Centro Independiente de Noticias
Por Sandra Torres Pastrana/enviada
Atoyac de Álvarez, Gro., 8 dic 08 (CIMAC).- El silencio y el miedo han afectado de forma generacional a las mujeres del estado de Guerrero: por más de 30 años viven solas el dolor de haber perdido a sus padres, hermanos, esposos e hijos, y aun a hermanas, esposas e hijas, víctimas de la llamada “guerra sucia” que el Gobierno emprendió en los años 60 y 70 contra disidentes o contra quienes el poder suponía, casi siempre sin pruebas, que lo fueran.
El tiempo ha pasado sin respuesta, pero las y los habitantes alzan con renovada fuerza su voz para decir que el de Atoyac y otras comunidades de Guerrero es un pueblo masacrado, donde no deja de haber injusticia y gritan “Justicia y castigo a los responsables”.
Las mujeres de Atoyac y de otras partes de Guerrero así lo dijeron el pasado 6 de diciembre en el Auditorio del Adulto Mayor, ubicado en la Ciudad de los Servicios de esta localidad, durante el “Encuentro estatal de mujeres y la lucha por los derechos humanos”.
El Encuentro fue convocado por el Gobierno del estado; la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero; la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem); la Organización Proyectos Mujer y el Instituto de Desarrollo Social (Indesol).
Asistieron alrededor de 140 personas, en su mayoría mujeres que perdieron a familiares en los años y que a más de 30 años de estas detenciones y desapariciones, aún no saben nada de ellos.
La llamada “Guerra sucia” que el Estado emprendió quizá no afecto tanto a ninguna otra entidad como a Guerrero, pues aquí la pobreza extrema, que incontables comunidades viven como cotidiana, tiene su respuesta en los movimientos populares y armados que reclaman equidad y justicia.
SECUELAS
Todas las mujeres vivieron esos años de represión de forma diferenciada: las más pequeñas se vieron obligadas a madurar prematuramente para trabajar y sacar adelante a una familia quebrantada. No pudieron ir más a la escuela y su condición se hizo más vulnerable.
La rabia y el miedo han sido una constante de vida y se han manifestado con secuelas emocionales y físicas, enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas muy profundos de depresión, dolores constantes de cabeza y gastritis.
Piden con urgencia apoyo psicológico y un programa médico especial que atienda particularmente a su familia y a ellas, debido a que ser familia de luchadores sociales las estigmatizó y quedaron solas. Otros miembros de la comunidad, por temor se alejaron y aún familiares también pusieron distancia. Ellas eran “la mujer, hermana o hija de un guerrillero”.
En los rostros de las mujeres se nota el desgaste no solo del tiempo, sino de la agonía de no haber podido vivir un duelo, porque las familias de los desaparecidos, no han visto los cuerpos.
MÁS VÍCTIMAS
Afuera de donde ocurrió la inauguración del Encuentro, un grupo de casi 50 mujeres se manifestaron portando mantas que decían “Somos los verdaderos familiares de los desaparecidos”. Eran miembros del Comité de defensores en el esclarecimiento de los años 70 y 74 “Guerra Sucia”, encabezados por su presidenta Eleazar Peralta Santiago.
Eleazar dijo a Cimacnoticias, que hay alrededor de 100 casos más que no han sido acompañados por la Afadem, pues se ha centrado en Rosendo Radilla, activista desaparecido, cuyo caso se encuentra ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y que podría convertirse, si así lo declara el organismo, como el primer caso oficialmente reconocido como desaparición forzada en México.
El Encuentro contó con la presencia de la regidora de la Participación de la Mujer, Ángeles Santiago Dionisio, en representación del presidente municipal, Pedro García, quien manifestó la urgencia de que se haga justicia a las mujeres que aún están vivas y a todas las que ya murieron.
Destacó Santiago: “hoy es el momento en el cual todas las mujeres que sufrieron y perdieron a algún familiar hablen de lo que han vivido por estas represiones”.
Por su parte, la titular de la Secretaría de la Mujer del estado, Rosa María Gómez Saavedra, puntualizó la importancia de realizar este Encuentro en el marco del 50 aniversario de la Declaratoria de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y destacó la deuda histórica que tiene el gobierno con los familiares de los desaparecidos.
Asimismo, indicó que el objetivo del Encuentro es establecer un espacio de reflexión para generar un modelo de atención a mujeres, hijas, madres y esposas de detenidos y desaparecidos, para establecer lazos de solidaridad entre ellas que han padecido la misma incertidumbre y mantenido la lucha que las marco de por vida.
Por su parte, la antropóloga Luz María Aguilar, integrante del grupo guerrillero Los Guajiros, en los años 70, dijo que la rebelión desatada por el autoritarismo, corrupción y violencia por parte de Estado significó para mujeres y hombres vivir en la clandestinidad.
Manifestó Aguilar, “no nos arrepentimos de haber tomado las armas en contra de los poderosos que violan impunemente las leyes y los derechos humanos, no es un error, como predican algunos, es un deber moral, porque los gobiernos han generado la violencia en los pueblos, no solo la violencia económica con salarios bajos, sino violencia política, la falta de oportunidades para los jóvenes, la marginación y la miseria en el campo”.
