos, iraquíes y afganos con familias. Los niños quedaron a cargo del ACNUR y se pusieron en marcha varios programas de retorno asistido. La mayoría de migrantes se desperdigó por el territorio francés, hasta que se volvieron a concentrar.
Poco tiempo después se fundó La Jungla un campamento improvisado cerca del puerto y de la zona industrial de Calais, donde se concentra una población flotante de unas mil 500 personas. No se había solucionado el problema, simplemente se trasladó a otro lugar y en peores condiciones. Poco a poco el campamento fue tomando vida y ahí se congregaron otra vez migrantes y traficantes, a la espera de una oportunidad para cruzar a Inglaterra. Hace unos días el campo La Jungla fue desmantelado por la policía francesa, se tomaron presas a 276 personas, entre ellas 135 menores, que podían tener mejor suerte y demandar asilo. Los demás huyeron a otros lugares, hasta que baje la tensión y vuelvan a formar otro campamento.
En tanto, ambos gobiernos esperan llegar a una negociación para crear un nuevo campo de inmigrantes en tierra francesa, pero regenteado por ingleses. Se le ha llamado el Guantánamo europeo, ya que sería un lugar que quedaría en un limbo jurídico: los migrantes nos sabrían a qué país recurrir. Con el pasar del tiempo se repiten los mismos argumentos, el mismo discurso, las mismas acciones, que a final de cuentas no solucionan nada. Los migrantes se reagruparán otra vez en un campamento o lugar diferente.
A los gobiernos sólo les interesa evadir el costo social, político y económico de los migrantes en tránsito. Y en este caso está por definirse quién debe pagar el costo: el país de paso o el de destino.
A la Jungla, el asentamiento de migrantes indocumentados en Calais, Francia, recientemente desmantelado por la policía francesa, se le conoce también como la Tijuana de Europa”. El Paso de Calais es el lugar más cercano entre Francia e Inglaterra; allí se ubican los puertos que conectan, por medio de transbordadores, la isla con el continente, y por ahí pasa el Eurotúnel, la obra de ingeniería más famosa, compleja y costosa de Europa. Es la frontera entre Francia e Inglaterra, entre el euro y la libra, y allí se concentran los migrantes indocumentados y los infaltables traficantes.
Como en el Paso del Norte, los migrantes del Paso de Calais utilizan cualquier medio para viajar de polizontes en los barcos, los camiones de carga y los trenes que cruzan el estrecho. Muchos han muerto en el intento o han quedado heridos después de saltar infructuosamente a un camión o un tren en marcha.
Los habitantes de la Jungla son una población flotante que no quiere, ni pretende, quedarse en Francia, su intención es llegar al Reino Unido. De ahí que por años hayan sido tolerados por el gobierno y la policía franceses. Se supone que es un asunto de Inglaterra y corresponde a los ingleses solucionarlo, por eso los franceses se lavan las manos, hasta donde la realidad y los medios lo permiten. Pero cada accidente, cada acto violento, cada muerte es una razón más para intervenir.
En un comienzo los migrantes se ubicaron en la población de Sangatte, donde está la puerta de ingreso al Eurotúnel. La presencia de tantos inmigrantes viviendo en situación precaria obligó a la Cruz Roja a intervenir y se creó, en 1999, un centro de acogida a migrantes. Las instalaciones fueron los viejos galerones y almacenes que quedaron desocupados cuando se concluyeron los trabajos del túnel. Allí se pensaba acoger a 200 migrantes, por un periodo de siete días, y llegaron a atender a más de mil 500 por periodos indefinidos. Muchos migrantes demandaban refugio del gobierno inglés, que no atendía sus peticiones. La mayoría eran afganos, kurdos, albanos e iraquíes, con razones sobradas para demandar refugio.
Además de la policía y los servicios de inmigración de ambos países, los policías privados del Eurotúnel, los transbordadores y los camiones de carga se encargaban de vigilar, reprimir y arrestar a los migrantes que intentaban viajar de polizontes. Los accidentes generaban retrasos de horas o días, con grandes pérdidas para las compañías, pero eran los guardias los que generaban los accidentes al perseguir a los inmigrantes. Incluso algunos migrantes fueron capturados en su intento por cruzar a pie por los pasadizos del túnel. Todo esto implicaba retrasos y mayores costos en personal de vigilancia y más recursos tecnológicos para la detección de migrantes.
En menos de dos años la población refugiada en Sangatte llegó a 3 mil personas y en su momento más álgido a 5 mil, con migrantes provenientes de más de 110 países. La mayoría eran afganos, kurdos y africanos de países anglófonos. Inglaterra acusaba a Francia de no hacer nada y Francia reclamaba que la causa fundamental de todo el problema era la política inglesa de refugio. En diciembre de 2001 y enero de 2002 se dieron intentos masivos de los migrantes por tomar el tren por la fuerza y la crisis obligó a cerrar el campo de Sangatte. Inglaterra se comprometió a aceptar a los refugiados kurdos, iraquíes y afganos con familias. Los niños quedaron a cargo del ACNUR y se pusieron en marcha varios programas de retorno asistido. La mayoría de migrantes se desperdigó por el territorio francés, hasta que se volvieron a concentrar.
Poco tiempo después se fundó La Jungla un campamento improvisado cerca del puerto y de la zona industrial de Calais, donde se concentra una población flotante de unas mil 500 personas. No se había solucionado el problema, simplemente se trasladó a otro lugar y en peores condiciones. Poco a poco el campamento fue tomando vida y ahí se congregaron otra vez migrantes y traficantes, a la espera de una oportunidad para cruzar a Inglaterra. Hace unos días el campo La Jungla fue desmantelado por la policía francesa, se tomaron presas a 276 personas, entre ellas 135 menores, que podían tener mejor suerte y demandar asilo. Los demás huyeron a otros lugares, hasta que baje la tensión y vuelvan a formar otro campamento.
En tanto, ambos gobiernos esperan llegar a una negociación para crear un nuevo campo de inmigrantes en tierra francesa, pero regenteado por ingleses. Se le ha llamado el Guantánamo europeo, ya que sería un lugar que quedaría en un limbo jurídico: los migrantes nos sabrían a qué país recurrir. Con el pasar del tiempo se repiten los mismos argumentos, el mismo discurso, las mismas acciones, que a final de cuentas no solucionan nada. Los migrantes se reagruparán otra vez en un campamento o lugar diferente.
A los gobiernos sólo les interesa evadir el costo social, político y económico de los migrantes en tránsito. Y en este caso está por definirse quién debe pagar el costo: el país de paso o el de destino.
lunes, 14 de septiembre de 2009
SE DETERIORA EL ESTADO DE SALUD DE UN PRESO DE CONCIENCIA EN UZBEKISTAN
AMNISTIA INTERNACIONAL
Norboi Kholzhigitov, activista de derechos humanos de 60 años de edad, se encuentra en estado crítico en una prisión de Uzbekistán. Durante el tiempo que ha permanecido recluido no ha recibido el tratamiento que necesita para los múltiples problemas de salud que padece. Es un preso de conciencia y su salud se ha deteriorado progresivamente desde que fue encarcelado. Ahora se teme que si no recibe tratamiento podría morir.
La esposa de Norboi Kholzhigotov ha informado de que su esposo, que padece diabetes, se encuentra en estado crítico y de que su vida corre peligro: padece hipertensión, tiene el brazo y la pierna derechos casi paralizados; otros presos tienen que llevarle cuando necesita moverse; ha perdido 31 de los 32 dientes, lo que le impide masticar los alimentos, y ha adelgazado 40 kilos. Según él mismo ha contado, cuando intentó denunciar el trato que estaba recibiendo, lo golpearon y le amenazaron con confinarlo en un hospital psiquiátrico. Su esposa lo visitó en prisión el 23 de julio y comprobó que su salud seguía deteriorándose. Estaba muy pálido y parecía extremadamente débil, apenas podía mover el brazo y la pierna derechos y la piel de ambas extremidades se había ennegrecido. A lo largo del mes de agosto su estado físico siguió empeorando y ahora sus familiares y colegas temen por su vida.
En 2005, Norboi Kholzhigitov, que había defendido los derechos de los campesinos de su pueblo en la región de Samarkanda, en Uzbekistán, fue condenado a 10 años de prisión. Se cree que se presentaron cargos falsos contra él como castigo por sus actividades de derechos humanos. Lo declararon culpable de cometer "libelo", delitos "contra el Estado" y "fraude" y lo enviaron a una colonia penitenciaria de la ciudad de Karshi, en el sur de Uzbekistán. Sus colegas y esposa han afirmado que la salud de Norboi Kholzhigitov se ha deteriorado mucho durante los años que ha pasado en prisión debido a las duras condiciones de reclusión y a que no ha recibido medicación adecuada ni tratamiento médico eficaz y apropiado.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en uzbeko, ruso o en su propio idioma:
* Instando a las autoridades a que proporcionen de inmediato a Norboi Kholzhigitov tratamiento médico eficaz y adecuado;
* Pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Norboi Kholzhigitov porque es un preso de conciencia.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE OCTUBRE DE 2009, A:
Presidente de la República
President
Islam Karimov
ul. Uzbekistanskaya, 43,
700163 g. Tashkent
República de Uzbekistán
Fax: (+99871) 139 53 25
Correo-e: presidents_office@press-service.uz
Tratamiento: Dear President Karimov / Señor Presidente
Jefe de la Dirección de Ejecución de Sentencias, Ministerio del Interior
Head of the Directorate of Execution of Sentences, Ministry of Internal Affairs
Abdukarim Shodiev
Ferganskoe shosse, 25,
700005 g. Tashkent
República de Uzbekistán
Fax: (+99871) 1916835
Correo-e: mvd@mvd,uz, info@mvd.uz
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Copias a:
Fiscal General de la República de Uzbekistán
Rashidzhon Kodirov
Prokuratura Respubliki Uzbekistan
ul. Gulyamova. 66,
700047 g. Tashkent
República de Uzbekistán
Fax: (+99871) 133 39 17/133 73 68
Correo-e: prokuratura@lawyer.uz
Tratamiento: Dear Prosecutor General
Envíen también copias a la representación diplomática de la República de Uzbekistán acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
REPÚBLICA DE UZBEKISTAN
Paseo de la Castellana nº 45-4º Dcha.-. 28046 Madrid
Teléfono: 91 310 16 39 .-. Fax: 91 310 31 23
Norboi Kholzhigitov, activista de derechos humanos de 60 años de edad, se encuentra en estado crítico en una prisión de Uzbekistán. Durante el tiempo que ha permanecido recluido no ha recibido el tratamiento que necesita para los múltiples problemas de salud que padece. Es un preso de conciencia y su salud se ha deteriorado progresivamente desde que fue encarcelado. Ahora se teme que si no recibe tratamiento podría morir.
La esposa de Norboi Kholzhigotov ha informado de que su esposo, que padece diabetes, se encuentra en estado crítico y de que su vida corre peligro: padece hipertensión, tiene el brazo y la pierna derechos casi paralizados; otros presos tienen que llevarle cuando necesita moverse; ha perdido 31 de los 32 dientes, lo que le impide masticar los alimentos, y ha adelgazado 40 kilos. Según él mismo ha contado, cuando intentó denunciar el trato que estaba recibiendo, lo golpearon y le amenazaron con confinarlo en un hospital psiquiátrico. Su esposa lo visitó en prisión el 23 de julio y comprobó que su salud seguía deteriorándose. Estaba muy pálido y parecía extremadamente débil, apenas podía mover el brazo y la pierna derechos y la piel de ambas extremidades se había ennegrecido. A lo largo del mes de agosto su estado físico siguió empeorando y ahora sus familiares y colegas temen por su vida.
En 2005, Norboi Kholzhigitov, que había defendido los derechos de los campesinos de su pueblo en la región de Samarkanda, en Uzbekistán, fue condenado a 10 años de prisión. Se cree que se presentaron cargos falsos contra él como castigo por sus actividades de derechos humanos. Lo declararon culpable de cometer "libelo", delitos "contra el Estado" y "fraude" y lo enviaron a una colonia penitenciaria de la ciudad de Karshi, en el sur de Uzbekistán. Sus colegas y esposa han afirmado que la salud de Norboi Kholzhigitov se ha deteriorado mucho durante los años que ha pasado en prisión debido a las duras condiciones de reclusión y a que no ha recibido medicación adecuada ni tratamiento médico eficaz y apropiado.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en uzbeko, ruso o en su propio idioma:
* Instando a las autoridades a que proporcionen de inmediato a Norboi Kholzhigitov tratamiento médico eficaz y adecuado;
* Pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Norboi Kholzhigitov porque es un preso de conciencia.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE OCTUBRE DE 2009, A:
Presidente de la República
President
Islam Karimov
ul. Uzbekistanskaya, 43,
700163 g. Tashkent
República de Uzbekistán
Fax: (+99871) 139 53 25
Correo-e: presidents_office@press-service.uz
Tratamiento: Dear President Karimov / Señor Presidente
Jefe de la Dirección de Ejecución de Sentencias, Ministerio del Interior
Head of the Directorate of Execution of Sentences, Ministry of Internal Affairs
Abdukarim Shodiev
Ferganskoe shosse, 25,
700005 g. Tashkent
República de Uzbekistán
Fax: (+99871) 1916835
Correo-e: mvd@mvd,uz, info@mvd.uz
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Copias a:
Fiscal General de la República de Uzbekistán
Rashidzhon Kodirov
Prokuratura Respubliki Uzbekistan
ul. Gulyamova. 66,
700047 g. Tashkent
República de Uzbekistán
Fax: (+99871) 133 39 17/133 73 68
Correo-e: prokuratura@lawyer.uz
Tratamiento: Dear Prosecutor General
Envíen también copias a la representación diplomática de la República de Uzbekistán acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
REPÚBLICA DE UZBEKISTAN
Paseo de la Castellana nº 45-4º Dcha.-. 28046 Madrid
Teléfono: 91 310 16 39 .-. Fax: 91 310 31 23
jueves, 10 de septiembre de 2009
Asesinan a Gaffet Romero, primer alcalde izquierdista en la historia de Veracruz (México)
Córdoba, Ver.- El primer alcalde de un partido izquierdista en gobernar un municipio de Veracruz, fue asesinado por un comando armado la tarde de este miércoles.
El presidente del municipio de Tezonapa por el Partido Social Unificado de México (PSUM), antecedente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gaffet Romero Mendoza, fue acribillado cuando regresaba a su vivienda.
Informes de la policía municipal señalaron que el también dirigente del PRD regresaba a su vivienda en la comunidad de Motzorongo cuando, según testigos, una camioneta se le emparejó y le disparó a quemarropa.
El asesinato se registró alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, confirmó la comandancia de la policía municipal de Tezonapa.
Romero Mendoza fue el primer alcalde de un partido izquierdista en Veracruz, cargo que desarrolló en el periodo 1989-1991.
Él tomó posesión del puesto de presidente municipal luego de que su padre, Inocencio Romero Juárez, candidato por el PSUM, fuera acribillado por un comando armado cuando realizaba campaña electoral en dicha municipalidad.
Elementos de la policía municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) iniciaron un operativo en búsqueda de los asesinos del ex munícipe, quienes al parecer escaparon a bordo de una camioneta cerrada.
21 años después de que su padre fue acribillado, lo matan a él
El padre del ex alcalde Gaffet Romero Mendoza, cumple hoy jueves 10 de septiembre, 21 años de haber sido asesinado (1988).
El regidor único del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Simitrio Rosales, lamentó que justamente a un día de cumplir 21 años de muerto Inocencio Romero Juárez, asesinaran de la misma forma a su hijo, Gaffet Romero: “Justamente a un día de cumplir 21 años de muerto nuestro compañero Inocencio Romero, asesinan a su hijo Gaffet Romero a balazos”, señaló en una entrevista telefónica.
Criticó que a 21 años de la muerte de Inocencio Romero, defensor de la lucha por el precio del café en Tezonapa, luchador social que pedía mejoras para la gente de la sierra, una persona muy inquieta por mejorar las condiciones de vida de las personas de la montaña, ninguna autoridad haya podido esclarecer su asesinato.
Exigió al gobernador Fidel Herrera Beltrán detener y esclarecer ambos crímenes que han dañado la vida de los tezonapeños, que ahora, una vez más, se pinta de color rojo con este crimen: “queremos resaltar que justamente a casi 21 años haber asesinado a su papá (Inocencio Romero) ahora él es acribillado. Exigimos al gobierno esclarecer estos dos crímenes”.
Comentó que este jueves, posiblemente la militancia perredista realizará una manifestación para exigir la detención de los asesinos y el esclarecimiento de los crímenes.
Por el asesinato de Inocencio Romero Vázquez pende una orden de aprehensión dictada el 12 de diciembre de 1988 en contra de Virgilio Ávila López, alias “el virgo”, que corresponde a la causa penal número 633/988, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en Córdoba, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interpuesta por Isabel Molina Warner, entonces secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con fecha del 31 de agosto de 1992, por no el no cumplimiento de la orden de aprehensión mencionada.