En la inauguración estuvieron también Lidia Pérez, subdirectora de Seguimiento y Acciones de Equidad y Género para el Desarrollo del Programa de Apoyo para las Mujeres en las Entidades Federativas; la diputada local Gisela Ortega Moreno, vocal de la Comisión de Equidad y Género local; Patricia Olamendi Torres, presidenta de la Organización Proyectos Mujer; Tita Radilla, presidenta de Afadem; Alejandra Cárdenas maestra emérita de la Universidad Autónoma e Guerrero (UAG) y ex integrante del Partido de los Pobres, así como el productor de la película “La guerrilla y la esperanza”, Guillermo Tort.
http://www.cimacnoticias.com/
miércoles, 10 de diciembre de 2008
martes, 9 de diciembre de 2008
La fábrica Russell fue cerrada para eliminar el sindicato, dice el informe del WRC (HONDURAS)
Noviembre 19, 2008
El Consorcio por los Derechos de los Trabajadores (WRC por sus siglas en inglés) dio a conocer sus hallazgos de la investigación sobre acusaciones de violaciones a la libertad de asociación en el cierre planeado de la planta Jerzees de Russell Athletics en Honduras.
Entre las conclusiones del informe está “que el ánimo antisindical fue un factor significativo en la decisión de la empresa de cerrar la planta,” y que se utilizaron amenazas, hostigamiento e interferencia con la representación colectiva en la planta para prevenir a los trabajadores ejercitar su derecho a la libertad de asociación.
El WRC recomienda que Russell revea su decisión de cerrar la planta y ofrezca la reincorporación a cualquier trabajador que hubiera sido despedido como resultado de los permanentes despidos que se fueron dando en la planta. El 8 de octubre, Russell Athletics anunció que cerraría su planta Jerzees, donde estaban empleados aproximadamente 1 800 trabajadores, citando lo que llamó razones puramente económicas por el cierre.
La acción despertó sospechas al ocurrir sólo unos días después de que se trabaran las negociaciones con el sindicato de los trabajadores por un primer convenio colectivo. El anuncio del cierre fue también en un punto de las negociaciones después de la cual hubiera sido necesaria la mediación del gobierno según la legislación hondureña.
Durante la investigación el WRC descubrió evidencia de docenas de declaraciones de gerentes de la planta advirtiendo a los trabajadores que el cierre de la planta era resultado inevitable de las demandas del sindicato.
Añadiéndose a la sospecha, alrededor de las motivaciones para el cierre de la planta, está la historia de problemas de derechos laborales en la planta Jerzees de Honduras. En septiembre de 2007 el WRC investigó informes previos de violaciones a los derechos laborales en la fábrica y la planta Jerzees Choloma, también propiedad de Russell Athletics. Esa investigación encontró evidencia sustancial de que Russell usó despidos selectivos de 145 simpatizantes sindicales en ambas fábricas.
Russell Athletics eventualmente realizó ofertas de reincorporación y pago de los salarios caídos a los trabajadores despedidos injustamente, pero sólo después de ser amenazada por algunos de sus clientes. Russell produce prendas para varias universidades estadounidenses y canadienses, muchas de las cuales son miembros del WRC y/o de la Asociación para el Trabajo Justo (FLA por sus siglas en inglés).
La FLA está también realizando una investigación sobre el cierre de la planta, la cual no ha sido concluida todavía. Russell Corporation es Empresa Participante de la FLA.
El informe completo (en inglés) puede verse en : el sitio del WRC.
El Consorcio por los Derechos de los Trabajadores (WRC por sus siglas en inglés) dio a conocer sus hallazgos de la investigación sobre acusaciones de violaciones a la libertad de asociación en el cierre planeado de la planta Jerzees de Russell Athletics en Honduras.
Entre las conclusiones del informe está “que el ánimo antisindical fue un factor significativo en la decisión de la empresa de cerrar la planta,” y que se utilizaron amenazas, hostigamiento e interferencia con la representación colectiva en la planta para prevenir a los trabajadores ejercitar su derecho a la libertad de asociación.
El WRC recomienda que Russell revea su decisión de cerrar la planta y ofrezca la reincorporación a cualquier trabajador que hubiera sido despedido como resultado de los permanentes despidos que se fueron dando en la planta. El 8 de octubre, Russell Athletics anunció que cerraría su planta Jerzees, donde estaban empleados aproximadamente 1 800 trabajadores, citando lo que llamó razones puramente económicas por el cierre.
La acción despertó sospechas al ocurrir sólo unos días después de que se trabaran las negociaciones con el sindicato de los trabajadores por un primer convenio colectivo. El anuncio del cierre fue también en un punto de las negociaciones después de la cual hubiera sido necesaria la mediación del gobierno según la legislación hondureña.
Durante la investigación el WRC descubrió evidencia de docenas de declaraciones de gerentes de la planta advirtiendo a los trabajadores que el cierre de la planta era resultado inevitable de las demandas del sindicato.
Añadiéndose a la sospecha, alrededor de las motivaciones para el cierre de la planta, está la historia de problemas de derechos laborales en la planta Jerzees de Honduras. En septiembre de 2007 el WRC investigó informes previos de violaciones a los derechos laborales en la fábrica y la planta Jerzees Choloma, también propiedad de Russell Athletics. Esa investigación encontró evidencia sustancial de que Russell usó despidos selectivos de 145 simpatizantes sindicales en ambas fábricas.
Russell Athletics eventualmente realizó ofertas de reincorporación y pago de los salarios caídos a los trabajadores despedidos injustamente, pero sólo después de ser amenazada por algunos de sus clientes. Russell produce prendas para varias universidades estadounidenses y canadienses, muchas de las cuales son miembros del WRC y/o de la Asociación para el Trabajo Justo (FLA por sus siglas en inglés).
La FLA está también realizando una investigación sobre el cierre de la planta, la cual no ha sido concluida todavía. Russell Corporation es Empresa Participante de la FLA.
El informe completo (en inglés) puede verse en : el sitio del WRC.
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