En esta queja, Molina Warner se dolía de que a pesar de la existencia de la orden de aprehensión, nunca se proporcionó información que indicara el cumplimiento de la misma, o en su caso, los obstáculos e impedimentos para su ejecución.
El presidente del municipio de Tezonapa por el Partido Social Unificado de México (PSUM), antecedente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gaffet Romero Mendoza, fue acribillado cuando regresaba a su vivienda.
Informes de la policía municipal señalaron que el también dirigente del PRD regresaba a su vivienda en la comunidad de Motzorongo cuando, según testigos, una camioneta se le emparejó y le disparó a quemarropa.
El asesinato se registró alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, confirmó la comandancia de la policía municipal de Tezonapa.
Romero Mendoza fue el primer alcalde de un partido izquierdista en Veracruz, cargo que desarrolló en el periodo 1989-1991.
Él tomó posesión del puesto de presidente municipal luego de que su padre, Inocencio Romero Juárez, candidato por el PSUM, fuera acribillado por un comando armado cuando realizaba campaña electoral en dicha municipalidad.
Elementos de la policía municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) iniciaron un operativo en búsqueda de los asesinos del ex munícipe, quienes al parecer escaparon a bordo de una camioneta cerrada.
21 años después de que su padre fue acribillado, lo matan a él
El padre del ex alcalde Gaffet Romero Mendoza, cumple hoy jueves 10 de septiembre, 21 años de haber sido asesinado (1988).
El regidor único del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Simitrio Rosales, lamentó que justamente a un día de cumplir 21 años de muerto Inocencio Romero Juárez, asesinaran de la misma forma a su hijo, Gaffet Romero: “Justamente a un día de cumplir 21 años de muerto nuestro compañero Inocencio Romero, asesinan a su hijo Gaffet Romero a balazos”, señaló en una entrevista telefónica.
Criticó que a 21 años de la muerte de Inocencio Romero, defensor de la lucha por el precio del café en Tezonapa, luchador social que pedía mejoras para la gente de la sierra, una persona muy inquieta por mejorar las condiciones de vida de las personas de la montaña, ninguna autoridad haya podido esclarecer su asesinato.
Exigió al gobernador Fidel Herrera Beltrán detener y esclarecer ambos crímenes que han dañado la vida de los tezonapeños, que ahora, una vez más, se pinta de color rojo con este crimen: “queremos resaltar que justamente a casi 21 años haber asesinado a su papá (Inocencio Romero) ahora él es acribillado. Exigimos al gobierno esclarecer estos dos crímenes”.
Comentó que este jueves, posiblemente la militancia perredista realizará una manifestación para exigir la detención de los asesinos y el esclarecimiento de los crímenes.
Por el asesinato de Inocencio Romero Vázquez pende una orden de aprehensión dictada el 12 de diciembre de 1988 en contra de Virgilio Ávila López, alias “el virgo”, que corresponde a la causa penal número 633/988, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en Córdoba, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interpuesta por Isabel Molina Warner, entonces secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con fecha del 31 de agosto de 1992, por no el no cumplimiento de la orden de aprehensión mencionada.
En esta queja, Molina Warner se dolía de que a pesar de la existencia de la orden de aprehensión, nunca se proporcionó información que indicara el cumplimiento de la misma, o en su caso, los obstáculos e impedimentos para su ejecución.
CONVOCATORIA A LA SEGUNDA ETAPA DE LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO.
A la sociedad civil nacional e Internacional
A las 218 organizaciones de la sociedad civil que se integraron a la Campaña Libertad y Justicia para Atenco
Quienes integramos el Comité Libertad y Justicia para Atenco, impulsor de la campaña del mismo nombre, acompañando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en su justa lucha por la libertad de los 12 presos políticos, deseamos comunicar a las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes, movimientos, frentes, a la sociedad civil nacional e internacional este llamado y les pedimos a todas y todos lo pasen a otras manos, otros pueblos, barrios, centros de trabajo y estudio, comunidades y a todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Este comité integrado por 30 músicos, religiosos, comunicadores, académicos, actores y actrices, por una docena de organizaciones civiles, solidarias y defensoras de los derechos humanos, así como por el propio Frente de Pueblos en defensa de la Tierra queremos expresar que:
1. A raíz de los acontecimientos represivos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, 12 personas siguen presas. El operativo realizado con enorme violencia, brutalidad policiaca, violaciones a los derechos humanos e innumerables irregularidades fue una decisión de Estado cuyas consecuencias fueron el asesinato de dos jóvenes, las detenciones de más de 200 personas, las vejaciones, violaciones y tortura sexual a cerca de una treintena de mujeres detenidas. Lo sucedido en Atenco fue una muestra temprana de nuevos mecanismos y dispositivos represivos. A partir de esos mismos días, innumerables personas, organizaciones y colectivos impulsaron la movilización nacional e internacional contra la represión y por la libertad de los detenidos. Gracias a la solidaridad y persistencia de miles de personas en México y el mundo, la mayoría de los presos de dicho operativo están hoy libres. Como resultado de esa movilización además, la denuncia sobre los hechos represivos le dio la vuelta al mundo.
2. Casi tres años después, sin embargo, 12 personas siguen injustamente presas. Ellos no son presos comunes. No son delincuentes. Son presos políticos del Estado mexicano y sólo la movilización nacional e internacional abrirá el camino hacia su libertad. Por ello, en febrero pasado comenzamos la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, como el medio para fortalecer, reorganizar y reimpulsar la movilización de la sociedad civil con la demanda principal de la libertad de los 12 presos políticos. Lanzamos una iniciativa civil, pacífica e independiente que desde el 17 de febrero y hasta el 18 de junio pasados logró convocar alrededor de 80 actos, foros, movilizaciones, plantones y protestas, realizadas en 16 ciudades fuera del país (Bilbao, Zaragoza, Montevideo, Durham, Nueva York, Weymouth, París, Marsella, Barcelona, Oakland, Melbourne, Chicago, Atenas, Buenos Aires, Edimburgo y la Haya, así como 8 estados de la república, además de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Se han inscrito a esta campaña, 218 colectivos y organizaciones estudiantiles, indígenas, ciudadanas, sociales y populares, de trabajadores, medios alternativos, de defensa de los derechos humanos y solidarias, fortaleciendo y ratificando el carácter civil e independiente de esta iniciativa. Calculamos que cerca de 10,000 personas participaron directamente en dichas acciones y cerca de 200,000 pudieron acceder a la información de la campaña y la situación de los 12 presos políticos. La primera etapa de la campaña ha logrado hacer visible nuevamente el caso de represión de San Salvador Atenco, ha actualizado e informado nacional e internacionalmente la situación de los 12, ha permitido reimpulsar la presión a las autoridades mexicanas, y, en especial, ha logrado rearticular la participación de la sociedad civil reencontrando a much@s de los que desean continuar con la lucha por la libertad. En suma, la primera etapa de la campaña ha sido un éxito.
3. Sin embargo, por otro lado debemos decir, que muy pronto la situación de los presos políticos ha cambiado. Nueve de los doce presos han presentado su demanda jurídica de amparo directo, es decir, su último recurso legal para lograr su libertad (todos injustamente encarcelados en el Penal de Molino de las Flores). En los próximos meses, el Poder Judicial decidirá sobre su libertad o la ratificación de sus condenas, que son de más de 31 años de prisión. Por otro lado, la situación de los 3 presos del penal del Altiplano (Ignacio Del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo) se ha hecho insostenible debido a las terribles condiciones de encarcelamiento en dicho penal de alta seguridad; hemos encontrado además, después de la investigación pertinente, que la decisión de trasladarlos a dicho penal, no tiene justificación legal y administrativa alguna. Es decir, el Estado mexicano habría violado sus propias normas al trasladar a estos presos del orden común a un penal de alta seguridad. Por otro lado, los propios presos y en especial sus familias viven condiciones difíciles de salud, de manutención y de comunicación, lo que hace aún más urgente acelerar la presión por la libertad de los presos. Por último, es indispensable recordar que aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutarse tanto para algunos que están presos, como para quien se encuentra en condiciones de persecución política como Adán Espinoza y América Del Valle (integrantes del FPDT). Debe recordarse que más de 50 personas siguen en proceso, aunque en libertad. Todos los casos, tanto de presos como de perseguidos, como de quienes ya han presentado sus últimos recursos jurídicos, como de quienes lo harán más adelante, serán resueltos por alguna instancia del Poder Judicial de la Federación.
4. Es por ello, que evaluamos que ya no basta con denunciar y difundir. Es necesario levantar la movilización nacional e internacional civil y pacífica. Si bien las acciones de difusión siempre serán necesarias, ahora se hace urgente la movilización de la sociedad civil para abrir el camino hacia la libertad. Pero para ello, se requiere de mayor participación y organización. Será el Poder Judicial de la Federación quien decidirá sobre la libertad de los 9 presos políticos encarcelados en Molino de las Flores y será el Gobierno Federal quien deberá decidir sobre el traslado de los 3 presos políticos del Altiplano a un penal cercano a su domicilio. Pero es sólo la fuerza de la sociedad civil quien hará posible que los 12 presos políticos de Atenco logren la libertad. Necesitamos reimpulsar la movilización por la libertad.
5. Atenco representa un caso emblemático y nacional. Representa la aplicación y creación de nuevos delitos como el de secuestro equiparado, que representa una afrenta y arbitrariedad, aplicable para todas las luchas sociales como dispositivo de control y represión. El operativo represivo en Atenco representa además la impunidad, el avasallamiento a través de la violencia y el rompimiento de la legalidad por parte del Estado. Atenco representa una herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, para tod@s los que luchan por la libertad y la justicia. Atenco no sólo es una preocupación para sus víctimas directas, sino para todo el país. En Atenco se juega la posibilidad de que la fuerza y la impunidad ganen, o que la razón y la justicia lo hagan. En Atenco se representan todas las luchas sociales que son reprimidas o que pueden serlo. La lucha por la liberación de los 12 presos políticos a más de 3 años de su injusto encarcelamiento nos llama a todas y todos. La libertad de los presos políticos de Atenco es una lucha nacional e internacional que nos llama a todas y todos.
Es por todo ello, que llamamos de manera urgente a la sociedad civil nacional e internacional, a las 217 organizaciones que se han integrado a esta campaña, a todos las personas, familias, colectivos, organizaciones, movimientos, redes de todo el país, de toda América y Europa a participar en la SEGUNDA ETAPA de la CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO donde demandaremos:
• La revisión imparcial, justa y consecuente de los casos de los 9 presos en Molino de las Flores así como su libertad inmediata por ser presos políticos del Estado Mexicano.
• El traslado inmediato de Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo a un penal cercano a su domicilio.
• Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Adán Espinoza
Además de seguir luchando por
• La LIBERTAD de los 12 presos políticos.
• La revocación de las sentencias condenatorias.
• El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos
• El castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos
• Detener la persecución política de América del Valle y Adán Espinoza
• Condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.
Para todo ellos llamamos:
• A las organizaciones mexicanas en el interior del país, a apoyar y organizar por 12 estados de la República, un recorrido por la libertad 12 estados/12 presos políticos, donde una comisión de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acudirán directamente para difundir la situación actual de los presos, realizar movilizaciones por la libertad, foros y festivales de denuncia así como para encontrarse con las organizaciones integrantes de la campaña Libertad y Justicia para Atenco. El FPDT se encontrará además con medios de comunicación locales alternativos y comerciales para difundir esta campaña. El FPDT llevará además, propuestas a toda la sociedad civil con la que se reúna en estos 12 estados para impulsar la lucha por la libertad de los presos. El recorrido se realizará en los siguientes estados y fechas:
• 11, 12, 13 y 14 de septiembre. Chiapas
• 26 y 27 de septiembre. Veracruz
• 3 y 4 de octubre Jalisco
• 7 al 12 de octubre. Baja California
• 17 y 18 de octubre. San Luis Potosí.
• 22, 23, 24 y 25 de octubre. Guerrero.
• 31 de octubre y 1 de noviembre. Morelos.
• 4 al 8 de noviembre. Coahuila y Nuevo León.
• 14 y 15 de noviembre. Puebla
• 21 y 22 de noviembre. Michoacán.
• 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre. Oaxaca
La gira por la libertad concluirá el 5 y 6 de diciembre con un Festival por la libertad en San Salvador Atenco.
• A las organizaciones y colectivos europeos, los llamamos a formar un espacio de coordinación por la libertad de los presos políticos de Atenco. A formar un espacio que facilite la cooperación y acción coordinada así como emprender iniciativas conjuntas con el Comité Libertad y Justicia para Atenco. Sabemos que esta tarea es difícil, pero les pedimos puedan comenzar un proceso de consulta entre ustedes para integrar este posible espacio y en su caso, establecer comunicación con este comité para preparar nuevas acciones por la libertad de los 12 presos.
• A las organizaciones de la Ciudad de México y su zona metropolitana a movilizarse ante las autoridades para demandar el traslado de los 3 presos en el Altiplano y la libertad de los 9. En su momento lanzaremos la invitación a numerosas acciones para lograr estos dos puntos.
A todas las familias, personas en Ciudad de México, en todo el país y en otras partes del mundo a registrarse como parte de la campaña nacional e internacional, participar en las actividades de la gira por la libertad, así como participar en las distintas movilizaciones en la zona metropolitana para demandar la libertad de los presos. Pueden registrarse accediendo a
www.atencolibertadyjusticia.com
Sabemos que juntos lograremos la libertad y la justicia para Atenco.
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO:
Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Adolfo Gilly académico, Vanessa Bauche, actriz, Ricardo Rocha periodista, Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Comité Eureka, Carlos Montemayor escritor, Adriana Roel actriz, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacaba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Gilberto López y Rivas antropólogo, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Carlos Fazio, académico, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Guillermo Almeyra académico, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices.
Familiares de presos y perseguidos, Red nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos; Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica; Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), La Voladora Radio.
A las 218 organizaciones de la sociedad civil que se integraron a la Campaña Libertad y Justicia para Atenco
Quienes integramos el Comité Libertad y Justicia para Atenco, impulsor de la campaña del mismo nombre, acompañando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en su justa lucha por la libertad de los 12 presos políticos, deseamos comunicar a las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes, movimientos, frentes, a la sociedad civil nacional e internacional este llamado y les pedimos a todas y todos lo pasen a otras manos, otros pueblos, barrios, centros de trabajo y estudio, comunidades y a todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Este comité integrado por 30 músicos, religiosos, comunicadores, académicos, actores y actrices, por una docena de organizaciones civiles, solidarias y defensoras de los derechos humanos, así como por el propio Frente de Pueblos en defensa de la Tierra queremos expresar que:
1. A raíz de los acontecimientos represivos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, 12 personas siguen presas. El operativo realizado con enorme violencia, brutalidad policiaca, violaciones a los derechos humanos e innumerables irregularidades fue una decisión de Estado cuyas consecuencias fueron el asesinato de dos jóvenes, las detenciones de más de 200 personas, las vejaciones, violaciones y tortura sexual a cerca de una treintena de mujeres detenidas. Lo sucedido en Atenco fue una muestra temprana de nuevos mecanismos y dispositivos represivos. A partir de esos mismos días, innumerables personas, organizaciones y colectivos impulsaron la movilización nacional e internacional contra la represión y por la libertad de los detenidos. Gracias a la solidaridad y persistencia de miles de personas en México y el mundo, la mayoría de los presos de dicho operativo están hoy libres. Como resultado de esa movilización además, la denuncia sobre los hechos represivos le dio la vuelta al mundo.
2. Casi tres años después, sin embargo, 12 personas siguen injustamente presas. Ellos no son presos comunes. No son delincuentes. Son presos políticos del Estado mexicano y sólo la movilización nacional e internacional abrirá el camino hacia su libertad. Por ello, en febrero pasado comenzamos la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, como el medio para fortalecer, reorganizar y reimpulsar la movilización de la sociedad civil con la demanda principal de la libertad de los 12 presos políticos. Lanzamos una iniciativa civil, pacífica e independiente que desde el 17 de febrero y hasta el 18 de junio pasados logró convocar alrededor de 80 actos, foros, movilizaciones, plantones y protestas, realizadas en 16 ciudades fuera del país (Bilbao, Zaragoza, Montevideo, Durham, Nueva York, Weymouth, París, Marsella, Barcelona, Oakland, Melbourne, Chicago, Atenas, Buenos Aires, Edimburgo y la Haya, así como 8 estados de la república, además de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Se han inscrito a esta campaña, 218 colectivos y organizaciones estudiantiles, indígenas, ciudadanas, sociales y populares, de trabajadores, medios alternativos, de defensa de los derechos humanos y solidarias, fortaleciendo y ratificando el carácter civil e independiente de esta iniciativa. Calculamos que cerca de 10,000 personas participaron directamente en dichas acciones y cerca de 200,000 pudieron acceder a la información de la campaña y la situación de los 12 presos políticos. La primera etapa de la campaña ha logrado hacer visible nuevamente el caso de represión de San Salvador Atenco, ha actualizado e informado nacional e internacionalmente la situación de los 12, ha permitido reimpulsar la presión a las autoridades mexicanas, y, en especial, ha logrado rearticular la participación de la sociedad civil reencontrando a much@s de los que desean continuar con la lucha por la libertad. En suma, la primera etapa de la campaña ha sido un éxito.
3. Sin embargo, por otro lado debemos decir, que muy pronto la situación de los presos políticos ha cambiado. Nueve de los doce presos han presentado su demanda jurídica de amparo directo, es decir, su último recurso legal para lograr su libertad (todos injustamente encarcelados en el Penal de Molino de las Flores). En los próximos meses, el Poder Judicial decidirá sobre su libertad o la ratificación de sus condenas, que son de más de 31 años de prisión. Por otro lado, la situación de los 3 presos del penal del Altiplano (Ignacio Del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo) se ha hecho insostenible debido a las terribles condiciones de encarcelamiento en dicho penal de alta seguridad; hemos encontrado además, después de la investigación pertinente, que la decisión de trasladarlos a dicho penal, no tiene justificación legal y administrativa alguna. Es decir, el Estado mexicano habría violado sus propias normas al trasladar a estos presos del orden común a un penal de alta seguridad. Por otro lado, los propios presos y en especial sus familias viven condiciones difíciles de salud, de manutención y de comunicación, lo que hace aún más urgente acelerar la presión por la libertad de los presos. Por último, es indispensable recordar que aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutarse tanto para algunos que están presos, como para quien se encuentra en condiciones de persecución política como Adán Espinoza y América Del Valle (integrantes del FPDT). Debe recordarse que más de 50 personas siguen en proceso, aunque en libertad. Todos los casos, tanto de presos como de perseguidos, como de quienes ya han presentado sus últimos recursos jurídicos, como de quienes lo harán más adelante, serán resueltos por alguna instancia del Poder Judicial de la Federación.
4. Es por ello, que evaluamos que ya no basta con denunciar y difundir. Es necesario levantar la movilización nacional e internacional civil y pacífica. Si bien las acciones de difusión siempre serán necesarias, ahora se hace urgente la movilización de la sociedad civil para abrir el camino hacia la libertad. Pero para ello, se requiere de mayor participación y organización. Será el Poder Judicial de la Federación quien decidirá sobre la libertad de los 9 presos políticos encarcelados en Molino de las Flores y será el Gobierno Federal quien deberá decidir sobre el traslado de los 3 presos políticos del Altiplano a un penal cercano a su domicilio. Pero es sólo la fuerza de la sociedad civil quien hará posible que los 12 presos políticos de Atenco logren la libertad. Necesitamos reimpulsar la movilización por la libertad.
5. Atenco representa un caso emblemático y nacional. Representa la aplicación y creación de nuevos delitos como el de secuestro equiparado, que representa una afrenta y arbitrariedad, aplicable para todas las luchas sociales como dispositivo de control y represión. El operativo represivo en Atenco representa además la impunidad, el avasallamiento a través de la violencia y el rompimiento de la legalidad por parte del Estado. Atenco representa una herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, para tod@s los que luchan por la libertad y la justicia. Atenco no sólo es una preocupación para sus víctimas directas, sino para todo el país. En Atenco se juega la posibilidad de que la fuerza y la impunidad ganen, o que la razón y la justicia lo hagan. En Atenco se representan todas las luchas sociales que son reprimidas o que pueden serlo. La lucha por la liberación de los 12 presos políticos a más de 3 años de su injusto encarcelamiento nos llama a todas y todos. La libertad de los presos políticos de Atenco es una lucha nacional e internacional que nos llama a todas y todos.
Es por todo ello, que llamamos de manera urgente a la sociedad civil nacional e internacional, a las 217 organizaciones que se han integrado a esta campaña, a todos las personas, familias, colectivos, organizaciones, movimientos, redes de todo el país, de toda América y Europa a participar en la SEGUNDA ETAPA de la CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO donde demandaremos:
• La revisión imparcial, justa y consecuente de los casos de los 9 presos en Molino de las Flores así como su libertad inmediata por ser presos políticos del Estado Mexicano.
• El traslado inmediato de Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo a un penal cercano a su domicilio.
• Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Adán Espinoza
Además de seguir luchando por
• La LIBERTAD de los 12 presos políticos.
• La revocación de las sentencias condenatorias.
• El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos
• El castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos
• Detener la persecución política de América del Valle y Adán Espinoza
• Condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.
Para todo ellos llamamos:
• A las organizaciones mexicanas en el interior del país, a apoyar y organizar por 12 estados de la República, un recorrido por la libertad 12 estados/12 presos políticos, donde una comisión de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acudirán directamente para difundir la situación actual de los presos, realizar movilizaciones por la libertad, foros y festivales de denuncia así como para encontrarse con las organizaciones integrantes de la campaña Libertad y Justicia para Atenco. El FPDT se encontrará además con medios de comunicación locales alternativos y comerciales para difundir esta campaña. El FPDT llevará además, propuestas a toda la sociedad civil con la que se reúna en estos 12 estados para impulsar la lucha por la libertad de los presos. El recorrido se realizará en los siguientes estados y fechas:
• 11, 12, 13 y 14 de septiembre. Chiapas
• 26 y 27 de septiembre. Veracruz
• 3 y 4 de octubre Jalisco
• 7 al 12 de octubre. Baja California
• 17 y 18 de octubre. San Luis Potosí.
• 22, 23, 24 y 25 de octubre. Guerrero.
• 31 de octubre y 1 de noviembre. Morelos.
• 4 al 8 de noviembre. Coahuila y Nuevo León.
• 14 y 15 de noviembre. Puebla
• 21 y 22 de noviembre. Michoacán.
• 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre. Oaxaca
La gira por la libertad concluirá el 5 y 6 de diciembre con un Festival por la libertad en San Salvador Atenco.
• A las organizaciones y colectivos europeos, los llamamos a formar un espacio de coordinación por la libertad de los presos políticos de Atenco. A formar un espacio que facilite la cooperación y acción coordinada así como emprender iniciativas conjuntas con el Comité Libertad y Justicia para Atenco. Sabemos que esta tarea es difícil, pero les pedimos puedan comenzar un proceso de consulta entre ustedes para integrar este posible espacio y en su caso, establecer comunicación con este comité para preparar nuevas acciones por la libertad de los 12 presos.
• A las organizaciones de la Ciudad de México y su zona metropolitana a movilizarse ante las autoridades para demandar el traslado de los 3 presos en el Altiplano y la libertad de los 9. En su momento lanzaremos la invitación a numerosas acciones para lograr estos dos puntos.
A todas las familias, personas en Ciudad de México, en todo el país y en otras partes del mundo a registrarse como parte de la campaña nacional e internacional, participar en las actividades de la gira por la libertad, así como participar en las distintas movilizaciones en la zona metropolitana para demandar la libertad de los presos. Pueden registrarse accediendo a
www.atencolibertadyjusticia.com
Sabemos que juntos lograremos la libertad y la justicia para Atenco.
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO:
Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Adolfo Gilly académico, Vanessa Bauche, actriz, Ricardo Rocha periodista, Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Comité Eureka, Carlos Montemayor escritor, Adriana Roel actriz, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacaba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Gilberto López y Rivas antropólogo, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Carlos Fazio, académico, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Guillermo Almeyra académico, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices.
Familiares de presos y perseguidos, Red nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos; Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica; Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), La Voladora Radio.
JORNADA “EJE DEL MAL: USA- COLOMBIA- MEXICO.”
EL POSGRADO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO UACM INVITA A LA
JORNADA “EJE DEL MAL: USA- COLOMBIA- MEXICO.”
Presentación: Enrique González Ruiz, Eduardo Correa, Clemencia Correa.
10:00 a 12:00.
I MESA: Estados Unidos y su política geo-estratégica.
La administración Barack Obama: Camilo Pérez Bustillo.
Estrategia del pentágono para América Latina: Ana Esther Ceceña.
Narcotráfico, eje de la política: Eduardo Correa.
Moderador: Hassan Dalband.
12:00 a 12:30 descanso.
12:30 a 2:30.
II MESA: México-Colombia: ¿cómplices o aliados?
Plan Mérida y militarización de México: Enrique González Ruiz.
Sucumbíos, asesinato de cuatro mexicanos: Álvaro González.
Solicitud de extradición de Lucia Morett: Jorge Morett.
Moderador: Rubén García Clark.
3:00 a 4:30 comida
4:30 a 7:00
III MESA: Colombia el Israel de la zona.
Plan Colombia y paramilitarismo: Mercedes Oliveros.
Política de Seguridad Democrática y falsos positivos: Clemencia Correa.
Caso del profesor Beltrán. Comité por la libertad de Miguel Ángel Beltrán.
Moderador: Oscar González
Fecha: jueves 10 de septiembre.
Lugar: Plantel del Valle. San Lorenzo 290. Lobby
JORNADA “EJE DEL MAL: USA- COLOMBIA- MEXICO.”
Presentación: Enrique González Ruiz, Eduardo Correa, Clemencia Correa.
10:00 a 12:00.
I MESA: Estados Unidos y su política geo-estratégica.
La administración Barack Obama: Camilo Pérez Bustillo.
Estrategia del pentágono para América Latina: Ana Esther Ceceña.
Narcotráfico, eje de la política: Eduardo Correa.
Moderador: Hassan Dalband.
12:00 a 12:30 descanso.
12:30 a 2:30.
II MESA: México-Colombia: ¿cómplices o aliados?
Plan Mérida y militarización de México: Enrique González Ruiz.
Sucumbíos, asesinato de cuatro mexicanos: Álvaro González.
Solicitud de extradición de Lucia Morett: Jorge Morett.
Moderador: Rubén García Clark.
3:00 a 4:30 comida
4:30 a 7:00
III MESA: Colombia el Israel de la zona.
Plan Colombia y paramilitarismo: Mercedes Oliveros.
Política de Seguridad Democrática y falsos positivos: Clemencia Correa.
Caso del profesor Beltrán. Comité por la libertad de Miguel Ángel Beltrán.
Moderador: Oscar González
Fecha: jueves 10 de septiembre.
Lugar: Plantel del Valle. San Lorenzo 290. Lobby
martes, 8 de septiembre de 2009
Campaña Libertad y Justicia para Atenco demanda traslado de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez
Pronunciamiento
Campaña Nacional e Internacional LIBERTAD y justicia para ATENCO
El comité libertad y justicia para Atenco nos presentamos ante la Secretaría de Seguridad Pública para exigir el traslado de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo a un penal cercano a su domicilio, bajo los siguientes elementos jurídicos.
Dentro del procedimiento penal instruido en contra de IGNACIO DEL VALLE, FELIPE ÁLVAREZ y HÉCTOR GALINDO por los delitos de SECUESTRO EQUIPARADO, en el que fueron sentenciados a 67 AÑOS CON 6 MESES DE PRISIÓN, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el día 04 de mayo de 2006, AUTORIZÓ EL INGRESO tanto de IGNACIO DEL VALLE como de FELIPE ÁLVAREZ al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”. Esta situación representó una violación a la garantía de legalidad al carecer de fundamentación y motivación; ya que el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social de 1991 que se encontraba vigente al momento de emitirse dicho acto administrativo NO CONSIDERABA DE MANERA CLARA Y PRECISA el internamiento de presos por delitos del fuero común en los Centros Federales de Readaptación Social. Fue hasta la expedición del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2006, el cual entró en vigor treinta días después, cuando se incorporó en esa norma legal, de manera NÍTIDA Y PRECISA la posibilidad de que REOS DEL FUERO COMÚN ACUSADOS DE DELITOS GRAVES puedan ser ingresados DE MANERA EXCEPCIONAL y previo cumplimiento de determinadas condiciones a un Centro Federal de Readaptación Social. Lo anterior nos lleva a concluir que en la fecha en que la autoridad emitió el acto administrativo -4 de mayo de 2006,- ésta, carecía de facultades para determinar su ingreso al Cefereso N° 1.
Por lo anterior, quienes integramos la CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO demandamos que se DECRETE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO de fecha 4 de mayo de 2006, mediante el cual el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, AUTORIZÓ EL INGRESO de IGNACIO DEL VALLE y FELIPE ÁLVAREZ al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, y sean TRASLADADOS a un Reclusorio Estatal cercano a su domicilio, garantía establecida en la Constitución General de la República.
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO
Campaña Nacional e Internacional LIBERTAD y justicia para ATENCO
El comité libertad y justicia para Atenco nos presentamos ante la Secretaría de Seguridad Pública para exigir el traslado de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo a un penal cercano a su domicilio, bajo los siguientes elementos jurídicos.
Dentro del procedimiento penal instruido en contra de IGNACIO DEL VALLE, FELIPE ÁLVAREZ y HÉCTOR GALINDO por los delitos de SECUESTRO EQUIPARADO, en el que fueron sentenciados a 67 AÑOS CON 6 MESES DE PRISIÓN, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el día 04 de mayo de 2006, AUTORIZÓ EL INGRESO tanto de IGNACIO DEL VALLE como de FELIPE ÁLVAREZ al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”. Esta situación representó una violación a la garantía de legalidad al carecer de fundamentación y motivación; ya que el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social de 1991 que se encontraba vigente al momento de emitirse dicho acto administrativo NO CONSIDERABA DE MANERA CLARA Y PRECISA el internamiento de presos por delitos del fuero común en los Centros Federales de Readaptación Social. Fue hasta la expedición del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2006, el cual entró en vigor treinta días después, cuando se incorporó en esa norma legal, de manera NÍTIDA Y PRECISA la posibilidad de que REOS DEL FUERO COMÚN ACUSADOS DE DELITOS GRAVES puedan ser ingresados DE MANERA EXCEPCIONAL y previo cumplimiento de determinadas condiciones a un Centro Federal de Readaptación Social. Lo anterior nos lleva a concluir que en la fecha en que la autoridad emitió el acto administrativo -4 de mayo de 2006,- ésta, carecía de facultades para determinar su ingreso al Cefereso N° 1.
Por lo anterior, quienes integramos la CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO demandamos que se DECRETE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO de fecha 4 de mayo de 2006, mediante el cual el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, AUTORIZÓ EL INGRESO de IGNACIO DEL VALLE y FELIPE ÁLVAREZ al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, y sean TRASLADADOS a un Reclusorio Estatal cercano a su domicilio, garantía establecida en la Constitución General de la República.
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO
lunes, 7 de septiembre de 2009
Exigen libertad de activista
Salvador Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán, se encuentra encarcelado desde hace tres meses en el penal Neza-Bordo, acusado de un cargo absolutamente falso: uso de armas exclusivas del Ejército.
Antes él utilizó un artefacto para producir ruido dentro de la tienda Aurrerá de San Juan Teotihuacán, sin generar daño a alguien. Sin embargo se le sentenció y el 21 de mayo pasado, después de obtener libertad bajo fianza, fue secuestrado durante varias horas por policías, que lo subieron violentamente a una camioneta, lo encapucharon y torturaron. Lo reprimieron por su oposición a la construcción del centro comercial Wal-Mart en la zona arqueológica de Teotihuacán, la cual él ha estudiado; es consciente de su riqueza cultural, y lucha por proteger.
Su diabetes le generó fuerte crisis que obligó a hospitalizarlo dos meses y, debido al deterioro de su salud en la cárcel, su vida peligra y podría morir ahí.
Esta represión promovida por Wal-Mart busca "“escarmentar”" a quienes se oponen a su poderío autoritario. Responsabilizaremos a esta trasnacional de lo que le suceda a nuestro compañero.
Exigimos su libertad inmediata. No más secuestros y tortura a los luchadores sociales.
Frente Nacional Contra la Represión
fncr07@gmail.com
www.fncr.blogspot.com
Inti Martínez
Antes él utilizó un artefacto para producir ruido dentro de la tienda Aurrerá de San Juan Teotihuacán, sin generar daño a alguien. Sin embargo se le sentenció y el 21 de mayo pasado, después de obtener libertad bajo fianza, fue secuestrado durante varias horas por policías, que lo subieron violentamente a una camioneta, lo encapucharon y torturaron. Lo reprimieron por su oposición a la construcción del centro comercial Wal-Mart en la zona arqueológica de Teotihuacán, la cual él ha estudiado; es consciente de su riqueza cultural, y lucha por proteger.
Su diabetes le generó fuerte crisis que obligó a hospitalizarlo dos meses y, debido al deterioro de su salud en la cárcel, su vida peligra y podría morir ahí.
Esta represión promovida por Wal-Mart busca "“escarmentar”" a quienes se oponen a su poderío autoritario. Responsabilizaremos a esta trasnacional de lo que le suceda a nuestro compañero.
Exigimos su libertad inmediata. No más secuestros y tortura a los luchadores sociales.
Frente Nacional Contra la Represión
fncr07@gmail.com
www.fncr.blogspot.com
Inti Martínez
miércoles, 19 de agosto de 2009
DOS JOVENES DE CUERNAVACA (MÈXICO) DETENIDOS ARBITRARIAMENTE Y TORTURADOS POR EL EJERCITO.
Amnistía Internacional.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.
Frente Nacional contra la Represión
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
ACCION URGENTE
DOS JOVENES DE CUERNAVACA DETENIDOS ARBITRARIAMENTE Y TORTURADOS POR EL EJERCITO.
La Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos, A.C., con sede en la calle Guerrero 4 despacho 110, colonia centro de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000, con teléfono y fax 7773185568 y correo electrónico cidhmorelos@gmail.com, recibió la queja presentada por los jóvenes SILVERIO IVAN JAIMES FILIO y JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ, de 22 años y 23 años de edad respectivamente, por la DETENCION ARBITRARIA, CONFINAMIENTO EN INSTALACIONES MILITARES, TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA, AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL, AMENAZAS CONTRA FAMILIARES SI LOS DENUNCIABAN Y ROBO DE SUS PERTENENCIAS, por lo que presentaron formal denuncia ante la procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, turno Sector central-Juicios orales, quedando iniciada la Carpeta de Investigación SC01/6398/2009, de acuerdo a los siguientes testimonios:
"El día de ayer 14 agosto de 2009, siendo aproximadamente las veintidos horas con treinta minutos llegamos junto con mi primo JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ al semáforo que se encuentra sobre la avenica Cuahunahuac, a la altura del estacionamietno del centro comercial Chedraui donde nos paramos en el semáforo en nuestro vehículo marca Nissan tipo Tsuru y al ver a unas personas nos insultaron y nos empezamos a palabrear, cuando de repente llegó un camión militar marca Dina con número 1004276 y elementos de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, quienes cortando cartucho nos obligaron a bajarnos del auto y nos dijeron que no sabíamos con quien nos habiamos metido que eran el Ejército federal militar y sin decirnos más nos subieron al camión, nos aventaron boca abajo y nos llevaron por rumbos desconocidos, nos voltearon y nos dijeron que nos iban a matar, cortando cartucho a sus armas, que nos iban a llevar a Filo de Caballo y que nos iban a dejar colgados boca abajo y que si sabiamos nadar y bucear porque nos iban a aventar al agua, y que si deciamos que pertenecían al Ejército que ya tenían nuestros datos, domicilio de nuestras casas y que iban a tomar represalias contra nuestra familia. Desde el principio nos empezaron a preguntar y querían a fuerza el nombre de alguien que vendiera droga, que nosotros sabíamos y que les dijéramos, que ellos sabían que nosotros teníamos antecedentes penales de robo de auto y de casa-habitación y que vendíamos drogas. Para ese momento ya nos habían separado a mi primo y a mí en distintos lugares y yo escuchaba los quejidos de mi primo, y cuando entraban unos camiones nos decían que guardaramos silencio o nos iba a ir peor. Creo que esabamos en las instalaciones del Campo Militar. Nos golpeaban en todo el cuerpo cuasándonos lesiones, nos quitaron los zapatos. A mi me quitaron mi playera y con esa misma me taparon la cara y si haciamos un movimiento nos pegaban. Amenazaban con violarnos diciendo que nos iban a llevar con un negro bien grandote y nos pegana con la rodilla en la espalda y también con una tabla, cortaban cartucho y nos dijeron que nos iban a aplicar descargas eléctricas en las manos y en las ingles. Y que si los denunciábamos nos iba a ir peor, que a ellos no les harían nada porque son militares. Nos quitaron todas nuestras pertenencias: cuatro mil pesos en efectivo, teléfono celular marca motorola, nextel número 2741638, licencia de chofer, CURP, credencial de elector, así como documentos de la UAEM pertenecientes a mi hermano JOSE ANTONIO GUADARRAMA JAIMES. Después de que no lograron que les dijerámos que teniamos culpa alguna y después de amenazarnos, nos subieron al camión y nos fueron a dejar a un paraje de Monte Casino en el bosque rumbo a Huitzilac, diciéndonos que ahí era Filo de Caballos, nos bajaron del camión a punta de golpes y cubiertos de la cara y nos dejaron en nuestr auto con las llaves escondidas en el asiento de atrás. De ahí nos fuimos a presentar la denuncia a la Procuraduría como a la 1:30 de la madrugada", narró a esta Comisión Silverio Ivan Jaimes Filio, de 22 años de edad, casado, empleado y con domicilio en la colonia Flores Magón de Cuernavaca.
Por su parte, Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23 años, casado, empleado y vecino de la colonia Flores Magón, narró lo siguiente: "Cuando viajábamos con mi primo Silverio Ivan a comprar a Chedraui en el auto nos paramos en el semáforo y cuatro personas del sexo masculino vestidos de civiles que cruzaban la calle nos hicieron señas de pararnos totalmente y se nos dejaron ir a golpes y nos tiran al suelo, cuando llegó una camioneta con el logo de la PFP y bajaron cinco personas y nos levanatarony quitaron identificaciones, y como al minuto y medio llegó un caminón Dina en el que iban a bordo militares y nos subieron, quitándome mi licencia de conducir y mil doscientos pesos en efectivo. En el transcurso del camino nos empiezan a golpear, se encarreraban y se dejaban caer con las rodillas en las espaldas de mi primo y en la mía y nos daban de patadas en la cabeza y en las costillas y nos decían que no sabíamos en la que nos habíamos metido, que a los militares no los puede uno voltear a ver, y que eso era el principio y que lleganmdo nos iba a cargar la chingada, y que había unos negrotes que nos iban a violar y que un tipo nos iba a dar toques en donde sentíamos más sensibilidad en las uñas y las manos o los pies. Al llegar a la 24a. Zona Militar bajaron a mi primo y lo comenzaron a golpear, nos decían que nos iban a ahogar, preguntando si queríamos aprender a nadar o bucear, que nos iban a tirar en la barranca y que ojalá nos encontraran nuestros familiares antes que los perros. Nos bajaron del camión y nos volvieron a golpear. Nos dejaron sobre la carretera federal con dirección a la Ciudad de México, por Montecasino, y dejaron el vehículo a un lado".
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
DETENCION ARBITRARIA.
El ataque a la libertad personal está claramente prohibido por los artículos 14, 5, 17, 20 16 de la Constitución POlítica de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 y 9 de la Declaraci´n Universal de los Derechos Humanos, los artículos 9, 11 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 7, 9 y 10 de la Comnvención Americana sobre Derechos Humanos.
La detención sin orden de aprehensión, como lo establece el artículo 16 de la Constitución, también se tipifica como delito de Detención-Desaparición, considerado como de lesa humanidad, por lo que las referencias de los militares a los métodos de "bucear" recuerda claramente los métodos de la "guerra sucia" de los años 70s cuando fueron desaparecidos cientos de personas sobre todo en el estado de Guerrero.
CONFINAMIENTO DE CIVILES EN INSTALACIONES MILITARES.
Ningún civil puede ser detenido y confinado en instalaciones militares de acuerdo a lo establecido en la Constitución mexicana.
TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA.
Nadie puede ser sometido a penas ni tratos crueles. inhumanos e infamantes, de acuerdo a la ley para Prevenir y Sancionar la Tortura tanto estatal como federal.
AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL.
AMENAZAS DE REPRESALIAS CONTRA FAMILIARES.
ROBO.
Todos estos elementos están claramente tipificados en la Constitución, en los Códigos penales y de procedimientos.
DEMANDAMOS.
Ante esta grave situación que ha sido legalmente denunciada ante la PGJ, demandamos:
Primero: Investigación imparcial, profesional, apegada a derecho, inmediata y expedita, por parte de la PGJ del Estado de Morelos. La PGJ de Morelos tiene ante sí la posibilidad de culminar un proceso a través de la integración adecuada de la carpeta de investigación SC01/6398/2009 y llamar a comparecer como presuntos responsables a los elementos militares del camión Dina 1004276.
Segundo: La aplicación de medidas cautelares de protección para garantizar plenamente la integridad personal (artículos 19 y 22 de la Constitución) de Silverio Ivan Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez y de sus familiares, por parte de la PGJ y de las instancias estatal y federal de defensa de los derechos humanos no jurisdiccionales (Comisión estatal y CNDH).
Tercero: El inmediato retiro del Ejército Federal mexicano a sus cuarteles para respetar lo establecido en el artículo 129 de la Constitución.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Antecedentes.
Durante los años recientes la presencia del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. en Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos, como el reciente de la familia Zamora González, cuya queja ha sido presentada ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia.
Acción Urgente.
Solicitamos enviar sus escritos a:
Lic. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del Estado de Morelos
Palacio de Gobierno, 1º Piso, Centro, Cuernavaca, C.P. 62000, Morelos, MÉXICO
Fax: +52 777 329 2330 (si una persona contesta, diga “me da tono de fax por favor”)
Email: gobernador@morelos.gob.mx
Enviar copias a
cidhmorelos@gmail.com
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.
Frente Nacional contra la Represión
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
ACCION URGENTE
DOS JOVENES DE CUERNAVACA DETENIDOS ARBITRARIAMENTE Y TORTURADOS POR EL EJERCITO.
La Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos, A.C., con sede en la calle Guerrero 4 despacho 110, colonia centro de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000, con teléfono y fax 7773185568 y correo electrónico cidhmorelos@gmail.com, recibió la queja presentada por los jóvenes SILVERIO IVAN JAIMES FILIO y JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ, de 22 años y 23 años de edad respectivamente, por la DETENCION ARBITRARIA, CONFINAMIENTO EN INSTALACIONES MILITARES, TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA, AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL, AMENAZAS CONTRA FAMILIARES SI LOS DENUNCIABAN Y ROBO DE SUS PERTENENCIAS, por lo que presentaron formal denuncia ante la procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, turno Sector central-Juicios orales, quedando iniciada la Carpeta de Investigación SC01/6398/2009, de acuerdo a los siguientes testimonios:
"El día de ayer 14 agosto de 2009, siendo aproximadamente las veintidos horas con treinta minutos llegamos junto con mi primo JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ al semáforo que se encuentra sobre la avenica Cuahunahuac, a la altura del estacionamietno del centro comercial Chedraui donde nos paramos en el semáforo en nuestro vehículo marca Nissan tipo Tsuru y al ver a unas personas nos insultaron y nos empezamos a palabrear, cuando de repente llegó un camión militar marca Dina con número 1004276 y elementos de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, quienes cortando cartucho nos obligaron a bajarnos del auto y nos dijeron que no sabíamos con quien nos habiamos metido que eran el Ejército federal militar y sin decirnos más nos subieron al camión, nos aventaron boca abajo y nos llevaron por rumbos desconocidos, nos voltearon y nos dijeron que nos iban a matar, cortando cartucho a sus armas, que nos iban a llevar a Filo de Caballo y que nos iban a dejar colgados boca abajo y que si sabiamos nadar y bucear porque nos iban a aventar al agua, y que si deciamos que pertenecían al Ejército que ya tenían nuestros datos, domicilio de nuestras casas y que iban a tomar represalias contra nuestra familia. Desde el principio nos empezaron a preguntar y querían a fuerza el nombre de alguien que vendiera droga, que nosotros sabíamos y que les dijéramos, que ellos sabían que nosotros teníamos antecedentes penales de robo de auto y de casa-habitación y que vendíamos drogas. Para ese momento ya nos habían separado a mi primo y a mí en distintos lugares y yo escuchaba los quejidos de mi primo, y cuando entraban unos camiones nos decían que guardaramos silencio o nos iba a ir peor. Creo que esabamos en las instalaciones del Campo Militar. Nos golpeaban en todo el cuerpo cuasándonos lesiones, nos quitaron los zapatos. A mi me quitaron mi playera y con esa misma me taparon la cara y si haciamos un movimiento nos pegaban. Amenazaban con violarnos diciendo que nos iban a llevar con un negro bien grandote y nos pegana con la rodilla en la espalda y también con una tabla, cortaban cartucho y nos dijeron que nos iban a aplicar descargas eléctricas en las manos y en las ingles. Y que si los denunciábamos nos iba a ir peor, que a ellos no les harían nada porque son militares. Nos quitaron todas nuestras pertenencias: cuatro mil pesos en efectivo, teléfono celular marca motorola, nextel número 2741638, licencia de chofer, CURP, credencial de elector, así como documentos de la UAEM pertenecientes a mi hermano JOSE ANTONIO GUADARRAMA JAIMES. Después de que no lograron que les dijerámos que teniamos culpa alguna y después de amenazarnos, nos subieron al camión y nos fueron a dejar a un paraje de Monte Casino en el bosque rumbo a Huitzilac, diciéndonos que ahí era Filo de Caballos, nos bajaron del camión a punta de golpes y cubiertos de la cara y nos dejaron en nuestr auto con las llaves escondidas en el asiento de atrás. De ahí nos fuimos a presentar la denuncia a la Procuraduría como a la 1:30 de la madrugada", narró a esta Comisión Silverio Ivan Jaimes Filio, de 22 años de edad, casado, empleado y con domicilio en la colonia Flores Magón de Cuernavaca.
Por su parte, Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23 años, casado, empleado y vecino de la colonia Flores Magón, narró lo siguiente: "Cuando viajábamos con mi primo Silverio Ivan a comprar a Chedraui en el auto nos paramos en el semáforo y cuatro personas del sexo masculino vestidos de civiles que cruzaban la calle nos hicieron señas de pararnos totalmente y se nos dejaron ir a golpes y nos tiran al suelo, cuando llegó una camioneta con el logo de la PFP y bajaron cinco personas y nos levanatarony quitaron identificaciones, y como al minuto y medio llegó un caminón Dina en el que iban a bordo militares y nos subieron, quitándome mi licencia de conducir y mil doscientos pesos en efectivo. En el transcurso del camino nos empiezan a golpear, se encarreraban y se dejaban caer con las rodillas en las espaldas de mi primo y en la mía y nos daban de patadas en la cabeza y en las costillas y nos decían que no sabíamos en la que nos habíamos metido, que a los militares no los puede uno voltear a ver, y que eso era el principio y que lleganmdo nos iba a cargar la chingada, y que había unos negrotes que nos iban a violar y que un tipo nos iba a dar toques en donde sentíamos más sensibilidad en las uñas y las manos o los pies. Al llegar a la 24a. Zona Militar bajaron a mi primo y lo comenzaron a golpear, nos decían que nos iban a ahogar, preguntando si queríamos aprender a nadar o bucear, que nos iban a tirar en la barranca y que ojalá nos encontraran nuestros familiares antes que los perros. Nos bajaron del camión y nos volvieron a golpear. Nos dejaron sobre la carretera federal con dirección a la Ciudad de México, por Montecasino, y dejaron el vehículo a un lado".
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
DETENCION ARBITRARIA.
El ataque a la libertad personal está claramente prohibido por los artículos 14, 5, 17, 20 16 de la Constitución POlítica de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 y 9 de la Declaraci´n Universal de los Derechos Humanos, los artículos 9, 11 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 7, 9 y 10 de la Comnvención Americana sobre Derechos Humanos.
La detención sin orden de aprehensión, como lo establece el artículo 16 de la Constitución, también se tipifica como delito de Detención-Desaparición, considerado como de lesa humanidad, por lo que las referencias de los militares a los métodos de "bucear" recuerda claramente los métodos de la "guerra sucia" de los años 70s cuando fueron desaparecidos cientos de personas sobre todo en el estado de Guerrero.
CONFINAMIENTO DE CIVILES EN INSTALACIONES MILITARES.
Ningún civil puede ser detenido y confinado en instalaciones militares de acuerdo a lo establecido en la Constitución mexicana.
TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA.
Nadie puede ser sometido a penas ni tratos crueles. inhumanos e infamantes, de acuerdo a la ley para Prevenir y Sancionar la Tortura tanto estatal como federal.
AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL.
AMENAZAS DE REPRESALIAS CONTRA FAMILIARES.
ROBO.
Todos estos elementos están claramente tipificados en la Constitución, en los Códigos penales y de procedimientos.
DEMANDAMOS.
Ante esta grave situación que ha sido legalmente denunciada ante la PGJ, demandamos:
Primero: Investigación imparcial, profesional, apegada a derecho, inmediata y expedita, por parte de la PGJ del Estado de Morelos. La PGJ de Morelos tiene ante sí la posibilidad de culminar un proceso a través de la integración adecuada de la carpeta de investigación SC01/6398/2009 y llamar a comparecer como presuntos responsables a los elementos militares del camión Dina 1004276.
Segundo: La aplicación de medidas cautelares de protección para garantizar plenamente la integridad personal (artículos 19 y 22 de la Constitución) de Silverio Ivan Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez y de sus familiares, por parte de la PGJ y de las instancias estatal y federal de defensa de los derechos humanos no jurisdiccionales (Comisión estatal y CNDH).
Tercero: El inmediato retiro del Ejército Federal mexicano a sus cuarteles para respetar lo establecido en el artículo 129 de la Constitución.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Antecedentes.
Durante los años recientes la presencia del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. en Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos, como el reciente de la familia Zamora González, cuya queja ha sido presentada ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia.
Acción Urgente.
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Lic. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del Estado de Morelos
Palacio de Gobierno, 1º Piso, Centro, Cuernavaca, C.P. 62000, Morelos, MÉXICO
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